Se multiplica la presión sobre Mesa

Redacción de Econoticiasbolivia, 17/01/05

La Paz. Huelgas de hambre en oriente y en occidente, marchas de protesta en la sede de gobierno y bloqueo parcial de carreteras en los accesos a la zona tropical de La Paz marcaron este lunes la tónica del generalizado rechazo a la política gubernamental del presidente Carlos Mesa.

Sofocada parcialmente la oposición de los vecinos de El Alto, que la pasada semana suspendieron su huelga tras definirse la conclusión del contrato de servicio de agua que tenía un consorcio controlado por capitales franceses, la persistente protesta contra el alza de los carburantes dispuesta por Mesa el 30 de diciembre, corrió hoy a cargo de miles de trabajadores y gremiales de El Alto, que marcharon sobre el centro de La Paz.

Simultáneamente, el líder de los campesinos del Altiplano, el "Mallku" Felipe Quispe, inició una huelga de hambre, junto a otros tres dirigentes del agro, emulando las acciones de casi medio centenar de vecinos y dirigentes de la ciudad de Santa Cruz, que igualmente realizan un ayuno voluntario exigiendo la anulación del decreto que eleva el precio de la gasolina y el diesel en una escala que va hasta el 23 por ciento.

Tanto los dirigentes campesinos del Altiplano como los vecinales y cívicos del oriente anunciaron que las huelgas de hambre se masificarán paulatinamente hasta "doblar el brazo al Gobierno", tal como lo hicieron los alteños en el caso del servicio del agua.

Otros que se aprestan a intensificar sus acciones antigubernamentales son los cocaleros de los Yungas, que este lunes iniciaron parcialmente el bloqueo de caminos que une las regiones subtropicales con La Paz. El dirigente de los productores de coca de La Paz, Roberto Cuarite, aseguró que se generalizarán los puntos de bloqueo en las próximas horas.

"En la carretera La Paz - Yungas se presentó un derrumbe y eso impidió el traslado de campesinos, pero una vez que se habilite la carretera materializaremos la medida de presión, ya que el gobierno no atendió nuestras demandas, referidas al cultivo de la hoja de coca al cuartel de la Rinconada y al alza de los carburantes", dijo al dar cuenta del bloqueo en las regiones de Coripata y Chulumani.

División cocalera

Esta acción de los cocaleros fue de inmediato cuestionada por los dirigentes y diputados cocaleros del Movimiento al Socialismo (MAS), seguidores de Evo Morales, como Roberto Calle, que advirtió que los bloqueos "le hacen juego a Felipe Quispe y Jaime Solares (líder de la Central Obrera Boliviana) que quieren generar un ambiente de conflictos en el país".

Presionado por sus bases, Evo Morales había demandado la pasada semana el acortamiento del mandato presidencial que tiene Mesa hasta el 2007, pero este domingo, en un mensaje televisivo, dejó de lado este pedido y demandó un "cambio de actitud", dando plazo hasta fin de mes para que se reviertan las medidas económicas dispuestas por el gobierno.

Las seis federaciones de cocaleros del Chapare, controladas por Morales, aprobaron en su último ampliado "realizar movilizaciones masivas en rechazo a las nuevas medidas del gobierno, que afectan enormemente a los intereses de los bolivianos, a la dignidad nacional y la soberanía nacional, como los decretos supremos que favorecen a las empresas petroleras transnacionales, las subida de los precio de los pasajes y de los carburantes, la pretensión de dar la inmunidad a los soldados norteamericanos y por último el Decreto Supremo que autoriza el uso de las armas de fuego en contra de los movimiento sociales".

La posición de Morales fue ampliamente cuestionada en los sectores sociales y populares. "Evo Morales no quiere dejar la alianza con el gobierno", sintetizó el dirigente de los campesinos de La Paz, Rufo Calle, que convocó a sus bases a luchar contra el alza de los carburantes y el "mal gobierno", junto a los trabajadores de otros sectores, como los mineros de Huanuni, que este lunes cumplieron un paro de 24 horas en protesta contra el "gasolinazo".

Más al sur, en Potosí, la dirigencia cívica y laboral otorgó 24 horas para que el gobierno envíe a los ministros de la Presidencia y de Gobierno para revertir su decreto sobre el diesel y la gasolina y para atender las demandas regionales, afirmó Isaac Garabito, dirigente cívico.

Más movilizaciones

Desde El Alto, la agencia APA informó que los trabajadores están dispuestos a seguir presionando a las autoridades del gobierno hasta que decidan revertir el alza del precio de los carburantes debido a que está provocando el alza del costo de vida, según anunció el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR), Ernesto Fernández.

Con el objetivo de revertir la medida que cuestionan, lograr la aprobación de la Ley de Hidrocarburos con nacionalización y la agilización del juicio de responsabilidades contra el ex presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, los trabajadores alteños realizaron una masiva marcha de protesta que se dirigió la sede de gobierno en la mañana.

El máximo dirigente de la COR anunció que los trabajadores alteños ejecutarán medidas de presión, más radicales que la marcha, si no atienden sus demandas que están expresadas en un pliego de peticiones que presentaron en octubre del 2003.

Fernández recordó también que el actual gobierno en vez de responder a las demandas de los trabajadores, fue provocándolo con la aprobación de la inmunidad de los súbditos estadounidenses. "Hasta ahora, el gobierno lo único que ha hecho es provocarnos", manifestó.

Informó también que los dirigentes de la COR convocaron a un ampliado de representantes de las organizaciones de El Alto donde se determinarán las medidas de presión que se ejecutarán próximamente para revertir el alza de los carburantes.

En apronte

Otros que están en apronte son los dirigentes cívicos de El Alto, que este lunes iniciaron la ronda de negociaciones con el Ejecutivo, según informó APA.

Las reuniones se extenderán hasta el próximo sábado y se desarrollan en el marco del acuerdo al que arribaron el gobierno y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, después de que se haya decidido la rescisión del contrato con la empresa Aguas del Illimani. Sin embargo, los dirigentes de las juntas vecinales anunciaron que están dispuestos a reanudar las medidas de presión si es que no se dan respuestas positivas hasta fines de este mes.

De acuerdo al informe de los dirigentes de la organización que agrupa a las más de 500 juntas vecinales de El Alto, los temas que se abordaran en la primera mesa de trabajo que iniciará sus actividades, figura la reversión del decreto que dispone la elevación de los precio de los carburantes, la industrialización del gas, la instalación de gas a domicilio y la aprobación de la Ley de los Hidrocarburos.