"Duelo a muerte" sin disparos fatales

Por Mario Osava
Inter Press Service (IPS), 02/08/05

Río de Janeiro. No fue concluyente la confrontación entre el ex ministro de la Casa Civil de la Presidencia de Brasil, José Dirceu, y su acusador, el diputado Roberto Jefferson, en la sesión del Consejo de Ética de la cámara baja celebrada este martes en Brasilia, en el marco de las pesquisas sobre corrupción.

El duelo era considerado "de vida o muerte" para Dirceu, quien renunció a su influyente cargo de ministro el 22 de junio y reanudó su mandato como diputado a raíz de las acusaciones lanzadas por Jefferson de que comandaba "la mayor red de corrupción" instalada en el país.

Jefferson está personalmente implicado en varios casos de corrupción. Pero sus denuncias a inicios de junio desataron la peor crisis política del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El gobernante e izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), bajo coordinación de Dirceu, habría sobornado a diputados de otros partidos para asegurar su adhesión al oficialismo, según el diputado.

Las averiguaciones de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), de la Policía Federal y del Ministerio Público (fiscalía) comprobaron que el director de finanzas del PT, Delubio Soares, manejó por lo menos unos 50 millones de reales (21 millones de dólares) a través de un empresario de publicidad que entregó sumas variadas a dirigentes de partidos oficialistas.

Los máximos dirigentes del PT, que renunciaron a sus cargos, y el empresario Marcos Valerio de Souza dijeron que las abultadas sumas fueron obtenidas por préstamos en dos bancos y se destinaron a pagar "deudas de la campaña electoral” de 2002 --cuando se eligieron gobernantes y legisladores nacionales y estaduales-- y gastos de la campaña para los comicios municipales de 2004.

Las sumas eran retiradas en efectivo de los bancos porque se trataba de ingresos y gastos "no contabilizados" en las cuentas electorales. La explicación, poco creíble porque los pagos eran regulares y algunos beneficiarios no eran candidatos, busca la configuración de un delito electoral que evite las penas más graves de la corrupción.

Dirceu negó haber conocido esas operaciones, destacando que no respondía por los actos de la dirección ejecutiva del PT, ya que fue ministro en 2003 y 2004, período en que ocurrieron esas transacciones financieras. Varias veces reiteró que no había indicios objetivos ni pruebas de corrupción o ilegalidades contra él.

Quien fue el brazo derecho de Lula desmintió también cualquier responsabilidad en el nombramiento de directivos de entidades estatales en las cuales se descubrieron indicios de desviación de fondos, como la empresa de correos, el Instituto de Reaseguros de Brasil y Furnas, una compañía generadora de electricidad.

Pero Dirceu y Jefferson se enfrentaron en papeles invertidos. En realidad, el ex ministro debió hablar como testigo de cargo contra Jefferson, acusado ante el Consejo de Ética en un proceso por violar el decoro parlamentario que podría llevarlo a perder sus derechos políticos por ocho años.

Jefferson está involucrado en denuncias de corrupción en varias empresas y órganos estatales y confesó haber recibido cuatro millones de reales (1,7 millones de dólares) del PT como donación ilegal para la campaña electoral.

En cambio, Dirceu debió defenderse durante varias horas y sufrió una nueva acusación. Según Jefferson, el ex ministro organizó en enero de este año una misión para captar dinero junto a la empresa Portugal Telecom para cubrir las deudas de las campañas del PT y del propio Partido Laborista Brasileño (PTB por sus siglas en portugués), uno de lo aliados al gobierno y presidido por Jefferson.

Es "otra de sus mentiras", afirmó Dirceu, que intentó salir de la posición defensiva recordando los cargos contra Jefferson.

La compañía Portugal Telecom emitió una nota negando cualquier gestión de donaciones a partidos brasileños.

La confrontación entre los dos diputados, que podría dar nuevo rumbo al escándalo, no aclaró dudas de las investigaciones parlamentarias y policiales, como el papel que jugaron Dirceu y Lula en los hechos bajo examen. Las respuestas del ex ministro a las preguntas de otros diputados tampoco aportaron datos nuevos.

Las negativas de Dirceu son poco convincentes, porque como ex presidente del PT (entre 1995 y 2002) ejercía gran influencia en la dirección ejecutiva de su partido, y como jefe de la Casa Civil de la Presidencia, se le atribuía un poder comparable al de un primer ministro.

Además, algunos indicios lo vinculan con el escándalo. Uno de sus colaboradores más estrechos aparece recibiendo 50.000 reales (21.000 dólares) de las cuentas sospechosas, y su ex esposa obtuvo empleo y un préstamo bancario por gestión del empresario que manejó el dinero del PT.

"No renunciaré", aseguró Dirceu, ante rumores de que seguiría el ejemplo del presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, quien anunció el lunes la renuncia a su banca de diputado para evitar una inhabilitación que suspendería sus derechos políticos por ocho años.

El temor de muchos dirigentes políticos, especialmente opositores, es que varios de los legisladores acusados renuncien y quiten validez al proceso en el Consejo de Ética y en las tres comisiones parlamentarias de investigación que trabajan sobre varios casos de supuesta corrupción.

Sin embargo, la renuncia no evitará la inhabilitación de los ya acusados en los procesos ante el Consejo de Ética, como Jefferson.

Una iniciativa del PTB para extender el proceso a Dirceu y a Sandro Mabel, también del Partido Liberal, eleva a tres la cantidad de legisladores que ya no pueden recurrir a la renuncia para eludir la proscripción política.

Blindaje casi total para Lula

Análisis de Mario Osava
Inter Press Service (IPS),30/07/05

Río de Janeiro. Solo un hecho imprevisible podría amenazar la permanencia en el cargo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva hasta el final de su mandato, el 1 de enero de 2007, pues incluso la oposición trata de protegerlo del enorme escándalo de corrupción.

Esta semana se intensificó el movimiento de dirigentes políticos de todos los matices a favor de acuerdos para mantener la crisis bajo control, ante la evidencia de que ésta se ha profundizado de tal modo que ”de ahora en adelante todos pierden”, opinó el politólogo Wanderley Guilherme dos Santos.

Al esfuerzo de conciliación se sumó inclusive el presidente del Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, quien advirtió en diálogo informal con varios líderes políticos sobre la temeridad de poner en marcha un proceso para destituir a Lula, cuyo izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) está acusado de formar parte de una importante red de financiación ilegal de campañas electorales y de sobornos a legisladores.

La destitución del presidente mediante juicio político en el parlamento crearía un clima de confrontación, por la gran popularidad que mantiene Lula y por la capacidad de movilización de las fuerzas que lo apoyan, y haría ingobernable al país por muchos años, argumentó el jefe del Poder Judicial.

Jobim habla desde su larga experiencia de ex parlamentario y ex ministro de Justicia. Muchos lo señalan como posible candidato a la Presidencia en los comicios de 2006, pues lo ven capaz de unir a varias fuerzas de centro, a partir del Partido del Movimiento Democrático Brasileño del que fue un miembro importante.

El derechista y opositor Partido del Frente Liberal (PFL), que amenazaba con pedir el juicio político contra el presidente, moderó sus ataques y mostró su disposición para concertar. ”No se actuará para interrumpir el gobierno de Lula y agravar la crisis”, prometió uno de sus dirigentes, el senador Heráclito Fortes.

La movilización de distintos sectores en busca de un acuerdo que permita superar la crisis se acentuó después de una fuerte caída de las acciones en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y de una depreciación de 2,67 por ciento de la moneda nacional (real) frente al dólar, registrada el lunes. Fueron señales de alarma sobre el inminente contagio de la incertidumbre política al mercado financiero.

Las posibles turbulencias económicas, con fuga de capitales y suspensión de inversiones productivas, atemorizan a sectores que hasta ahora consideraban que la economía estaba inmune al escándalo de corrupción que afecta al PT, a varios partidos aliados y adversarios y al Congreso legislativo.

Mientras tanto, las investigaciones sobre diversos actos ilícitos, que se multiplicaron desde fines de mayo en los ámbitos de tres comisiones parlamentarias, la Policía Federal y la Fiscalía, también contribuyeron a contener el ímpetu opositor.

En virtud de las pesquisas, se descubrió que dirigentes del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), en especial su presidente Eduardo Azeredo, también recibieron dinero ilegal por medio del empresario Marcos Valerio de Souza, personaje central de la crisis.

De Souza movilizó centenares de millones de dólares a través de sus empresas de publicidad en negocios clandestinos con partidos, empresas estatales y funcionarios de gobierno desde 1998.

De Souza declaró haber obtenido préstamos bancarios equivalentes a unos 16 millones de dólares para beneficiar al PT, pero las investigaciones indican que desvió sumas mucho mayores, entregadas en efectivo a decenas de parlamentarios y dirigentes políticos.

La sospecha es que tanto dinero se originó en desviaciones de fondos de empresas estatales y de contribuciones no declaradas del sector privado. Las empresas de De Souza servían a la distribución y el lavado de esos recursos ilegales.

Azeredo, el presidente del PSDB, habría obtenido por esa vía al menos el equivalente a 3,7 millones de dólares para su frustrada campaña de reelección a la gobernación del sudoriental estado de Minas Gerais, en 1998. Además, una de sus funcionarias de confianza se convirtió en directora financiera de la SMPB, una de las empresas que centralizaba las operaciones ilegales.

Otro dirigente del PSDB y ex ministro de Comunicaciones, José Pimenta da Veiga, también recibió dinero de la red encabezada por el empresario De Souza.

Ahora queda en evidencia que la red de financiación ilegal de campañas y de probable corrupción de funcionarios de empresas estatales y partidos nació vinculada al PSDB de Minas Gerais y se amplió con la llegada del PT al gobierno nacional.

Además, si la investigación se extiende a los fondos de pensión de empresas estatales y privatizadas, cuyos recursos formarían parte del esquema ilegal, se podría descubrir más irregularidades en desmedro de ambos partidos.

Fue el anterior gobierno del PSDB, presidido por Fernando Henrique Cardoso entre 1995 y 2003, el que privatizó muchas empresas del Estado, movilizando los fondos de pensión dirigidos ahora por numerosos militantes del PT.

El segundo gran partido opositor, el PFL, también tiene por lo menos un diputado beneficiado por esa red. Además, dos de sus legisladores fueron descubiertos este mes transportando grandes cantidades de efectivo en aviones.

El dinero pertenecía a la protestante Iglesia Universal, de la que son ”obispos”, y era producto del diezmo donado por los feligreses, se justificaron los dos diputados. Pero el PFL los expulsó sumariamente.

La extensión de la mancha de aceite ensucia ya a muchos partidos, y por eso estimula iniciativas de concertación para buscar una salida menos traumática.

Un Congreso debilitado por los indicios de corrupción que pueden llevar a la inhabilitación de decenas de parlamentarios tampoco tendría credibilidad y condiciones políticas para juzgar a Lula.

Así, el presidente aparece de momento sólidamente ”blindado” (la palabra de moda en ámbitos políticos), sea por su persistente popularidad, por razones económicas o por la desmoralización del parlamento.

Sólo el surgimiento de algún hecho que lo vincule de forma inequívoca a la corrupción podría ponerlo en la línea de tiro.

Al borde del abismo

Análisis de Mario Osava
Inter Press Service, Julio 2005

Río de Janeiro. Salidas trágicas, paralizantes o suicidas aparecen en el horizonte del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, imposibilitados de contener revelaciones de corrupción que se agravan día a día desde hace siete semanas.

Los documentos bancarios ahora bajo examen de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), la Fiscalía y la Policía Federal, desnudan una red de venalidad y manejo de dinero ilegal destinado a dirigentes políticos de una magnitud alarmante.

La inhabilitación o renuncia de decenas de parlamentarios parece inevitable a medida que avanza el escándalo, que ya determinó retiros y destituciones de más de 40 personas, entre ministros, legisladores, funcionarios de empresas estatales y dirigentes partidarios.

Cada día es más difícil para Lula mantener condiciones de gobernabilidad, pese al esfuerzo general para protegerlo y a su gran popularidad personal, indicada por las encuestas. Algunas fuerzas de oposición, como el Partido del Frente Liberal (PFL), ya decidieron atacarlo directamente, por presunta omisión o connivencia con los actos ilegales.

Lula es ”un idiota o corrupto”, por ignorar lo que hacían sus colaboradores directos o por ser cómplice de ellos, acusó el líder del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, senador Arthur Virgilio Ribeiro.

Cada vez parece menos creíble que el presidente desconociera tantas irregularidades cometidas en su entorno. Su admisión de que el PT hizo lo que otros partidos ”hacen sistemáticamente” (el uso de recursos no declarados en las campañas electorales), lo puso en la línea de fuego.

Las maniobras defensivas de los dirigentes del izquierdista PT han sido desmentidas por los hechos o resultan poco convincentes.

Los ”operadores” de la captación y distribución del dinero no declarado trataron de justificar su existencia por préstamos bancarios que totalizarían 39 millones de reales (16,5 millones de dólares), usados para pagar deudas y nuevos gastos de campañas electorales en 2003 y 2004. Pero la suma es mucho mayor, según los registros bancarios.

Hay decenas de millones de reales retirados de por lo menos tres bancos y distribuidos en efectivo. Los que actuaron ”son ineptos pre-informáticos” que creyeron no dejarían huellas al evitar los cheques y los documentos firmados, ignorando que existen los registros de las computadoras y la electrónica, ironizó el diputado Fernando Gabeira, del Partido Verde.

De momento, se sabe que más de 30 millones de reales (12,7 millones de dólares) fueron retirados por 46 personas de cuentas de las empresas de publicidad DNA y SMPB en el Banco Rural. Las compañías eran usadas como una especie de ”tesorería” informal del PT.

Los cheques no eran nominales, y tenían a las mismas empresas como beneficiarias. Convertidos en efectivo, el banco lo distribuía a personas previamente autorizadas a recibirlo. El ardid no fue suficiente para ocultar las identidades, y los nombres quedaron registrados en la institución bancaria o en los controles electrónicos de los edificios.

Entre los receptores han aparecido algunos dirigentes de partidos del bloque oficialista, confirmando denuncias del diputado Roberto Jefferson, quien destapó la caja de Pandora a inicios de junio, cuando acusó al PT de sobornar a legisladores pagándoles ”mesadas” que aseguraban su apoyo al gobierno.

Además de líderes de los conservadores partidos Liberal (PL), Progresista (PP) y Laborista Brasileño (PTB son sus siglas en inglés, del que Jefferson es presidente), aliados del gobierno, entre los beneficiados están dirigentes estaduales del PT y algunas sorpresas.

Por ejemplo, la esposa del ex presidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, recibió 50.000 reales (21.200 dólares).

Este dato selló la suerte del diputado Cunha, un importante dirigente del PT, pues confirmó sospechas de que había favorecido a la empresa SMPB en un contrato con la cámara, usado para fortalecer su pretendida candidatura a gobernador del meridional estado de Sao Paulo.

El jefe del bloque del PT en la cámara baja, Paulo Rocha, fue beneficiario de una suma diez veces superior, y tuvo que renunciar a su cargo el jueves. Otros escándalos asoman a partir de estas investigaciones, amenazando al gobierno. Es el caso de los gastos en publicidad oficial, que alcanzaron máximos históricos el año pasado.

Falta examinar una cantidad mucho mayor de documentos de las tres entidades financieras más usadas por esa red, el propio Banco Rural, el Banco do Brasil y el Banco de Minas Gerais. El escándalo gana dimensiones incontrolables, con pruebas que anulan tergiversaciones.

El ex tesorero del PT, Delubio Soares, y el ex secretario general Silvio Pereira profundizaron las sospechas cuando testimoniaron ante la CPI en los dos últimos días. Miembros de la Comisión los acusaron de haber dicho sólo mentiras.

Soares asumió total responsabilidad por el dinero ”no contabilizado”, asegurando que nadie más conocía su existencia ni participó en la decisión de captarlo y distribuirlo, algo evidentemente increíble.

Soares no explicó el origen de tantos recursos ni cómo se pagarían los supuestos préstamos bancarios, y se negó a mencionar a las personas que recibieron el dinero.

Su intento fue limitar la ilegalidad a un delito electoral: el uso de recursos irregulares en la financiación de las campañas, evitando configurar el crimen más grave de corrupción.

No faltan voces, incluso dentro del PT, que consideran fatal para el partido y el gobierno esta táctica de dilaciones que prolonga la corrosión del oficialismo y de la imagen de Lula.

El senador del PT, Saturnino Braga, pidió a Soares: ”Extirpa ese tumor”, argumentando que solo con una confesión de ”toda la verdad” se salvarían el partido y el gobierno.

Las maniobras dilatorias indican que el dinero movilizado de manera ilegal proviene de empresas estatales y de contratos fraudulentos, lo que caracterizaría los delitos de corrupción y de asociación para delinquir y pondría bajo sospecha al gobierno entero. Así, confesar todo sería un suicidio.

Ante lo que parece una inminente ausencia de gobernabilidad que puede desatar una crisis económica, el senador Jefferson Peres, del opositor Partido Democrático Laborista, propuso un acuerdo entre ”líderes políticos responsables” de las principales colectividades, para evitar un desenlace traumático.

Peres sugirió fijar un plazo para el fin de las investigaciones sobre corrupción, no discutir la reelección de Lula, aprobar una amplia reforma política y acordar medidas económicas para bajar las elevadas tasas de interés, con mayor ajuste fiscal.

Lula sigue siendo muy popular, de modo que un proceso para destituirlo sumado a una crisis económica podrían generar una ”convulsión social”, arguyó el senador.