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Nacionalización
petrolera en Bolivia
Los
nuevos contratos fueron diseñados por
abogados de Estados Unidos
IAR
Noticias, 23/03/07
Según
un informe publicado en el semanario Pulso, de Bolivia, el proceso de
nacionalización de los hidrocarburos, que se inició con el decreto
del 1 de mayo de 2006, fue diseñado con la intervención profesional
de la prestigiosa compañía de servicios legales Curtis, Mallet–Prevost,
Colt & Mosle LLP, de Nueva York, una firma que opera habitualmente
para las transnacionales petroleras en América Latina, y que lleva
los casos de arbitrajes para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Esta
empresa jurídica guió a YPFB (petrolera estatal boliviana) en la redacción
y negociación de los nuevos contratos con las transnacionales
petroleras que operan en el país, según las fuentes citadas por
el semanario.
Una
de esas fuentes, aseguró incluso que el contrato llegó redactado
desde Nueva York, donde opera la oficina central de Curtis,
Mallet–Prevost, Colt & Mosle LLP, en tanto que otra le asignó
un “papel fundamental” en las tratativas que derivaron en la
suscripción de los nuevos acuerdos, que hoy están en el centro de la
polémica nacional.
Curtis,
Mallet–Prevost, Colt & Mosle LLP, un prestigiosa firma de
abogados estadounidense, con sede en Nueva York, pero con oficinas en
Houston, París, Londres, Frankfut y México, entre otras megápolis,
cobró notoriedad en cuanto se convirtió en la representante de PDVSA
en los casos que, hasta octubre de 2006, esperaban presentar las
empresas petroleras Eni y Total ante el International Centre for
Settlement of Investment Disputes (ICSID), una institución
especializada en conciliación y arbitraje, con sede en Washington,
del Grupo del Banco Mundial.
Según
un reporte de la publicación especializada “The American Lawyer”,
hasta octubre de 2006 Eni y Total eran las dos de 31 transnacionales
que se habían resistido a firmar nuevos contratos y renegociar
impuestos y regalías, para constituir empresas mixtas con mayoría
venezolana, con el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías; Eni
llegó hasta el ICSID –el fallo está pendiente–, pero Total, según
un reciente reporte de AméricaEconomía.com, salió de ese país tras
una compensación de 250 millones de dólares.
El
periodista Carlyn Kolker, de “The American Lawyer”, en octubre del
pasado año, asegura que intentó contactarse con el abogado que
representaba a PDVSA en los casos ante el ICSID, George Kahale III,
pero que éste declinó realizar comentario alguno al respecto.
El
31 de octubre de 2006 el enviado especial de la Folha de Sao Paulo a
La Paz, Fabiano Maisonnave, publicó un recuadro, en la noticia
intitulada “Morales usó la segunda vuelta para presionar al país
(Brasil), en el que afirma que “a lo largo de esa última semana,
los representantes de Petrobras y de otras empresas negociaron los
aspectos legales del acuerdo firmado con la estatal boliviana YPFB a
través de dos abogados estadounidense de la firma Curtis, Mallet–Prevost,
Colt & Mosle, con sede en Nueva York. Uno de esos abogados,
George Kahale, fue el representante legal de PDVSA durante la
negociación de los nuevos contratos entre la estatal venezolana y 31
empresas multinacionales”.
Kahale,
de acuerdo con el sitio web de Curtis, Mallet–Prevost, Colt &
Mosle, es un abogado que conforma el staff que atiende los casos
relacionados con el sector energético.
Según
su perfil profesional, Kahale, que es directivo gerencial de la citada
firma de abogados, tiene una amplia experiencia en contratos de riesgo
compartido o joint ventures, en la adquisición de paquetes
accionarios y activos de transnacionales, privatizaciones,
finanzas, proyectos financieros y acuerdos de desarrollo económico.
También
es experto en litigios y arbitrajes internacionales, negociaciones
estatales y asuntos relacionados tanto con transacciones corporativas
como con litigios de gobiernos y entidades gubernamentales.
Según
las fuentes de Pulso, Curtis, Mallet–Prevost, Colt &
Mosle remitió la orden, desde Houston, que la oficina de México
enviara a uno de sus abogados, quien también cumplió la misión de guiar
las negociaciones sobre los contratos entre YPFB y las
transnacionales.
Atento
al costo de una empresa del prestigio y la dimensión de Curtis,
Mallet–Prevost, Colt & Mosle, surge la hipotésis de que la
factura fue pagada por la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Pulso
cita al diputado de Podemos, Fernando Messmer, quien dijo que
YPFB fue asesorada por juristas especializados en petróleo de Francia
y de México.
“Lo
de la firma francesa de abogados puede explicar por qué la
transnacional Total obtuvo los mayores beneficios con la nacionalización.
Es rara la participación de juristas mexicanos”, agregó.
De
acuerdo con una de las fuentes citadas por Pulso, que exigió
el anonimato, la firma estadounidense de servicios legales Curtis,
Mallet–Prevost, Colt & Mosle LLP envió al país, para fines
de asesoramiento a YPFB, a un abogado de nacionalidad mexicana.
Curtis,
Mallet–Prevost, Colt & Mosle LLP afirma, en su sitio web,
que su reputación como firma líder en la esfera internacional es
atribuida a su larga permanencia, experiencia y posición dominante
en América Latina. Tiene, en particular, un dilatado expertisse
en asuntos transnacionales en la región.
“Por
más de 35 años, la compañía ha estado presente en México y, en
1991, se convirtió en una de las primeras firmas estadounidenses en
establecer su sede en esa capital. Abogados que han sido instruidos en
la oficina de la compañía en Nueva York trabajan a lo largo y
ancho de América Latina, incluso en Argentina, Brasil, Chile, México
y Perú”, informa.
La
mayoría de los juristas del grupo de trabajo “son al menos bilingües
y rutinariamente negocian y diseñan acuerdos en español y portugués”.
Tienen uno de los archivos más completos en lo que respecta a la
legislación latinoamericana pasada y contemporánea.
Escándalo
por contratos petroleros
Cayó
el presidente de la petrolera estatal por haber
"flexibilizado" los convenios de gas
Por
Pablo Stefanoni
Corresponsal en La Paz
Clarín, 24/03/07
La
polémica por los "petrocontratos" hizo rodar ayer la cabeza
del titular de YPFB, Manuel Morales Olivera, hasta hace poco hombre de
confianza de Evo Morales. En su lugar quedó Guillermo Aruquipa, hasta
ayer viceministro de Exploración y Explotación de hidrocarburos y
uno de los artífices de la ley de hidrocarburos presentada por el
MAS, ahora en el poder, al Parlamento en 2005 y considerada un
antecedente del decreto de nacionalización de 2006. Esa medida,
principal fuente de la popularidad del mandatario socialista quedó
bajo un manto de dudas al salir a luz una cadena de desprolijidades
que tiene a Morales Olivera como principal responsable.
En
un nuevo capítulo de la crisis, el ex ministro de Hidrocarburos, Andrés
Soliz Rada, había puesto en duda la legalidad de los convenios
"por no haber sido aprobados por el directorio de YPFB", al
tiempo que el ex titular de la petrolera estatal, Juan Carlos Ortiz,
afirmaba que se habría negociado sin su conocimiento la flexibilización
de los contratos originalmente suscriptos con la brasileña Petrobras.
Estas dos revelaciones dieron nuevos argumentos a la oposición –que
controla el Senado– para mantener congelados los contratos mientras
avanza la investigación parlamentaria. Muchos analistas creen que
esto puede poner en riesgo el aumento de los volúmenes de exportación
a Argentina ya acordados (VerGas...).
El
embrollo actual tiene varios flancos: los contratos que llegaron al
Congreso no son los mismos que los firmados el 28 de octubre de 2006.
Se confirmó que existieron negociaciones reservadas con las
petroleras luego de esa fecha para flexibilizar los anexos que
determinan el reparto de la renta entre YPFB y las firmas privadas. Y,
finalmente, se supo que el entonces "asesor" Morales Olivera
–con escasa experiencia en el área– operó a espaldas del
presidente y del directorio de YPFB, y del propio ministro de
Hidrocarburos Carlos Villegas. Más tarde, Morales Olivera ascendió a
presidente de la petrolera estatal y ayer dejó el cargo en medio del
enojo presidencial.
"El
único contrato que yo tengo conciencia de haber firmado con Petrobras
es el original. Yo no autoricé ninguna renegociación", disparó
Juan Carlos Ortiz ante los senadores. Villegas también se había
desmarcado de la renegociación, en tanto que Soliz Rada apuntó más
arriba: "El origen de la responsabilidad está en el presidente
de la República, por haber permitido que fuera un asesor el encargado
de negociar con las petroleras".
En
medio de la pelea con la oposición, Morales Olivera admitió que
estudios de abogados de Nueva York –pagados por la venezolana PDVSA–
habían participado en la redacción de los contratos.
Pese
a todo, desde el gobierno destacan que los ingresos del Estado
boliviano pasarán de US$ 200 a 1.200 millones anuales gracias a las
nuevas reglas. Aseguran que en los denominados "campos
grandes" –controlados por Petrobras, Repsol–YPF y la francesa
Total– el Estado recibirá, por impuestos y regalías, el 82% del
valor de la producción, pero esto está en duda ya que los diferentes
anexos firmados establecen distintos modos de calcular los
"costos recuperables" de las empresas. Se agrega un debate
conceptual: como YPFB deberá absorber parte del riesgo de las
inversiones algunos críticos consideran que no se suscribieron
contratos de operación sino de producción compartida.
Un
último golpe de la guerra mediática comandada por la derecha,
vestida con renovado traje patriótico, había incluido ayer fotos de
Morales Olivera y su equipo técnico en playas y bares de La Habana,
adonde fueron "para capacitarse". Ahora Aruquipa tiene una
tarea inmediata: lograr que la semana próxima la cámara alta apruebe
los contratos. Y una de mediano plazo: restaurar la credibilidad de la
política petrolera nacionalista de Evo Morales.
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