El gobierno solo "apaga incendios"

Los contratos petroleros articulan una nueva movilización popular

Bolpress, 10/05/05

Las objeciones populares a los contratos petroleros articulan una nueva movilización popular cuyas consecuencias son imprevisibles. El gobierno, sumido en la indecisión ante el lobby de las transnacionales petroleras, las observaciones de grupos oligárquicos departamentales y las presiones popularse solo atina a apagar los "incendios" provocados por las protestas.

Durante la fase de aprobación de la nueva ley petrolera en la Cámara de Diputados los movimientos sociales habían presionado para que se eleven las regalías que pagan las empresas del sector del 18 al 50 por ciento.

Sin embargo, después de que el Tribunal Constitucional aclarara que los contratos petroleros deben ser ratificados por el Congreso para tener validez, la observación ahora se dirige al altículo 5 de la nueva norma.

El artículo 5 de la sancionada ley de hidrocarburos, que obliga a las petroleras adecuar sus contratos a la nueva norma, la misma que obliga a las transnacionales a adecuar sus contratos a la nueva ley.

Según la interpretación de varios juristas, de mantenerse la actual redacción, las empresas petroleras podrían argüir que se han legitimado sus contratos, los mismos que al no tener la autorización congresal son considerados nulos.

Por haber tolerado a los contratos, la Fiscalía General de la Nación pidió el procesamiento del fugado expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el expresidente Jorge Quiroga, varios ex ministros incluido el actual ministro de Energía e Hidrocarburos, Guillermo Torres.

Varias organizaciones sociales agrupadas en el llamado "pacto antioligárquico" anunciaron para el lunes el inicio de movilizaciones sociales en todo el país. Ese día se vence el plazo que la Constitución le permite al Presidente para vetar la sancionada ley.

El entorno del presidente había anunciado que si la norma se aprobaba con el actual contenido, el presidente la vetaría. El lobby de las petroleras y el accionar del gobierno, muy a tono con esas demandas, suavizaron la ley al punto de hacerla casi inviable para los sectores populares que ahora piden la nacionalización de los recursos del sector.

Pero la ley también es inviable para las petroleras que, acostumbradas a decir que por cada dólar que se invierte en Bolivia obtenían 10 dólares en ganancias, ahora la consideran confiscatoria.

El domingo y el lunes fueron días de intensos análisis en el gobierno que tiene que distribuir su atención en varios frentes: las movilizaciones de los grupos de poder regionales de tarija que impulsan un paro cívico, las amenazas de la Asamblea de la Cruceñidad que exige la definición de fechas para la realización de la consulta por la autonomía y la toma de rehenes, también en Santa Cruz, por parte de los campesinos del Movimiento Sin Tierra.

Todos estos conflictos y la casi imposibilidad de solucionarlos hicieron que, otra vez, algunos parlamentarios afines al gobierno hablen de la posibilidad de la renuncia del Presidente, aunque esta vez los rumores ya no recibieron la misma atención que en las dos anteriores ocasiones en las que Mesa incluso presentó su carta de renuncia al Parlamento.

Decidieron tomar YPFB, bloquear el aeropuerto e iniciar paro indefinido por la nacionalización de hidrocarburos

Alteños anuncian marchas a La Paz para cerrar Parlamento y echar a Mesa

APA / Bolpress, 10/05/05

El Alto, (APA). Trabajadores alteños decidieron conminar a concejales y diputados que dicen defender los hidrocarburos a replegarse a una huelga de hambre. Exhortaron a los ateños a aprovisionarse de comestibles para sustentar lucha por defensa de hidrocarburos. Trabajadores reiteraron que respetarán la memoria de los mártires de la denominada Guerra del Gas. Medidas serán coordinadas con las juntas vecinales de El Alto.

Los alteños decidieron marchar el próximo lunes a la ciudad sede de gobierno para cerrar el Parlamento Nacional y pedir la renuncia del actual presidente de la República Carlos Mesa debido a que en el tiempo de su gestión demostraron que no están dispuestos a defender los hidrocarburos para Bolivia, en vista a que hasta ahora sólo aprobaron leyes que deciden la permanencia de las empresas transnacionales petroleras y no la nacionalización de los hidrocarburos, según las resoluciones del ampliado regional de la Central Obrera Regional (COR).

Los representantes de las organizaciones sindicales que participaron del ampliado de la máxima entidad de los trabajadores alteños decidieron ejecutar medidas de presión radicales después de conocer el contenido de la Ley de Hidrocarburos que fue aprobada en primera instancia por la Cámara de Senadores y posteriormente por la Cámara de Diputados. Consideran que los partidos que fueron derrotados en la denominada Guerra del Gas, cuyos representantes se cobijaron en el Parlamento Nacional.

En la reunión sindical donde se debatió por más cuatro horas, se estableció que Mesa quien llegó a la presidencia de la República después de que los alteños echaron del poder al ex mandatario de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada cuyo gobierno pretendió exportar el gas pese a la resistencia de los bolivianos, habría tenido el tiempo suficiente para cumplir el mandato de la denominada Guerra del Gas, donde se establece la nacionalización de los hidrocarburos.

Los representantes de las organizaciones sindicales consideraron que si se van los parlamentarios debe irse también el actual presidente de la República, adelantado las Elecciones Nacionales. Advirtieron que los alteños no admitirán nuevamente que la denominada clase política se aproveche de la lucha de los trabajadores.

Las medidas de presión que adoptaron y la posición de los trabajadores alteños, será llevado también al ampliado de las juntas vecinales que se cumplirá el próximo miércoles en la tarde con la finalidad de coordinar las manifestaciones. Los delegados que asistieron al ampliado de la COR recomendaron también a los dirigentes que se coordinen con todas las organizaciones sociales del país para cerrar el Parlamento Nacional.

Por la movilizaciones que se desarrollaron en principios del tercer milenio, la movilización que se genero en octubre del 2003 y las próximas movilizaciones que desarrollarán para lograr la nacionalización de los hidrocarburos, decidieron nominar a El Alto como un bastión de la "Revolución de los Pobres en el Siglo XXI".

Toma de YPFB y boqueo del aeropuerto

Al margen de la marcha que se desarrollará el próximo lunes, los trabajadores alteños decidieron también ocupar físicamente os predios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de la Zona de Senkhata, situado en a carretera a Oruro.

Como otra estrategia para lograr el cierre del Parlamento y la renuncia de Mesa, también decidieron bloquear permanentemente el Aeropuerto Internacional de El Alto.

Finalmente, los trabajadores alteños decidieron la ejecución de un paro cívico-sindical indefinido, como una medida final para lograr los objetivos que se diseñaron en su lucha por la nacionalización de los hidrocarburos.

Los dirigentes de la COR exhortaron a los alteños a que se aprovisionen para no pasar hambre y apuros durante la ejecución de medidas de presión. Explicaron que los trabajadores y los alteños tienen a obligación moral de honrar a los mártires de la defensa de los hidrocarburos que cayeron víctimas de balas de guerra en octubre del 2003.

El ampliado de los trabajadores alteños determinó también conminar a los parlamentarios y concejales municipales que demandan también la nacionalización de los hidrocarburos que se declaren en huelga de hambre en la sede de la máxima entidad de los trabajadores alteños. En caso de que no lo hagan, esos parlamentarios serán declarados como traidores y defensores de las transnacionales petroleras.