Manejos delictivos con fondos de campaña y una lista interminable de negocios oscuros y de ilícitos penden sobre la cabeza del principal aliado parlamentario de Bush, Tom DeLay, su hombre clave en el Congreso, y comienzan a destaparse una catarata de denuncias y acusaciones contra otros funcionarios y legisladores cercanos a la Casa Blanca.

El "efecto corrupción" sopla más fuerte que el Katrina para Bush

Los "negocios" de sus amigos son más peligrosos que Irak

IAR-Noticias, 04/10/05

La presión sobre uno de los principales dirigentes republicanos en el Congreso de EEUU, Tom DeLay, aumentó este lunes después de que un gran jurado de Texas lo acusó por lavado de dinero.

El legislador republicano dijo que esta última acusación es una medida táctica del fiscal del Distrito del Condado de Travis en Texas, Ronnie Earle.

"Está tratando de reunir el equivalente legal de una "paliza" porque sabe que las acusaciones de la semana pasada estuvieron totalmente fabricadas y son ilegítimas", señaló.

Tom DeLay fue obligado a renunciar acusado de maniobras ilícitas para financiar campañas, y el senador Bill Frist está bajo sospecha por llevar a cabo operaciones bursátiles delictivas.

Esta es la segunda acusación contra DeLay en menos de una semana.

DeLay, un aliado clave del presidente George W. Bush, ya había sido acusado la semana pasada de conspiración criminal en un caso relacionado con el financiamiento de una campaña electoral en Texas hace tres años.

Los cargos se refieren a la presunta recolección ilegal de fondos y uso de dineros corporativos por un grupo de acción política bajo su dirección, e implican a otros dos socios del parlamentario.

DeLay es uno de los más importantes recaudadores de fondos del actual presidente de EE.UU. y es el responsable de impulsar la agenda republicana en el Congreso.

El vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, confirmó el apoyo al dirigente republicano de la cámara baja diciendo que Bush considera a DeLay como un "buen aliado, un líder con el que hemos trabajado de cerca".

Por su parte, el vocero de DeLay Kevin Madden declaró que los cargos tienen motivaciones políticas.

"Esta acusación no es más que la revancha sesgada de un demócrata", alegó Madden, refiriéndose al fiscal que investiga el caso, Ronnie Earle.

En tanto el líder de la Cámara alta, el senador Bill Frist, está bajo investigación de la Comisión de Valores y Cambio (SEC) por una posible maniobra bursátil ilícita, en la que se deshizo de millones de dólares en acciones en la empresa de su familia poco antes de que se desplomara el precio de éstas en el mercado.

Citizens for Responsibility and Ethics, una organización no gubernamental dio a conocer una lista de los 13 legisladores federales más corruptos en Washington al señalar que, entre otras cosas, habían aceptado apoyo financiero ilícito, o que habían beneficiado a sus familias o amigos con contratos y favores, y otras violaciones del código de ética de la Legislatura.

La organización difundió su informe la semana pasada en el que acusa a legisladores de ambos partidos que se encuentran bajo investigación en agencias federales o locales, entre ellos el senador Frist, y demanda que los comités de ética del Congreso ejerzan su responsabilidad, informó el diario Los Angeles Times.

No es la primera vez que DeLay es puesto en el banquillo de los acusados. Un comité de ética del Congreso lo amonestó en tres ocasiones por lo que definió como "conducta objetable". Y tres de sus ex colaboradores también han sido acusados de recolección ilegal de fondos. En esta ocasión, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una sentencia de dos años.

La ofensiva contra los amigos y aliados de Bush acusados de irregularidades diversas o manejos ilícitos de influencias o de relaciones políticas abarca a diversos funcionarios o legisladores. El ex jefe de procuración de la Casa Blanca renunció hace poco antes de ser arrestado por posibles actos de corrupción debido a su relación con el influyente lobbysta republicano, Jack Abramoff. El inspector general del Pentágono también renunció y está bajo investigación del Congreso. El hombre que estaba por ser nombrado por Bush como subprocurador general, ahora también está bajo investigación por sus vínculos con el mismo Abramoff.

Empresas ligadas al clan Bush y a sus funcionarios de primer nivel están haciendo negocios con las recientes catástrofes producidas por el Katrina y el Rita, tal como AshBritt, ligada al gobernador republicano y ex presidente del partido, Haley Barbour, y Halliburton y el Shaw Group han sido representadas por Joe Allbaugh, el ex director de campaña de Bush y ex jefe de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

The New York Times señalaba la semana pasada que la administración republicana está gastando diariamente más de 250 millones de dólares en sus operaciones de rescate y reconstrucción en los estados del golfo de México.

El influyente diario, bastión editorial de las campañas contra Bush, dice que los estadounidenses deberían de preocuparse sobre cómo se están gastando ese dinero y quién se está beneficiando. Según el Times, cuando el Congreso autoriza fondos para esas operaciones, "la ventaja debería ser maximizada para las víctimas, y no para el mismo elenco que ha estado lucrando con los contratos... en Irak".

Por su parte la empresa Halliburton, cuyo lobbysta principal en el gobierno es el vicepresidente Dick Cheney, fue la beneficiaria de la parte del león en los contratos asignados hasta ahora para la reconstrucción de las zonas devastadas por los huracanes.

Acusada por sus negocios en Irak y por recibir contratos no competitivos gubernamentales, Halliburton patrocinó un foro para legisladores en Washington sobre el tema de la reconstrucción de Nueva Orleáns y otras regiones afectadas por el huracán.

La "cumbre de reconstrucción por Katrina" reunió a unos 200 lobbystas , empresarios y funcionarios, quienes debatieron durante cinco horas sobre temas que incluyeron: "oportunidades para la participación del sector privado",según informó The Washington Post la semana pasada.

Según el Post, los panelistas estaban enfocados en cómo "participar" en lo que algunos calculan serán 200 mil millones de dólares en gastos federales para la reconstrucción de la zona.

Las nuevas acusaciones aumentarán la presión sobre el partido republicano, y según estiman analistas en Washington, el caso le provocará problemas significativos a Bush, cuya imagen viene siendo "golpeada" en varios frentes, principalmente en Irak.

Por otra parte, la acusación contra DeLay aparece cuando las encuestas muestran que el ranking de aprobación del presidente Bush está en su nivel más bajo.

Desde el Katrina, el presidente del Imperio comenzó a caer abruptamente en todas las mediciones que se vienen realizando, principalmente en el tema Irak, donde un último sondeo de Gallup indica que el rechazo a la ocupación tocó un pico histórico del 63% entre la sociedad estadounidense.

El viernes pasado se conoció otro estudio revelando que la mayoría de los estadounidenses descree de la eficacia de la "democratización" de Medio Oriente (principal argumento de la administración Bush para justificar la presencia de tropas en Irak, Afganistán y otras regiones) como forma de prevenir el terrorismo, y la experiencia de Irak aumentó ese escepticismo.

Sólo 35 por ciento de 808 personas entrevistadas al azar se manifestaron partidarias del uso de la fuerza militar para derribar dictadores, y 75 por ciento opinaron que el objetivo de derrocar al régimen de Saddam Hussein e instaurar la democracia en Irak no fue una buena razón para ocupar ese país.

Estos resultados fueron revelados el viernes pasado en un informe del gabinete de expertos Consejo de Chicago sobre Relaciones Exteriores y el Programa de Actitudes Internacionales sobre Política, de la Universidad de Maryland.