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Crisis,
presiones y reacomodos del gobierno
La
crisis económica y política, las presiones del FMI y de EEUU sobre los
temas del gas y los cultivos de coca y los intentos de rearticular un
bloque político de la burguesía se analizan en los seis despachos de
Econoticias Bolivia que siguen a continuación.
*
Embajada
de EEUU rearticula bloque neoliberal gobernante (marzo
19)
*
Gobierno
negocia en secreto Tratado de Libre Comercio con EEUU
(marzo 22, 2004)
*
Se
hunde el plan Mesa: hay escaso apoyo externo
(marzo 19, 2004)
*
Presiones
del FMI: “Bolivia
sólo es viable si exporta gas” (marzo 11, 2004)
*
Las
presiones convierten a Mesa en un títere
(marzo 5, 2004)
*
Informe
del Departamento de Estado: Erradicar
coca de Los Yungas, la tarea impuesta a Mesa
(marzo
2,
2004)
Embajada
de EEUU rearticula bloque neoliberal gobernante
Redacción
de Econoticiasbolivia.com (La Paz, marzo 19, 2004)
La Embajada de Estados Unidos en Bolivia ha comenzado a rearticular con éxito
un bloque neoliberal de apoyo al gobierno de Carlos Mesa. Hasta ahora, ya
ha convencido a los dirigentes de los partidos que gobernaron con el ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para que brinden su respaldo político
y parlamentario a las medidas económicas del actual Presidente.
"La
megacoalición (el bloque político neoliberal que respaldó a Sánchez de
Lozada) ha vuelto a funcionar bajo el padrinazgo de la Embajada de Estados
Unidos", dijo el diputado cocalero y jefe del Movimiento al
Socialismo (MAS), Evo Morales, poco después de que se dio a conocer públicamente
sobre las reuniones propiciadas por la Embajada y que dio como primer
fruto la aprobación del Impuesto a las Transacciones Financieras en el
Senado de la República.
Según
informó el matutino La Razón, "los líderes del MNR (Movimiento
Nacionalista Revolucionario, del ex presidente Sánchez de Lozada), MIR
(Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, del ex presidente Jaime Paz
Zamora), NFR (Nueva Fuerza Republicana, del ex capitán Manfred Reyes
Villa) y ADN (Acción Democrática Nacionalista, del ex presidente Jorge
Quiroga) habrían participado en un desayuno trabajo con funcionarios de
la Embajada de Estados Unidos y del Palacio de Gobierno para tratar la
situación política del Presidente".
"Según
fuentes políticas, los funcionarios estadounidenses habrían explicado a
los políticos que el Gobierno debe ir a la reunión del Grupo de Apoyo
para Bolivia -que se realiza hoy en Washington- por lo menos con respaldo
político. Los asistentes a la reunión habrían criticado la falta de un
plan y habrían aceptado apoyar a Mesa".
Trabajo
de persuasión
El
trabajo de persuasión de la Embajada había comenzado a mostrar
resultados positivos cuando dirigentes del MIR de Jaime Paz, que habían
cogobernado hasta el final con Sánchez de Lozada, solicitaron días atrás
poderes especiales para Mesa, para que pueda gobernar sin interferencias
del Parlamento.
Sin
embargo, esta opción no fue aceptada por los otros partidos de derecha,
como el MNR, NFR y ADN, que se inclinaron por consensuar de a poco el plan
económico de Mesa, según lo solicitado por la Embajada de Estados
Unidos, y dejando abiertas las posibilidades para armonizar posiciones y
actuar conjuntamente en torno a temas claves como la Asamblea
Constituyente, el referéndum sobre el gas y las reformas a la Ley de
hidrocarburos.
"Estamos
dispuestos a cualquier entendimiento para garantizar la
gobernabilidad", aseguró el dirigente del MNR, Oscar Arrien, tras
reunirse a nombre de su partido con el presidente Mesa. Lo mismo sostuvo a
nombre del MIR, el dirigente Oscar Eid, al concluir al anochecer de este
jueves la reunión tripartita en Palacio de Gobierno.
El
acercamiento de Mesa a los partidos tradicionales fue interpretado por
Morales como obra de la Embajada. "Lo que ha pasado con (el ex
embajador Manuel) Rocha y ahora con (David) Greenle es que están haciendo
funcionar la megacoalición neoliberal para defender el modelo económico,
para defender este sistema político (...) Nosotros vamos a seguir con el
pueblo", dijo al cuestionar la aprobación del nuevo tributo.
"Los
más afectados con la Ley del Impuesto a las Transacciones Financieras son
los comerciantes. La gente que tiene mucha plata no mueve su dinero del
banco, y son los comerciantes los que depositan y retiran constantemente
su dinero los que ahora deben pagar el impuesto. Eso no es justo, ya que
se podía evitar este impuestazo sobre la gente, subiendo las regalías
que deben pagar las transnacionales petroleras", aseguró.
Pacto
social
Otros
que cuestionaron el nuevo impuesto, la rearticulación del bloque
neoliberal y la injerencia estadounidense fueron los sindicalistas y
dirigentes de las organizaciones sociales y populares, que habían
resistido fuertes presiones del Gobierno, la Iglesia, la Asamblea de
Derechos Humanos y los medios de comunicación más importantes del país
que trataban de obligarlos a suspender sus protestas y a firmar un pacto
social con Mesa.
"No
puede existir un pacto fiscal con el Gobierno cuando Mesa sólo ve su
entorno y obedece ciegamente al gobierno norteamericano, estableciendo
medidas que en su contenido afectan más a los pobres que a los ricos.
Perdonó impuestos a los grandes industriales agropecuarios y para el
campesino que mantiene los mercados locales no hay nada", afirmó el
dirigente de los campesinos de Cochabamba, Eugenio Zárate.
Con
similares argumentos, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB)
rechazaron también las advertencias del Secretario adjunto de la
Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica boliviana, Francisco Flores,
que llamó a la "concertación entre empresarios, políticos,
sindicalistas y gobierno para evitar peligros como golpes de Estado,
ruptura democrática y desintegración regional".
"La
advertencia que lanzó la Iglesia Católica de un posible golpe de Estado
es tan sólo una estrategia que utiliza el Gobierno para obligar a los
sectores sociales a que aprueben la política económica de Carlos
Mesa", dijo el minero Jaime Solares, líder de la COB.
Otros
sindicalistas, como Roberto de La Cruz, de la Central Obrera de El Alto,
también rechazaron la posibilidad de hacer un pacto social, olvidando las
reivindicaciones populares a fin de preservar el sistema democrático, tal
como plantearon, por separado, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de
Derechos Humanos.
"Este
no es el momento para las marchas de protestas", afirmó el Defensor
del Pueblo, Waldo Albarracín, al convocar a la paz social entre los
movimientos sociales y el Gobierno. Lo propio sugirió el presidente de
los Derechos Humanos, Sacha Llorenti, al solicitar a la COB y a los
sectores sociales a suspender sus demandas sociolaborales hasta la
realización de la Asamblea Constituyente, prevista para mediados del
2005. (Volver)
Gobierno
negocia en secreto Tratado de Libre Comercio con EEUU
Redacción
de Econoticiasbolivia.com (La Paz, marzo 22, 2004) Burlando
acuerdos previos con las organizaciones sociales, el gobierno boliviano
inició negociaciones en Washington para impulsar un Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos, proyecto ampliamente resistido al
interior del país por las graves y negativas consecuencias que tendría
para la economía nacional y los sectores productivos de la industria y el
agro.
Según
la denuncia presentada por la Fundación Solón, habría sido el ministro
de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, el que a nombre de Bolivia
oficializó la intención de impulsar la conformación de un área de
libre comercio subregional denominada "ALCA andino" o "mini
ALCA" entre Estados Unidos y los países andinos de Bolivia, Perú,
Colombia y Ecuador.
Esta
propuesta fue conocida en la audiencia realizada en la capital
estadounidense y en la que participaron representantes norteamericanos de
la Oficina de Representación Comercial (USTR), del Tesoro y del
Departamento de Estado, Trabajo, Comercio y Agricultura.
La
audiencia
En
la primera sesión, realizada la pasada semana, se presentaron 21
testimonios, entre los que se destaca el del ministro Nogales. "Él
manifestó textualmente que hay entusiasmo en el gobierno boliviano para
un TLC entre EEUU y los países andinos. Señaló que el gobierno de
Bolivia está juntando un equipo de expertos, con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), para avanzar con las negociaciones.
Dijo que quieren participar en las negociaciones lo antes posible".
El
informe desde Washington relata que Bennett Harmon de la oficina de
Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR) le preguntó a
Nogales si había apoyo en la sociedad civil para un Tratado de Libre
Comercio. Esta misma pregunta se hizo a los representantes de los
gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador.
"El
ministro Nogales respondió que existen diferentes opiniones, pero que la
mayoría del sector privado y de la sociedad civil están a favor del
acuerdo, y que hay alguna oposición de la extrema izquierda porque dicen
que Bolivia es demasiado débil para negociar con EEUU. Dijo que la mayoría
entiende que el TLC generará mayores oportunidades de empleo"
Ante
otra pregunta de Kevin Honan, representante del Departamento de Estado,
sobre cómo pensaba el gobierno boliviano enfrentar la crisis política,
el ministro Nogales dijo "que los riesgos vienen de la recesión económica
y que con el ATPDEA hubo una expansión de exportaciones y empleos en
textiles. Dijo también que podría haber beneficios como resultado de
mayor exportación de hidrocarburos".
Contradicciones
Esta
participación, según la evaluación de la Fundación Solón, no responde
a los compromisos anunciados por el presidente Carlos Mesa. "La
actitud del Ministro de Desarrollo Económico contradice totalmente lo
expresado por el Canciller de la República, en sentido de que primero se
realizaría un diálogo nacional para ver si la sociedad civil está o no
de acuerdo con iniciar un proceso de negociaciones para un TLC entre EEUU
y Bolivia. (Pese a ello), Xavier Nogales ya habló por el gobierno y por
la sociedad civil y dijo que Bolivia quiere el ALCA Andino con EEUU".
Antes
de la audiencia, el ministro boliviano había hecho llegar comentarios
escritos a la Oficina de la Representación Comercial de EEUU,
justificando la posición del gobierno para firmar el Tratado.
Así,
sostiene que Bolivia puede ser un buen aliado comercial de EEUU ya que la
producción nacional y las exportaciones son mínimas a ese mercado y no
constituyen una amenaza para los productores del norte.
También
destaca que entre Bolivia y Estados Unidos hay una alianza estratégica en
la lucha contra las drogas, que se tiene una visión compartida acerca de
los problemas regionales y que hay negocios importantes en torno al gas,
la minería y telecomunicaciones, entre otros. (Volver)
Se
hunde el plan Mesa: hay escaso apoyo externo
Redacción
de Econoticiasbolivia.com (La Paz, marzo 19, 2004)
El plan económico del gobierno boliviano sufrió un fuerte revés este
jueves en Washington, cuando la comunidad internacional aceptó otorgar sólo
un tercio del apoyo financiero solicitado con urgencia por las autoridades
de la administración presidida por Carlos Mesa. Hasta ahora, el déficit
no financiado alcanza a 300 millones de dólares.
Un
comunicado del denominado Grupo de Apoyo a Bolivia, conformado por los más
importantes organismos financieros internacionales y casi una veintena de
gobiernos amigos, establece que se comprometió un apoyo financiero de
apenas 54 millones de dólares, condicionada además a la aprobación de
nuevos impuestos. La expectativa gubernamental era lograr en esta reunión
de Washington por lo menos 150 millones de dólares en donaciones, según
dijo días atrás el ministro de Desarrollo Sostenible, Jorge Cortez, y el
de Hacienda, Javier Cuevas.
Este
monto iba a ser destinado al pago de salarios y a cubrir urgentes
necesidades de la administración gubernamental, agobiada además por la
resistencia interna de los sectores sociales y empresariales a pagar más
tributos.
Aparentemente,
la extrema debilidad e improvisación gubernamental, traducidas en
constantes modificaciones sobre la creación de nuevos impuestos y su
manifiesta incapacidad para recaudar internamente más de 220 millones de
dólares, tal como fue la propuesta de Mesa, pesó en el ánimo del grupo
de Apoyo, que exigió más de los propios bolivianos antes de conceder más
recursos financieros.
"El
Grupo solicitó a todos los sectores de la sociedad boliviana que trabajen
con el Presidente Mesa para poner en práctica las medidas económicas
necesarias para asegurar la estabilidad fiscal (...) Los miembros del
comité directivo reconocieron que las soluciones que amenazan la
estabilidad económica y el desarrollo de Bolivia, deben surgir de los
propios bolivianos", señala partes del comunicado fechado en
Washington.
Según
el plan económico, anunciado por el Presidente el primer día de febrero,
el aporte solicitado al Grupo de Apoyo iba a ser de algo más de 200
millones de dólares, monto imprescindible para financiar el agudo déficit
fiscal.
Internamente,
el gobierno esperaba recaudar un total adicional de 220 millones de dólares
como producto de nuevos aportes de las empresas petroleras (50 millones),
del impuesto a las transacciones financieras (100 millones), del impuesto
al patrimonio neto (35 millones) y ahorros con la política de austeridad
(35 millones).
Sin
embargo, por la presión empresarial y social, hasta ahora sólo pudo
avanzar con un recortado impuesto a las transacciones financieras que le
rendirá no más de 70 millones de dólares, por lo que las recaudaciones
internas estarían 150 millones de dólares por debajo de lo previsto
Por
ello, hasta ahora, el hueco fiscal no financiado es de alrededor de 300
millones dólares, monto que obliga a replantar nuevamente el programa
económico gubernamental, buscando ajustarlo hacia la reducción del déficit,
ya sea bajando el gasto público y disminuyendo el nivel previsto de
inversión pública o acelerando el aumento de los precios de los
carburantes para lograr mayores recaudaciones.
Otra
de las acciones oficiales es tratar de alcanzar un "pacto
social" con todos los sectores, bajo el auspicio de la Embajada de
Estados Unidos, y así garantizar mayores ingresos para el fisco, la
aprobación de las nuevas leyes en el Congreso Nacional y la suspensión
de todas las protestas y presiones sociales.
El
comunicado
El
documento del Grupo de Apoyo señala textualmente lo siguiente:
El
Comité Directivo del Grupo de Apoyo a Bolivia se reunió en Washington,
D.C el 18 de marzo con objeto de reiterar su apoyo financiero, político y
diplomático al gobierno boliviano y al crecimiento económico y la
estabilidad en Bolivia. El Ministro de Desarrollo Económico de Bolivia,
Xavier Nogales, delineó la estrategia revisada del gobierno para promover
el desarrollo socioeconómico.
La
comunidad internacional reafirmó su apoyo inequívoco al gobierno
constitucional de Bolivia, así como su compromiso de trabajar con el
gobierno boliviano para atender sus necesidades fiscales. Desde la reunión
del Grupo de Apoyo a Bolivia celebrada el 16 de enero de 2004, la
comunidad internacional ha comprometido más de 54 millones de dólares
para apoyar el financiamiento presupuestal de Bolivia.
Este
financiamiento depende de un sólido programa fiscal. El grupo solicitó a
todos los sectores de la sociedad boliviana que trabajen con el Presidente
Mesa para poner en práctica las medidas económicas necesarias para
asegurar la estabilidad fiscal.
Además,
el Grupo apuntó que la próxima reunión del Grupo de Donantes brindará
una valiosa oportunidad para conocer los esfuerzos bolivianos e
internacionales para acelerar la instrumentación de proyectos que
beneficien a los sectores más necesitados, incrementar el crecimiento y
crear empleos. Los miembros del comité directivo reconocieron que las
soluciones que amenazan la estabilidad económica y el desarrollo de
Bolivia, deben surgir de los propios bolivianos.
Los
países participantes en la reunión fueron Bolivia, Alemania, Japón, México,
España, Holanda, Estados Unidos y la Comisión Europea a nombre de la Unión
Europea. También participaron el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (Volver)
Presiones
del FMI
“Bolivia
sólo es viable si exporta gas”
Redacción
de Econoticiasbolivia.com (La Paz, marzo 11, 2004)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reactivó sus presiones sobre
Bolivia y advirtió que el país más pobre de Sudamérica debe impulsar rápidamente
la exportación de sus ingentes reservas de gas si pretende ser viable a
futuro. Condiciona el futuro apoyo crediticio al resultado del referéndum
y a la venta del gas.
Según
consigna la información oficial a la que tuvo acceso Econoticias, el
director del Fondo para el Hemisferio Occidental, Anoop Singh, urgió al
gobierno boliviano a superar los problemas que dificultaron la exportación
de gas a Estados Unidos y a estructurar un esquema que posibilite las
ventas masivas del hidrocarburo.
"Bolivia
necesita encontrar nuevos mercados para sus abundantes reservas de gas
natural y asegurar su viabilidad de mediano plazo", dijo Singh al
respaldar las acciones del gobierno de Carlos Mesa, orientadas, según el
Fondo, a modificar la Ley de Hidrocarburos para atender las preocupaciones
sociales sobre el nivel apropiado de imposición tributaria sobre la
producción de gas y petróleo y mantener al mismo tiempo un ambiente
atractivo para la inversión extranjera.
Hasta
ahora, sin embargo, estas modificaciones no encuentran consenso y han
precipitado la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Alvaro Ríos,
complicando aún más un tema que es considerado por el Fondo como
fundamental para la economía y el porvenir de Bolivia al extremo de
condicionar futuros apoyos crediticios.
Condicionamientos
Según
el director del FMI, las perspectivas de que Bolivia logre un importante
apoyo financiero concesional, necesario para superar sus críticos niveles
de endeudamiento y déficit, "dependerán de que Bolivia logre un sólido
acuerdo interno para aprovechar sus abundantes reservas de gas y encuentre
mercados alternativos para la exportación".
En
este marco, es vital para los organismos internacionales y los países
reunidos en el denominado Grupo de Apoyo el resultado del referéndum
sobre el gas, proceso que el gobierno boliviano llevará adelante en la
primera mitad del 2004.
"Un
resultado negativo del referéndum sobre las exportaciones de gas no sería
entendido por los gobiernos" que apoyan a Bolivia, advirtió el
director Singh, preocupado por los exacerbados sentimientos contra las
petroleras que tienen los sindicatos y la población civil, que creen que
en el negocio del gas, las millonarias ganancias y utilidades serán para
las empresas transnacionales, dejando muy poco para el Estado boliviano.
La
preocupación por un resultado negativo en contra de los proyectos de
exportación de gas, impulsados por las transnacionales, también es
compartida por el Banco Mundial. En el documento ""Estrategia de
Asistencia al País", el Banco advierte que la magnitud de la ayuda
crediticia del Banco Mundial (BM) para el bienio 2004-2005 estará
condicionada a la exportación del gas natural y un mayor control sobre el
déficit fiscal y la deuda interna y externa de Bolivia.
Más
presiones
Una
eventual victoria del NO en el referéndum sobre el gas y el deterioro de
los indicadores macroeconómicos determinaría que la ayuda prevista
disminuya a un tope máximo de 45 millones de dólares anuales. En cambio,
si el referéndum es favorable a la exportación del gas y hay mejoras en
la macroeconomía, se desembolsará una ayuda anual de 150 millones de dólares,
tal como fue aprobado en la última reunión del organismo internacional
en Washington (ver Las
condiciones del Banco).
Según
el BM, si el referéndum, que aún no tiene fecha de realización, fuera
negativo y Bolivia no exportara gas a Estados Unidos, la situación económica
se deterioraría rápidamente y sería insostenible al extremo de no poder
cumplir con el pago de la deuda externa ni sus compromisos internos y
externos, según las proyecciones del organismo internacional, que prevé
además la reducción de la inversión extranjera directa y un menor flujo
de recursos de cooperación.
Ante
estas presiones, el gobierno boliviano ha iniciado una millonaria campaña
de propaganda y publicidad con el propósito de orientar el voto ciudadano
para que un próximo referéndum apruebe que las transnacionales que
operan en el país exporten gas natural a Estados Unidos y México. La
consulta nacional aún no tiene fecha ni definida la modalidad del voto,
pero su resultado ya ha sido comprometido ante los influyentes organismos
internacionales (ver Mesa
ya comprometió el resultado del referéndum). (Volver)
Las
presiones convierten a Mesa en un títere
Redacción
de Econoticiasbolivia.com (La Paz, marzo 5,
2004) El gobierno de Carlos Mesa volvió hoy a
demostrar su extrema debilidad e improvisación al retirar en la madrugada
el proyecto del doble impuestazo, presentado horas atrás y repudiado por
las clases medias, y a reponer un recortado plan tributario, modificado a
favor de los grandes terratenientes y sectores empresariales.
Las
presiones sectoriales han puesto contra la pared al endeble gobierno
neoliberal, que no da pie en bola desde octubre del pasado año, cuando
asumió el poder, tras que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada
fuera derrocado por una insurrección popular.
En
su tercera versión, y que ya nadie puede asegurar que sea la definitiva,
el gobierno propone la creación del "Impuesto Complementario al
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles", por el cual se obliga a
todos los propietarios de viviendas y terrenos en el área urbana,
valuados por encima de los 50 mil dólares, a pagar por única vez el 1,5
por ciento. De este pago está exenta la propiedad rural, tal como lo
exigieron los terratenientes y empresarios agroindustriales de Santa Cruz.
Inicialmente,
en el campo tributario, el gobierno de Mesa había planteado a fines de
enero al Congreso la creación del Impuesto al Patrimonio Neto de las
Personas, gravando con el pago del 1,5 por ciento a los propietarios de
inmuebles, vehículos y acciones empresariales, que superen en conjunto
los 50 mil dólares. Esta medida afectaba a las clases medias y
profesionales, a los empresarios y propietarios de tierras, los que
iniciaron una campaña antigubernamental obligando finalmente al Ejecutivo
a dejar de lado este proyecto.
En
su reemplazo, el gobierno presentó ayer al Congreso un nuevo proyecto de
ley, denominado del "doble impuestazo", por el cual duplicaban
el pago de impuestos para todos los propietarios de vehículos y de
inmuebles del área urbana (valorados por encima de los 10 mil dólares).
La medida fue aplaudida por los empresarios y terratenientes, pero causó
la ira de los sectores de clase media, que anunciaron el inicio de
protestas y movilizaciones.
Ante
esta reacción, el gobierno archivó su segundo proyecto y presentó en
pocas horas uno tercero, que grava con un impuesto del 1,5 por ciento a la
propiedad de bienes inmuebles urbanos, con un valor catastral superior a
los 50 mil dólares.
El
resultado neto de estas idas y vueltas, además del desgaste
gubernamental, es hasta ahora que el impuesto recaerá sobre los sectores
de clases medias y profesionales, pero tendrá escasa repercusión sobre
los empresarios y los sectores más enriquecidos del país, que ya no
pagarán tributos adicionales por la propiedad y las acciones de sus
grandes empresas. También está a salvo el dinero y los intereses de los
terratenientes y empresarios agropecuarios.
Del
impuesto sobre la riqueza, anunciada pomposamente por el presidente Mesa,
sólo quedan las cargas tributarias sobre las clases medias y la sensación,
cada vez más evidente, de que el gelatinoso gobierno de Carlos Mesa se
inclina con extraordinaria facilidad ante las presiones sectoriales, más
aún si estas provienen de los empresarios, las transnacionales petroleras
y las tres embajadas que pisan más y más fuerte en Bolivia.
(Volver)
Informe
del Departamento de Estado
Erradicar
coca de los Yungas, la tarea impuesta a Mesa
Redacción
de Econoticiasbolivia.com (La Paz, marzo2,
2004) La erradicación de la coca excedentaria de
los Yungas de La Paz será la tarea principal del gobierno del presidente
Carlos Mesa, según encomendó el Departamento de Estado de los Estados
Unidos. Se viene una ola de violencia, represión y muerte en las
provincias de La Paz.
En
el Informe del Departamento de Estado sobre la Estrategia Internacional
para el Control de Narcóticos se establece, en el caso de Bolivia, que la
política de erradicación ha dado grandes frutos en el Chapare de
Cochabamba, pero que ahora la tarea es mucho más ardua en los Yungas de
La Paz.
Con
esta orientación, es previsible que, en lo inmediato, los conflictos
sociales y la guerra de baja intensidad que se desarrolla en el Chapare se
traslade a las provincias de La Paz, con todas sus secuelas de muerte,
represión y desconocimiento de los derechos humanos.
"Los
Yungas es el área que concentra los mayores cultivos de coca en Bolivia,
donde la topografía (cadenas de montañas atravesadas por un solo camino
angosto) y una larga historia de cultivo de coca tradicional proveen
argumentos en contra de la simple repetición de la exitosa estrategia de
erradicación forzosa del Chapare. Esta área constituirá el principal
desafío del Presidente Carlos Mesa", dice el Departamento de Estado.
En
la percepción estadounidense, "el mayor desafío que enfrenta
Bolivia en el ámbito de las drogas es cómo controlar el crecimiento del
cultivo ilegal en los Yungas, donde la coca ha sido cultivada por milenios
y los cocaleros están dispuestos a luchar para proteger su
"derecho" a cultivarla".
Hasta
ahora, según el Departamento de Estado, "la violenta oposición
cocalera y un terreno geográfico difícil han desalentado la erradicación
forzosa en los Yungas. En su lugar, el gobierno de Bolivia ha seguido una
estrategia de control basada en la interdicción. Utilizando el mismo
terreno montañoso que dificulta la erradicación forzosa, el gobierno de
Bolivia ha restringido el movimiento de la hoja, los precursores y las
drogas ilícitas a través de los puntos de control. El gobierno de los
EE.UU. se encuentra trabajando estrechamente con el gobierno de Bolivia
para mejorar la eficiencia y confiabilidad de DIGECO, institución
responsable de reglamentar el comercio de coca legal", agrega. El
Informe señala textualmente lo siguiente:
I.
Resumen
Las
políticas coherentes sobre erradicación forzosa llevadas a cabo por
sucesivos gobiernos bolivianos ha eliminado virtualmente la condición del
Chapare como importante fuente de producción de coca destinada a la
fabricación de cocaína. La impresionante incautación tanto de drogas
como de precursores químicos, que rompió el récord en 2003, demuestra
el valor de las inversiones a largo plazo que se realizan para el
desarrollo de unidades especiales de la Policía en la lucha antinarcóticos
(FELCN). Las iniciativas del desarrollo alternativo (DA) en el Chapare
continúan proporcionando alternativas legales a la coca y las nuevas
actividades del DA en los Yungas están empezando a demostrar su valor.
Bolivia es un importante país de tránsito de los precursores de la cocaína.
Los
Yungas es el área que concentra los mayores cultivos de coca en Bolivia,
donde la topografía (cadenas de montañas atravesadas por un solo camino
angosto) y una larga historia de cultivo de coca tradicional proveen
argumentos en contra de la simple repetición de la exitosa estrategia de
erradicación forzosa del Chapare. Esta área constituirá el principal
desafío del Presidente Carlos Mesa. El 2003, el gobierno de Bolivia
continuó los trabajos para establecer los mecanismos para el control del
mercado legal de la coca e impedir su desvío para la producción de cocaína.
Reconociendo
la importancia de los temas antinarcóticos , el Presidente Mesa se
encuentra presidiendo personalmente el reorganizado y fortalecido Consejo
Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID).
Bolivia
es parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988
II.
Situación del País
Bolivia
ha cultivado la hoja de coca durante milenios para usos tradicionales. La
coca continúa siendo parte central de las ceremonias indígenas y de la
medicina tradicional, así como también un estimulante popular legal que
se consume en la forma de mate y en la masticación (acullico). La ley
boliviana autoriza la existencia de 12,000 hectáreas de cultivo de coca
para este mercado, principalmente en los Yungas.
Hasta
1990 la región del Chapare fue el principal proveedor de cocaína con
destino al mercado de los EE.UU. A través de una enérgica intervención,
el gobierno de Bolivia redujo el cultivo desde su punto más alto en 1989
(de 52,900 a 28,450 hectáreas en 2003), retirando efectivamente al
Chapare del circuito coca/cocaína. El 2003, la exitosa reducción del
cultivo de coca en el Chapare (que disminuyó en un 15 por ciento) fue
contrarrestada por un incremento del 26 por ciento en los Yungas,
generando un incremento neto en todo el país del 17 por ciento, o 4,050
hectáreas.
Bolivia
es también un importante país de tránsito (especialmente para la cocaína
peruana) porque sus fronteras recorren los más alejados y menos
controlados territorios de sus cinco países vecinos.
III.
Acciones del País contra el Narcotráfico en 2003
Iniciativas
de Políticas. El Presidente Banzer (1997-2001) modificó la política
boliviana de inacción a una de seria confrontación al circuito coca/cocaína.
Desde entonces y, a pesar de la tremenda crisis social y política (en
parte debido a las políticas antinarcóticos), han continuado la política
de erradicación forzosa gobierno de Bolivia en el Chapare y la interdicción
cada vez más sofisticada de drogas ilícitas y precursores.
Los
esfuerzos de los productores de coca ("cocaleros") para detener
la erradicación han sido rechazados, sin embargo, el gobierno de Bolivia
ha estado dispuesto a analizar una diversidad de otros temas relacionados
con la coca en un intento para evitar la violencia y las consecuencias
económicas adversas que resultan de las manifestaciones e intimidación
provocadas por los cocaleros.
La
débil coalición del gobierno de Sánchez de Lozada renunció después de
que se produjeron amplias protestas debido en gran parte a temas económicos
en octubre del 2003, luego de sólo 14 meses de un período de cinco años.
El gobierno sucesor de Mesa confronta mayores desafíos sociales y políticos.
A pesar de este contexto, el Presidente Mesa ha asumido la presidencia del
CONALTID, el comité interministerial que coordina la política antinarcóticos
del gobierno de Bolivia. El CONALTID, reorganizado en noviembre, demuestra
un potencial para asumir un papel más fortalecido el 2004.
El
principal desafío que enfrenta Bolivia es el crecimiento no contenido del
cultivo de coca en los Yungas. La violenta oposición cocalera y un
terreno geográfico difícil han desalentado la erradicación forzosa en
los Yungas. En su lugar, el gobierno de Bolivia ha seguido una estrategia
de control basada en la interdicción. Utilizando el mismo terreno montañoso
que dificulta la erradicación forzosa, el gobierno de Bolivia ha
restringido el movimiento de la hoja, los precursores y las drogas ilícitas
a través de los puntos de control. El gobierno de los EE.UU. se encuentra
trabajando estrechamente con el gobierno de Bolivia para mejorar la
eficiencia y confiabilidad de DIGECO, institución responsable de
reglamentar el comercio de coca legal.
El
principal desafío de este esfuerzo ha sido la falta de institucionalización
de un servicio civil profesional. La Administración de Mesa ha solicitado
al gobierno de los Estados Unidos que coopere para desarrollar un servicio
civil moderno en los departamentos y oficinas comprometidos en el programa
antinarcóticos, empezando con el Ministerio de Gobierno.
Logros.
El gobierno de Bolivia logró éxito el 2003 en sus tareas antinarcóticos:
de acuerdo al informe de satélite del Centro Antinarcóticos (CNC, por
sus siglas en inglés), la erradicación forzosa condujo a un descenso del
15 por ciento en el cultivo de coca en el Chapare. Pese al incremento neto
del 17 por ciento en la totalidad de la coca, la producción potencial de
cocaína permaneció sin cambio debido a la inmadurez de las nuevas
plantaciones de coca Las estadísticas de interdicción se incrementaron
de manera dramática; y las principales organizaciones traficantes fueron
retiradas.
Esfuerzos
para la Aplicación de la Ley. Los gobiernos de Bolivia y de los Estados
Unidos continúan trabajando conjuntamente para ampliar las capacidades de
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y sus unidades
especializadas, incluyendo: incremento de personal, mejoramiento de la
infraestructura física existente, y construcción de nuevas bases. Como
resultado directo, las incautaciones de interdicción mejoran anualmente y
el año 2003 fueron tres veces más altas que aquellas para el 2002 con
152 toneladas métricas de hoja de coca y 12.9 toneladas métricas de cocaína
capturada.
Corrupción.
Las organizaciones traficantes de Bolivia parecen no ejercer mayor
influencia corruptora en los niveles más elevados del gobierno de
Bolivia. Los recientes gobiernos no han condonado, alentado o facilitado
aspecto alguno del tráfico de narcóticos. El gobierno de Bolivia ha
investigado enérgicamente las acusaciones y, al parecer, se encuentra
preparado para asumir la acción adecuada en casos donde las
investigaciones sugieren que la Policía Boliviana Nacional u otros
oficiales se encuentran comprometidos o implicados de otra manera en actos
de corrupción relacionados con narcóticos. La reciente creación de la
Oficina de
Responsabilidad
Profesional en la FELCN y la Policía Nacional ayudará a minimizar las
oportunidades de corrupción entre los miembros de la institución y a
incrementar su capacidad de asuntos internos. El gobierno de los Estados
Unidos alentará a establecer una unidad similar en la oficina de los
Fiscales de Sustancias Controladas. El 2003, no hubo proceso alguno
relacionado a casos de narcotráfico que comprometiera a oficiales de alta
jerarquía, pese a que cuatro jueces fueron suspendidos y se encuentran
bajo proceso jurídico-administrativo. Luego de la conclusión de este
proceso, se determinará los cargos oficiales para el enjuiciamiento.
Acuerdos
y Tratados. Bolivia es integrante de la Convención de las Naciones Unidas
Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
de 1988, la Convención Única de las Naciones Unidas sobre
Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972), y la
Convención de las Naciones Unidas sobre Substancias Psicotrópicas de
1971. Bolivia suscribió, pero aún no ratificó, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el
Protocolo contra el Tráfico de Migrantes; ambos han sido aprobados por el
Senado, pero continúan en la Cámara de Diputados para su aprobación
final por más de un año. En noviembre del 2001, Bolivia ratificó el
Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar la Trata de Personas. El 10
de diciembre del 2003, Bolivia suscribió la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción.
Extradición.
Bolivia y los Estados Unidos suscribieron un tratado bilateral de
extradición en 1995, que entró en vigencia el siguiente año y dictamina
la extradición de nacionales por delitos mayores incluyendo el narcotráfico.
No hubo extradición de Bolivia a los EE.UU. el 2003, ni hubo petición
alguna. La última extradición relacionada con narcotráfico de Bolivia
fue en agosto de 2001.
Cultivos
y Producción. El gobierno de Bolivia prosiguió con la erradicación
forzosa en el Chapare. El informe de satélite del CNC calculó que el
cultivo de coca en los Yungas se incrementó al 26 por ciento, generando
un área total de cultivo en Bolivia de 28,450 hectáreas, que representa
un incremento neto del 17 por ciento en relación al 2002. La Ley 1008
autoriza hasta 12,000 hectáreas de cultivo de coca legal para la provisión
al mercado legal. La producción total potencial de cocaína en Bolivia
disminuyó de un estimado de 240 toneladas métricas en 1995 a 60
toneladas métricas el 2003.
Flujo
y Tránsito de Narcóticos. La FELCN tuvo un año excelente el 2003, casi
triplicando las incautaciones de cocaína del 2002. Hasta fines del 2003,
el gobierno de Bolivia incautó 152 toneladas métricas de hoja de coca,
12.9 toneladas métricas de cocaína y 8.5 toneladas métricas de
marihuana (canabis), además de 546,252 litros de precursores químicos líquidos
(acetona, diesel, éter, etc.) y 538.1 toneladas métricas de precursores
químicos sólidos (ácido sulfúrico, bicarbonato de sodio, etc.).
Destruyó también 1,769 laboratorios de cocaína base y realizó 3,902
arrestos en 4,709 operativos. El gobierno de Bolivia continúa centrándose
en la interdicción de drogas ilícitas y sustancias químicas, así como
también en la detención y desbaratamiento de organizaciones que internan
precursores a Bolivia desde Chile y la Argentina y de aquellas que
transportan cocaína de Bolivia con destino al Brasil y la Argentina.
Aproximadamente
30 toneladas métricas de cocaína peruana ingresan a Bolivia a lo largo
de los tramos de la frontera compartida del norte de Bolivia, luego
atraviesan Bolivia para ingresar al Brasil. Esta cocaína se consume
principalmente en el Brasil. Una proporción cada vez mayor de la cocaína
peruana que transita Bolivia y de la cocaína boliviana tiene como
probable destino: Europa, Argentina, Chile y Paraguay. Una cantidad cada
vez mayor se consume en Bolivia.
Desarrollo
Alternativo. En el Chapare, USAID respalda la reducción de la coca
profundizando y ampliando la asistencia del desarrollo alternativo (DA).
Hasta el Año Fiscal 2003, USAID ayudó a unas 26,000 familias
agricultoras con apoyo del DA e incrementó los cultivos lícitos (no
relacionados con drogas) de 127,013 a 129,703 hectáreas, incluso con una
pausa en el programa de dos meses ocasionada por los conflictos sociales,
la violencia y los bloqueos. El ingreso familiar promedio de los productos
lícitos se elevó de $2,055 en 2001 a $2,138 en 2002 y el número de
empleos en la agroindustria lícita ascendió a casi 53,000 hasta fines
del 2003.
Luego
de la crisis económica argentina del 2002, los programas del DA gozan de
un sustancial mayor acceso al mercado, con un incremento estimado de 30
por ciento en la exportación de bananas (a 22,000 toneladas métricas) y
un incremento del 250 por ciento de piñas exportadas (a 900 toneladas métricas).
Asimismo, USAID inició nuevas actividades importantes en la titulación
de tierras, salud, medio ambiente y democracia en la región.
El
2003, el programa de DA de los Yungas concluyó 96 proyectos de
infraestructura rural y de poblaciones pequeñas, inició 44 nuevos
proyectos y empezó el diseño de 40 proyectos. Estos incluyen sistemas de
agua potable, escuelas, plantas beneficiadoras de café y otros tipos de
infraestructura social y productiva. Además, USAID continuó cimentando
el capital social mediante becas para 33 estudiantes universitarios de la
región en el campo de la salud y la agropecuaria. Los programas del DA
capacitaron a 60,000 residentes de los Yungas de 454 comunidades en
prevención de enfermedades, programas para proveer tratamiento médico
para la tuberculosis y la lesmaniasis a más de 2,000 pacientes, construyó
240 letrinas beneficiando a cerca de 6,000 personas, realizó el
mantenimiento y mejora de 112 kilómetros de caminos vecinales en zonas
montañosas (incluyendo la construcción de tres puentes principales) y
otorgó asistencia técnica en la cosecha de café y las técnicas de
beneficiado en 116 comunidades llegando a más de 5,000 familias (y ayudó
a incrementar en especial las exportaciones de café en 300 por ciento
llegando a más de $us.1 millón).
El
proyecto de la Organización de Estados Americanos, apoyado por el
gobierno de los Estados Unidos, para modernizar el cultivo de cacao orgánico
y de la banana en los Yungas está mitigando efectivamente la pobreza y
previniendo la ampliación del cultivo de coca ilegal en esta región
considerada vulnerable. 1,300 familias participan en el proyecto, cada una
con un promedio de 2 hectáreas de cultivos y beneficiándose de ingresos
entre $1,866 y $2,900 al año, además de los cultivos de subsistencia que
se producen para la alimentación y el mercado.
Programas
Nacionales (Reducción de la Demanda). En marzo del 2003, se trasladó el
Viceministerio de Prevención y Rehabilitación del Ministerio de Gobierno
al Ministerio de Salud, medida que ha debilitado aún más los proyectos
bilaterales de reducción de la demanda. El gobierno de los Estados Unidos
ha sugerido al gobierno de Mesa restablecer esta función a su Ministerio
original, colocándola bajo el Viceministerio de Defensa Social, el
"zar de las drogas" del gobierno de Bolivia. A fines de año, el
CONALTID estuvo planificando volver a enfatizar la reducción de la
demanda como uno de los cuatro pilares de la política antinarcóticos del
gobierno de Bolivia y considerar dónde ubicar la función de coordinación.
IV.
Iniciativas y Programas de la Política de los EE.UU.
Iniciativas
de Políticas. Los principales objetivos de la lucha antidroga del
gobierno de los Estados Unidos en Bolivia son: sacar a Bolivia de la
producción de la coca para la producción de cocaína; promover el
desarrollo económico y establecer cultivos alternativos legales y
mercados para proveer a los agricultores opciones viables al cultivo de la
coca; desmantelar la producción de cocaína en Bolivia; prohibir y
destruir las drogas ilícitas y los precursores químicos que se trasladan
dentro y a través del país; reducir y combatir el mercado para el
consumo interno de cocaína y otras drogas ilícitas; e institucionalizar
un sistema profesional de cumplimiento de la ley profesional. El gobierno
de los Estados Unidos trabaja a través de diversos programas para
promover la reforma institucional y fortalecer los elementos al interior
del gobierno de Bolivia dedicados a tratar los temas antinarcóticos.
Cooperación
Bilateral. El gobierno de Bolivia y la Embajada de los Estados Unidos se
reúnen habitualmente en todos los niveles y a través de diversas
entidades para coordinar políticas, implementar programas y operativos y
resolver diversos temas. La Oficina para Asuntos Internacionales Antinarcóticos
y Aplicación de la Ley (INL), a través de la División de Asuntos
Antinarcóticos (NAS) de la Embajada de los EE.UU. y su Programa Aéreo,
respalda y asiste a todas las fuerzas de interdicción y erradicación.
Este respaldo está definido por un Convenio Bilateral suscrito anualmente
con el gobierno de Bolivia.
El
Camino a Seguir. Actualmente, Bolivia está experimentando su más grave
inestabilidad política desde la Revolución de 1952. El Presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada asumió el mando el 2002, a la cabeza de una débil
coalición y fue obligado a renunciar en octubre del 2003, durante una
serie de protestas masivas violentas y bloqueos de carreteras dirigidos
por diversos grupos radicales de la oposición. La agitación demostró
una generalizada corriente de insatisfacción popular con el sistema político
de larga data. El actual Presidente, Carlos Mesa, dirige un gobierno
"apolítico", cuyos ministros se desempeñan sin vínculo alguno
con partidos políticos. Sin embargo, gobernar bajo la constante amenaza
de una renovada protesta popular y requerimientos financieros masivos
impone un tremendo desafío.
Evo
Morales, el más conocido líder radical cocalero, recibió la segunda
mayor votación en la elección presidencial del 2002. A su vez, él
dirige un movimiento político constituido por un conglomerado de
elementos políticos dispares que realizan campañas en contra del status
quo. Existen otros líderes antisistémicos compitiendo con Morales por el
liderazgo de Bolivia, cada uno buscando beneficiarse políticamente del
creciente sentido de exclusión y frustración evidente en muchos
votantes, especialmente aquellos provenientes de las planicies montañosas,
el altiplano boliviano.
Las
implicaciones de la situación política sobre la capacidad de Bolivia
para cumplir sus obligaciones bajo la Convención de 1998 y el Convenio
Bilateral con el gobierno de los Estados Unidos son difíciles de
predecir. Actualmente, la política para continuar la interdicción cuenta
con el apoyo de muchas agrupaciones políticas.
El mayor desafío que enfrenta
Bolivia en el ámbito de las drogas es cómo controlar el crecimiento del
cultivo ilegal en los Yungas, donde la coca ha sido cultivada por milenios
y los cocaleros están dispuestos a luchar para proteger su
"derecho" a cultivarla.
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