Nueva legislación considera a los inmigrantes como criminales

Rechazan iniciativa legislativa HR 4437

Por Andrea Acosta
El Pregonero, Washington, 15/12/05

De ser aprobada por el congreso la propuesta de inmigración H.R. 4437, cualquier persona que ayude o transporte a indocumentados podrían recibir cargos criminales, los 11 millones de indocumentados pasarían a ser perpetradores de un crimen con agravantes y sujetos a deportación sin acceso a una audiencia previa, la policía local actuaría como agente de migración, se dificultaría el proceso de ciudadanía, se obligaría a utilizar el inglés como idioma oficial, se restringiría el ingreso de embarazadas por la frontera y se negaría hipotecas a indocumentados.

Por eso, activistas y trabajadores se manifestaron, el lunes pasado, frente a la sede del partido republicano y demócrata en la capital en contra de la iniciativa legislativa "Border and Immigration Enforcement Act of 2005", que bajo el auspicio del congresista James Sensenbrenner (R–WI), Peter King (R–NY) y otros cinco co–auspiciadores irá a debate este jueves 15 de diciembre ante el pleno de la Cámara de Representantes.

"Queremos enviar el fuerte mensaje de que el proyecto de ley de Sensenbrenner anti–inmigrante, anti–empleador, anti–sindicato es inaceptable", según la abogada Kim Propeack de la organización comunitaria CASA de Maryland.

Alertó que la legislación haría que centros sindicales y de jornaleros sin fines de lucro, que no son empleadores, también estén expuestos a penalidades criminales y civiles por recomendar a alguna persona sin documentos para un trabajo.

"Es una fantasía pensar que nuestro sistema de migración se puede arreglar sin resolver el estado legal de 11 millones de personas sin documentos y sus familias que trabajan aquí, pagan impuestos y contribuyen al crecimiento económico", según el sindicalista Jaime Contreras.

"Los inmigrantes no son terroristas, pagan impuestos y el único crimen que cometen es buscar comida para sus familias, entonces ¿por qué tanto odio contra nosotros?", gritaba el activista con un megáfono en mano mientras dirigía la movilización frente a la sede republicana en 310 First Street, SE, Washington, DC.

Contreras considera que este tipo de protestas demuestran que la comunidad inmigrante está unida. "El gigante inmigrante ya no está dormido", añadió quien desde ya está coordinando una protesta multitudinaria para principios del 2006 con líderes de otras organizaciones locales.

Silvia Navas, supervisora del centro de empleo de CASA de Maryland, da fe de que el arduo trabajo de los inmigrantes es el motor de la economía. "Veo el trabajo duro que hacen y también el abuso que se da contra ellos porque no se da una reforma migratoria", subrayó durante la manifestación.

"Los empleadores saben que no tienen papeles y hacen lo que quieren con ellos", añadió María Abigail Fernández, inmigrante salvadoreña que lleva 22 años viviendo en Estados Unidos y participó en el evento para apoyar a los indocumentados. "Veo que no tienen voz, que no hablan de los abusos por miedo", dijo.

"No vinimos a hacerle daño a nadie ni a hacer cosas ilegales, por eso lo que pedimos es leyes justas", comentó el manifestante guatemalteco José Marroquín ante la sede del partido republicano, donde casi todas las persianas estaban cerradas, nadie se asomó a las ventanas ni salió a responder ante el pedido de la multitud.

La respuesta fue diferente frente al edificio del partido demócrata, donde los líderes fueron invitados a ingresar a la sede. De hecho, una coalición conformada por Gustavo Torres, director de CASA de Maryland, Eugenio Arene, director del Consejo de Agencias Latinas, y otros representantes de organizaciones comunitarias fueron recibidos y se les garantizó una reunión a futuro con Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Representantes, y el senador Harry Reid, líder demócrata del Senado.

Igualmente, esta semana el grupo congresional hispano y organizaciones nacionales como el Consejo Nacional de la Raza y el Foro Nacional de Inmigración ofrecieron conferencias de prensa para demostrar oposición al plan H. R. 4437.

"Esta medida criminaliza a las personas solo porque están trabajando, es tan extrema que hasta los individuos que viven con indocumentados podrían ser culpables de un crimen y quienes hayan tenido 3 detenciones por conducir bajo la influencia del alcohol perderían la residencia permanente e incluso la ciudadanía estadounidense", argumentó Vanessa Cárdenas, asociada en asuntos legislativos del Foro Nacional de Inmigración para quien esta propuesta no va a tono con la tradición de los Estados Unidos de darle la bienvenida al espíritu de superación.

Envían organizaciones civiles una misiva al presidente Bush para reprocharle su apoyo a la iniciativa de ley HR 4437, pues la consideran "devastadora"

Condenan grupos latinos en EEUU proyecto antiinmigrante

Notimex – El Universal online, 17/12/05

Washington.– Los principales grupos hispanos de Estados Unidos condenaron hoy el proyecto adoptado el viernes en la Cámara Baja que convierte en criminales a indocumentados y advirtieron que tendrá efectos devastadores en la comunidad latina.

El Concilio Nacional de la Raza (CNLR) , el Fondo México–Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) , la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la Asociación de Funcionarios Latinos (NALEO) se pronunciaron en contra de este plan.

Estas organizaciones enviaron una misiva al presidente estadounidense George W. Bush para reprocharle su apoyo a la iniciativa de ley HR 4437.

En la carta las cuatro agrupaciones latinas advierten el efecto “ devastador ” que tendrá en la comunidad latina de Estados Unidos el denominado proyecto de ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal (HR 4437).

“ Esta legislación es extremadamente dañina también para las familias estadounidenses, los negocios, las comunidades y los inmigrantes. Entre sus espantosas disposiciones está la de hacer criminales a 11 millones de trabajadores indocumentados ” , agregó.

El documento destacó que la HR 4437 somete a familiares de ilegales, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, empleadores y grupos religiosos a sanciones penales al ampliarse la definición de “ tráfico de indocumentados ”.

También expresó su “ decepción desbordante ” por el fuerte apoyo mostrado por la Casa Blanca al denominado proyecto de ley y solicitó a Bush retirarlo así como redoblar sus esfuerzos para impulsar una reforma migratoria integral.

Añadió que este proyecto de ley impide cualquier intento de reforma migratoria efectiva e integral, que incorpore eventualmente un programa de trabajadores huéspedes “ que usted mismo ha reconocido se requiere urgentemente ”.

La carta agregó que la iniciativa republicana es excesivamente severa y punitiva, y no resuelve ninguna de las preocupaciones actuales o problemas de fondo relacionados a la inmigración.

La HR 4437 fue adoptada el viernes por 239 votos contra 182 en la Cámara de representantes y será enviada al Senado para su consideración en 2006, donde se prevé que será modificada para alcanzar una versión que aborde la migración de manera integral.

El proyecto presentado por el diputado republicano, James Sensenbrenner, se limita sólo a aspectos de seguridad fronteriza y mayores sanciones sin incluir un programa de trabajadores huéspedes y mecanismos para regularizar ilegales.

Amplía la definición de “ tráfico de indocumentados ” para que quienes asistan a esos inmigrantes, incluyendo familiares estadounidenses y grupos religiosos, enfrenten penas de cárcel.

Incorpora también una enmienda que convierte en criminales a indocumentados en el país.

En la actualidad, el estar en Estados Unidos sin documentos migratorios es una ofensa civil menor, pero la nueva iniciativa la transforma en un delito penal castigable con prisión.

Contempla, entre otras medidas, aumentar sanciones para los empleadores de ilegales así como edificar cinco nuevos muros en la frontera entre Estados Unidos y México.

También establece la detención obligatoria de cientos de miles de indocumentados con menos de 14 días en el país en un área de 160 kilómetros de la frontera estadounidense.

Además autoriza la contratación de ocho mil agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y mil nuevos inspectores en los puertos de entrada en cuatro años.

Agrega 32 mil camas para ser ubicadas en los centros de detención de indocumentados y ordena al gobierno federal la manufactura de los uniformes de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos, luego de reportes de que eran elaborados en México.

Nueva ley en EEUU define a braceros como criminales

Por José Carreño
El Universal, 17/12/05

Washington.– La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó anoche, por 239 votos en favor y 182 en contra, una restrictiva propuesta de ley sobre seguridad y vigilancia que consideraría como "criminales" a los inmigrantes indocumentados y a los patrones que los contraten.

El aval de la controvertida ley contó con el voto de 36 legisladores demócratas en favor y 17 republicanos en contra, como reflejo de las divisiones creadas por el tema.

Dicho proyecto de ley no considera incluir un programa de regularización para los 11 millones de residentes indocumentados que se estima se encuentran en Estados Unidos. Este tema es considerado además como un punto de divergencia con el proyecto que se prevé será aprobado por la Cámara de Senadores.

La Cámara Alta deberá presentar su propia versión, a finales de enero, con base en propuestas rivales de los senadores John McCain y Ted Kennedy, que incluyen un programa de regularización para residentes indocumentados (amnistía), y la de John Cornyn y John Kyl, que favorece un programa de trabajadores invitados.

Tal como fue aprobada, la versión de la Ley de Protección Fronteriza contra el Terrorismo y Control de la Inmigración Ilegal incluye la construcción de una barda de casi mil 200 kilómetros en la frontera con México, acelera procesos de deportación de braceros detenidos y establece penas para empresas que los contraten.

Igualmente, obligaría a que las autoridades federales reciban indocumentados consignados por policías estatales y locales, y convierte en delito federal la permanencia sin documentos en este país, potencialmente punible con cárcel y establece la cancelación de ciudadanía para hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos.