|
Constituyente
El vice se dobla ante la
oligarquía
Econoticiasbolivia,
20/09/06
La Paz.– El presidente
interino de Bolivia, Álvaro García Linera, paralizó la protesta
campesina e indígena contra la oligarquía petrolatifundista y ablandó,
otra vez, la posición gubernamental que intentaba rescatar en algo el
carácter progresista de la Asamblea Constituyente.
En ausencia del
presidente Evo Morales, que asiste a la Asamblea de las Naciones
Unidas, el vicepresidente García Linera acordó ayer con los
prefectos (gobernadores) de las nueve regiones de Bolivia suspender el
denominado cerco a Santa Cruz, con el que los adherentes campesinos e
indígenas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) buscaban
arrinconar a los sectores empresariales y las élites de poder, que
defienden con uñas y dientes el poder de veto que tienen en la
Asamblea Constituyente.
En la reunión con los
voceros de la oligarquía petrolatifundista, asentados especialmente
en las prefecturas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, García Linera
ofreció, además, retroceder parcialmente en la intención–decisión
para que la mayoría del MAS redacte por sí sola la nueva Constitución
Política del Estado, cediendo a la fórmula de los dos tercios,
reclamados por la oposición y que da un poder de veto a los asambleístas
de la oligarquía.
Ayer, el vicepresidente
propuso que los temas conflictivos de la nueva Constitución Política
del Estado (entre ellas las autonomías regionales, el régimen de
tierras y explotación de los recursos naturales) sean aprobados con
el sistema de los dos tercios, es decir en base al consenso entre la
izquierda indigenista y la derecha oligárquica. Se trata de una
concesión en la fórmula del oficialismo que antes se había cerrado
en pedir la mayoría absoluta para todo.
La propuesta del
vicepresidente fue formulada antes de ingresar a una prolongada reunión
de seis horas con los nueve prefectos que llevaban como misión pedir
que se mantenga el pacto indígena – oligárquico, refrendado la Ley
de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, que precisamente
establece los dos tercios para la aprobación del nuevo texto
constitucional.
Los cuatro puntos
acordados en la reunión entre García Linera y los prefectos son:
1.– Reafirmar el
reconocimiento a la legitimidad de las autoridades nacionales y
departamentales democráticamente elegidas.
2.– Reconocer la
importancia de la continuidad de las reuniones entre los nueve
prefectos democráticamente elegidos y el Presidente de la República
y sus ministros para planificar y coordinar el desarrollo de las
regiones, claramente en el respeto a las diferencias políticas de
cada una de las autoridades y la coordinación más estrecha entre el
Ejecutivo y los prefectos.
3.– El Gobierno y los
prefectos que forman parte del Poder Ejecutivo hacen una invocatoria a
todos los constituyentes a que en el marco de la ley formulen
propuestas equilibradas entre mayorías y minorías que viabilicen un
reglamento y un debate fructífero para el éxito de la Asamblea
Constituyente. Los prefectos y el Gobierno reafirman su entusiasmo en
el desarrollo de la Asamblea Constituyente. En ese contexto el
Gobierno al igual que los prefectos en su legitimidad y liderazgo
regional harán los esfuerzos para promover iniciativas que se puedan
tomar a nivel de las regiones para encontrar consensos necesarios a
fin de que la Asamblea Constituyente tenga lo más pronto un
reglamento que garantice su desarrollo, la convivencia de mayorías y
minorías en el marco de la Ley de Convocatoria.
4.– Se consideró con
mucha preocupación el tema del paro y bloqueo campesino a Santa Cruz.
El Gobierno a través de su Presidente interino manifestó la
preocupación sobre este tema.
"Volvemos a hacer la
invocatoria a los sectores movilizados a levantar la medida del
bloqueo que le afecta al departamento (de Santa Cruz), a Bolivia y a
los intereses del país y junto con los prefectos hemos establecido
una convocatoria a los líderes sociales movilizados a tiempo de
levantar la medida de presión del bloqueo a llevar adelante una reunión
entre Gobierno central, prefecturas y los movimientos sociales
movilizados y los sectores cívicos de la región para coordinar los
temas pendientes de la agenda y las necesidades y reivindicaciones que
se tiene en estas movilizaciones", afirmó García Linera.
De inmediato, el máximo
dirigente de la oficialista Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el parlamentarios masista
Isaac Avalos, anunció la suspensión de los incipientes bloqueos en
las regiones del oriente del país, impulsados como represalia a las
acciones de la oligarquía petrolatifundista que paralizó por 24
horas a media Bolivia hace dos semanas.
Las fuerzas de la
gobernante izquierda indigenista y de la oligarquía petrolatifundista
suspenden las escaramuzas y buscan un nuevo acuerdo
Evo se abstiene de
imponer su mayoría en la Constituyente
Econoticiasbolivia,
14/09/06
La Paz.– La presión y
las amenazas de la oligarquía petrolatifundista han frenado la
intención–decisión del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS)
para redactar por sí solo la nueva Constitución Política del Estado
y rescatar en algo el carácter progresista de una Asamblea
Constituyente.
Desde el pasado viernes 1
de septiembre, cuando la mayoritaria bancada de asambleístas del MAS
aprobó, en la primera de dos etapas, un reglamento que eliminaba el
poder de veto que tenía la minoritaria representación de la oligarquía,
las sesiones de la Asamblea Constituyente han quedado en el limbo,
producto de la indecisión gubernamental.
Este miércoles, el pleno
de la Asamblea dejó de lado ese reglamento de debates y aprobó
parcialmente otro de carácter transitorio, aunque sin dilucidar si la
nueva Constitución será producto del consenso entre el MAS y las
fuerzas de la oligarquía, a través del mecanismo de los dos tercios,
o sí será impuesto por los asambleístas leales a Evo, mediante la fórmula
de la mayoría simple.
Con esta acción, el MAS
de Evo Morales intenta abrir una espacio al diálogo con los
opositores, dejando en suspenso la ruptura del pacto con la derecha
neoliberal, que había dado origen a la Asamblea y que estaba
orientado a "moderar", hasta la inocuidad, la nueva
Constitución y las autonomías regionales.
En el gobierno se temía
que la aprobación definitiva del primer reglamento hubiese desatado
una virulenta como impredecible ofensiva de las fuerzas opositores,
que ya cumplieron el viernes 8 de septiembre un contundente paro de
protesta de 24 horas en cuatro de los nueve departamentos (regiones)
de Bolivia en defensa del pacto que dio origen a esa Asamblea.
Por ello, los asambleístas
decretaron el receso de sus actividades hasta el jueves 21 de
septiembre y, como respuesta, los prefectos (gobernadores) y comités
cívicos de las cuatro regiones (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija),
que representan los intereses de la oligarquía petrolatifundista,
suspendieron por una semana la reunión de este viernes, en la que debían
definir nuevas medidas de presión contra el gobierno.
Amenazas y guerra sucia
Antes del acuerdo
preliminar de las bancadas, los opositores, atrincherados en las 4
prefecturas y Comités cívicos y articulados por la ultraderechista
Podemos, del ex presidente Jorge Quiroga, mantenían una preocupación
con un claro carácter belicista.
Francisco Navajas,
presidente del Comité Cívico de Tarija, afirmó que las resoluciones
que se vayan a tomar dependerán "de los avances que se den en la
Asamblea Constituyente". En este ámbito, muchos ya hablan de una
nueva huelga de 48 horas para forzar al presidente Morales a reconocer
en toda la línea el pacto indígena – oligárquico, que se expresa
en los dos tercios y en poder de veto entregado a los representantes
de la derecha.
Para defender sus
intereses, las fuerzas de la oligarquía enarbolan la bandera de la
autonomía que les da mucha fuerza entre el pueblo, especialmente en
Santa Cruz y Tarija, donde incluso muchas de las organizaciones
sociales y laborales han caído bajo la influencia de las logias de
poder y los grupos empresariales.
Esta presión ya ha hecho
mella en el gobierno que ya archivó su propuesta de reglamento y que
busca ahora la formar de hacer andar a la Asamblea, donde cuenta con
una amplia mayoría que le permitiría tomar decisiones por sí solo,
si es que así se lo propusiera.
Esta presión ha desatado
también la "guerra sucia" entre oficialistas y opositores,
y en las que menudean calificativos como "conspiradores",
"golpistas", "dictadores". En este marco, este
martes el vocero presidencial, Alex Contreras, dijo lo suyo:
"Nosotros creemos que el prefecto Reyes Villa (de Cochabamba) es
parte de este proceso de complot y confabulación que lo hemos
denunciado hace tiempo atrás, la misma que está integrada por
algunos comités cívicos y algunos prefectos en combinación con
algunas empresas transnacionales, algunos malos empresarios y los
partidos políticos neoliberales".
Optimismo conciliador
Otros son un poco más
optimistas. "Tengo un moderado optimismo de encontrar puntos de
acercamiento, pero también se requiere que reflexionen y cambien de
actitud aquellos grupos políticos que no quieren la Constituyente y
simplemente utilizan la palestra de los dos tercios para
boicotearla", dijo por su parte el vicepresidente Alvaro García
Linera, poco antes de partir a Washington, donde intentaba negociar un
conveio comercial con Estados Unidos.
El vicepresidente había
sido el gestor del primer acuerdo con la oligarquía
petrolatifundista, a la que le dio el poder de veto a través del
mecanismo de los dos tercios. Así, en la ley de Convocatoria a la
Constituyente se establece que el texto de la nueva Constitución debe
ser aprobada por dos tercios de votos (producto de alianza del MAS con
la oligarquía) y luego ser refrendada por el pueblo a través de un
referéndum. En cambio, la posición que hasta ahora sostenía el MAS,
producto de la presión de la fracción indígena – campesina,
planteaba que si en tres votaciones consecutivas no se logra el apoyo
de los dos tercios, ese texto igualmente debe ir en consulta al pueblo
para que sea aprobado o rechazado, con lo que se anula, en los hechos,
el veto de la oligarquía.
La Asamblea está
conformada por 255 representantes, 137 son del MAS (54%), 60 de la
ultraderechista Podemos del ex presidente Jorge Quiroga y los
restantes 58 por asambleístas de 13 agrupaciones de derecha y de
izquierda. En este escenario, alcanzar un apoyo de dos tercios (170
asambleístas) equivale a llegar a un consenso entre el gobernante MAS
y la derecha oligárquica. Ni más ni menos, lo que quería unos meses
atrás el vicepresidente García Linera, con el aval del propio
presidente Morales.
|
