Democracia en venta

Por Emad Mekay
Inter Press Service (IPS), 08/04/05

Washington.– Los grupos de presión de Estados Unidos gastaron desde 1998 unos 13.000 millones de dólares para influenciar en la toma de decisiones de la Casa Blanca, el Congreso legislativo y otras autoridades.

El Centro para la Integridad Pública, instituto de estudios con sede en Washington, calculó que el dinero gastado por los lobbies en invitar a legisladores a restaurantes caros y a fiestas lujosas excedió el financiamiento total de las campañas políticas.

”Cada año desde 1998, el dinero gastado para influir sobre los legisladores duplica el gastado para elegirlos. Hoy, el lobby federal es una industria por sí sola”, dijo la directora ejecutiva del Centro para la Integridad Pública, Roberta Baskin.

El término lobby, que según la Real Academia Española designa a un ”grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses”, alude en el mundillo de Washington a empresas creadas para ejercer tales presiones en nombre de terceros.

Muchas de las empresas especializadas en lobby trabajan para organizaciones que pujan por una mejor tajada del presupuesto federal, que asciende a 2.500 billones de dólares anuales.

Estas firmas han contratado a 2.000 ex funcionarios --incluidos ex legisladores y ex jefes de organismos del gobierno-- para presionar a las autoridades en una amplia gama de asuntos, desde el aborto, los impuestos y la construcción de carreteras hasta la política exterior y el comercio.

Las leyes electorales de Estados Unidos prohíben a corporaciones, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro, entre otras instituciones, financiar abiertamente a candidatos políticos en forma individual.

En contraste, esas mismas entidades pueden contratar lobbies, la mayoría de cuyas oficinas se encuentran en la famosa avenida K Street, de Washington.

El Centro para la Integridad Pública calculó que los lobbies facturaron 2.400 millones de dólares en 2003, el último año con datos disponibles. Según el informe, la cifra saltará, con seguridad, a más de 3.000 millones en 2004.

En el ciclo electoral de 2002, el más reciente para el que se obtuvo información completa, la Comisión Federal de Elecciones indicó que los partidos políticos recaudaron 1.600 millones de dólares.

En ese mismo periodo, los ”traficantes de influencia” ganaron 4.000 millones de dólares para ejercer presión sobre las autoridades.

En 2000, últimas elecciones presidenciales sobre la que existen datos completos, se recaudaron 2.300 millones de dólares para las campañas, mientras los lobbies gastaron 3.500 millones.

”La lección posible es que influir se ha convertido en una gran inversión. Y la única razón por la que invierten las empresas es porque tienen evidencia de que obtendrán un lucro a cambio”, dijo Alex Knott, autor del informe.

El estudio del Centro para la Integridad Pública indica que, en los últimos seis años y medio, 300 universidades gastaron en actividades de lobby casi 132 millones de dólares, y los gobiernos locales, más de 357 millones.

Con esa presión, procuraban obtener diversos beneficios, de carreteras a carros de bombero.

Altria Group Inc, compañía matriz de la tabacalera Philip Morris USA, asignó 125 millones de dólares a los lobbies desde 1998. Pero la institución que más gastó en ese sector fue la Cámara de Comercio de Estados Unidos, con 193 millones.

Un millón y medio fue lo erogado en lobbies por Prison Fellowship Ministries, una organización cristiana dedicada a ayudar a presos, ex convictos y sus familias dirigida por Chuck Colson, antiguo asesor del fallecido presidente Richard Nixon que en 1976 se declaró culpable de obstruir a la justicia en el escándalo Watergate.

Pero no solo organizaciones estadounidenses recurren a los lobbies. Setenta y siete gobiernos extranjeros gastaron un total de 619 millones de dólares. Gran Bretaña, Alemania y Suiza encabezan la lista, e Israel supera a todos los seis países árabes que la integran.

El Centro para la Integridad Pública lamentó las escasas normas de control sobre los lobbies y la escasa transparencia de sus operaciones.

”Parece que sabemos más sobre los salarios de los jugadores de béisbol que de los millones ganados por los lobbies”, sostuvo Baskin.

La Oficina de Registros Públicos del Senado, por ejemplo, cuenta con apenas 11 funcionarios, y la de la Cámara de Representantes, menos de 35. En contraste, la Comisión Federal de Elecciones tiene 391 empleados y un presupuesto de 52 millones de dólares.

”Eso explica por qué una de cada cinco de las compañías de lobbies del gobierno federal han omitido la presentación de uno o más de los informes a los que están obligados por la ley”, indica el informe del Centro.

”Dada su capacidad de influir sobre los legisladores y sobre la propia legislación, los lobbies han sido calificados de 'cuarta rama' del gobierno, pero han recibido escasa atención de la prensa y aun menos el escrutinio público”, agrega.

La oposición de las propias empresas del ramo han frenado los intentos de reformar las leyes que lo regulan, indicó el Centro.

Entre los proyectos presentados en ese sentido, figura uno que habría limitado el lapso de tiempo que un funcionario federal debe esperar tras su retiro antes de hacer lobby sobre sus antiguos jefes, y otro que califica de ilegal el envío de comunicados ”fraudulentos” al Congreso.

El informe también menciona casos de doble discurso entre los políticos estadounidenses en relación con los lobbies.

Entre ellos, figura el ex senador Robert Dole, que propuso prohibir de por vida a los funcionarios de gobierno del área comercial ejercer presión en nombre de gobiernos extranjeros.

Después de perder las elecciones presidenciales de 1996 ante Bill Clinton, Dole se retiró de la vida política y terminó contratado por compañías de lobby. En ese carácter, ha representado, por ejemplo, al gobierno de Indonesia.

”Queremos que la ciudadanía entienda cómo los intereses especiales de alto costo afectan la democracia”, dijo Knott a IPS.