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La gravedad de la actual crisis política no se origina en las crecientes y sólidas evidencias de focos generalizados de corrupción en el gobierno de Lula da Silva. Ella no se debe a la mera –aunque grave– apropiación privada de los dineros públicos. La gravedad de los hechos nace sobre todo de la constitución de una mayoría parlamentaria estable a través de la compra de apoyo de diputados, promovida por dirigentes del PT [Partido dos Trabalhadores] y del gobierno federal.

La corrupción de legisladores para la constitución de una base parlamentaria estable es una violación gravísima de la legalidad, que coloca bajo sospecha toda la gestión presidencial, sobre todo las medidas estructurales contra los intereses populares y nacionales, algunas de ellas irreversibles, como el pago incondicional de la deuda externa, la reforma neoliberal de la Previdência (sistema de retiro), la Ley de Asociaciones Público-Privado, la Ley de Quiebras; la Ley de Transgénicos, el recorte de las inversiones públicas y sociales, el salario mínimo, etc. A este nivel de la cuestión, es irrelevante si los recursos utilizados en el soborno de parlamentarios tenían origen privado o público, legal o ilegal.

La eventual comprobación de la existencia de un mensalão [literalmente: “gran menualidad” que se pagaba a a los legisladores para que “votaran bien”], plantea en forma ineludible la responsabilidad de Lula da Silva por encubrimiento de violación institucional grave, ya que el portavoz de la misma Presidencia reconoce que el prsidente fue informado de esos hechos delante de testigos. En verdad, poco importa que el presidente haya tenido o no conocimiento anterior, parcial o pleno, de los hechos. Lo determinante es que después de la denuncia, encubrió, por inacción, un acto gravísimo promovido por el núcleo central de su partido y de su gobierno, destinado a apoyar las iniciativas gubernamentales.

Fue precisamente la natural y necesaria exigencia de instauración del proceso de impeachment [juicio al presidente con vistas a su destitución], en caso de que las denuncias fuesen comprobadas, que determinó que la dirección petista levantase, en los primero momentos de la crisis, la extraña denuncia de la existencia de un movimiento golpista de derecha contra Lula da Silva, promovido por las “elites”, o por el PSDB-PLF [PSDB: Partido da Social-Democracia Brasileira – PFL: Partido da Frente Liberal], o incluso por los mismos Estados Unidos. Esta tesis fue retomada, a continuación, tímida o incondicionalmente, por intelectuales y políticos más o menos próximos al PT y al gobierno.

¡Inmediatamente después de la denuncia de esta supuesta amenaza de golpe de derecha, fue recordado que, para hacer verosímil esta tesis, hacía falta un gobierno de izquierda para ser depuesto! O sea, que el gran capital jamás se levantaría contra Lula, precisamente por ser él uno de sus más devotos administradores. En los hechos, ¿por qué el imperialismo y el gran capital lo sacarían de la presidencia? ¿Para sustituir a Palocci en Hacienda, a Meirelles en el Banco Central, a Rodrigues en Agricultura, a Furlan en Industria, a Tarso Genro na Educación? ¿Para retirar a las tropas brasileñas de Haití? ¿Para perturbar las óptimas relaciones entre Lula y el compañero Bush?

¿Por qué el gran capital pondría fin a la sucesión ininterrumpida, coherente y productiva de acciones en pro de sus intereses emprendida por un presidente y unos partidos y movimientos con innegable apoyo y tradiciones populares?

Sería además la propuesta de un movimiento golpista singularmente inverosímil, ya que la deposición constitucional de Lula elevaría a la suprema magistratura a Alencar, un representante de las clases propietarias ligado política y económicamente sobre todo al mercado interno y, por lo tanto, un crítico público y contumaz de la política de Lula de tasas de interés astronómicas, exigida por el capital financiero.

En el caso de que la actual crisis constituyese una conspiración urdida desde el exterior del no gobierno, y no una criatura surgida desde las entrañas putrefactas de la administración presidencial (a través de la inesperada defección de Roberto Jefferson, dirigente de la derecha “fisiológica” [1], al cual Lula otorgó su total confianza al decir que le entregaría hasta un “cheque en blanco”), entonces el movimiento debería ser definido como un golpe que buscaría arrastrar al gobierno hacia la izquierda y, jamás destinado a descolocarlo para una situación aun más a la derecha.

Los grandes medios y los partidos conservadores de oposición han procurado cuidadosamente preservar el status presidencial del de Lula da Silva, precisamente por ser el actual representante incontestable del gran capital. Se trata de una protección también regida por intereses electorales. El PSDB y el PFL mantienen al presidente al margen de sus ataques contra el gobierno y el PT, pues desean que Lula permanezca hasta las elecciones del 2006 en el comando aparente de la nación, crecientemente debilitado e incondicionalmente atado a las políticas conservadoras. Más de lo que el Diablo abomina la cruz, el PSDB y el PFL temen un impeachment que desestabiliza, por un lado, la dominación de capital sobre Brasil y, por el otro, abra la oportunidad, con la asunción de José Alencar, de una reorientación del gobierno en sentido desarrollista. Tal viraje político posiblemente aseguraría la reelección aclamatoria del actual vicepresidente en 2006, y continuación del ayuno presidencial del PSDB y del PFL por cuatro años más, en un escenario político de desenvolvimientos indeterminados.

El hecho de que el gobierno Lula representa los intereses del gran capital dificulta, por un lado, la comprensión de los ataques emprendidos contra él por los partidos de la derecha tradicional solidarios con sus políticas generales; y, por el otro, la paradojal casi-neutralidad o la defensa abierta del gobierno asumida por algunas fuerzas de izquierda, que deberían aprovechar la singular oportunidad abierta por la crisis para organizar una ofensiva general del movimiento social.

La crisis del PT y del gobierno Lula no fue un fenómeno inesperado. Roberto Jefferson, presidente del PTB, partido fisiológico del bloque de apoyo al gobierno, acorralado por el descubrimiento de la red de corrupción que comandaba en la administración federal, aprovechó la ocasión para denunciar públicamente la compra de votos de los parlamentarios del PL [Partido Liberal] y el PP [Partido Progressista], otros dos partidos fisiológicos del bloque de apoyo a Lula. Esto motivó una inesperada y grave precipitación de la crisis política latente, vivida por el gobierno en los últimos tiempos.

El estado de debilidad política del gobierno Lula ya se habían expresado claramente en los malos resultados del PT en las elecciones municipales de 2004 y, sobre todo, en las mas reciente derrota sufrida por el gobierno en la elección de presidente de la Cámara de Diputados, con la victoria de Severino Cavalcanti, rústico diputado pernanbucano del PP, que recibió 300 votos, mientras que el refinado abogado paulista Luiz Greenhalgh, candidato de la cúpula petista y de Lula, recibió apenas 195. Un derrota presentada por los dirigentes del PT como un mero tropiezo dentro del fuerte fisiologismo parlamentario.

La innegable articulación del diputado Severino Cavalcanti con los intereses fisiológicos de la Cámara –intereses igualmente contemplados por el candidato del PT y alimentados sistemáticamente por el gobierno a través de la liberación de partidas para “enmiendas” parlamentarias del presupuesto entre otras cositas– hizo que pasasen desapercibidas algunas razones profundas de ese tropiezo. Una de ellas se evidenció cuando fue rechazada la Medida Provisoria 232/4, acción comandada por el nuevo presidente de la Cámara, el 27 de marzo pasado.

La MP 232/4 pretendía servir de propuesta de reajuste parcial del descuento de la tabla de Impuesto a la Renta, corroída por la inflación, para aumentar la tributación general del sector servicios. Al capitanear el rechazo de la MP, Cavalcanti se hizo eco de una reivindicación de sectores capitalistas no hegemónicos de Brasil, golpeados por la incesante hemorragia tributaria a favor del capital financiero, fortalecida durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y profundizada por la administración Lula.

La actual crisis vivida por el gobierno Lula en general y por el PT en especial constituye sobre todo el resultado del respeto perruno a los intereses y exigencias del gran capital financiero y, secundariamente, exportadores.

Es una orientación que hiere sistemáticamente, en forma más o menos profunda, a través de la política de altas tasas de interés, pago incondicional de la deuda, superávit primario creciente, corte de las inversiones productivas y sociales, cambio fluctuante [del real], etc., a las clases trabajadoras y populares, y también a sectores del capital volcados al mercado interno.

El servilismo gubernamental al capital financiero ocasionó una profunda depresión económica en el 2003 y una retomada del ciclo expansivo en el 2004, bajo el influjo del crecimiento mundial, pero inferior a la alcanzada por otros países en situación semejante a la de Brasil. Actualmente, la continuidad de la política de altas tasas de interés y de pago incondicional de la deuda, está deprimiendo, por un lado, la reanudación del ciclo expansivo –como lo testimonia la caída de las inversiones desde el tercer semestre de 2004– y, por otro lado, sectores exportadores, debido a la valorización del real, le están retirando el apoyo al gobierno en las clases propietarias.

Hay que subrayar, además, que la política económica de Lula no garantizó una expansión significativa del empleo ni de la capacidad de compra de los trabajadores, ni siquiera en el breve ciclo económico virtuoso de 2004. A fines del primer semestre de 2005, la capacidad media de compra del trabajador había crecido apenas un 2 o 3% en relación al año anterior, y se mantenía de un 25 a un 30% debajo de la alcanzada en 1997, que fue su mayor valor en los últimos años. El desempleo en el gran San Pablo, después de llegar a 20,7% en abril de 2004, reculó a un 16,7% en enero de 2005, para volver a elevarse a un 17,3% en marzo.

La actual crisis política expresa también la incapacidad del PT de transformarse en el partido orgánico de los grandes propietarios de Brasil. Sería una metamorfosis que paradojalmente, al establecer una correspondencia ideal entre la política implementada y la representación política de las clases que la dictan, socavaría la gran razón de la permanencia del PT y Lula en el gobierno: la defensa de las políticas neoliberales por partidos y líderes con influencia popular.

Por consiguiente, la política económica de Lula no consigue conquistar sólidos apoyos sociales y políticos más allá de los sectores financieros y exportadores beneficiados, y continúa la disociación entre el carácter de la política impulsada y los importantes sectores políticos y sociales sobre los que aún se apoya el PT.

Esa realidad provoca, por un lado, un debilitamiento de la base popular de apoyo del gobierno. Y, por el otro, ocasiona fracturas y contradicciones entre las diversas fracciones del capital. Así se crean condiciones para que los partidos de la derecha tradicional hoy en la oposición –sobre todo el PSDB, el PFL y el sector opositor del PMDB [Partido do Movimento Democrático Brasileiro]– se organicen para disputar el privilegio y los beneficios de administrar del 2007 al 2010 la política neoliberal en curso desde hace más de una década.

Por lo tanto, las contradicciones y los límites señalados del gobierno Lula permiten (y obligan) a los partidos de la derecha tradicional fuera del gobierno a una creciente oposición a la presidencia, al gobierno y al PT. Siendo así, sobre todo el PSDB y el PFL, aprovechan el descontento de sectores de las clases propietarias para consolidar sus posiciones como bloque conservador alternativo a la reelección de Lula. Mientras tanto, esa oposición política termina socavando y debilitando la misma aplicación de las medidas exigidas por el gran capital –y defendidas por esos partidos, por el PT y el gobierno–, hecho señalado por el mismo Wall Street Journal, del pasado 8 de julio.

La actual crisis política burguesa vuelve más difícil la aprobación de las reformas universitaria, política y laboral, y otras iniciativas exigidas por el imperialismo y el gran capital. En ese sentido, la actual confrontación constituye una indiscutible fragilización de la hegemonía política del gran capital sobre el país, pero de ninguna manera se trata de una ofensiva del mismo contra el gobierno. Es una coyuntura que abre indudablemente posibilidades favorables al mundo del trabajo y a las clases populares.

Mientras tanto, la pugna interburguesa puede resultar en un fortalecimiento de la hegemonía del gran capital, en detrimento de los intereses nacionales y de las clases populares. Eso ocurriría en le caso de que Lula fuese reelegido en 2006 para continuar con su orientación conservadora, o que fuese substituido en las elecciones por un nuevo bloque político conservador, sin que en ninguno de esos casos la población consiga comprender plenamente la identidad profunda de ambos bloques políticos.

Desde el punto de vista de las clases propietarias, la presente crisis puede constituir un verdadero proceso de destrucción constructiva, en caso de que se avance en el deseable establecimiento de una mayor correspondencia entre la política implementada y los sectores políticos que la implementan, a través de un redimensionamiento radical de la importancia del PT en el gobierno a favor de los partidos tradicionales de la burguesía, con destaque para el PMDB y secundariamente el PP, el PTB [Partido Trabalhista Brasileiro] o el PL.

La substitución de José Dirceu en la jefatura de la Casa Civil por un cuadro apenas formalmente petista, le entrega de ministerios al PMDB, la discusión sobre el ingreso en el gobierno de Delfim Netto, el siniestro ejecutor de la política económica de la dictadura militar, registran claramente la radicalización de la metamorfosis política ya esbozada por Lula al alejar a Roberto Aamral del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a Miro Texeira del Ministerio de de Comunicaciones y a Carlos Lessa de la presidencia del BNDES, debido a sus posiciones nacional-desarrollistas.

Con ese movimiento, Lula procura superar la actual crisis y crear las condiciones para candidatearse a la reelección en 2006, como cabeza de un bloque político orgánicamente más armónico, en el cual el PT debilitado constituiría una mera base de apoyo popular, al lado del PMDB, PP, PTB y PL. Es una operación que procura garantizar la continuidad de la adhesión del gran capital, al interesarlo en la continuidad de la gestión presidencial por un político de origen y lazos populares, ahora a la cabeza de una coalición con vínculos orgánicos con las clases conservadoras.

Esta maniobra sería posible, sobre todo si se produce en los próximos meses un relanzamiento real de la economía y no ocurre una reacción social efectiva. Sin embargo,. la materialización de este proyecto –sin importar los resultados que logre e incluso permitiendo el crecimiento de la votación y la elección de parlamentarios a la izquierda del PT– sería una derrota histórica del movimiento social, porque significaría que la candidatura de Lula (ya con vínculos orgánicos con el gran capital) mantendría aun apoyo entre importantes sectores sociales populares y de trabajadores.

La continuidad de la crisis política, eventualmente agravada por el breve vuelo de gallina del crecimiento de la economía debido a la continuidad de la actual política económica, puede ocasionar el rápido deterioro político del gobierno, con el desistimiento de la candidatura de Lula y la consagración en las urnas de un candidato alternativo del gran capital. Este proceso facilitaría igualmente la derrota del movimiento popular, aunque creciese el apoyo electoral y la representación parlamentaria de los partidos de izquierda.

La actual coyuntura abre sin duda posibilidades favorables a las fuerzas populares y democráticas. Sin embargo, ella puede también permitir, como hemos dicho, una reacomodación conservadora del gobierno o la continuidad de la actual política por otro bloque político. Esto podría ser así, sobre todo si se mantiene la actual falta de orientación del movimiento social, que materializa en la rendición incondicional –MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra], CUT [Central Única dos Trabalhadores], izquierda petista, etc.– y en la oposición semiformal –PSOL [Partido Socialismo e Liberdade], PSTU [Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado], PCO [Partido da Causa Operária], etc.– al gobierno, emprendidas por la izquierda en el contexto de crisis en que vivimos.

Después de haber organizado el más importante y creativo movimiento rural jamás conocido en Brasil –movimiento que obtuvo amplias conquistas y avances en la organización y conciencia de los trabajadores del campo, la dirección del MST se encuentra hoy en un callejón sin salida, debido a la crisis objetiva de su propuesta de gobierno de frente popular entre las clases populares y los sectores progresistas de la burguesía, y de reforma agraria con indemnización del latifundio improductivo. Es un callejón sin salida motivado paradojalmente por la elección de Lula, que hubiera debido, por el contrario, consagrar esa estrategia.

Hace mucho tiempo que la burguesía progresista constituye apenas un triste y viejo espantajo para ahuyentar la propuesta y el programa de los trabajadores como única y exclusiva solución a los problemas de la sociedad brasileña. Los grupos económicos nacionales que se parecerían al “retrato hablado” (o identikit) de la burguesía con contradicciones con el gran capital, se encuentran metidos hasta el cuello en el agro-negocio [agrobussines principalmente para exportación].

El pago incondicional de la deuda y la política de altas tasas de interés no permiten la indemnización masiva de los latifundios ociosos, crecientemente cobijados por el agro-negocio, sector indiscutiblemente instalado en el corazón del gobierno.

Aun viendo sus políticas, propuestas y reivindicaciones totalmente desechadas por el gobierno, la dirección del MST mantiene su apoyo a Lula, que le concede la neutralidad relativa del estado frente a la movilización de los trabajadores rurales y le da algunos limitados recursos para el sustento de emergencia de los campados y aposentados que suelen estar en situaciones desesperadas.

Este apoyo al gobierno debilita la alianza entre los trabajadores de la ciudad y del campo, al sostener medidas antipopulares del gobierno, como la reforma de la Previdência, las reformas universitaria, sindical y laboral, y el salario mínimo.

La Coordinación de Movimientos Sociales (constituida principalmente por el MST, la CUT y la UNE [União Nacional dos Estudantes]) se pronunció claramente –a través de la contradictoria “Carta al pueblo brasileño” y de la movilización de Goiânia durante la realización del 49° Congreso de la UNE– contra el golpe de derecha y por la reivindicación protocolar de una guiñaa a la izquierda del gobierno. La declaración, la movilización y el encuentro entre Lula y los dirigentes de la Coordinación fueron seguidos por la inmediata y sperada minimización de la influencia del PT en el gobierno en favor de los partidos de derecha y la aproximación a Delfim Netto, representante indiscutible de los sectores más despiedados de la llamada burguesía nacional.

En un impasse aun más grave se encuentra la llamada izquierda petista, ya que no posee las sólidas raíces sociales que dan fuerza al MST. Sus profundos lazos con la administración directa o indirecta del estado, el miedo a perder posiciones y puestos parlamentarios, la ausencia de cualquier programa autónomo para Brasil, más allá de la retórica moralizante y la defensa de medidas desarrollistas burguesas que ya condujeron a los trabajadores del país a un callejón sin salida, han llevado a la izquierda petista a mantenerse dentro del PT. Ahora sufren las duras consecuencias de la revelación del impúdico desenfreno de los elevados dignatarios petistas con las instituciones y las finanzas públicas.

Sin una salida inmediata, la izquierda petista optó por la defensa del gobierno y de Lula, alimentando la propuesta ya putrefacta de una gobierno y un partido en disputa.

Estarán luego obligados, antes de octubre, o a una retirada desordenada del PT en busca de una lista que incluya a sus candidatos, o a aceptar una posición de subordinación total en el contexto de una aproximación creciente de Lula a los partidos y líderes tradicionales de derecha.

La tentativa de Lula de solucionar la crisis a través de una recomposición más estrecha con los partidos y líderes orgánicos del capital, por un lado, y el PSDB y el PFL que se proponen como alternativa, por el otro, está paradojalmente facilitada por la insistencia de las direcciones políticas de la izquierda en caracterizar la crisis como otro caso grave de corrupción, sin apuntar a su verdadera esencia: la gestión fraudulenta del orden constitucional por el núcleo central del gobierno y del partido presidencial, bajo conocimiento de Lula da Silva.

La negativa de las fuerzas de izquierda de exigir el esclarecimiento radical de los hechos, y consecuentemente la acusación constitucional contra Lula, se apoyan comúnmente en el argumento de la falta de oportunidad de la defensa del impeachment –en el caso de que los hechos sean comprobados–, ya que no existirían condiciones sociales para una movilización nacional. Se plantean también, por un lado, la necesidad de esperar una maduración de la crisis, y, por el otro, la ausencia de una alternativa de poder popular en caso de deposición constitucional del presidente.

La denuncia de la gravísima agresión a las normas constitucionales vigentes y la exigencia de su correspondiente castigo-corrección en el caso de ser comprobadas, no son acciones que puedan ser regidas por criterios de oportunidad política. Por el contrario, son imperiosas e insalvables exigencias de la lucha por el respeto de los derechos democráticos. Dejarlas de lado o subalternizar esta cuestión y es refrendar, por omisión, el gravísimo golpe que hace pedazos las ya deterioradas instituciones republicanas de Brasil.

La lucha popular por el castigo de este grave atentado necesita, para desarrollarse, de la denuncia, la agotación y las movilizaciones que esclarezcan a la población sobre la gravedad y el sentido de los hechos, aminorando así los resultados de las operaciones de desinformación promovidas por la gran prensa, por el gobierno y por los partido tradicionales de derecha. La demora y la laxitud en este necesario proceso de denuncia y movilización, contribuyen a la estabilización y a la solución conservadora de esta crisis de dominación de capitalismo en Brasil. Tal pasividad puede nacer también de tendencias electoreras incrustadas en las organizaciones de izquierda, que apuesten (al igual que el PSDB y el PFL) en el proseguimiento normal de las investigaciones que centre en las denuncias de la expoliación privada de los bienes públicos, y no cuestionen directamente a la presidencia, esperando que en ese proceso nazca en el 2006 un escenario electoral favorable a las propuesta a la izquierda del PT.

En caso de una estabilización-solución de la presente crisis conforme a los intereses conservadores de afuera o de adentro del gobierno, cualquier avance relativo de los partidos y movimientos de izquierda en las elecciones del 2006 sería una victoria a lo Pirro, debido a la grave derrota que sufriría el movimiento social como un todo, y, por lo tanto, en las propuestas de construir una herramienta política efectivamente clasista y socialista para los trabajadores.

Se impone la necesidad de la reunificación de los partidos y movimientos de izquierda –en particular del PSOL, el PSTU, el PCO y la Consulta Popular– en torno a una propuesta política que presente una solución a la crisis actual, que fortalezca la movilización y organización de los trabajadores y la población.

En este momento, la síntesis integradora de la oposición democrática y de clase al gobierno neoliberal de Lula tiene como eje político la exigencia de investigación de la agresión del presidente al orden constitucional y de acusación constitucional del presidente, en caso de que las acusaciones se comprueben como hasta ahora todos los elementos develados lo indican con singular riqueza de detalles.

Una propuesta que coloca igualmente el debate sobre la pertinencia de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, cuando se realicen las elecciones generales de 2006, apoyada en un programa de las clases trabajadoras para la solución de la crisis estructural del país, en la cual se destaca la reivindicación del rechazo de la deuda externa e interna, la anulación de las privatizaciones de los gobiernos anteriores, la nacionalización del comercio exterior y del sistema financiero y bancario, la expropiación sin indemnización de los grandes latifundios productivos, para efectiva democratización de la propiedad de la tierra, la revocabilidad de los parlamentarios y gobernantes y el derecho popular de iniciativa legislativa.

Notas:

(*) Mário Maestri, 57, es historiador. E-mail: maestri@via-rs.net

[1].- En Brasil, el ingenio popular clasifica a los dirigentes y partidos políticos en “ideológicos” y “fisiológicos”: los primeros actúan por ideas y los segundos por prebendas y sobornos.