El siguiente artículo fue publicado en vísperas del estallido de la actual crisis política, con las peleas a trompadas en el parlamento de La Paz y la suspensión de la Asamblea Constituyente en Sucre.
En él alertábamos de la fragilidad de los pactos entre el gobierno de Evo Morales y las oligarquías de Oriente, que se venían sumando tensiones y más tensiones, y que todo se les podía ir de las manos... 

Cabildos abiertos, peleas en las alturas y nuevo pacto

¿A dónde va la Asamblea Constituyente?

Por Martín Camacho y José Luis Rojo
Socialismo Revolucionario, periódico de SoB Bolivia
La Paz, agosto de 2007

“La Constituyente puede inclusive no cambiar nada; lo fundamental es que los indígenas, históricamente excluidos, sean los que estampen con su firma la nueva Constitución.”
(Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia y teórico del “indigenismo”).

El Congreso boliviano acaba de pasar un acuerdo entre el gobierno y la oposición (Podemos, MNR, UN, etc.) para postergar la Constituyente al 14 de diciembre. Con fecha de vencimiento el 6 de agosto, se tenía que pasar, sí o sí, este acuerdo con las oligarquías de la “Media Luna” para que el paquete constitucional pueda ser “encaminado”, so pena de una crisis política mayor. Es que a medida que se acercaba la fecha “tope”, se venían sumado tensiones y más tensiones.

A la propuesta masista –en la comisión de “visión del país”– de que la nueva constitución reconozca “45 autonomías originarias y 36 lenguas oficiales”... los departamentos del Oriente respondieron apoyando el reclamo chuquisaqueño de la “capitalidad plena” para la ciudad de Sucre (ciudad que es sede hoy solamente del Poder Judicial y del funcionamiento mismo de la Constituyente). Ante esta exigencia, las autoridades departamentales de La Paz (sin mayor distinción de banderías políticas[1]) redoblaron la apuesta, convocando a un masivo Cabildo Abierto en El Alto (un millón o mas de asistentes[2]). Ni lerdas ni perezosas, las autoridades de Sucre hicieron lo propio, movilizando entre 200.000 y 300.000 personas en apoyo a sus reclamos, una cantidad nada despreciable dada la población de la ciudad.

Una postergación consensuada que no cierra la crisis

Es en este contexto, entonces, que en los primeros días del mes de agosto y luego de semanas y semanas de tironeos y amagues, se terminó pasando este nuevo acuerdo. Básicamente, el mismo establece el compromiso masista de aprobar por 2/3 cada artículo de la constitución, tal cual el reclamo de las oligarquías y que constituye una vez mas, otra concesión del gobierno a la derecha.

Además, se acordó que cada despacho por mayoría y minoría en artículos que no logren acuerdos, irá al Congreso… para que este formule las preguntas referidas a ser sometidas a referéndum popular. También irá a referéndum la Constitución reformada como un todo.

Sin embargo, si se ha hecho nuevamente evidente la voluntad “pactista” del MAS y la reafirmación de garantías a las oligarquías de la Media Luna, esto no quiere decir que la crisis política abierta se haya cerrado; esta es (y seguirá siendo) crónica y recurrente.

Ahora mismo, representantes del propio MAS en la Constituyente, como Román Loayza, aparecen cuestionando la “intromisión” del Congreso. Está claro porqué: ¿acaso no había dicho Morales y Linera que la Constituyente sería “soberana” y “fundacional”?

En este contexto, de aquí a diciembre, lo que se puede esperar –entonces– es que los tironeos y amagues continúen. En todo caso, la coyuntura se va a mover entre el “pactismo” y el “oficio de brujos”.

¿Qué queremos significar con esto último? En otros artículos de este mismo periódico estamos señalando la caracterización de que tanto el gobierno del MAS como las oligarquías del Oriente –al convocar a los recientes Cabildos– estuvieron jugando con fuego. Es decir, al haber convocando a movilizaciones desde arriba de tal magnitud (por objetivos que no son propios de estas mismas masas[3]; porque no se trató de acciones independientes), no se puede descartar que no se les termine yendo las cosas de las manos. Porque cuando se sacan cientos de miles a las calles con consignas contrapuestas como “la sede no se mueve, la sede NO se cede” (en La Paz) o “la sede SI se cede” (en el caso de Sucre) y se crispan y polarizan los sentimientos, las consecuencias pueden ir mas allá de los deseos y pactos de los convocantes.

Es por esta razón que vamos a intentar explicar –en este articulo– que problemas de fondo están en juego en estas peligrosas movidas de fichas que podría terminar resultando que más temprano que tarde las masas –ahora sí– terminen entrando en la escena política como fue el caso de octubre 2003 y mayo–junio 2005. Cuestión que, obviamente, no es querida por ninguno de los dos contendientes que se baten en las alturas del poder en la búsqueda de un pacto constitucional que responda a sus intereses.

¿Cuestiones de mero “procedimiento”?

Desde la negociación para la convocatoria misma a la Constituyente, esta estuvo cruzada por cuestiones de “procedimiento”. Hay que recordar el sinnúmero de problemas que estuvieron y siguen estando en discusión, evidenciando la voluntad del gobierno masista de llegar a algún tipo de “pacto” constitucional con los cruceños, que sin embargo no les inhabilite para imponer algunas tibias reformas vía la Constituyente que satisfagan las expectativas de sus propia base social. La contradicción es que, al mismo tiempo,  la vocación de esta misma oligarquía es la de imponer limites estrictos a los alcances de la Constituyente misma.

Empezando porque el 6 de julio del 2006 no solo se votaron los constituyentes sino que, al mismo tiempo, se llevo a cabo el plebiscito por las autonomías departamentales, donde si bien el NO gano nacionalmente... no casualmente el SI gano en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando exigiendo estos departamentos, a partir de esa fecha, su efectivizacion[4]. Pero sí se estaba convocando –en el mismo momento– a la elección de los constituyentes: ¿no debería una autentica “constituyente” como poder soberano (como “fundacional” la vendía el gobierno...) supuestamente colocada por encima de todos los demás, resolver también acerca de esta cuestión? Esta claro que, en estas condiciones, la Constituyente nació ya , desde el vamos, condicionada y pactada y de ninguna manera “originaria” o “fundacional” como ha pretendido vender –solo de modo propagandístico– el MAS. 

No se trato de la única limitación. La segunda fue –también desde el inicio– el pacto que pasaron Morales y Linera con Podemos, UN, MNR, MIR y demás partidos de la derecha[5], acerca de la famosa “cláusula cerrojo” de los 2/3. Es decir, que nada importante podría ser votado en la Constituyente que no pasara por una votación del 66% de los constituyentes electos. Y la doble garantía dada a las oligarquías vino del hecho que se instrumento un complejo sistema de votación (uninominales y departamentales) por la cual incluso obteniendo el MAS una abrumadora mayoría de los votos, quedaba garantizada una representación de tipo digamos “federativa” por las cuales las minorías que alzaban sí o sí con una representación de al menos el 38% de los votos[6].

Claro esta que el mecanismo pactado y aceptado de esta cláusula cerrojo cuando pretendió ser “desconocido” –y se sigue dando vueltas alrededor del mismo– por el propio gobierno, desató esa serie larga de semanas y meses en la cual la Constituyente estuvo en un punto muerto por la discusión, precisamente, del artículo 70 del reglamento de funcionamiento de la misma, entregándoles, de paso, una falsa bandera “democrática” a las oligarquías.

¿Que es lo que hay verdaderamente detrás de esta interminable querella de procedimientos que se renueva a cada paso? Debería estar ya –a estas alturas– muy claro: el MAS eligió la vía “pactada” para avanzar con la misma capitulando –realmente– en el carácter “soberano” y “fundacional” de la misma, dándole garantías, y garantías suplementarias, a las oligarquías de que nada sería tocado –en lo fundamental– en lo que hace a las bases estructurales del Estado boliviano.

Pero sin embargo, también está el hecho de que Morales y Linera arrastran la contradicción real ya señalada de que algunas reformas vía la Constituyente necesitan sí o sí consagrar. Y, al mismo tiempo, desde la derecha, no se hace más que meter presión para que estas garantías sean respetadas, temerosas –también realmente– de cualquier cambio que se pretenda introducir y buscando incluso –en todo lo posible– inclinar más y más la vara para que el reordenamiento del país que salga finalmente de la misma sea lo menos desfavorable para sus intereses. 

Dos proyectos en pugna

En suma: detrás de la cuestiones de procedimiento, lo que hay es una discusión de fondo acerca de “modelos” de país. Que quede claro desde el vamos: ni el gobierno de Morales y Linera, ni claro esta la derecha, cuestionan las bases estructurales que hacen de Bolivia un país capitalista y dependiente. No es esto realmente lo que esta en juego entre ellos. Pero sin embargo, sí es verdad que ambos sectores que están en pugna –en ultima instancia, defensores del capitalismo–, rivalizan a la hora de dos proyectos diversos de país.

En el caso del MAS y sobre la base de una orientación que intenta recomponer la gobernabilidad del país, lo que se esta adelantando, es un proyecto tibiamente reformista que como alfa y omega de todo tiene el re–colocar al Estado en un lugar preponderante en la vida política y económica del país.

Sin llegar a ser un modelo verdaderamente capitalista de Estado, ni haber tocado bases fundantes del modelo neoliberal (no olvidar que sigue vigente –en lo esencial– la 21.060) tiene elementos para ese lado. Varias veces ha repetido García Linera sus planteos acerca que: “nuestras fuerzas se encaminan a la puesta en marcha de un nuevo modelo económico que he denominado, provisoriamente, ‘capitalismo andino–amazónico’. Es decir, la construcción de un Estado fuerte que regule la expansión de la economía industrial, extraiga sus excedentes y los transfiera al ámbito comunitario (...). Para ello contamos con el Estado y con el excedente de los hidrocarburos nacionalizados”[7].

Elementos capitalistas de Estado que suponen, entre otras cosas, un cierto replanteo de las relaciones de expoliación del país por parte de las potencias imperialistas y “sub–imperialistas” (caso, sobre todo, de Brasil) en la búsqueda que una parte mayor de la renta petrolera y gasifera quede en manos del Estado para que este pueda garantizar la gobernabilidad del país. Y junto con esto, Morales y Linera pretenden dar satisfacción –sobre todo– a las reivindicaciones democráticas originarias de la abrumadora mayoría de la población harta ya del dominio oligárquico–opresor histórico[8].

Por su parte, si los grandes grupos capitalistas de la minería y del entorno del altiplano (la “vieja” oligarquía, la reciclada después del ‘52) quedaron como a la defensiva después del Octubre del 2003, la posta reaccionaria fue tomada desde el Oriente. Oriente que no casualmente es sede de las reservas gasiferas e hidrocarburiferas, así como de una pujante producción agrícola, ganadera y agroindustrial, lo que ha dado lugar a la emergencia de una “nueva oligarquía”, una “nueva rosca” capitalista.

García Linera la describe así: “el otro polo ordenador del campo político, el sector que posee una clara imagen de lo que debería ser el país en términos de vinculación a los mercados externos, del papel de la inversión extranjera, de subordinación del Estado a los negocios privados y de preservación, o restauración, del viejo orden que los ha encumbrado (...), es el empresariado agro–exportador, financiero y de las petroleras, que poseen el papel más dinámico, modernizador y ascendente de la actividad económica nacional”[9].

Estos sectores reaccionarios tienen la particularidad que han venido logrando arrastrar a amplios sectores de masas en la convicción de que los problemas de sus departamentos supuestamente dependerían del... excesivo “centralismo” de La Paz. Es decir, han logrado erigir un taparrabos regionalista como forma de asegurar sus intereses (en el fondo, lo que buscan, es asegurarse las “ganancias” de 20 años de neoliberalismo brutal y de despojo de las masas) frente al vendaval que se abrió como subproducto de la rebelión popular. Una reaccionaria hegemonía regionalista, que si no logra hacerse valer nacionalmente, sí es ampliamente hegemónica en la Media Luna y podría abrir realmente la vía de la ruptura de la unidad nacional del país si es que se exasperan aun mas las contradicciones.

Una crisis de Estado

Pero lo anterior nos lleva a profundizar en el diagnostico de la crisis del país. Esta claro que se trata de una crisis muy compleja que combina –en sus bases materiales– la catástrofe de la expoliación redoblada en los últimos 20 años por la imposición del capitalismo neoliberal, con una crisis del régimen político que sirvió de marco a la 21.060 y todos los brutales ataques antiobreros y antipopulares que vinieron junto y después de ella.

Pero sobre esta base, hay un elemento mas: bajo la presión de la emergencia de las masas en las calles y del surgimiento del Oriente como polo económicamente dinámico y políticamente conservador, lo que se termino abriendo es una verdadera crisis de Estado. Es decir, una crisis donde lo que termina estando en cuestión –realmente– es la misma unidad nacional del país. Claro esta que esto no ocurre en cualquier circunstancia, en estados “exitosos” o que pasan por situaciones de estabilidad.

Ilustrando esta idea, Linera señala que “no se debe olvidar que las construcciones nacionales modernas, como hechos de unificación cultural y política, se levantan sobre procesos exitosos de retención y redistribución del excedente industrial–mercantil; de ahí que las propuestas de autonomía departamental de los Comités Cívicos, cíclicamente reivindicada cada vez que hay una renta hidrocarburífera a disponer, o de autogobierno indígena, con la que distintos grupos sociales regionales cuestionan la configuración del bloque de poder estatal y el ordenamiento institucional; develan a su modo las fallas de un orden económico de larga data”[10].

Pero precisamente, cuando lo que se vive es una crisis de la magnitud de la que esta latente en el país –aun hoy este mediatizada por el gobierno del MAS– lo que emerge son las tensiones de los sectores que buscan “salvarse” de alguna manera o poner a “resguardo” sus intereses económico–sociales. De ahí las reaccionarias campañas cruceñas respecto que en el altiplano, sus poblaciones serian “vagas”, que no les gustaría “trabajar”, etc. En el fondo, lo que buscan, es una manera de ponerse a resguardo de la emergencia de rebelión popular que ha tenido epicentro en el centro político del país y porque desconfían de la receta masista para lograr aplacar los ánimos.

Es decir, la crisis ha llevado a una “disociación entre el poderío económico en ‘Oriente’, y poderío político de los movimientos sociales en ‘Occidente’ y, con ello, a una apertura de las tijeras de la estabilidad pues los componentes del poder se hallan repartidos en dos zonas distintas, en dos regiones distintas, sin posibilidad inmediata de que una logre desplazar o derrotar a la otra de la posición que ocupa. El poder económico ascendente, pese a sus problemas, se ha desplazado de occidente a oriente, pero el poder sociopolítico de movilización, se reforzado en occidente, dando lugar a una nueva incertidumbre geográfica del poder estatal en los siguientes años”[11].

Es decir, la verdadera crisis de Estado que se ha terminado configurando en Bolivia, es el subproducto de dos elementos: uno mas “estructrual”, que da cuenta de la señalada “incertidumbre geográfica del poder”. Y otra mas “política”, que tiene que ver con la emergencia de los movimientos sociales en el eje de El Alto, La Paz y Oruro. Lo que no esta claro es, precisamente, si esta “incertidumbre geográfica del poder” que configura –realmente– una crisis de Estado a su vez montada sobre el ciclo de rebelión popular y sus dramáticas contradicciones económico–sociales, podrán ser resueltas de manera “pactada” o detonaran la emergencia de elementos de guerra civil...

Buscando la vía de una Constituyente pactada

Es en estas condiciones que se ven los limites estrictamente reformistas del gobierno del MAS. Desde el vamos, aun antes de asumir, García Linera señalaba que en Bolivia habría un “empate catastrófico” en las relaciones de fuerzas y que “no habría otra alternativa” que ir a una salida “pactada” de la crisis... El propio Evo Morales cuando inauguraba la Constituyente el 6 de agosto del año pasado señalaba que “La Asamblea Constituyente no es para subordinar a nadie, el movimiento campesino originario jamás ha sometido a nadie, pero ha sido sometido; jamás ha discriminado a nadie, pero ha sido discriminado. No se trata de revanchismos, sino cambios concertados para des–conolonizar y des–neoliberalizar Bolivia”.

“Cambios concertados”. He ahí, fielmente reflejado, el programa del MAS en la Constituyente y más en general, en lo que hace a su acción de gobierno. De ahí, precisamente, la estrategia de la búsqueda de una Constituyente pactada. Y como directa consecuencia de ello, vinieron las “cláusulas cerrojo” y todas las garantías suplementarias a la Media Luna.

Pero esto encierra un problema y una grave contradicción que de manera recurrente se ha venido haciendo presente. Es que al tiempo que se pacta y se re–pacta la Constituyente con la derecha, el gobierno del MAS tiene la necesidad de conceder algo a las masas originarias y populares que siguen mirando con mucha expectativa lo que de la Constituyente pueda salir. No queremos decir que esto haya sido un obstáculo para que el gobierno masista no haya ido vaciando de contenido –una a una– las reivindicaciones del octubre. Así ha venido ocurriendo con la falsa “nacionalización” del gas (que, en el fondo, no se trató más que de una re–negociación de los contratos con las petroleras) o el caso de la anunciada –con bombos y platillos– “revolución agraria” y que no llega siquiera a una mera reforma consecuente (ver articulo en esta misma edición de SR).

Pero sin embargo, cada artículo que se pone en discusión, da lugar a debate y contradicción. Porque existen contradicciones y tensiones reales a la hora del re–ordenamiento del país que se hacen difíciles (pero no decimos que sea imposible) saldar.

Porque hay –en las alturas– un choque entre dos tendencias contrapuestas: la del MAS, que pretende imponer lo más que pueda de su agenda “reformista” (que incluye un determinado nivel de autonomía para los pueblos originarios); y, la de la derecha y los cruceños, que pretende acotar los aires “reformistas” a su mínima expresión, con la expectativa, suplementaria, de imponer su propia agenda.

Veamos. Los cruceños, pretenden dar estatus constitucional a las autonomías departamentales. El MAS, para “negociar” pero también para dar alguna satisfacción a su base social (básicamente campesina–originaria) “contraataca” con el planteo del reconocimiento de 45 autonomías originarias y 36 idiomas oficiales... La derecha, entonces, dice que las autonomías departamentales “quedarían en papel mojado”[12]... y el conflicto queda planteado.

Como señala el semanario Pulso: “La vedette del debate de fondo de este momento de crisis es, sin duda, la autonomía (...). Mario Orellana Mamani, asambleísta masista de la comisión de “Visión de País” asegura que ‘el nuevo tipo de Estado que proponen, el Plurinacional, unitario y comunitario y el de la comunidad de naciones (...) tiene que ver con la mayor participación que los pueblos indígenas tendrán en el Congreso o Asamblea Plurinacional”[13]. Pero –mostrando la contradicción existente entre ambas “autonomías”– luego agrega que “los comités cívicos y los prefectos de la autodenominada Media Luna, seguramente pretenden imponer un modelo de autonomía departamental que, por un lado, no comparta sus recursos financieros con las provincias y, por el otro, no permita que los pueblos indígenas desarrollen dinámicas autonómicas” y subrayan que “ahora no queda duda que el principal objetivo del modelo de autonomía que propugnan los cívicos cruceños es la captura del control de los bosques y la tierra”[14].

A esto se le agregan otros elementos de “disputa”. El gobierno coloca el planteo de la votación a partir de los 16 años; del voto para los inmigrantes que viven en el exterior del país; de la re–elección presidencial ilimitada con el mecanismo del referéndum revocatorio... Y la oposición lanza entonces la acusación de que Morales pretendería “erigirse en un dictador estilo Hugo Chávez”.

Las contradicciones anteriores ilustran entonces los problemas recurrentes que enfrenta la vía “pactista” y abren interrogantes respecto del éxito de la misma. Vía, que sin embargo, es la que se pretende que, finalmente, y luego de muchos “amagues” de ambas partes, llegue a buen puerto[15]... El final esta abierto.

Constituyente, etnia y clase

Sin embargo, superpuesto a lo anterior, hay –a nuestro modo de ver– una contradicción que es más básica y fundamental. Esta no tiene que ver con la pelea en las alturas, sino con la relación entre el gobierno del MAS, la Constituyente y las propias masas explotadas y oprimidas. Porque la Constituyente boliviana está cruzada por el problema que enfrentan –en el límite– todas las constituyentes, por más “soberanas” que las mismas se declaren. Es que por más “derechos” que se otorguen en el papel, si las condiciones sociales básicas de la vida y explotación de los obreros y campesinos no cambian, estos derechos –por mínimos que sean– no podrán ser realmente utilizados.

En este sentido, Silvia Rivera Cusicanqui, señala que desde los sectores populares del campo y la ciudad se ha llegado a concebir la Asamblea Constituyente como “una suerte de talismán o varita mágica, mediante la cual se revertirían  radicalmente todos los procesos de degradación  de la democracia y erosión de las condiciones de vida de la población”[16].

Pero aquí está justamente el gran problema: se podrá declarar una y mil veces el carácter “multiétnico”, “pluricultural” e, incluso, “plurinacional” del país[17]; se podrá decretar la “igualdad étnica” de las personas. Pero resulta ser que si el originario es a la vez un obrero o asalariado explotado por un patrón, en la medida que Bolivia siga siendo capitalista... su condición social básica de explotado cambiaria poco y nada. Mientras que el patrón seguirá viviendo de la explotación del trabajo de obrero, este seguirá padeciendo en la miseria y no hay derecho ni dios “igualitario” que pueda cambiar esto, por más que este sancionado en la “ley de leyes”!

El propio Felix Patzi Paco, reconocido intelectual indigenista y ex Ministro de Educación del gobierno del MAS se interroga “¿Ustedes creen en la Constitución Política del Estado? Cuando se habla, en el artículo primero y en el 171, del reconocimiento (de los derechos indígenas) ¿qué implicancia tiene este reconocimiento? ¿Será que reconoce la diversidad, la multiculturalidad con toda su implicancia en cuento sistema económico y político?”[18].

Precisamente, ya hace dos años atrás alertábamos que los planteos de reforma meramente “democráticos–formales” (como los que enarbola –y aún así, muy tibiamente– el MAS en la Constituyente) tienen el talón de Aquiles, de que “al no cuestionar las bases sociales del Estado capitalista boliviano, de ninguna manera pueden crear las condiciones para una verdadera solución del problema nacional indígena”[19].

Es decir, siquiera los problemas democráticos más elementales tienen solución bajo la continuidad de una Bolivia capitalista y dependiente, aun esta sea la Bolivia “reformada” por el MAS. Y agregábamos al respecto que: “lo que constituye un error y una recaída idealista es perder de vista que toda sociedad se basa en determinadas relaciones materiales de intercambio del hombre con la naturaleza (y, entre sí) a nivel de su formación social. Si se pierde de vista esta articulación (...), lo que se perderá es la formación de clase de la sociedad (...). El hecho de que en Bolivia exista una cuestión nacional de importancia inmensa como es la cuestión indígena, no puede hacer perder de vista sobre que relaciones de producción y explotación se apoya esa misma sociedad”[20]. Porque, en ultima instancia, si no se solucionan los problemas a nivel de la base material de la misma sociedad, no habrá derechos democráticos que alcancen. Pero está claro que este es el límite del tímido reformismo del MAS: de ninguna manera está dispuesto a cuestionar el carácter capitalista del país[21].

Por una Bolivia Socialista, obrera, originaria, campesina y popular

En el contexto de pugnas y pactismo en las alturas que venimos señalando, no es casual que Morales haya convocado a un desfile militar... en Santa Cruz en la semana de la independencia. Es que Morales (a no olvidarlo) es –al mismo tiempo que un símbolo, obviamente, más virtual que real, de “poder” originario–campesino–, el actual... jefe de Estado de la Bolivia capitalista. Bolivia que –históricamente– ha tenido una conformación unitaria y que el proyecto de constitución del MAS viene a ratificar.

Es decir, el gobierno masista se presenta como el garante de la unidad del país. Y no es casual tampoco que la principal institución del mismo Estado, las Fuerzas Armadas (y a la cual Morales viene dedicando importantes esfuerzos de reconocimiento a lo largo de toda su gestión) también sean presentadas (y, de hecho, lo son, por lo menos en lo que hace a la actual conducción) como “garantes de esa unidad nacional” del país. De ahí el nada casual desfile oficialista en Santa Cruz y el discurso de Wilfredo Vargas (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia) que se planto contra los que “amenazan la institucionalidad y unidad del país”…

En estas condiciones, y a pesar de las múltiples contradicciones ampliamente descriptas aquí, para nada se puede descartar el hecho que la perspectiva más probable sigue siendo que, aún cruzada por múltiples presiones, contradicciones y crisis, finalmente se arribe a algún tipo de pacto constitucional entre ambas fracciones. Insistimos, a pesar de todos los pesares, esta sigue siendo la perspectiva más probable, como se evidencia en el acuerdo de postergación al 14 de diciembre. Esto es así, incluso por consideraciones políticas que hacen al momento de “mediación” que se sigue viviendo hoy en el ciclo de las Rebeliones Populares en Latinoamérica.

Sin embargo, también hay que tener presente la otra alternativa (que expresa otra de las tendencias actuantes en la región): la eventualidad del desencadenamiento de elementos de enfrentamientos físicos y / o de guerra civil con base territorial y con sectores patronales divididos entre los dos “bandos”. Es que al tiempo que se hacen presentes los elementos de “mediación”, la crisis de fondo que ha dado origen a este verdadero ciclo de rebeliones populares regional y local, no ha sido resuelta. Y las contradicciones podrían –en cualquier giro de las circunstancias– polarizarse. Ahora mismo, estamos señalando como ambos contendientes siguen jugando de aprendices de brujo al poner en las calles –desde arriba– ingentes sectores de masas alrededor de la punga por la capitalidad de La Paz o Sucre.

En estas condiciones, lo importante es subrayar que frente a cualquiera de las dos circunstancias, cada vez se hace más perentorio e imprescindible, que los trabajadores den pasos por poner en pie una alternativa independiente, de clase.

En este sentido, es muy grave el curso crecientemente adaptacionista de la COB y el hecho que salvo los contingentes mineros asalariados de Huanuni, los docentes urbanos de La Paz, algunos sectores universitarios y lugares de radicación de la nueva clase obrera de El Alto, todo las demás representaciones están cooptadas crecientemente por el gobierno masista.

Pero el hecho es que ni el gobierno de Frente Popular, ni la oligarquía cruceña expresan realmente los intereses más profundos de las masas explotados y oprimidas del país. Con “pactismo” o con guerra civil, los trabajadores de la ciudad y el campo NO deberán embanderarse con alguno de los “campos” (burgueses) en pugna, sino construir un camino independiente y de clase. Una Bolivia socialista, obrera, originaria, campesina y popular.