China, uno de los países socialmente más desiguales del mundo, ha iniciado una discusión parlamentaria para la reforma del impuesto sobre la renta. Todo indica que se subirá el actual baremo, según el cual pagan IRPF todos los ciudadanos que ganen más de 800 yuanes mensuales (80 euros)

China prepara la abolición del IRPF para los más pobres

Tras la abolición del impuesto agrario, se prevé aumentar el nivel de ingresos a partir del cual es obligatorio pagar

Por Rafael Poch
Corresponsal en Pekín
La Vanguardia, 05/10/05

En China, una nueva reforma fiscal, actualmente en discusión, eximirá pronto del pago del impuesto sobre la renta a quienes ganen menos de 1500 yuanes mensuales, 150 euros. El 50% de los asalariados cobran en China unos 1500 yuanes, informó ayer el diario “China Daily”. Actualmente, todo aquel que cobre mas de 800 yuanes debe pagar. Siendo significativa, esta medida no parece muy enérgica para atajar el hecho de que la minoría de nuevos ricos sufre poca presión fiscal.

En 1979, Deng Xiaoping dijo que, “la desigualdad no nos asusta, si algún día aparece de forma importante entre colectivos e individuos, introduciremos el impuesto sobre la renta para corregirla”. Entonces China era uno de los países más igualitarios del mundo y el IRPF se introdujo al año siguiente, pero, transcurrido un cuarto de siglo, China es uno de los países socialmente más desiguales, y sus problemas de desigualdad y desequilibrio territorial aumentan, año tras año.

El 0,16% de la población controla el 65% de los activos líquidos del país, lo que supone la mayor concentración de riqueza en pocas manos de Asia. Los especialistas afirman que sólo 20 millones de hogares urbanos (12% del total de hogares urbanos) han alcanzado el nivel de ingresos urbanos de los nuevos países industrializados de Asia Oriental. Con diez años más de crecimiento igual, se generarían otros 20 millones. En ese caso, la clase media china seguiría siendo una minoría en medio de, lo que el experto Peter Nolan de la Universidad de Cambridge, describe como, “un mar de pobres urbanos excluido, por sus bajos ingresos y por los guardias de seguridad, del consumo de ese sector y de sus bloques de apartamentos residenciales”.

Pese a medidas importantes para los campesinos como la abolición del impuesto agrario, la diferencia de rentas entre ciudad y campo, ha seguido creciendo en los últimos años. La proporción era de 2,9 a 1 en 2001, 3,1 / 1 en 2002, y 3,2 / 1, en 2003 y 2004, explica el vicedirector del Departamento nacional de estadísticas, Qiu Xiaohua. Mientras tanto, el numero de multimillonarios se duplicó en 2004, con la fortuna de los cien primeros estimada en unos 7000 millones de euros.

En un país en el que aun hay 400 millones de personas (más del 30% de la población) viviendo con menos de dos dólares diarios, un informe de la auditora “Ernst & Young” acaba de revelar la previsión de que China superará, en diez años, a Estados Unidos para convertirse en el segundo consumidor mundial de “productos de lujo”, solo por detrás de Japón. Actualmente, las ventas de productos de lujo en China ascienden a unos 2000 millones de dólares anuales. Este es el contexto del nuevo concepto de “sociedad armoniosa” (“He xie she hui”) acuñado por el Presidente chino Hu Jintao para contrarrestar el potencial desestabilizador de la desigualdad. Pese a su moderación, el concepto está encontrando resistencias en los sectores neoliberales del Partido Comunista, que fueron dominantes con el anterior Presidente, Jiang Zemin. En julio, una significativa editorial del “Diario del Pueblo”, explicó que la desigualdad es inevitable y que hay que concentrarse en el crecimiento, ignorando manifiestamente el concepto.

De la idea de “sociedad armoniosa”, se desprenden iniciativas como el actual debate sobre “estado de bienestar”, seguridad social, enseñanza y la reforma del impuesto sobre la renta, esta última parte de una reforma fiscal más amplia que también afecta al IVA y al impuesto de sociedades.

Actualmente las empresas extranjeras se ven favorecidas fiscalmente. Dependiendo de circunstancias, pueden reducir el impuesto de sociedades hasta el 15%, mientras que para las empresas chinas es del 33%. Esta discriminación en favor de los extranjeros -matizada por la mayor facilidad que las empresas chinas tienen para el fraude fiscal- tenía sentido cuando el país se concentraba en atraer la inversión extranjera, pero ha cambiado desde que China es primer receptor mundial de inversiones extranjeras directas.

La discusión de equiparar el impuesto de sociedades en torno a un 24%, divide al Ministerio de Finanzas y al de Comercio, que teme una caída de la inversión extranjera. La propuesta mantiene importantes exenciones impositivas, pero ya no según criterios de nacionalidad, sino dependiendo de los sectores y regiones de China en los que se invierta, con ventajas para las empresas de alta tecnología, o que operen en el oeste del país, el más pobre y retrasado.

Cómo la pena de muerte protege a la corrupción

Por Rafael Poch
LVD, Corresponsal Pekín, 05/10/05

La pena de muerte tiene un problema en China. No se trata solo de derechos humanos, sino de corrupción. En los últimos años, casi 4000 funcionarios corruptos huyeron de China, llevándose al extranjero 50.000 millones de dólares. China mantiene acuerdos de extradición con 20 países del mundo, pero no con los tres principales destinos de los corruptos fugados: Estados Unidos, Canadá y Japón. El motivo es la pena de muerte vigente en China, que impide a muchos países firmar acuerdos de extradición con Pekín.

“Si los funcionarios corruptos no estuvieran amenazados por la pena de muerte, los países occidentales colaborarían con China a la hora de extraditarlos, o los delincuentes se lo pensarían dos veces antes de refugiarse en ellos”, dice Chu Huaizhi, un profesor de derecho de la Universidad de Pekín, citado por la agencia “Xinhua”.

“Amnesty International” estima que por lo menos 3.400 personas fueron ejecutadas, y otras 6.000 condenadas a muerte, el año pasado en China. En marzo, un diputado de la Asamblea Nacional Popular citó la cifra de 10.000 ejecuciones anuales. China es uno de los 60 países del mundo (el grupo incluye también a Estados Unidos y Japón) que todavía mantienen la pena de muerte.