Un referéndum tramposo

Por Andrés Soliz Rada
Econoticiasbolivia, 24/05/04

Después de 73 años del referéndum con voto calificado y el primero en la historia de Bolivia con voto universal, el anunciado por el Presidente Carlos Mesa para el 18 de julio próximo, ha nacido castrado, ya que ha eludido la pregunta fundamental: ¿Está de acuerdo con la nacionalización de los hidrocarburos? Sí o No. Es obvio que las transnacionales, la oligarquía y el gobierno (estos dos últimos son casi sinónimos), consideran que esta pregunta es peligrosa, ya que, de acuerdo a encuesta de la red de emisoras ERBOL más del 80 % de la ciudadanía exige que el país sea efectivamente dueño de su gas y su petróleo.

Quienes se niegan a preguntar sobre la nacionalización se atribuyen el derecho de pensar a nombre de la gente y de responder por ella, ya que, en su criterio, sólo una oligarquía intelectual, que defiende los intereses petroleros, puede saber lo que le conviene al país. Sin embargo, el referéndum, al eludir la pregunta fundamental se ha tornado innecesario.

En este sentido, el equipo técnico del Presidente Carlos Mesa, al elaborar las preguntas, ha consignado, al mismo tiempo, las respuestas que le interesa escuchar. En esa dirección, consideró que la pregunta sobre la nacionalización no podía ser incluida, ya que Bolivia carece de alrededor de ocho mil millones de dólares para pagar a las compañías las supuestas grandes inversiones que realizaron en años pasados, recompensarlas por el lucro cesante y disponer de recursos para el desarrollo y comercialización de los yacimientos.

De nada vale responder que la nacionalización implica la recuperación de más de cien mil millones de dólares que valen las reservas que posee la Nación y que si Bolivia forma de "Petro América", integrada por las empresas estatales de Brasil, Venezuela, México y Argentina (esta última en proceso de fundación), podrá eludir los bloqueos de los centros de poder mundial y avanzar, verdaderamente, en la industrialización interna de nuestros hidrocarburos.

Esta línea patriótica ha sido desechada por Mesa y sustituida por una supuesta recuperación del gas y del petróleo, en boca de pozo, la que, al no tener carácter retroactivo, permanecerá en vigencia por los próximos 36 años, que es el tiempo de duración de los contratos que atenazan la totalidad de nuestras reservas probadas y probables. Recuérdese que, en 1937, el gobierno del general David Toro decretó la caducidad de los contratos con la Standard Oil debido a que esta empresa norteamericana contrabandeaba petróleo boliviano a la Argentina.

Después de 67 años, la española Repsol hace exactamente lo mismo, ya que ha extraído gas de contrabando con destino a Cuiabá, Brasil, en tanto otras empresas venden ilegalmente GLP a Chile. ¿Alguien pondrá las manos al fuego por la Shell o por la ENRON? Corresponde, en consecuencia, declarar la caducidad de los contratos con las empresas, las que, además, están evadiendo impuestos de manera sistemática. ¿Qué esperanza de días mejores podemos tener los bolivianos si continúan operando en el país empresas delincuentes?

Las preguntas del referéndum mezclan temas positivos, como la necesidad de abrogar la Ley 1689, de Gonzalo Sánchez de Lozada, y la posibilidad de refundar YPFB con parte de las acciones de la "capitalización", con el propósito de exportar el gas, sobre todo a México y Estados Unidos, de manera descontrolada. En efecto, ¿qué quiere decir que Bolivia exportará su gas después de cubrir sus requerimientos de industrialización interna? ¿Qué porcentaje de los volúmenes a exportarse serán industrializados en Bolivia? ¿El uno por ciento o el 99 por ciento? No cabe duda que las transnacionales aprovecharán estas ambigüedades para obtener enormes ventajas, a costa del interés nacional.

El referéndum es, en consecuencia, un grosero resumen del proyecto de ley de Carlos Mesa, el que no recupera los hidrocarburos, no garantiza la industrialización el gas, permite la resurrección de YPFB en calidad de socio residual de las transnacionales y deja en la penumbra el tema del incremento impositivo.

Sin embargo, la última palabra sobre el tema aún no ha sido pronunciada. El parlamento estará en condiciones de imponer a las transnacionales el pago del 50 de regalías en boca de pozo, además de los impuestos a las utilidades, como señala la ley vigente para los hidrocarburos existentes. El debate se desarrollará en momentos en que un pueblo movilizado no está dispuesto a tolerar que las políticas de saqueo y depredación se prolonguen por más tiempo.