Santa Cruz

¿Autonomía o separatismo?

Por Bernardo Corro Barrientos
Bolpress, 11/04/05

El Comité Cívico de Santa Cruz comenzó por fin a publicar los detalles de su propuesta sobre lo que entiende por autonomías (folletos: "Autonomías departamentales" de Mario Galindo y "Bases para constituir las autonomías departamentales" de Juan Carlos Urenda). Antes, con discursos en general cargados de pasión, por decir algo amable, era difícil distinguir los argumentos que fundamentan las propuestas denominadas autonomistas. No era posible, por ejemplo, deducir cómo podrían contribuir éstas al desarrollo de los departamentos y del país, cómo mejorar las condiciones socioeconómicas de los sectores sociales y originarios pobres, cómo contribuir a la gobernabilidad y a la unidad nacional.

Lamentablemente, con estas propuestas, las dudas que existían se esclarecen y se precisan las sospechas sobre las tendencias egoístas y separatistas de las elites empresariales cruceñas, las más beneficiadas con el sistema centralista burocrático actual. Se ve que, en realidad, no se busca inocentemente la "autonomía" como se proclama, ni tampoco un federalismo suave, sino una verdadera separación y desintegración del país. Esto se expresa claramente, en síntesis muy apretada, en las propuestas descritas siguientes.

Primeramente, se propone que el 66.7 % de los impuestos nacionales generados en los departamentos se queden en el lugar y que sólo el 33.3% restante vaya al Tesoro General de la Nación (TGN). Actualmente la proporción vigente es casi al revés. Para dimensionar esta propuesta se debe tener en cuenta que sólo entre La Paz y Santa Cruz se genera cerca del 90% de estos impuestos. Si esto se realizara, significaría una cuantiosa pérdida para los departamentos que generan escasos recursos tributarios, como Oruro, Potosí, Beni y Pando.

El 10% de los nuevos ingresos departamentales que el nuevo sistema les asignaría a cambio no les compensaría en absoluto la pérdida de las transferencias anteriores. El nuevo sistema significaría, por consiguiente, el crecimiento de una mayor asimetría entre los departamentos. Por otra parte, una mayor renta petrolera departamental consecutiva a una ley de hidrocarburos más favorable al país, sólo contribuiría, en las condiciones mencionadas, a una mayor asimetría entre los departamentos.

En segundo lugar, se propone la "potestad tributaria departamental" sobre los impuestos y regalías que sean recaudados en el departamento, es decir, que estos recursos sean primeramente recaudados y fiscalizados por cada departamento y posteriormente remitidos al Estado Central. Actualmente estos son recaudados por el servicio estatal de impuestos y luego redistribuidos a los departamentos, de acuerdo sus necesidades. Lo propuesto significaría no solo un verdadero separatismo, sino más aún poner de rodillas al Estado central y al país. Este sistema no existe en ningún Estado federal o autónomo. En estos es el Estado central el que recauda los impuestos y luego los transfiere a cada Estado y provincia. En estos países se reconoce que proceder al revés significaría destruir al país en su conjunto. Esto sucede en países federales avanzados como Estados Unidos, Alemania, España, etc.

En tercer lugar, se propone que los recursos naturales (gas, minería, maderas,...), sean "competencia departamental", es decir, que sus políticas de producción, de comercialización y de beneficios sean definidos por cada departamento. Esto significa que, más allá de los eufemismos sobre el respeto a la CPE, se propone que la mayor parte de la renta por la extracción de los recursos naturales como el gas, serán directamente para beneficio excluyente de la elite empresarial cruceña y no para el desarrollo del país.

En cuarto lugar, se plantea que la "autonomización" de los departamentos sea gradual, es decir que se aplique en los departamentos a medida que se los apruebe via referéndum. Los ideólogos separatistas prefieren en realidad que pocos o ninguno más aprueben este estatus de "autonomía", por lo que procederán a apropiarse solos de los beneficios mencionados, dejando por consiguiente a los otros en el desamparo. ¿Quién asumirá en adelante los costos de los departamentos pobres no autónomos?

Finalmente, es sorprendente contemplar el egoísmo y la ambición excluyente de la elite empresarial cruceña. No olvidar que esta elite, en tanto que fracción más importante del poder del Estado central durante cerca de cincuenta años y el sector empresarial más beneficiado con los recursos generados durante este tiempo por los departamentos de Oruro y Potosí, trata ahora de desintegrar al país simplemente con el propósito de satisfacer sus intereses de corto plazo. Es igualmente sorprendente ver cómo las elites de los otros departamentos se cruzan de brazos ante el peligro contra sus propios intereses que representan las ambiciones desbocadas de las elites orientales.