Las armas se cargan en las urnas

Por Mario Osava
Inter Press Service (IPS),21/10/05

Río de Janeiro. El comercio de armas de fuego parecía tener sus días de legalidad contados en Brasil, pero un aparente vuelco en la opinión pública tiende a concederle una sobrevida en el referendo del próximo domingo.

Las encuestas, que hasta septiembre registraban más de 70 por ciento de intención de voto favorable a prohibir la venta de armas, ahora indican una ventaja para los que defienden que este comercio sea legal. La campaña por radio y televisión desde el 1 de octubre cambió, al parecer, la opinión de buena parte de la ciudadanía.

Más de 122 millones de brasileños mayores de 16 años están convocados a pronunciarse el domingo por sí o por no a la pregunta: ¿El comercio de armas de fuego y munición debe ser prohibido en Brasil?

El triunfo de las boletas por el "sí" implica la ratificación de la disposición del denominado Estatuto del Desarme, una ley aprobada en diciembre de 2003.

Una consulta divulgada hace una semana indicó que 49 por ciento de los entrevistados respondieron que votarán por el "no" y 45 por ciento por el "sí", mientas que otra conocida el miércoles aumentó la diferencia al pasar a 52,1 por ciento la primera opción y a 33,7 la segunda.

Las opiniones se alteraron "porque por primera vez hubo debate, pues antes sólo había propaganda" por el desarme, comentó a IPS Leonardo Arruda, director de Difusión de la Asociación Nacional de Propietarios y Comerciantes de Armas.

"Ahora pudimos hablar, estimulando el pueblo a pensar y concluir por la lógica", acotó.

Durante las tres últimas semanas el Frente por el Derecho de Legítima Defensa, defensor del "no", y el Frente Brasil sin Armas, a favor del "sí", dispusieron cada uno de 10 minutos diarios para difundir sus argumentos por cadena de radio y de televisión, de acuerdo a las leyes electorales del país.

Un conjunto de factores favoreció a los opositores a la prohibición, según Antonio Rangel Bandeira, líder del movimiento de desarme como coordinador de esa área en la organización no gubernamental no gubernamental Viva Río.

El descontento con la seguridad pública, ante la expansión de la violencia urbana en las dos últimas décadas, es una realidad que la campaña del "no" aprovechó presentándose como un movimiento de protesta contra el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y atribuyendo al "sí" un oficialismo que no es verdadero, evaluó Rangel para IPS.

La campaña del "no" insiste en que la prohibición del comercio busca "desarmar a las personas honestas", mientras no se hace lo mismo con los criminales, estimulando a los asaltantes a invadir las residencias confiados en que no encontrarán resistencia armada.

El argumento más reiterado, de que la posibilidad de comprar armas asegura la legítima defensa, "un derecho democráticamente conquistado que el gobierno quiere quitarle al pueblo", ganó adeptos, admitió Rangel, quien rechaza como falsa esa asociación con el estado de derecho.

La pregunta tal como es formulada para el plebiscito de este domingo también genera confusiones, favoreciendo el "no", según el activista.

"Durante años pregonamos el "No a las armas", y ahora hay que votar "sí" para ratificar esa posición, puntualizó. La última encuesta divulgada indicó que 14 por ciento de los entrevistados cambiaron de respuesta al repetírsele la pregunta.

Además se identificó la posición del desarme con la idea de prohibición, contraponiéndola a la de libertad. En la televisión aparecieron muchas personas asegurando que jamás usarán armas, pero defienden la opción de los demás a tenerlas para su defensa.

"Los ricos pueden pagar guardias particulares, son privilegiados, no necesitan tener su propia arma", pero los pobres tienen que defenderse por su cuenta, por eso no hay que prohibirles comprar un arma cuando puedan, opinó la educadora Eliete Ferrer.

Empero, una de las encuestas mostró un cuadro al revés: la mayoría de los ricos y más educados se manifestaron a favor del "no", mientras el "sí" ganó entre los consultados más pobres.

Es que los ricos leen la revista Veja, que defendió explícitamente el libre comercio de armas, y los pobres ven la TV Globo, que favoreció la prohibición, interpretó Leoncio Maia, un economista de 63 años que se declara de izquierda.

En su opinión, sólo las milicias populares usando fusiles y armas más pesadas podrían combatir efectivamente la criminalidad creciente en las ciudades brasileñas, "con todos armadas habría menos violencia".

Es que se estableció una extraña alianza entre la extrema derecha y algunos sectores de izquierda, "liderada por la primera", en favor de armas para el pueblo, lamentó Rangel. Las explicaciones y estadísticas sobre tragedias provocadas por disparos de no criminales fueron ineficaces para convencer en favor del "sí", "quizás por ser complejos", reconoció.

La mayoría de los asesinatos por disparos de armas de fuego se deben a conflictos entre personas sin antecedentes criminales y sólo cinco por ciento es producto de latrocinio, según estadísticas oficiales de Sao Paulo, destacó Deniz Mizne, director del Instituto Soy de la Paz, en una carta abierta que hizo circular por Internet.

En Río de Janeiro, un estudio apuntó que 61 por ciento de las armas usadas por criminales habían sido adquiridas en el comercio legal y luego pasaron a manos de delincuentes, añadió, para ilustrar su argumento por la prohibición.

Las muertes por armas de fuego cayeron el año pasado 8,2 por ciento, respecto del anterior, según el Ministerio de Salud, una merma atribuida a la campaña de desarme iniciada en julio de 2004 y que recogió 467.000 armas de fuego, según datos registrados hasta el jueves.

Si gana el "no" en el referendo de este domingo, como proyectan las encuestas, Arruda espera que la Suprema Corte de Justicia dictamine que es inconstitucional gran parte del Estatuto del Desarme, una herramienta que, dice, sofoca hoy el comercio de armas.

Esa ley eliminó el porte de armas e impuso severas restricciones a la simple posesión en la residencia o en la empresa.

El director de Difusión de la Asociación Nacional de Propietarios y Comerciantes de Armas manifestó que su temor es que el gobierno afloje más aún la seguridad pública, echando la culpa a los que impidieron la prohibición de vender armamento liviano.

En cambio, Rangel advirtió que la derecha, "legitimada" por un eventual triunfo y ahora más organizada por la campaña, puede imponer una política de seguridad "fascista", con pena de muerte, reducción de la edad de imputabilidad, una policía más violenta, guardias y presidios privados, así como poner mayor énfasis en la seguridad individual y no en la colectiva.