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A 14 meses de la insurrección, la esencia de la agenda de octubre sigue
sin cumplirse
Bolpress, 30/12/04
Cuando Carlos Mesa llegó a la silla presidencial por accidente, después
de que la insurrección popular derribara a su mentor político
Gonzalo Sánchez de Lozada, inició su mandato con un programa de
gobierno ajeno y prestado. El que fuera ferviente defensor de la
democracia representativa clásica -monopolizada por los partidos políticos-
y del sistema económico que condenó al Estado a la extinción, de un
día para el otro apareció como el salvador de una nación al borde
del colapso y, paradójicamente, como el responsable de mejorar esa
democracia de elites y de corregir la ortodoxia neoliberal. 14 meses
después, Mesa todavía no demuestra haber dado un giro a la política
económica y pierde popularidad debido a su posición complaciente con
las empresas transnacionales, actitud que le ha merecido el mote de
'continuador' de los planes de Goni.
El Presidente Mesa nunca asumió como suyas las consignas populares de
octubre que pedían la nacionalización de los hidrocarburos, la
recuperación de la soberanía nacional entregada a los organismos
financieros internacionales y el castigo a los gobernantes asesinos. Más
bien optó por arrullar a las masas con el Referéndum, la Asamblea
Constituyente, o la guerra verbal contra Chile.
Las sangrientas jornadas de octubre de 2003 con un saldo de 67 muertos,
cerca de medio millar de heridos y el desmoronamiento de la estructura
política del país, permitieron a Bolivia incorporar en su Constitución
Política de Estado la figura del referéndum vinculante.
La primera consulta popular supuestamente tenía la intención de definir
el futuro y la recuperación de los hidrocarburos para los bolivianos,
es decir que el Estado sienta soberanía ante las transnacionales que
desde 1996 fueron favorecidas con la Ley 1689.
Pero la consulta se redujo a indagar el mecanismo del cobro de regalías
(el país sólo se beneficia con el 18%). Varios sectores coinciden en
que ocho petroleras pudieron más que ocho millones de bolivianos.
Mientras el gobierno espera una 'buena' Ley de Hidrocarburos que aliente
las inversiones y que no las ahuyente, los movimientos sociales
insisten en recuperar la propiedad de los hidrocarburos de manera
inmediata, un pedido que es considerado 'confiscatorio' por el
gobierno y las empresas petroleras.
El gobierno exige al Parlamento aprobar su propuesta de Ley que establece
la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo
y llegar al 50 por ciento de beneficios petroleros entre impuestos y
regalías sin tocar los contratos petroleros firmados en la peor época
del neoliberalismo.
Según el Congreso, la propuesta del Ejecutivo no atiende en su verdadera
dimensión el mandato del referéndum del gas. Es por eso que ha
planteado un segundo proyecto de Ley que incluye la modificación
obligatoria de los contratos petroleros y la elevación inmediata de
las regalías al 50%.
Todo esto quiere decir que en el tema energético el gobierno de Carlos
Mesa aparece al lado de las empresas petroleras y frente al Congreso y
a los movimientos sociales. Y esa no es la única contradicción con
la agenda de octubre.
Mesa prometió luchar contra la ortodoxia, pero…
En todo foro, cumbre o reunión a la que asiste, el Presidente Mesa no se
cansa de fustigar a la 'ortodoxia' neoliberal causante de una buena
parte de los males sociales que hoy indisponen a todo el continente.
Mesa insiste en la necesidad de recuperar el papel del Estado, claro
que sin caer en el estatismo de los años 60, y en la importancia del
mercado interno. De ahí su programa 'compro boliviano', destinado a
incentivar a la industria nacional.
Pero a la hora de sintonizar con la corriente económica mundial no duda
en promover con firmeza la firma de un Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, aunque eso signifique anular todo su discurso
nacionalista. Hay que recordar que una de las exigencias centrales del
TLC es la eliminación de todas las preferencias para los productores
locales y, obviamente, la intervención del Estado en asuntos
comerciales.
Sin propuesta ni programa
Al negar de hecho la agenda de octubre, el Presidente Mesa aparece
gobernando sin programa concreto. La estabilidad política y el referéndum
fueron sus logros en 2004, pero la oposición piensa que en el año
que pasa el gobierno no demostró tener una visión de futuro clara y
que por eso sus medidas fueron coyunturales.
Uno de los grandes logros de Mesa fue crear un escenario de concertación
y de relativa paz y estabilidad respetando los derechos humanos. Se
empieza a reconstruir la institucionalidad y en términos sociales se
ha ganado una cierta tranquilidad social.
En 2004, el gobierno atendió más de dos mil conflictos sociales, a razón
de entre cinco y seis por día. Sin embargo, en la mayoría de los
casos sólo pudo contener temporalmente esas crisis y dejó pendiente
su resolución definitiva. Es así que el gobierno se dedicó a apagar
incendios sociales, no a solucionarlos.
El desempeño económico
El gobierno tenía la esperanza de que la economía vuelva a crecer a
tasas parecidas a las registradas en la década del 90, cuando se
ubicaron sobre el 4 por ciento, pero el Banco Central de Bolivia
informa que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.6 por ciento en
2004. El ministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio, calcula que el déficit
fiscal llegará a 5.5% al finalizar el año, aunque otras fuentes del
mismo gobierno estiman que el déficit del sector público se acercará
a 5.9% del PIB.
Por otro lado, la depreciación nominal acumulada del tipo de cambio a
noviembre del 2004 fue de 2.55%, inferior a la de similar periodo de
2003, cuando llegó a 3.87%. Eso se debe a que la demanda de divisas
se redujo en el Bolsín del BCB. En 2003 el público solicitó 785
millones de dólares y en este año apenas 334 millones. El presidente
del BCB, Juan Antonio Morales, aclara que la baja demanda de dólares
en el Bolsín de ninguna manera significa que la economía esté
estancada. Más bien, el tipo de cambio efectivo del peso boliviano se
encuentra en su nivel más competitivo desde 1996.
Las autoridades del sector económico informan con optimismo que las
exportaciones superarán los 2 mil millones de dólares en el año que
pasa, un récord histórico. Pero semejante repunte tiene mucho que
ver con la exportación de recursos naturales y materias primas, el
viejo problema boliviano.
El sector más dinámico fue el de hidrocarburos, con una tasa de 32.27%,
en tanto que la manufactura creció en 4% debido a los buenos precios
internacionales, al tipo de cambio real competitivo y a las
oportunidades que ofrece la Ley de Preferencias Andinas y Erradicación
de Drogas (Atpdea). Entonces, el buen comportamiento de las
exportaciones se explica en gran parte por las ventas de gas a
Argentina y Brasil, que suman 446 millones de dólares hasta
septiembre de 2004.
A la vez, el repunte de las exportaciones tiene que ver más con la
tendencia internacional que con las buenas políticas del gobierno
boliviano. Las exportaciones latinoamericanas alcanzarán su tasa de
crecimiento más alta en dos décadas al superar los 445,1 mil
millones de dólares en el 2004, un aumento de 23 por ciento sobre el
total de las exportaciones de la región en 2003, según datos del
BID.
La mayoría de los países latinoamericanos participaron en esta bonanza
impulsada tanto por el comercio dentro de la región como fuera de
ella. Los exportadores latinoamericanos se vieron beneficiados por una
serie de factores positivos: una recuperación económica más robusta
en Estados Unidos; tasas de cambio más competitivas; las fuertes
reactivaciones de países como la Argentina, Uruguay y Venezuela; y la
creciente demanda de China, que ha elevado los precios y los volúmenes
de las exportaciones agrícolas y mineras latinoamericanas. Las
exportaciones de América Latina a China treparon 34 por ciento este año
a 14 mil millones de dólares.
Durante 2004, las exportaciones intra regionales latinoamericanas
aumentaron 42% respecto al total de 2003, mientras que las
exportaciones a países fuera de la región aumentaron 20%. La
Comunidad Andina, que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela, alcanzó las tasas de crecimiento más altas entre todos
los grupos latinoamericanos. Sus exportaciones globales aumentaron 37%
mientras que las exportaciones entre países andinos crecieron 44 por
ciento.
Lo que se viene
Pese a la mejora de la balanza comercial boliviana, el problema crónico
del Estado, el déficit, no está resuelto. Se prevé que el gobierno
seguirá presionando al contribuyente el próximo año considerando
que en 2004 ha conseguido un importante aumento en los ingresos
tributarios gracias a los programas de regularización impositiva y,
en menor medida, al mayor dinamismo de la economía. En el segundo
semestre de este año, las recaudaciones por concepto del Impuesto a
las Transacciones Financieras (ITF) bordean los 50 millones de dólares.
En 2004 optó por dictar dos impuestos a los ricos: el Impuesto al
Patrimonio Neto de las Personas y el Impuesto a las Transacciones
Financieras, pero no resistió la presión de los grandes propietarios
y tuvo que conformarse sólo con uno de los impuestos planteados.
El gobierno no descarta ni confirma la aplicación de un gasolinazo ni de
nuevos impuestos en 2005 tomando en cuenta que todavía quedan
negociaciones pendientes con el Fondo Monetario Internacional. De
todas maneras, el precio del diesel se mantiene desde el año 2000, lo
que ocasiona serias distorsiones en la demanda de ese combustible. Según
las autoridades del gobierno y de la Superintendencia, la subvención
del precio de diesel es insostenible y estimula el contrabando del
carburante.
El gobierno prevé que la situación económica del país el próximo año
será mejor. Se estima que en 2005 el PIB crecerá 4,4%, aunque el
director de la Unidad de Análisis de la Unidad de Análisis de Políticas
Sociales y Económicas (Udape), Gabriel Loza, señaló que para 2005
se espera un crecimiento que oscile entre 3.5 y 4 por ciento. Dicho
crecimiento estaría sustentado en mayores exportaciones de gas
natural a Brasil y Argentina y en la recuperación del sector agrícola.
El próximo año también se prevé una recuperación del sector minero,
principalmente por la producción de la plata con el inicio del
proyecto minero San Cristóbal. Entre los aspectos negativos
previstos, Loza identifica un posible aumento del precio del petróleo.
Además, las perspectivas para las exportaciones en el 2005 están
ensombrecidas por la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la
recuperación económica estadounidense; la reciente apreciación de
las monedas latinoamericanas con respecto al dólar; los riesgos
inherentes en la gestión de un sobrecalentamiento de la economía
china, una agresiva competidora en el sector manufacturero; el
debilitamiento de precios de las materias primas y las disputas
comerciales entre socios subregionales latinoamericanos.
En esas condiciones, la confrontación con los sectores sociales parece
inminente, más aún considerando que situación social se presenta
extremadamente difícil dadas la polarización política, económica y
social en las distintas regiones del país.
De todos modos, el Presidente Mesa confía en el apoyo del 'racional y
razonable' Evo Morales, líder de la oposición que en el año que
pasa fue muy tolerante con el jefe de Estado, casi como si fuese el
aliado político que le falta en el Congreso.
La tierra y la coca
El conflicto por la tierra, la coca, la nueva Ley de Hidrocarburos, la
convocatoria a la Asamblea Constituyente, el aumento salarial y la
rescisión del contrato con Aguas del Illimani podrían marcar la
agenda de conflictos sociales en 2005.
En 2004 se erradicó menos coca que en años anteriores. La Fuerza de
Tarea Conjunta (FTC) erradicó desde enero hasta el 22 de diciembre
8.425 hectáreas de coca excedente en el trópico de Cochabamba, cifra
inferior a lo conseguido en los últimos tres años. En 2001, la FTC
erradicó 9.395 hectáreas de coca y 39.500 metros cuadrados de almácigos.
En 2002 se eliminaron 11.839 hectáreas y se redujeron 55.386 metros
cuadrados de almácigos, mientras que en 2003 se erradicaron 10.017
hectáreas y 59.801 metros cuadrados de almácigos.
2006 será el año de la erradicación de cultivos de coca en el norte de
La Paz. En base a los resultados del estudio sobre el mercado de la
coca que comenzará aproximadamente en marzo del próximo año y que
tendrá la duración de un año calendario, el gobierno recurrirá a
la reducción de los cultivos de coca en esa región del país. Los
cocaleros de los Yungas adelantaron su desacuerdo.
Respecto al problema de la tierra, el gobierno se encuentra entre la
espada y la pared. Por un lado, los terratenientes le presionan por
ser excesivamente tolerante con los campesinos que ocupan propiedad
privada y por otro lado afiliados al Movimiento sin Tierra (MST)
siguen muriendo en enfrentamientos con la policía. Se trata de una
situación insostenible, producto de la inequitativa distribución de
tierra en el país, que ha obligado al gobierno a ofrecer 30.000 hectáreas
para ser distribuidas entre sus miembros a partir de enero de 2005.
Esto a raíz del último asesinato de un campesino sin tierra en Santa
Cruz.
En el último conflicto en la localidad de Pailas, el Estado se
comprometió a pagar por las tierras tomadas por los campesinos. Los
campesinos se quedarán en Pailas hasta cosechar los productos que
sembraron y no realizarán trabajos adicionales ni ocuparán más hectáreas.
Para la CAO, dicho acuerdo generará más incertidumbre y
avasallamiento de tierras.
El MST instruyó a sus bases defenderse con armas ante eventuales medidas
que dicten las autoridades para hacer respetar la propiedad privada de
tierras agrícolas improductivas. Los campesinos se encuentran
asentados en 51 propiedades.
La indefinición es el problema principal
La falta de voluntad política para atender las demandas sociales no es
una falla exclusivamente atribuible al Ejecutivo. También dejó mucho
que desear el tratamiento de la agenda de octubre en el Poder
Legislativo.
La prueba es que no cumplió con dicha agenda, especialmente aprobando
una Ley de Hidrocarburos que recupere el derecho de propiedad. El
Congreso Nacional tiene dos retos para 2005: aprobar una nueva Ley de
Hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, dos
proyectos de ley relacionados con la agenda política y económica
emergente de la crisis de octubre de 2003.
El Congreso no cumplió una labor del todo efectiva en 2004. La
autorización del Juicio de Responsabilidades contra el ex presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada y la aprobación de las designaciones en el
Poder Judicial no fueron acciones suficientes para revertir su descrédito.
Los bolivianos todavía esperan uno de los juicios históricos a un
presidente elegido por la vía democrática por las masacres de
febrero y octubre de 2003. El 14 de octubre los partidos políticos
como el MIR y MNR lucharon hasta el último momento para evitar el
proceso restando importancia al pedido clamoroso de los sectores
populares. Pasó un año y dos meses y no avanzó dicho juicio de
responsabilidades.
2004 también fue el año de la reivindicación marítima, como nunca
antes lo había hecho ningún presidente. Carlos Mesa, historiador y
periodista, planteó en cuanto evento diplomático pudo la demanda de
una salida soberana al mar, pero al finalizar la gestión bajó el
tono y aceptó negociar la demanda marítima en el plano bilateral
antes que en el multilateral.
¿Un giro geopolítico?
Los gobernantes entienden que la radicalización política y la
desesperación de ciertos sectores sociales podrían ir en aumento el
próximo año. Dos hechos violentos que conmovieron al país en 2004
indican esa posibilidad: el 30 de marzo el ex trabajador minero
Eustaquio Picachuri se inmoló en el Congreso y el 14 de junio una
turba asesinó al alcalde de Ayo Ayo Benjamín Altamirano.
De ahí que el Ejecutivo comience a buscar nuevos aliados con la intención
de mejorar la situación de la población y de esta forma aplacar los
conflictos sociales que ya se anuncian para 2005.
En 2004 los ejecutivos de la empresa china Shengli Oilfield International
Exploit Company ofrecieron al gobierno boliviano invertir en el sector
energético hasta 1.500 millones de dólares para emprender un negocio
conjunto con el Estado concediéndole el 51% de las acciones. El
gobierno anunció que aplicará el próximo año una política de
acercamiento a los países del Asia en busca de mercados e
inversiones. Parte de esa estrategia es el viaje del Presidente Mesa a
China, Corea del Sur y Japón.
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