La negociación de la deuda y la “quita”

Números con trampa

Por Marcelo Yunes
(Socialismo o Barbarie –periódico– 19/02/04)

Los vaivenes de la negociación por la deuda están en el centro de la escena. Todos los días nos desayunamos con novedades: que los yanquis apoyan, que los yanquis exigen, que se embargan los bienes del Estado en EE.UU., que el Fondo aprieta, que el Fondo afloja... En el medio, revolotean las declaraciones de economistas gusanos, opinólogos amigos de Kirchner y charlatanes varios, todos ellos agitando números de más de 10 dígitos, y en dólares. Es como para marearse, así que intentaremos poner un poco de orden en este embrollo.

Deuda blanca, deuda negra

Una vez más, es necesario recordar que esta negociación está dividida en dos, de acuerdo al tipo de acreedor. La deuda con los acreedores institucionales (FMI, Banco Mundial y otros) se acerca a los 90.000 millones de dólares y siempre se pagó puntualmente, echando mano a reservas si era necesario. El pago de esa deuda ya está negociado (aunque hace poco el FMI quiso retocar el famoso superávit del 3% del producto bruto destinado a pagarla). Esa es la deuda «blanca», con montos, plazos y esquemas de pago estipulados.

Quedan algo más de 80.000 millones de dólares que se deben a particulares que tienen bonos de la deuda argentina. Lo que propone el gobierno es canjear esos bonos por otros cuyo valor nominal sea un 75% inferior. Acá, por supuesto, aparecen los gritos, pataleos, presiones y juicios de gente que va desde fondos buitres (especuladores de lo peor) hasta fondos de pensión y bancos de todo el mundo (especuladores a secas). Esa es la deuda «negra», cuyo valor final está por definirse, y a la que los acreedores quieren transformar en blanca, o al menos gris.

Enseguida veremos los problemas políticos y técnicos que entraña esta negociación. Pero hay que empezar por tener muy en cuenta que cualquiera sea el número final, el esfuerzo fiscal para «honrar la deuda privada» se va a agregar a la ya pesada carga de la deuda con los buitres «oficiales» comprometida con el FMI.

La aritmética flexible de Kirchner-Lavagna

Ahora resulta que el 75% de quita es una «causa nacional» de la que dependen la soberanía, la dignidad, el desarrollo sostenible, el bienestar del pueblo y el futuro de la nación. Paparruchas. Contra todo lo que bombardean los medios y los progres que se suben a cualquier colectivo, el 75% de quita, en sí mismo, no es tan definitivo como se cree. Lo que efectivamente van a cobrar los acreedores (que es lo que se expresa en el llamado «valor presente», a diferencia del valor nominal) depende menos del porcentaje de quita que de los plazos de pago y la tasa de interés que se pacte. El periodista económico Ismael Bermúdez da un buen ejemplo: «La misma deuda nominal a diferentes plazos e intereses tiene distintos valores presentes (...) en valor presente, con una tasa de descuento del 10% anual, es lo mismo recibir 25 [es decir, una quita del 75%] al 2% anual y 5 años de plazo, que 39 [quita del 61%] a 10 años y al 1% anual» (Clarín, 15-2-04). La idea no es ahogarse en números, sino demostrar que las verdaderas condiciones y el monto real de pago (y, por ende, el esfuerzo fiscal correspondiente) no están ancladas en el porcentaje de quita.

De hecho, hay toda una serie de variables que pueden modificar sustancialmente lo que van a recibir en mano los acreedores, incluso sin tocar el famoso 75%. Además de los plazos de pago y la tasa de interés, el menú que se ofrecerá a los acreedores puede incluir, por ejemplo, el reconocimiento de todos o parte de los intereses vencidos; en la oferta de Dubai, el gobierno declaró que eso no se pagaba, pero, sospechosamente, ahora no dice nada de que eso sea «inamovible». También se puede mostrar la «buena fe» que reclama el Fondo con pagos a cuenta, ya sea al contado rabioso o sujetos al crecimiento del PBI.

Como se ve, hay muchas opciones, pero la perspectiva, según, por ejemplo, un neoliberal de FIEL, Fernando Navajas, es que «todo parece indicar que se inicia una convergencia a una suerte de “Dubai-plus”, donde la oferta de Argentina se modifica, con el ingenio financiero que nunca falta para al mismo tiempo salvar la imagen política del “yo me planto en el 75%”» (Clarín, 15-2-04).

Lo de siempre, en resumidas cuentas: mientras se hacen discursos incendiarios y se convierte al 75 en el número mágico de la dignidad nacional, mediante alquimias financieras la oferta real se modifica para arriba sigilosamente. Se pagan mayores costos en dólares, pero el costo político permanece intacto... al menos, mientras no se deschave la trampa.

Aunque los vientos del G-7 soplen fuerte... no hagan olas

Más importante que los embargos que lograron algunos fondos buitres en EE.UU. (medida espectacular pero de dudoso impacto real) resulta el hecho de que el G-7 (el grupo de los siete países más importantes del mundo) se alineó con el FMI en la exigencia de que Argentina pague más de lo que prometió hasta ahora. Esa presión ya logró dos cosas: una, que se empiece a formar de una vez el «club» de bancos que hará la «ingeniería financiera» del canje de bonos (bancos que a su vez, por supuesto, presionarán para que Kirchner mejore su oferta y facilite el acuerdo); la otra, el reciente y sorpresivo tarifazo. En cuanto a este último, digamos que eso de que «sólo afecta a las empresas y no a los usuarios» está por verse. Primero porque, por supuesto, el aumento del GNC afecta directamente a sectores populares. Y segundo, porque las empresas ya deslizaron que los mayores costos serán trasladados a los precios.

En todo caso, el oficialismo defiende la «causa nacional» y la «dignidad»... en los medios, no en las calles. Cuando algunos dirigentes del PJ con exceso de celo le sugirieron a Kirchner convocar a movilizaciones contra el FMI y por la defensa de la propuesta del gobierno, la respuesta fue tajante: ni locos. No le falta razón al gobierno: poner gente en la calle es peligroso y está mal visto por EE.UU. (a ver si lo comparan con Chávez, todavía). Pero además de que Kirchner no tiene ni la menor intención de inflamar los ánimos populares (salvo en los discursos demagógicos), tampoco es cuestión de atarse las manos con una propuesta en plena negociación.

Haciendo equilibrio afuera y adentro

Parece evidente que, aun manteniendo la postura general de «ni ceder en todo ni romper: negociar», para el gobierno esa «línea intermedia» se va corriendo lentamente hacia la derecha. Por otra parte, se avizoran problemas en cuanto a lograr un «modelo sostenible». La recaudación fiscal récord (con su correspondiente superávit) se apoya en impuestos reconocidamente transitorios: las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque. ¿Alcanzará con uno o dos años de crecimiento (desde un piso bajísimo) para generarle al Estado ingresos suficientes para pagar las dos deudas sin resentir la actividad económica?

De eso depende también la futura solidez del frente interno, porque pese a que se habla de un crecimiento del 7 u 8% del producto bruto, ni el empleo ni el salario muestran signos firmes de recuperación, de modo que el horizonte de pobreza y desocupación no se moverá para el conjunto de la sociedad. Lo único que podría modificar eso serían medidas antiimperialistas en el terreno de la deuda pública y anticapitalistas en la estructura impositiva. De más está decir que las movidas que hizo Kirchner en esas áreas van en un sentido diametralmente opuesto.

Eso es lo que explica que, tras el fragor de los discursos contra Anne Krueger y los fondos buitres, se esconden dos jugadas estratégicas en contra de la clase trabajadora (ver más detalles en los artículos específicos): la embestida de la Justicia y de los medios (ambos «independientes», por supuesto) contra el movimiento piquetero –facilitada, hay que decirlo, por la política nefasta de sus corrientes principales– y la «nueva» ley laboral que, como dice un analista, «consiguió un consenso generalizado justamente porque cambia algo, pero muy poco» (Clarín, 17-2-04).

Involuntariamente, se da aquí una interesante definición aplicable a toda la política de Kirchner: «cambia algo, pero muy poco», y por eso logra «consenso generalizado», es decir, de los patrones, la burocracia sindical y los partidos burgueses. Romper ese consenso desde una política de unidad e independencia de clase es la tarea de la clase trabajadora, de sus organizaciones y de su vanguardia.