El presidente escoge a un juez conservador para consolidar un giro político en EEUU. Roberts ocupó cargos relevantes durante los mandatos de Reagan y Bush padre

Bush mueve el Tribunal Supremo a la derecha

Grupos radicales denuncian conexiones del candidato con empresas y su trabajo junto al fiscal que persiguió a Clinton

Por Eusebio Val
Corresponsal en Washington
La Vanguardia, Barcelona, 21/07/05

El presidente George W. Bush maniobró con habilidad para designar a un sólido conservador -aunque no radical- para el Tribunal Supremo. Intenta contentar así a la derecha y dejar huella en el país, pero el perfil del personaje hace difícil que los demócratas puedan bloquear el nombramiento en el Senado.

Uno de los atributos de poder más importantes de cualquier presidente de Estados Unidos es escoger a los jueces del Tribunal Supremo cuando se producen vacantes en estos cargos vitalicios. Los conservadores norteamericanos, en especial la llamada derecha religiosa, llevaban mucho tiempo aguardando la oportunidad de que su hijo predilecto e inquilino de la Casa Blanca, George W. Bush, pudiera designar a un magistrado que comparta sus valores éticos y sociales. Finalmente, Bush ha contentado a sus bases con la designación de John G. Roberts Jr., un jurista de inequívocas credenciales conservadoras pero, a la vez, sin el talante radical que haría imposible su imprescindible confirmación por el Senado.

Sabedor de la trascendencia histórica del momento, y buscando la máxima cobertura televisiva, Bush realizó el anuncio en una intervención en directo, a las nueve de la noche - hora de la costa atlántica- del martes. La incertidumbre se mantuvo durante casi todo el día. Se filtraron los nombres de varias mujeres hasta que, apenas una hora antes de la comparecencia de Bush, un portavoz oficial confirmó el nombre de Roberts.

El extraordinario seguimiento mediático que se da en EE. UU. a la elección de un miembro del Tribunal Supremo es un indicativo de lo inf luyente que es la más alta instancia judicial, un símbolo de la división de poderes y del sistema de controles y equilibrios de la democracia estadounidense desde hace más de dos siglos. En el caso de Roberts, todos destacan que su juventud - 50 años- y la persona a la que debe sustituir - la juez Sandra Day O´Connor, una conservadora que hacía de balanza en muchos temas delicados- lo convierten en una pieza clave y que sus opiniones pueden inf luir en la vida de una o dos generaciones de norteamericanos.

La relevancia del Supremo se refleja en la remuneración que reciben sus componentes. El presidente del Tribunal cobra 208.100 dólares al año, lo mismo que el vicepresidente Dick Cheney. El resto de los miembros tienen un salario de 199.200 dólares, más que los líderes republicano y demócrata en el Senado y en la Cámara de Representantes.

La designación de Roberts fue una sorpresa relativa. Se había especulado con una mujer por simple continuidad con la dimisionaria O´Connor y después de que la esposa de Bush, Laura, se hubiera pronunciado por una fémina. En las quinielas figuraban también varios juristas hispanos. Bush, sin embargo, puede tener pronto otra segunda oportunidad de dejar huella en el Supremo. Si bien su presidente, el octogenario y enfermo William Rehnquist, asegura que desea seguir, su quebrada salud podría hacerle cambiar de opinión en cualquier momento.

Bush, quien compareció junto a Roberts, destacó de él su brillantez profesional, su decencia y buen corazón. El designado intervino de forma breve pero impecable, con aplomo y humildad. Su esposa, Jane, y los dos hijos de la pareja, de 4 y 5 años, estaban presentes.

Roberts ejerce desde hace dos años como juez del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia -la ciudad de Washington-, cargo para el que fue nombrado por Bush. Algunos comentaristas sostuvieron que es una experiencia demasiado corta para acceder al Supremo. No obstante, Roberts presenta un rico currículo. Ocupó diversos puestos relevantes en los equipos de la Administración Reagan y de Bush padre, además de trabajar como abogado y de defender muchos casos ante el Supremo.

Su breve periodo como juez puede ser inconveniente o ventaja con miras a su confirmación en el Senado. No ha tenido tiempo para mojarse a fondo. Aunque no hay duda de que se le considera un conservador, su perfil total resulta bastante enigmático. Los demócratas tratarán de diseccionarle y de exigirle que confiese todas sus posiciones éticas, morales y sociales. Su habilidad consistirá en saber torear las preguntas más incómodas.

Su postura frente al aborto será uno de los puntos culminantes de los interrogatorios. Como vicefiscal jefe en el Departamento de Justicia, durante la presidencia de Bush padre, argumentó en contra de la constitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Años después sostuvo que se había limitado simplemente a defender como abogado lo que el Gobierno deseaba y que, en su opinión, el aborto es una "ley consolidada del país".

Como juez del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, Roberts participó hace pocos días en una decisión muy favorable a la Administración Bush en su estrategia antiterrorista: declaró legales los tribunales militares para juzgar a detenidos como los de Guantánamo.

Los republicanos dispensaron una buena acogida a Roberts. Los demócratas reaccionaron con cautela. No quisieron prejuzgarlo, pero anunciaron un severo escrutinio para garantizar que no es extremista. Salvo que haya sorpresas, la impresión general es que Roberts está en condiciones de aglutinar una sólida mayoría a su favor y de que no habrá motivo para que los demócratas puedan acogerse con éxito al filibusterismo, la opción última de la minoría para bloquear una iniciativa.

La oposición más firme a Roberts puede proceder de los numerosos grupos activistas extraparlamentarios. Los defensores del aborto se han movilizado en su contra. La organización MoveOn, que tuvo gran protagonismo en la última campaña presidencial, advertía ayer al público en su página de internet que Bush "ha escogido a un abogado derechista y de empresas, a un ideólogo, en lugar de a un juez que proteja los derechos del pueblo norteamericano". MoveOn denunciaba las conexiones de Roberts con empresas mineras y el periodo en el que trabajó con Ken Starr, el perseguidor de Clinton en el caso Lewinsky.