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El mayor escándalo de corrupción en un siglo sacude
a la clase política de EEUU. Al menos 12 legisladores podrían ser
acusados de aceptar sobornos, regalos y viajes ilícitos
El actual "es el Congreso más corrupto en la
historia del país"
Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 28/12/05
Nueva
York, 27 de diciembre. Una bomba está por
estallar sobre Washington. No se trata de un atentado terrorista
internacional ni de algo más nativo como lo de la ciudad de Oklahoma,
sino de lo que podría convertirse en el escándalo de corrupción política
más grande en un siglo.
Unos 12 legisladores federales, si no es que más, y
sus asesores podrían ser acusados por actos de corrupción, entre
ellos aceptar sobornos, regalos y viajes de manera ilícita, y entre
las víctimas podría estar Tom DeLay, una de las figuras más
poderosas de la cúpula política y hasta hace poco líder de la mayoría
republicana en la Cámara de Representantes.
La semana pasada el líder de la minoría demócrata
en el Senado, Harry Reid, declaró que éste "es el Congreso más
corrupto en la historia del país".
"Creo que esto tiene el potencial de ser el escándalo
más grande en el Congreso en más de un siglo", consideró
Thomas E. Mann, uno de los especialistas del poder legislativo más
reconocido del país y analista del Brookings Institution, en
entrevista el mes pasado con el New York Times.
El Senador John McCain, republicano también, ha
denunciado que "este pueblo se ha vuelto muy corrupto, no hay
duda de ello", y señaló que espera que habrá muchas
acusaciones formales ya que existe evidencia de corrupción extensa de
varios legisladores estadounidenses.
El analista Norman Ornstein, del American Enterprise
Institute –uno de los think tanks más conservadores de la
capital–, escribió: "no creo que hayamos visto algo de estas
dimensiones, arrogancia y pura venalidad en nuestras vidas. Se está
intensificando hacia una explosión, que podría crear daño colateral
inmenso dentro del Congreso y en las próximas elecciones".
Todo empezó con Jack Abramoff, quien era uno de los
cabilderos más influyentes y poderosos de Washington. El año pasado,
se reveló que Abramoff y su socio Michael Scanlon lograron cobrar a
tribus indígenas 80 millones de dólares por tareas para cabildear
sus intereses de promoción de casinos ante el Congreso.
El "cabildeo" fue realizado con regalos,
favores y viajes pagados –entre ellos, una excursión para jugar
golf en Escocia– para legisladores y sus asesores que trabajaron en
proyectos de ley con Abramoff.
Aunque la investigación de la corrupción comenzó
desde el año pasado, todo empezó a desenredarse en las últimas dos
semanas por un caso no relacionado con las actividades de cabildeo.
Abramoff enfrenta una acusación legal de fraude en
el estado de Florida, donde fiscales dicen que compró una escuadra de
barcos casino falsificando documentos sobre su financiamiento. Un
socio se declaró culpable para aceptar una pena reducida a cambio de
su cooperación en el caso, dejando a Abramoff enfrentando seis cargos
criminales y hasta 30 años de cárcel.
Ahora, hay indicios de que Abramoff está por
concluir un acuerdo con los fiscales, declararse culpable para recibir
una pena de cárcel reducida a cambio de su cooperación, no sólo en
este caso sino como testigo clave en la investigación federal sobre
la corrupción en Washington.
La presión sobre Abramoff se incrementó con la
decisión de su ex socio, Scanlon, de declararse culpable en octubre y
cooperar con las autoridades en las investigaciones de ambos casos, el
de fraude en Florida y el de corrupción en Washington.
Si Abramoff acepta volverse testigo, ofrecerá
evidencia que podría marcar el fin de las carreras de por lo menos
una docena de legisladores y sus asesores que son objeto de la
investigación federal.
Durante los últimos meses esa investigación se ha
ampliado y algunos legisladores y oficiales republicanos ya han sido
advertidos que están bajo el escrutinio de los investigadores.
DeLay, el ex líder de la mayoría republicana en la
Cámara baja que enfrenta ahora un juicio en Texas acusado de
maniobras ilícitas en financiamiento de campañas políticas, íntimo
amigo de Abramoff, podría estar entre las víctimas del escándalo
con su viejo socio testificando en su contra.
El caso ya cobró víctimas. David Safavian, alto
funcionario de la oficina de presupuesto y programación de la Casa
Blanca, renunció justo antes de ser arrestado en septiembre pasado
por mentir a investigadores federales sobre sus vínculos de negocio
con Abramoff.
Se espera que sean ligados al escándalo otros
funcionarios del gobierno de Bush.
Aunque esto promete ser un gran regalo de Navidad
para los opositores de los republicanos, el problema para los demócratas
es que a pesar de que la mayoría de los legisladores ligados a
Abramoff son republicanos, también hay algunos demócratas.
Sin embargo, es un desastre potencial más que nada
para los republicanos, ya que son los que se presentaban como el
partido con "valores morales" y familiares".
De hecho, algunas de las figuras ahora enlodadas por
su relación con Abramoff incluyen a líderes del movimiento cristiano
conservador como Ralph Reed, ex presidente de la Coalición Cristiana.
Y hablando de "valores familiares", algunas
de las gentes bajo investigación son esposas e hijos de algunos
legisladores que aparentemente se beneficiaron con el generoso negocio
de Abramoff.
Entre los legisladores que están bajo investigación
o sospecha, además del antes todopoderoso conservador DeLay, aparecen
el representante Bob Ney, presidente del Comité de Administración de
la Cámara baja, y John T. Doolittle (cuya esposa asistió a Abramoff).
Peor aún, esta semana se reveló otra faceta de este
escándalo cuando dos columnistas admitieron que habían aceptado
pagos de Abramoff para escribir columnas que favorecían a clientes
del cabildero.
Copley News Service se deshizo de Doug Bandow
–quien también renunció como catedrático de la influyente
organización de estudios políticos Cato Institute– después de
reconocer que había aceptado hasta 2 mil dólares por cada una de
hasta 24 columnas que había escrito, después de que Business Week
divulgó la historia.
Peter Ferrara, del Institute for Policy Innovation,
también reconoció haber aceptado pagos de varios cabilderos,
incluyendo Abramoff para escribir columnas en periódicos
–Washington Times y Manchester Union Leader–; dos de los rotativos
que lo publicaban han tenido que romper relaciones con él, aunque
Ferrara insistió en que nada malo había éticamente en "tomar
dinero de alguien y escribir un artículo".
Este no es el único caso de corrupción en
Washington. La Comisión de Valores y Cambios –agencia reguladora de
Wall Street– está investigando ventas de acciones posiblemente ilícitas
del líder republicano del Senado, Bill Frist, mientras que el mes
pasado el representante republicano Randy Duke Cunningham fue obligado
a renunciar a su curul después de declararse culpable de aceptar
sobornos por más de 2.4 millones de dólares para promover contratos
militares.
Mientras tanto, cientos de miles de dólares fueron
robados en Irak por oficiales militares estadounidenses, entre ellos
un teniente coronel. Ni hablar de lo que se sospecha está ocurriendo
con los contratos federales para el desastre de Katrina, y más. Pero
no cabe duda que si este escándalo sigue creciendo, habrá una
explosión política en Washington que se escuchará por todo el país.
Escándalos y críticas erosionan la
"presidencia imperial" del mandatario republicano
Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 29/12/05
Nueva
York, 28 de diciembre. El año concluye con el
viejo cuento de la ropa del emperador, o sea, de repente se nota que
no tiene.
El año empezó con el retorno triunfante de George
W. Bush a la Casa Blanca para comenzar otro periodo de cuatro años
después de su relección gozando de una mayoría suficiente en la única
encuesta que cuenta –la de las urnas– y con su Partido Republicano
que aumentaba su control en las tres ramas del gobierno, y con la
aparente garantía de que su proyecto de nación podría implementarse
por completo.
No sólo eso, además de seguir ampliando su
"guerra contra el terror", el presidente había anunciado
iniciativas ambiciosas para reformar el sistema del Seguro Social, una
reforma migratoria, promover sus recortes de impuestos para los más
ricos, desmantelar más programas sociales e impulsar el mercado y el
comercio "libre" –la libertad pues– por todo el mundo.
Al año concluyó con la presidencia y el Partido
Republicano en crisis. Bush ahora goza de algunos de los niveles más
bajos de aprobación desde que llegó a la Casa Blanca, con la mayoría
de su pueblo opuesto a la guerra en Irak, con su iniciativa para
reformar el Seguro Social casi anulada y su respuesta inepta ante
Katrina, lo que ha generado un huracán de críticas.
La Casa Blanca sigue bajo investigación criminal por
filtrar el nombre de una agente de la CIA en un acto de venganza
contra opositores a sus políticas (incluyendo cargos formales contra
uno de sus más altos funcionarios y con otros más pendientes) y su
política nacional e internacional está bajo intensa presión debido
a las prácticas de secuestro y tortura, en momentos en que se añaden
revelaciones de que Bush posiblemente violó la ley al ordenar el
espionaje doméstico, sin autorización judicial, a ciudadanos
estadounidenses.
Mientras tanto, sus aliados en el Congreso están
bajo investigación, con el líder de la mayoría republicana en la Cámara,
Tom DeLay, que espera un juicio por violar leyes electorales, el líder
del Senado, Bill Frist, bajo investigación por posibles delitos en el
manejo de su fortuna personal, y con la posibilidad de que en estos próximos
días estalle la crisis de corrupción más grande en décadas que
podría acabar con las carreras de por lo menos una docena de
legisladores, incluyendo el propio DeLay.
Cuando el diario New York Times reveló la semana
pasada que Bush había ordenado a la Agencia de Seguridad Nacional
intervenir las llamadas internacionales de ciudadanos estadounidenses
sin solicitar autorización judicial, estalló el escándalo más
reciente que ha azotado a esta presidencia.
Legisladores prominentes de su propio partido están
por lanzar una investigación sobre si esta orden ejecutiva violó la
ley, abogados y jueces han cuestionado su validez legal y algunos
analistas han señalado que la revelación podría ser motivo para
proceder con la destitución del mandatario.
La primera reacción de Bush y su equipo fue apoyar
la decisión como necesaria para defender a la nación ante la amenaza
del "terrorismo" –hasta afirmó que había refrendado la
orden más de 30 veces–, y afirmó que el acto criminal, en este
caso, fue la filtración de la orden ejecutiva a los medios de
comunicación, ya que eso ayudaba al enemigo y que los responsables
habían cometido "un acto vergonzoso".
Insistió en que cuando el Congreso aprobó la
respuesta armada ante los atentados del 11 de septiembre de 2001, le
había otorgado el derecho para suspender la ley relacionada con esto,
y que también el presidente tiene dentro de sus poderes la autoridad
de hacerlo durante tiempos de guerra.
Más aún, Bush advirtió que "un debate abierto
sobre esa ley le informaría al enemigo 'aquí está lo que vamos
hacer'", o sea que los que continúan insistiendo en investigar
lo sucedido sólo están ofreciendo asistencia al
"terrorismo".
Pero esa ley, llamada Vigilancia de Inteligencia
Extranjera, no se puede suspender, señalan expertos como el profesor
en leyes David Cole. La legislación tendría que primero ser
enmendada, ya tal como ésta prohíbe intervenciones telefónicas de
ciudadanos estadounidenses sin previa autorización judicial o
legislativa.
Esa legislación, promulgada en 1978, precisamente en
respuesta a los abusos de agencias de inteligencia al
"vigilar" a ciudadanos estadounidenses –particularmente a
dirigentes opositores y críticos del gobierno–, ahora está
provocando controversia no sólo por las denuncias de los
contrincantes del presidente republicano, sino por integrantes de su
propio partido.
El senador Lindsey Graham, fiel defensor del
presidente, declaró que "aun en tiempos de guerra uno tiene que
seguir el proceso" legal. Y el senador Arlen Specter, presidente
del Comité Judicial, declaró que el espionaje doméstico es
"injustificable" y que es "clara y categóricamente erróneo".
Vale señalar que el New York Times informó que
aunque ya contaba con la información de las órdenes secretas del
presidente para autorizar el espionaje electrónico de sus ciudadanos
desde hace un año, aceptó la solicitud del gobierno de demorar hasta
ahora la publicación de sus reporteros.
Esto, una vez más, provocó que algunos de nuevo
cuestionaran al Times y sus decisiones, al señalar que es posible que
si esa información se hubiera publicado hace un año, justo en medio
del año electoral presidencial, junto con otras cosas podría haber
cambiado el resultado final.
En este caso, como en otros, la presidencia ha
insistido en que tiene la autoridad de obrar en secreto y sin
justificación legal en tiempos de guerra, y con ello afirmar el poder
del Ejecutivo, o lo que algunos llaman la "presidencial
imperial".
Críticos como Jonathan Schell, de The Nation, señalan
que "los abusos del poder presidencial de Bush son los más
extensos en la historia de Estados Unidos".
Los críticos señalan como ejemplo de estos abusos
lanzar una guerra ofensiva utilizando justificaciones falsas,
autorizar un sistema de tortura en violación de las leyes nacionales
e internacionales, el secuestro y tortura de extranjeros, el arresto
de ciudadanos y extranjeros, sin presentar cargos formales y negándoles
derechos básicos como acceso a un abogado.
En todos estos casos, el presidente Bush y su equipo
han insistido que es justificable bajo la autoridad del Poder
Ejecutivo en tiempos de guerra.
Apenas el viernes pasado, el vicepresidente Dick
Cheney continuó defendiendo el derecho de Bush a ordenar el espionaje
domestico. El presidente, declaró, "necesita tener poderes
constitucionales intactos... en términos de conducir la política de
seguridad nacional".
Esa justificación es la misma empleada para ampliar
los poderes de esta presidencia desde el 11 de septiembre de 2001.
Pero tal vez esto ha llegado a su límite.
El New York Times opinó a finales de la semana
pasada que "finalmente hay señales de que el sistema democrático
esta intentando frenar la presidencia imperial".
A la vez, el público sigue cuestionando –y
reprobando– las políticas bélicas de este gobierno, y con cada
nueva revelación de abusos de poder gubernamental, junto con más
investigaciones legales y más evidencia de corrupción, ahora con
pruebas de que Bush y Cheney están espiando a sus ciudadanos –la
imagen de Big Brother siempre es negativa entre casi toda la gama política
estadounidense–, otra prenda de la ropa del emperador parece
desaparecer.
Dicen algunos que cada vez está más en juego la
esencia de lo que se dice es una democracia constitucional, con límites
y contrapesos al poder. En 2006 se comprobara si eso es cierto.
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