Bush acusado de amordazar a científicos

Por Stephen Leahy
Inter Press Service (IPS), 18/02/06

Toronto. Crece la evidencia de que el gobierno de Estados Unidos prohibió a varios científicos divulgar información sobre el cambio climático y otros asuntos ambientales.

En enero, uno de los más reconocidos científicos estadounidenses, James Hansen, acusó al gobierno de George W. Bush de impedir que información sobre el recalentamiento planetario llegara al público.

Hansen, director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, la agencia espacial estadounidense, aseguró que expertos a su cargo y de la Oficina Nacional de Administración Océanica y Atmósférica (NOAA, por sus siglas en inglés) eran amordazados por las autoridades.

"Esto se parece más a la Alemania nazi o a la Unión Soviética que a Estados Unidos", había dicho Hansen en un panel público sobre ciencia y ambiente celebrado el 10 de este mes en Nueva York.

Durante el otoño boreal, autoridades ordenaron a Hansen que retirara información publicada en Internet según la cual 2005 podía ser el año más caliente del que se tuviera registro. Pocos meses después, ese pronóstico fue confirmado por varias instituciones científicas.

El gobierno también habría prohibido a periodistas entrevistar a científicos sobre estas investigaciones.

El gobierno de Bush es renuente a reconocer el vínculo entre el gran consumo de combustibles fósiles y el cambio climático, y ha repudiado el Protocolo de Kyoto, único instrumento internacional que obliga a las naciones industriales a reducir las emisiones de gases que recalientan la atmósfera.

"Las cosas están aún peor en la NOAA y en la Agencia de Protección Ambiental", dijo Hansen a un canal de televisión.

La NOAA descartó cualquier conexión entre el recalentamiento planetario y la temporada de huracanes del año pasado, a pesar de la creciente evidencia aportada por otros expertos en cambio climático. El miércoles, la oficina reconoció que muchos de sus científicos discrepaban con esa posición oficial.

"El gobierno de Bush rechaza el método científico", afirmó Lewis Lapham, editor de Harper's Magazine y autor del libro "Gag Rule" ("La ley mordaza"), que denuncia la censura que ejerce la administración con quienes discrepan de sus posturas.

"El recalentamiento planetario no entra en su actual estructura de pensamiento", dijo Lapham a IPS.

El periodista sostuvo que Estados Unidos parece ingresar en una era en la que la fe es más importante que los hechos y el disenso es considerado una traición.

Cuando se trata de investigar, el gobierno ha ido incluso más allá de la tradicional práctica de los políticos de cambiar los números para hacer que los resultados sean los que ellos quieren, dijo Lapham.

"Si la ciencia no demuestra lo que se le dice debe demostrar, entonces ellos creen que ha sido alterada por Satanás o por el (opositor) Partido Demócrata", señaló.

Hace dos años, 60 prominentes científicos firmaron un documento aseverando que, a menos que sus puntos de vista o la evidencia presentada coincidiera con la ideología del gobierno de Bush, su testimonio era siempre ignorado o rechazado. Desde entonces, más de 8.500 científicos ratificaron esa denuncia.

La Union of Concerned Scientists (UCS, Unión de Científicos Comprometidos) acusó al gobierno de tergiversar los resultados de las investigaciones de la Academia Nacional de Ciencias, de los propios expertos gubernamentales y de toda la comunidad académica que estudia el cambio climático.

La UCS elaboró una convincente lista de instancias de interferencia política en investigaciones, incluyendo la remoción de científicos altamente calificados de comités de asesoramiento que tratan sobre salud infantil, ambiental y reproductiva, así como sobre abuso de drogas. Estos especialistas fueron reemplazados por individuos vinculados o contratados por industrias sujetas a la regulación del Estado.

La financiación también fue denegada a científicos que se expresaron libremente o llevaron a cabo investigaciones que podían contradecir la política de la Casa Blanca.

Científicos que investigaban el impacto ambiental de los motores a hidrógeno se quedaron sin financiamiento de la NASA luego que en un estudio preliminar encontraron que esta tecnología podía causar serios daños ambientales.

El gobierno de Bush promovió y financió la investigación sobre este tema por considerarlo un futuro reemplazo para los vehículos alimentados a gasolina.

A comienzos de este mes, la Oficina de Administración de Tierras se negó a continuar financiando un estudio de la Universidad Estatal de Oregon que sugería que la tala de árboles no era la mejor manera de recuperar bosques destruidos por incendios.

El gobierno de Bush apoya la tala a cargo de las empresas forestales como una práctica buena para la ecología y para prevenir futuros incendios.

"La ciencia siempre ha estado influenciada por los políticos", señaló Stephen Bocking, profesor asociado de estudios ambientales en la canadiense Universidad de Trent.

En los años 50 y 60, las empresas químicas persuadieron a los gobiernos de financiar investigaciones sobre el uso de productos químicos en la agricultura. En los años 80 y 90, muchas de las mismas compañías utilizaron su influencia para obtener grandes sumas de dinero público para realizar investigaciones sobre cultivos genéticamente modificados, dijo Bocking en una entrevista.

La influencia de las corporaciones sobre el gobierno siempre estuvo presente, pero Bocking reconoce que es más fuerte ahora que nunca. Por ejemplo, buena parte de la investigación estatal en áreas como la agricultura sólo satisface las necesidades de las grandes corporaciones.

Aunque serviría al bien público, ni el gobierno canadiense ni el estadounidense han gastado una adecuada cantidad de dólares en investigación sobre los impactos ambientales de los transgénicos, dicen los críticos.

Los intentos explícitos de los gobiernos por amordazar a los científicos que hacen investigaciones estatales no son tan comunes, dijo Bocking. "Hay maneras mucho más sutiles de dirigir la investigación", afirmó.

Las decisiones sobre cómo son financiados los proyectos, durante cuánto tiempo y la metodología empleada, entre otros factores, influyen mucho más en las conclusiones finales, afirmó. "Los resultados de las investigaciones tienden a reflejar quién está pagando por ellas".

Esto no tiene nada que ver con la integridad personal de los científicos, insistió. La mejor prueba de ello es que científicos creíbles financiados por empresas farmacéuticas produjeron resultados que luego fueron invalidados por investigadores pagados por el estado.

La investigación estatal es crucial para contrarrestar a la financiada por las corporaciones, dijo. Y se necesita mucho más de la primera.

"Las decisiones sobre qué investigación financia el estado también deberían tomarse en colaboración con los científicos y el público", concluyó Bocking.