Huracán de clientelismo electoral

Por William Fisher
Inter Press Service (IPS), 12/09/05

Nueva York. Detalles oscuros de la gestión de la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos, incluido clientelismo electoral, comienzan a emerger al evaluarse las operaciones del organismo por la catástrofe del huracán Katrina.

Tras la renuncia de Michael Brown a la jefatura de la FEMA por su mal desempeño en la ayuda a las víctimas de Katrina, se supo que en septiembre de 2004, dos meses antes de las elecciones presidenciales, la población de Miami gozó de ventajas que no tuvo la de Nueva Orleans.

La FEMA invirtió 31 millones de dólares en cuestionables indemnizaciones a residentes del condado de Miami-Dade, en el sudoriental estado de Florida, por los daños causados entonces por el huracán Frances, pese a la escasa magnitud de los daños sufridos por el área.

Esos pagos "son cuestionables debido a la cercanía de las elecciones y a la importancia de Florida", que podía definir el resultado y cuyos votantes se pronunciaron entonces por la reelección de George W. Bush, dijo el director de Seguros de la Federación de Consumidores de Estados Unidos, Robert Hunter, un importante oficial federal dedicado a los seguros contra inundaciones en los años 70 y 80, señaló que l.

Este ex funcionario federal estuvo a cargo de supervisar los seguros contra inundaciones en los años 70 y 80 y fue comisionado de seguros del meridional estado de Texas a comienzos de los años 90, gobernado entonces por el ahora opositor Partido Demócrata.

Fuentes de Washington señalaron que aliados de Brown intentaron promoverlo como sucesor del actual secretario (ministro) de Seguridad Interior, Tom Ridge, en retribución por preparar el terreno para el triunfo de Bush en Florida con sus reparaciones por el huracán Frances.

Un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Interior dice que más de ocho millones de dólares fueron entregados a 4.300 personas para el alquiler temporal de viviendas tras el huracán.

Sin embargo, las "víctimas" no habían solicitado el dinero y en muchos casos sus casas no habían sufrido ningún tipo de daño.

Este informe fue hecho público por primera vez en mayo, ante la Comisión de Asuntos Gubernamentales y de Seguridad Interior del Senado.

"La FEMA pagó el relevo de miles de televisores, equipos de aire acondicionado, camas, muebles y automóviles sin pruebas de propiedad o daño y basados sólo sobre declaraciones verbales de los residentes, en algunos casos inclusos en rápidos encuentros en restaurantes de comida rápida", dijo la presidenta de la Comisión, Susan Collins, del gobernante Partido Republicano. "Era una política de 'paga primero, y pregunta después'", añadió... De hecho, las propias autoridades del condado de Miami-Dado calificaron de "mínimos" los daños provocados por Frances.

En la audiencia, Brown admitió algunos errores burocráticos, pero, según él, eran menores. Brown fue reemplazado la semana pasada por David Paulison, un oficial bombero con más de 30 años de experiencia.

Katrina "dio otra lección sobre la clase y naturaleza del Departamento de Seguridad Interior", sostuvo el analista Beau Grosscup, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de California.

El Inspector General comenzó a investigar las acciones de la FEMA en Florida luego de que el periódico Sun Sentinel publicara un artículo sobre pagos exagerados a los residentes de Miami-Dade.

El informe menciona un caso en que se llegaron a entregar 10 millones de dólares para reparar gran parte de una casa en Miami-Dade debido a una política de la FEMA según la cual se debe cubrir el costo de refacción de la habitación completa aun cuando haya sido dañado solo un mueble.

Fuentes del Departamento de Seguridad Interior señalaron que los esfuerzos de la FEMA para distribuir fondos tras el huracán Frances se hicieron con los ojos puestos en las elecciones presidenciales de 2004, donde el triunfo en el estado de Florida fue vital para la reelección de Bush.

El informe del Inspector General subrayó la necesidad de que la FEMA establezca pautas y criterios claros para garantizar la efectividad de sus programas de ayuda.

FEMA entregó 720.400 dólares a 228 residentes del condado por pérdidas materiales basados solo sobre declaraciones verbales.

A los inspectores no se les exigió certificar los daños en los automóviles y los pagos autorizados para la reparación de vehículos, en su mayoría bastante viejos, superaban por lo general los costos del mercado.

La FEMA también entregó 192.592 dólares para indemnizar a personas que solamente presentaron comprobante de compra de los artículos afectados, y no pruebas de que efectivamente habían resultado dañados.

El Inspector General calculó que controles más rigurosos habrían evitado a la FEMA gastar 24,4 millones de dólares en pagos innecesarios en varias partes del país entre agosto de 2004 y febrero de 2005.

Que Katrina parezca un accidente

Por William Fisher
Inter Press Service (IPS), 21/09/05

Nueva York. El escepticismo rodea el nombramiento por parte del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de su propia consejera de Seguridad Interna para encabezar la investigación sobre la respuesta de las autoridades al huracán Katrina.

Funcionarios especializados en materia de catástrofes y emergencias, que dialogaron con IPS a condición de mantener su identidad en reserva, indicaron que la funcionaria designada, Frances Townsend, tiene escasa experiencia en la materia.

Townsend es una ex fiscal cuya principal actividad en el último periodo se relaciona con la inteligencia vinculada con el terrorismo.

Los informantes también consideraron inverosímil que cualquier funcionario del Poder Ejecutivo sea capaz de emitir un informe objetivo sobre errores del gobierno.

"La idea de que alguien en la Casa Blanca produzca un informe que deje mal parado al presidente o llame a sus colaboradores a la responsabilidad es una ingenuidad", dijo una de las fuentes a IPS.

"El proceso propuesto es un encubrimiento, y no será creíble. Debería prestarse atención en la rectificación de incompetencias mediante una evaluación independiente, pero esto es una pérdida de tiempo y de dinero", dijo, por otra parte, el ex secretario de Comercio adjunto Jack N. Behrman.

Sin embargo, otros consideran que Townsend, una funcionaria de carrera perteneciente al gobernante Partido Republicano con reputación de severa, podría sorprender a sus críticos.

La funcionaria preside el Consejo de Seguridad Interna de la Casa Blanca y asesora directamente al presidente en cuestiones relacionadas con el terrorismo. Antes, fue subcomandante de inteligencia de la Guardia Costera.

Pero antes aun ocupó varios cargos dentro del Departamento de Justicia (fiscalía general) durante 13 años. Su última función fue la de asesora del fiscal general para Políticas de Inteligencia.

Su carrera en la magistratura comenzó en 1985, como fiscal asistente de distrito en Brooklyn. Durante su carrera en Nueva York se dedicó al procesamiento de bandas internacionales y casos de corrupción.

Pero sus antecedentes no inspiran confianza a todos.

Townsend fue la encargada de seleccionar las recomendaciones de una comisión especial que investigó las fallas de inteligencia que precedieron a la invasión de Iraq en 2003, algunas de las cuales alimentaron los argumentos del gobierno para ir a la guerra.

Las indicaciones de reformas al sistema de inteligencia elevadas por el senador Chuck Robb y el juez Laurence Silberman en abril aún no dieron frutos, si bien Townsend anunció a la prensa que "comenzarán a ver acciones en cuestión de semanas".

Por otra parte, otra limitación para Townsend en su nueva asignación será la gran responsabilidad del subdirector del Estado Mayor de Bush, Karl Rove, en los esfuerzos de rescate por el huracán Katrina.

La mayoría de los observadores consultados por IPS coincidieron en que no parecía verosímil que un informe elaborado por Townsend contuviera nada que cuestionara el papel del presidente o de miembros de su equipo.

Un funcionario de menor rango, Michael Brown, jefe de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), ya renunció. La FEMA es el principal organismo en materia de alerta y atención de desastres.

Brown carecía de experiencia en la materia, pero había sido designado por su afiliación al Partido Republicano, al igual que varios de sus colaboradores.

Tras el huracán Katrina, hubo propuestas de crear un organismo independiente como la Comisión 11/9, que investigó las fallas de las autoridades --tanto de inteligencia como administrativas-- que impidieron prevenir y minimizar el efecto de los atentados que segaron 3.000 vidas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington.

La creación de esa comisión respondió a una resolución del Congreso legislativo a la que el gobierno se resistió. El grupo de trabajo se integró por connotadas figuras del gobernante Partido Republicano y del opositor Partido Demócrata, nombradas por el propio Bush.

Esa comisión oficial desacreditó, en cierto modo, al presidente, pues concluyó que "no hay evidencia creíble" de vínculos operativos entre el depuesto dictador iraquí Saddam Hussein y la red terrorista Al Qaeda, uno de los argumentos manejados por la Casa Blanca para invadir Iraq en 2003.

Al recibir en julio de 2004 el informe definitivo de la comisión en la Casa Blanca, Bush aplaudió su "trabajo realmente bueno", al tiempo que prometió analizar las "recomendaciones adecuadas y sólidas".

La semana pasada, senadores republicanos desactivaron la propuesta de la senadora demócrata Hillary Clinton de establecer una comisión similar con el objetivo de investigar qué sucedió en torno del huracán. Apenas la votaron 43 senadores demócratas y uno independiente.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión de Seguridad Interna del Senado, Susan Collins, del Partido Republicano, sostuvo que la respuesta ante el huracán fue el primer gran fracaso en materia de prevención de catástrofes desde el 11 de septiembre de 2001, a pesar de los miles de millones de dólares gastados en ese sentido.