La "nacionalización sin expropiación" se retrasa

El gobierno "suaviza" el trato con las transnacionales

Bolpress, 21/09/06

El gobierno anunció que daría un tratamiento más "técnico" a la nacionalización de los hidrocarburos luego de que el "duro" ex ministro Andrés Solíz Rada fuera reemplazado por Carlos Villegas, una autoridad más "concertadora". Dicho y hecho: el gobierno no solo postergó el traspaso de las refinerías privatizadas a manos del Estado, sino que amplió el plazo hasta diciembre para que las petroleras paguen beneficios extras al fisco por la explotación de megacampos de gas, en cumplimiento al decreto de nacionalización.

La Resolución 202 del 25 de agosto establecía el 2 de octubre como plazo para depositar el 32 por ciento de la producción total de hidrocarburos, líquidos y gas en los bloques San Alberto y San Antonio. La Resolución 216 no sólo altera las fechas, sino también los montos. Las cinco cuotas mensuales de 32,34 millones que aportan los megacampos San Alberto y Sábalo se completarán hasta el 15 de diciembre.

La tercera cuota debía ser depositada el lunes 18 de septiembre y ahora será cancelada el 16 de octubre, en tanto que la cuarta el 15 de noviembre, en lugar del 25 de septiembre, y la quinta el 15 de diciembre en vez del 2 de octubre.

Semanas atrás el Presidente Evo Morales anunció que el Estado ya contaba con 120 millones de dólares para capitalizar la estatal petrolera, pero eso no ocurrió en la realidad.

En octubre del 2003 y junio del 2005, el movimiento popular boliviano lucho para expulsar a las transnacionales y por la nacionalización de los hidrocarburos. Los gobernantes respondieron con un referéndum en 2004, el mismo que dio lugar a la actual Ley de Hidrocarburos Nº 3058, en mayo del 2005. Como esta Ley no satisfizo la demanda de los movimientos sociales, los partidos llamaron a elecciones nacionales. El partido victorioso en esa elección defiende una ambigua posición que oscila entre el respeto al capital extranjero y la retoma del control estatal de la explotación de los hidrocarburos.

Morales Aima planteó como consigna electoral la defensa los recursos naturales de la voracidad de las trasnacionales, con el fin de que los beneficios por la explotación de los yacimientos gasíferos, principalmente, lleguen al grueso de la población. Ahora enfrenta las triquiñuelas de las grandes corporaciones, como Repsol YPF, que se empeñan por mantener el control total de los hidrocarburos.

Una vez en el gobierno, Morales suavizó su discurso llegando a defender el "derecho de las petroleras recuperar sus inversiones y de obtener ganancias". "Se va a nacionalizar los recursos, no vamos a nacionalizar los bienes de las transnacionales"; "el gobierno boliviano va a ejercer su derecho de propiedad, (pero) eso no significa expropiar ni confiscar", comenta insistentemente el Primer Mandatario. La presencia monopólica de las empresas transnacionales es la principal característica del sector hidrocarburífero boliviano. Entre éstas resalta Petrobras, que concentra el 45.9% de las reservas de gas natural del país.

El gobierno plantea la "nacionalización" de los hidrocarburos sin afectar la propiedad de las compañías. El Presidente dijo que "lo más importante es cómo ejercer el derecho de propiedad sobre este recurso natural, no sobre los activos de las empresas. El concepto de "nacionalización" para el vicepresidente Alvaro García Linera se traduce en la "recuperación del control del Estado de la propiedad de los hidrocarburos". "Nacionalizar" significa devolver al Estado el control de la producción, de la distribución, en la industrialización y en la utilización del recurso energético gas y petróleo".

Esto quiere decir que según García Linera, la "nacionalización" implica siete pasos: Recuperar el control efectivo y real de los hidrocarburos en boca de pozo; garantizar la seguridad jurídica de las inversiones; asumir el control efectivo de los proceso de distribución y comercialización; controlar el mayor porcentaje de las acciones en las petroleras; comenzar el proceso de industrialización del gas natural; iniciar una campaña agresiva de distribución masiva de gas natural a la población y castigar a las empresas que no cumplieron con el Estado.

Este tipo de nacionalización sin expropiación significa la aplicación de la Ley de Hidrocarburos 3058 que ratifica el sentido de la concesión, a través de decretos supremos como el "decreto de nacionalización", pero otorgando el derecho de propiedad de los hidrocarburos a las petroleras.

La recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, planteada en la propuesta de "nacionalización de los hidrocarburos" del MAS, está citada en la actual Ley de Hidrocarburos 3058, por lo cual su propuesta está enmarcada en la aplicación, modificación y reglamentación de dicha ley. A esta medida se suma la utilización de recursos provenientes del Estado para la compra de un porcentaje de acciones de algunas empresas capitalizadas.

El Vicepresidente denunció que "algunas" petroleras intentan dilatar la negociación de nuevos contratos, pero aseguró que los plazos no se moverán. "Les decimos de manera muy firme y respetuosa: las fechas no se van a mover", advirtió García Linera. Según el artículo 3 del decreto nacionalizador, al término del plazo legal (180 días), "las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país". García Linera remarcó que el Gobierno no cambiará "ni fechas ni el fundamento y filosofía fundamental de la recuperación total y absoluta de la cadena de hidrocarburos".