Bush propone al Congreso reducir las green cards para limitar
el ingreso de mexicanos

Arrecia la ofensiva legislativa antiinmigrante

Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 07/06/06

Nueva York, 6 de junio. El presidente George W. Bush planteó hoy que el Congreso tiene en sus manos reducir el número de cédulas de residencia permanente (green cards) si considera que ingresan demasiados migrantes mexicanos. Al tiempo que observaba ensayos de detección y captura de indocumentados en la frontera, dijo que el empleo generado por el libre comercio es la solución a futuro para México.

En Washington, legisladores republicanos en la Cámara de Representantes promovieron este martes medidas antinmigrantes, entre ellas no considerar la matrícula consular mexicana como forma válida de identificación, así como rechazar el otorgamiento de la ciudadanía automática a los hijos de migrantes que nacen en Estados Unidos.

Tanto las escenas en la frontera como las posturas legislativas en Washington son expresiones de la batalla política –en gran medida dentro del propio Partido Republicano– sobre el tema.

En el debate en la cámara baja sobre proyectos de ley de apropiaciones para diversos departamentos de gobierno, incluyendo el de Seguridad Interna, varios legisladores aprovecharon para alentar enmiendas antinmigrantes. Aunque todavía no se sabe si estas iniciativas quedarán en el proyecto de ley final, sí revelan los continuos intentos de conservadores para limitar o castigar a migrantes, particularmente a indocumentados.

Por ejemplo, un representante republicano promovió que se rechazara la matrícula consular como una forma de identificación. Sobre ello, el Consejo Nacional de la Raza alertó a sus bases para presionar a sus legisladores y evitar que avance esa iniciativa. Señaló que más de 70 bancos y 800 departamentos de policía local aceptan el documento como identificación.

Otro legislador republicano busca anular el derecho a la ciudadanía para hijos de indocumentados que nacen aquí. Otras medidas consideradas fueron prohibir la entrega de fondos federales a gobiernos estatales o locales que rehúsen compartir información con autoridades federales sobre comunidades indocumentadas, evitar que el gobierno federal comparta datos sobre la ubicación y operaciones de los minutemen, u otros grupos privados que vigilen la frontera con México, así como el intento de emplear fondos para procesar nuevas solicitudes de inmigración durante 2007.

También hubo propuestas para incrementar en miles de millones de dólares los fondos para seguridad fronteriza, así como otras iniciativas que ya son tan comunes que nadie se molesta en informar sobre ellas hasta que son adoptadas en una ley. Pero el tono de la retórica que acompaña cada una de estas iniciativas muestra la feroz corriente antimigrante que persiste dentro de la política estadounidense.

Bush en la frontera

El presidente estadounidense continuó promoviendo la reforma migratoria en sus giras por Nuevo México y Texas, posó con agentes de la Patrulla Fronteriza en un ejercicio de capacitación, donde algunos agentes asumieron el papel de indocumentados que ingresaban en autobús, vagones de tren y por cruces peatonales. Señaló que la solución fácil para legisladores que temen un ingreso en demasía de inmigrantes es reducir el número de plazas de residencia permanente. "Y si el Congreso se preocupa por el número de migrantes puede limitar el número de green cards", afirmó.

En conferencia de prensa, en la escala en Nuevo Laredo, el mandatario manifestó que quienes dicen que "la solución a largo plazo para la migración es que la gente encuentre trabajo en México tienen razón. Y por eso he sido un gran promotor del TLC". Por eso, añadió, "lo primero es promover el comercio libre y justo entre México y Estados Unidos. El comercio mejora la riqueza y ofrece oportunidades a la gente".

Abundó: "el problema en México es que las oportunidades que uno puede encontrar aquí, en la frontera, no se extienden al sur del país", y señaló que mucha gente que "encontramos" en la frontera es aquella que llega desde el sur de México. Informó que habló con el presidente Vicente Fox sobre el tema, y éste le manifestó que hay 100 mil empleos vacantes en los estados norteños de México, pero que se necesitaba más educación para las personas del sur del país, para capacitarlos y pudieran trabajar en esos 100 mil empleos.

"El desarrollo económico funciona a través del comercio libre y justo, como también implementar un sistema de educación, y esa es la responsabilidad de México, esa es su tarea. Pero podemos ayudar y trabajamos con México todo el tiempo....", concluyó.

Al retomar el tema de la reforma migratoria en varios momentos, el mandatario subrayó: "continuaré llamando a que el Congreso piense sobre un plan integral. Muchos elementos de ese proyecto tienen un acuerdo común. Ahora es momento para que ellos hagan a un lado la política y cumplan la tarea en nombre del pueblo estadounidense" y aprueben una reforma integral.

Pero las medidas debatidas hoy en Washington demostraron de nuevo que el partido del presidente sigue muy dividido sobre el tema. El líder de la mayoría, John Boehner, dijo que el camino hacia una reforma es "difícil", pero cree que sí hay terreno común para continuar sobre esa tarea –lo cual podría indicar mayor disposición para negociar con el Senado sobre un proyecto de ley. Pero nadie se atreve a pronosticar si el rechazo expresado casi todos los días por los opositores a dicha enmienda podrá ser superado y si lo es cuál es el precio.

Payasadas

En el gran debate sobre el presupuesto para el Departamento de Seguridad Interna no todo el enfoque fue sobre la migración, ya que aparentemente hay otras cosas igual de serias. Una iniciativa propuesta hoy "prohíbe el uso de fondos para ciertos propósitos considerados fraudulentos o gastos inútiles, tales como espectáculos de payasos". El proyecto fue retirado antes de ser sometido a voto, y no se sabe si fue un triunfo para los payasos o si algunos políticos temían que pudiera ser utilizado como espacio de comentario en su contra.

El activismo de Bush desata más oposición al proyecto

Se intensifica en EEUU el debate sobre la reforma

Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 06/06/06

Washington, 5 de junio. El proyecto de ley de reforma migratoria aprobado por el Senado la semana antepasada ha sido colocado bajo el microscopio de diversos integrantes del movimiento pro enmienda, y los resultados son que algunos creen que el vaso está medio lleno y otros que se encuentra medio vacío, o peor, que contiene elementos tóxicos.

Para algunos expertos que han examinado las 300 páginas del proyecto existen tal cantidad de condiciones, "trampas ocultas" y nuevas medidas, que el resultado es que los tan elogiados logros de la iniciativa resultan mucho más limitados de lo que se anunció, y para otros sectores las consecuencias potenciales son inaceptables.

Sin embargo, para otros analistas el proyecto de ley y su posible culminación en una reforma migratoria este año, con todo y sus graves deficiencias, representa el único camino viable en esta coyuntura, sobre todo si se logra beneficiar a millones de indocumentados.

El presidente George W. Bush continúa promoviendo la reforma "integral" migratoria. Este martes y miércoles realizará más actos en la frontera (Arizona) y en el medio oeste (Nebraska) para insistir en dicho objetivo.

Mientras tanto, se prepara el despliegue de las primeras tropas de la Guardia Nacional para sumarse a las operaciones "de apoyo" de seguridad fronteriza y usar eso como carta en la negociación para promover la enmienda que proponen. Los planes son concentrar hasta 2 mil 500 elementos en la frontera para finales de este mes y llegar a 6 mil a principios de agosto, informaron hoy fuentes oficiales.

Sin embargo, es precisamente un enfoque de ese esfuerzo presidencial –el énfasis en la criminalización y la seguridad fronteriza– lo que genera cada vez más oposición entre agrupaciones fuera de Washington.

Muchas organizaciones que participaron en las movilizaciones nacionales en favor de una reforma ahora han concluido que el proyecto aprobado por el Senado está tan diluido o contaminado con medidas adversas a los migrantes, que ya no vale la pena apoyarlo e inclusive consideran que hay que anularlo. Cientos de agrupaciones pro migrantes en el país se han declarado en oposición al proyecto del Senado, aun antes de que sea negociado con la versión autorizada por la Cámara. Entre ellas hay algunas organizaciones y líderes de perfil nacional, incluyendo la central obrera AFL–CIO, el Instituto William C. Velásquez, el American Friends Service Committee, parte de LULAC y también redes de organizaciones locales y regionales, como la Red Nacional por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados.

Las críticas de los opositores pro migrantes incluyen que las tres categorías de indocumentados (los que han residido aquí más de cinco años, entre dos y cinco y los que han vivido menos de dos) son poco viables y tan complejas, que no se podrá implementar. Peor aún, argumentan, millones no podrán cumplir los requisitos y los de la segunda y tercera categorías, que serán ahora "trabajadores temporales" y "trabajadores huéspedes", no tienen garantías de legalizar su estancia, lo cual los mantendrá en las "sombras".

Según Peter Schey, presidente del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, de Los Angeles (agrupación que representó a cientos de miles de migrantes durante la implementación de la última reforma en la materia, promulgada hace 20 años), "el proyecto, considerado como un todo, no llegará ni cerca de legalizar a la mayoría de los indocumentados. De hecho, con el paso del tiempo incrementará el tamaño de la población indocumentada por las medidas de ley draconianas que cierran las avenidas tradicionales para que los indocumentados logren legalizarse".

Muchos critican que las "trampas escondidas" en el proyecto tienen el efecto de erosionar protecciones legales para todos los migrantes, facilitando su detención y deportación, legales o no, y otorgando nuevos poderes a fuerzas de seguridad pública locales y estatales para actuar como autoridades migratorias. A la vez, obstaculiza o niega el derecho a éstos para acudir ante los tribunales a apelar de las decisiones de las autoridades de seguridad. De hecho, varias medidas "criminalizan" tanto a migrantes como a los empleadores de éstos.

John Sweeney, presidente de la AFL–CIO, consideró que la medida de dividir a los aproximadamente 12 millones de indocumentados en tres categorías "crea una sociedad de castas, en la que millones de trabajadores migrantes son sumidos aún más en las sombras de la sociedad estadounidense, dejándolos vulnerables a la explotación".

Pero algunos que han participado directamente en el proceso de la negociación del proyecto, en general organizaciones que se dedican al desarrollo y promoción de política públicas en Washington, aunque reconocen algunas de esas críticas llegan a otra conclusión: no habrá más que lo que ahora está sobre la mesa, lo cual, dicen, no es poco.

Los que apoyan la iniciativa

Demetrios Papademetriou, director del Instituto de Política Migratoria, uno de los expertos más reconocido en la materia, estima que el proyecto aprobado por el Senado es un "gran triunfo", porque se logró establecer la "arquitectura" correcta para una reforma, pero aún más notable es una versión "opuesta" a la de la Cámara. En entrevista con La Jornada, el especialista señaló que hay un hecho central: "no se puede descontar que el proyecto del Senado otorga estatus legal a entre siete y 10 millones de personas". Agregó que dicho componente de la iniciativa ya no es "negociable" y no cambiará de manera significativa en el proceso de "conciliar" esa versión con la aprobada por la Cámara (la cual no contiene ninguna medida de legalización o de trabajadores temporales).

"Hay mucho feo... es una cosa mezclada", indicó sobre el proyecto aprobado por los senadores, y señaló medidas negativas, como la criminalización, un programa de trabajadores huéspedes demasiado pequeño, la complejidad del proyecto y más que son aspectos "poco deseables" y que empeorarán después del proceso de negociación entre ambas cámaras del Congreso. "Pero esa realidad se tiene que medir frente al hecho de que se podrá otorgar estatus legal a 10 millones de indocumentados", insistió.

"La gente que está declarando que se tiene que anular esa iniciativa de ley (porque desea una reforma más amplia) no tiene un plan alternativo. Si pudiera decir que tiene uno mejor y el poder político para colocarlo sobre la mesa, entonces ya podríamos pensar en algo mejor", señaló Papademetriou. Consideró que algunos grupos pro migrantes opositores piensan que si anulan esa propuesta en espera de que cambie la composición política del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre no entienden que, aun con una de las cámaras en manos de los demócratas, no habrá ningún cambio fundamental en lo que está sobre la mesa de negociaciones.

Papademetriou se mostró optimista sobre las perspectivas de que se realice una reforma este año, aunque no necesariamente, dijo, antes de las elecciones de noviembre. "La negociación legislativa está al alcance con ese proyecto", insistió. "La gran diferencia entre la versión del Senado y la de la Cámara es que el primero contiene los programas de legalización y los trabajadores temporales y el otro no", pero apuntó que los elementos principales en este proyecto ya cuentan con el apoyo de las mayorías en ambas cámaras, y pronosticó que las fuerzas conservadoras encabezadas por el representante James Sensenbrenner no tendrán éxito en descarrilar o derrotar la enmienda.

Además, junto con Papademetriou y su centro, otras organizaciones influyentes, como el Consejo Nacional de la Raza, el Foro Nacional sobre Inmigración, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y algunos sindicatos y sectores de la Iglesia católica, entre otros, consideran que el proyecto aprobado por el Senado, aun si no abarca todo lo que se deseaba, representa un avance muy importante al imponer el tema de la legalización como parte fundamental de cualquier cambio migratorio.

Justo eso desean evitar las fuerzas conservadoras antimigrantes en el Congreso, las cuales han expresado que no permitirán que se considere ninguna medida de legalización ni de trabajadores temporales en la negociación legislativa. El debate continúa y se intensificará en los próximos meses.

Mientras tanto parece haber otras prioridades en Washington, una "amenaza" aún más urgente que atender que el asunto de los migrantes. El presidente y su partido en el Congreso ahora están enfocados a enfrentar un "grave peligro" a la nación, conocido como el "matrimonio gay". No se sabe si alguien propondrá enviar a la Guardia Nacional para enfrentar ese amago a la sociedad estadounidense. Lo peor sería si de pronto hubiera casos en los que aparecieran parejas gays indocumentadas que desearan casarse.