No habrá visitantes sordos a Guantánamo

Por Jim Lobe
Inter Press Service (IPS), 02/11/05

Washington. La negativa de Estados Unidos a admitir entrevistas de investigadores de la ONU a detenidos por la "guerra contra el terror" hunde aun más el prestigio del gobierno de George W. Bush en materia de derechos humanos, según expertos.

Seis organizaciones religiosas y humanitarias exigieron a los departamentos (ministerios) de Justicia y de Defensa en Washington que permitan a investigadores independientes entrevistar a detenidos en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.

El gobierno debe tomar esta y otras medidas para "poner fin a la tortura, el abuso y el tratamiento inhumano" en Guantánamo, indicaron en una carta al fiscal general Alberto Gonzales las organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional.

Los grupos anunciaron un "ayuno por justicia" a nivel nacional, coincidente con el fin mes sagrado musulmán de Ramadán y mientras transcurre desde fines de junio –aunque con interrupciones– una huelga de hambre entre detenidos en la base naval.

"La situación en Guantánamo es desesperante. Los hombres están cerca de la muerte", dijo la abogada Tina Foster, del Centro de Derechos Constitucionales, que representa a gran cantidad de detenidos.

El también abogado Avi Cover, de organización Human Rights First, advirtió que "negar a los expertos internacionales en derechos humanos la posibilidad de visitar a prisioneros en Guantánamo mantiene el manto de secreto sobre las prácticas de detención". "Así, solo se generan más preguntas sobre lo que se oculta y se socava la posición de Estados Unidos en la comunidad mundial", sostuvo Cover.

"No tiene mucho sentido que los relatores de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) realicen una investigación sobre el tratamiento de los detenidos si apenas se les facilita un 'tour' censurado por el Pentágono sin reunirse con prisioneros para escuchar sus relatos", consideró el abogado.

El secretario (ministro) de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, dijo que no permitiría que investigadores de la ONU se entrevistaran con los prisioneros en el centro de detención de Guantánamo, inaugurado en enero de 2002. Rumsfeld consideró que la huelga de hambre, en que han participado cerca de la mitad de los 540 prisioneros de 40 países diferentes, era un esfuerzo deliberado para atraer la atención de los medios de comunicación.

Por otra parte, agregó, el Comité Internacional de la Cruz Roja seguirá teniendo acceso ilimitado a los prisioneros, algunos de los cuales están entre rejas desde hace cuatro años sin que se les hubiera iniciado un proceso judicial.

"Hay varias personas que siguen una dieta por la cual no comen por un periodo y en cierto punto salen y se rotan para que otras personas hagan lo mismo ", dijo Rumsfeld a la prensa en el Pentágono. "Se trata claramente de una técnica para llamarles la atención a ustedes, amigos, y les resultó bien."

El gobierno de Bush ha asegurado que los confinados en Guantánamo, la mayoría de ellos detenidos a raíz de la invasión a Afganistán en 2001, no merecen la protección de las Convenciones de Ginebra pues son "combatientes enemigos" y no "prisioneros de guerra".

La ocupación de Afganistán en octubre de 2001 fue la respuesta a los atentados que el 11 de septiembre de ese año dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington. Esos ataques fueron reivindicados por la red terrorista Al Qaeda, entonces protegida por el régimen islámico Talibán, que dominaba la mayor parte del territorio afgano.

La presión internacional para abrir la base naval al escrutinio de los investigadores de la ONU se ha intensificado, fundamentalmente a raíz de denuncias de abogados de detenidos en cuanto a la magnitud de la huelga de hambre.

Los defensores de los prisioneros advirtieron, además, que las autoridades de Guantánamo no accedieron a implementar las mejoras en las condiciones de vida de los detenidos acordadas meses atrás, luego de demandas por profanación del Corán y maltratos de diverso grado.

Entre esos acuerdos figuraba el cumplimiento de los principios de las Convenciones de Ginebra, base del derecho internacional humanitario, que atiende la situación de las poblaciones civiles afectadas por conflictos armados y a los prisioneros de guerra.

También se acordó cumplir con una sentencia emitida hace 16 meses por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y que permite a los prisioneros exigir una aclaración sobre su estatus ante un tribunal no sometido al control del Pentágono.

Las autoridades de Guantánamo respondieron a la huelga de hambre, según diversas versiones, obligando a los debilitados prisioneros a alimentarse a través de tubos nasogástricos.

Los procedimientos de alimentación forzada incluyeron mecanismos de tortura y actitudes sádicas por parte de los carceleros.

La jueza federal estadounidense Gladys Kessler manifestó la semana pasada que los informes que le entregaron defensores de prisioneros son "profundamente preocupantes", y ordenó al gobierno la entrega de los registros médicos de los detenidos forzados a alimentarse.

Pero el Pentágono aseguró el martes que ninguno de los 27 detenidos que, según esa cartera, fueron obligados a alimentarse ha sufrido maltrato.

Un detenido, Abdul Rahman, informó a su abogado que "un médico de la marina puso el tubo en su nariz y lo movió de arriba a abajo hasta que el hombre comenzó a vomitar sangre violentamente".

Otros relatos describen los tubos como "del ancho de un dedo", y asegura que eran puestos "forzadamente" sin "anestesia ni sedantes", ni "esterilización". "Cuando los tubos eran reinsertados, los detenidos podían ver la sangre y la bilis de otros detenidos en los tubos."

El Pentágono invitó el 27 de octubre a los relatores especiales de la ONU sobre tortura, libertad de credo y detenciones arbitrarias a visitar Guantánamo, pero sin admitir la posibilidad de que se entrevistaran con los detenidos.

Los tres expertos del foro mundial han solicitado infructuosamente acceso al centro de detención desde comienzos de 2002.

El relator especial sobre Torturas de la ONU, Manfred Nowak, anunció que no aceptaría la invitación así formulada. "No tiene sentido", dijo Nowak al diario estadounidense The Washington Post. "No se puede realizar una misión así sin hablar con los detenidos."

"Dicen que no tienen nada que ocultar. De ser así, ¿por qué no podríamos hablar con los detenidos en privado?", se preguntó.

La Corte Suprema de Justicia sentenció en junio de 2004 que la base naval en Guantánamo no era ajena a la jurisdicción de la ley estadounidense, y que los detenidos podían apelar su situación mediante un procedimiento de hábeas corpus en un tribunal independiente.

Pero el Pentágono sólo ha admitido un procedimiento de revisión a cargo de paneles militares, en que los detenidos carecen de acceso a información reservada y del derecho a ser representados por un abogado.

De todos modos, docenas de prisioneros fueron devueltos a sus países de origen después de tales audiencias.

El derecho termina donde empiezan cárceles militares

Por Gustavo Capdevila
Inter Press Service (IPS), 28/10/05

Ginebra. Estados Unidos sostuvo otro encontronazo con juristas internacionales al persistir en su interpretación de que los detenidos por presunto terrorismo que mantiene en la base naval de Guantánamo, Cuba, y en decenas de prisiones en el mundo, carecen del amparo de tratados internacionales de derechos humanos.

El informe periódico de las autoridades estadounidenses al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentado la semana pasada con siete años de retraso, diverge de manera terminante con las opiniones de ese organismo y también con las de juristas especializados.

La cuestión en disputa es la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una de las columnas del sistema de derechos de la ONU, que ese Comité se encarga de supervisar entre los 154 Estados que hasta ahora lo han ratificado.

El documento enviado por Washington afirma que ha llegado a "la ineludible conclusión" de que ese Pacto "se aplica únicamente dentro del territorio del Estado parte".

Durante una reunión informativa que organizaciones no gubernamentales estadounidenses especializadas en derechos humanos sostuvieron esta semana con miembros del Comité, se afirmó que Estados Unidos mantiene unos 20 centros militares de detención clandestinos, particularmente cerca de las zonas de conflicto en Iraq y en Afganistán.

El Comité había dirigido una carta al gobierno de Estados Unidos, el 27 de julio de 2004, en la que solicitaba que Washington se ocupara en su informe de "los problemas relacionados con la situación legal y el trato a las personas detenidas en Afganistán, Guantánamo, Iraq y otros lugares de detención fuera de Estados Unidos".

Además de cuestionar el concepto de la extraterritorialidad, la contestación estadounidense agrega que "la situación legal y el trato de esas personas están gobernados por las leyes de la guerra".

La respuesta estadounidense recibirá probablemente un rechazo contundente del Comité, un organismo integrado por 18 expertos independientes propuestos por gobiernos, que la semana venidera concluirá en esta ciudad suiza el último de sus tres períodos anuales de sesiones.

El asunto ya ha ocasionado desencuentros entre el Comité y las autoridades de Estados Unidos. En octubre de 1995, el organismo declaró que "no comparte el punto de vista expresado por el gobierno estadounidense de que en todas las circunstancias, el Pacto carece de alcance extraterritorial".

Esa opinión es "contraria a la interpretación consecuente del Comité en este tema, de que en circunstancias especiales las personas pueden caer bajo el asunto de jurisdicción de un Estado parte, aun cuando sea fuera del territorio de ese estado", declaró el órgano.

El subdirector de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Federico Abreu Guzmán, observó que la jurisprudencia respaldaba de manera unánime el criterio del Comité.

Abreu Guzmán mencionó a IPS que además del Comité de Derechos Humanos, se han pronunciado en el mismo sentido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El experto de la CIJ citó también a la propia Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión adoptada el 28 de junio de 2004 en el caso "Rasul c/ Bush". El máximo tribunal dictaminó que los ciudadanos extranjeros detenidos y trasladados a la cárcel de Guantánamo también tenían derecho al recurso de habeas corpus ante la justicia estadounidense.

Otro experto, Alejandro Teitelbaum, representante en Ginebra de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), apuntó que una interpretación del mismo Comité de Derechos Humanos ya había estimado que "sería insensato que se permitiera perpetrar violaciones al Pacto en el territorio de otro Estado que no podría perpetrar en su propio territorio".

Esa opinión fue vertida por el Comité al analizar los casos de ciudadanos uruguayos secuestrados en la década de 1970 por militares de esa misma nacionalidad, en territorios de Argentina y Brasil. Las violaciones se cometieron fuera de la jurisdicción de Uruguay, pero el Estado denunciado por las víctimas fue el uruguayo, recordó Teitelbaum.

Abreu Guzmán insistió en que los tratados de derechos humanos se aplican donde los Estados ejercen jurisdicción, que se determina con la prueba de si el Estado "ejerce efectivo (no necesariamente soberano) control sobre un territorio".

La interpretación estadounidense crea una situación absurda y ventajosa para su gobierno, dijo Teitelbaum a IPS. Por ejemplo, los ciudadanos panameños que recibieron las bombas durante la invasión estadounidense de 1989 a ese país, no pueden denunciar a Washington ante el Comité de la ONU "porque no están ni viven en territorio de Estados Unidos", observó.

En su mensaje de julio de 2004, el Comité efectuó además una serie de sugerencias y recomendaciones al gobierno de Estados Unidos con relación a la aplicación del Pacto.

Una de ellas subraya la necesidad de que las autoridades incrementen sus esfuerzos para prevenir y eliminar actitudes discriminatorias persistentes contra personas de grupos minoritarios y mujeres inclusive a través de la adopción de acciones afirmativas, cuando sea adecuado, dijo el Comité.

En su respuesta, Estados Unidos expone los esfuerzos que realiza con esos fines, pero advierte al Comité de que ninguna cláusula del Pacto requiere el uso de la acción afirmativa como política gubernamental.

Con relación a la pena de muerte, el informe aseguró que en Estados Unidos esas ejecuciones estaban restringidas a casos de violaciones especialmente graves. También afirmó que según el criterio de la Constitución estadounidense, los métodos de ejecución aplicados actualmente no constituyen castigos crueles ni desusados.

El informe de Estados Unidos será discutido, con una representación oficial del país, durante la sesión que el Comité realizará en Ginebra en julio del año próximo. Los miembros del organismo volverán a reunirse en marzo, durante la sesión que celebrarán en Nueva York, con los representantes de las organizaciones no gubernamentales estadounidenses.