La propuesta de Hagel y Martínez

¿Cómo pueden decir que esto es justicia?

Socialist Worker (El Obrero Socialista), EEUU, julio de 2006

Una lista de ataques increíble: una cacería nacional de inmigrantes indocumentados, la clasificación de los inmigrantes en un esquema similar al sistema racista conocido como apartheid en la vieja Sudáfrica, un programa de trabajadores huéspedes (temporales) que despedaza nuestros derechos laborales, una muralla como la de Berlín a lo largo de la frontera México-Americana, una provisión legislativa racista que convierte el inglés en el único idioma oficial.

Todo esto apoyado por un plan para transferir el banco de datos del Seguro Social al Departamento de Seguridad Doméstica para verificar el estatus migratorio.

Éstas y otras medidas racistas y represivas han sido incorporadas al “acuerdo conciliatorio” sobre inmigración recientemente aprobado por el Senado, titulado con el nombre de sus dos auspiciadores, los senadores Republicanos Chuck Hagel, de Nebraska, y Mel Martínez, de Florida.

¿Cómo puede ocurrir esto luego de que millones marcharan a favor de los derechos de los inmigrantes–especialmente con el visto bueno de los supuestos “amigos” de las protestas dentro del Partido Demócrata? ¿Cómo puede ser que la demostración más grande en la historia de EEUU acaecida un Primero de Mayo haya sido repostada de forma exitosa por la derecha, incluyendo el envío por George Bush de tropas de la Guardia Nacional a la frontera?

En realidad la lucha apenas comienza, tornándose en un elemento clave en la creciente polarización social y política de la sociedad estadounidense.

El movimiento por los derechos de los inmigrantes se levantó a principios de este año, luego de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto de ley anti-inmigrante sometido por el Republicano James Sensenbrenner–que hubiera convertido a aproximadamente 12 millones de indocumentados en criminales, así como a quienes les proveyeran cualquier tipo de asistencia.

La ley de Sensenbrenner reflejaba el extremo sentido de confianza de la derecha Republicana–presumiendo que algo tan vicioso pasaría sin oposición–así como la desesperación política provocada por la caída de Bush en las encuestas rumbo a las elecciones para el Congreso de este año.

Pero las masivas protestas de inmigrantes y de grupos solidarios pusieron a Sensenbrenner y a sus aliados a la defensiva.

Mientras tanto, las corporaciones estadounidenses, que quieren mantener el flujo constante de mano de obra inmigrante, adelantaron su propia agenda migratoria–que incluía un programa de trabajadores huéspedes promovido por los senadores Ted Kennedy, Demócrata de Massachussets, y John McCain, Republicano de Arizona. Estos esfuerzos llevaron a la larga al proyecto de Hagel y Martínez (HyM), apoyado tanto por el liberal Kennedy, como por George Bush, como un “punto intermedio razonable” de reforma migratoria.

En realidad HyM es un intento de combinar las prioridades de las corporaciones estadounidenses con medidas lo suficientemente racistas y represivas como para aplacar a Sensenbrenner y a los hostigadores de inmigrantes.

HyM crearía un “paso a la ciudadanía” para inmigrantes indocumentados que hayan vivido en EEUU por más de cinco años, permitiéndoles estatus legal después de seis años adicionales–además de pagar multas y penalidades, y probar que saben inglés. También crearía un programa de trabajadores huéspedes con bajos salarios para 200,000 inmigrantes cada año, y cuadruplicaría a 650,000 las visas para trabajadores de alta tecnología.

Sensenbrenner y la derecha Republicana se oponen a esto, quienes prefieren clausurar la frontera herméticamente, y nada más–o al menos dar la impresión de hacerlo para que una vez pasadas las elecciones algunos puedan alinearse con las expectativas de las corporaciones y apoyar un programa bracero. Por ahora, Sensenbrenner está tomando una línea dura antes de que el comité conjunto de la Cámara y el Senado se reúna para llegar a un acuerdo que armonice sus dos proyectos.

Mientras tanto, el plan de Bush para militarizar la frontera ha legitimizado a los Minutemen y a otros grupos de vigilantes de extrema derecha, cuyas ideas racistas son presentadas como políticas legítimas en los medios de comunicación, desde Fox News hasta la Radioemisora Pública Nacional.

Hay algunos dentro del movimiento pro-inmigrante que consideran que HyM es una “alternativa realista”.

Pero este proyecto de ley empeorará las vidas de los inmigrantes. Es mejor que ninguna propuesta sea aprobada a esto. Tenemos que unificar todas las fuerzas que deseen una reforma inmigratoria justa para derrotar este barbarismo.

Propuesta de Hagel y Martínez divide al movimiento pro-inmigrantes

“Nuestra posición es no a los arreglos conciliatorios”

Socialist Worker (El Obrero Socialista), EEUU, julio de 2006

A la vez que George W. Bush anunciaba que iba a mandar tropas de la Guardia Nacional a la frontera entre México y EEUU, surgía una división dentro del movimiento pro derechos del inmigrante en torno al arreglo “conciliatorio” acordado por el Senado.

La propuesta –que lleva los apellidos de su promotores, los senadores Chuck Hagel, Republicano de Nebraska, y Mel Martínez, Republicano de Florida– ha sido criticada reciamente por los activistas porque dividiría a los indocumentados en tres categorías legales e incluiría un programa de trabajo temporal (PTT) para satisfacer los deseos de las corporaciones estadounidenses.

Sin embargo, cuando el presidente del Senado, Bill Frist, anunció el 12 de mayo que la propuesta (que había estado estancada) sería reconsiderada, varias de las más importantes organizaciones defensoras de los inmigrantes, como el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés) y la League of United Latin American Citizens (LULAC), indicaron que la respaldarían.

El Foro Nacional Inmigratorio (NIF por sus siglas en inglés), que integra en su dirección a Tom Snyder, director de cabildeo del sindicato UNITE-HERE, emitió una declaración que indicaba que “el acuerdo conciliatorio de Hagel y Martinez (HyM), incluye la arquitectura correcta para una reforma migratoria verdadera”. El otro sindicato prominente representado en la dirección del Foro, la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en ingles), caracterizó a HyM como “un paso adelante”, de acuerdo a un vocero del sindicato.

En contraste, Nativo López, el presidente de la Mexican American Political Association (MAPA) y uno de los organizadores principales de las megamarchas de Los Angeles del 25 de marzo y del primero de mayo, describió las propuestas como “nada menos que la clasificación de la fuerza de trabajo inmigrante dentro de un sistema bantustano de apartheid”, similar al sistema racista que existía en Sudáfrica. “[Los trabajadores inmigrantes] van a quedarse en estas categorías por muchos años sin tener una garantía absoluta de estatus legal”.

Ana Avendaño, abogada de la AFL-CIO y directora del programa de trabajadores inmigrantes de la federación, dijo que la división de los inmigrantes en tres grupos es “punitiva e inhumana”. El hecho de que las organizaciones latinas nacionales y las organizaciones nacionales defensoras de los inmigrantes lo han avalado es muy ofensivo”.

A causa de ese apoyo a este proyecto de ley, los asesores de los Senadores Demócratas lograron suficiente resguardo político para poder ignorar a los críticos de HyM, a pesar de que los activistas pro inmigrantes se dirigieron a Washington el 17 de mayo para participar en un día nacional de cabildeo por una reforma migratoria. “Están diciendo, pueden cabildear todo lo quieran, pero el acuerdo ya está consumado”, dijo Avendaño en una entrevista.

Señaló que 85 por ciento de los niños inmigrantes viven en hogares mixtos, con ciudadanos y no ciudadanos. Muchos de los trabajadores que devengan salarios bajos que tendrían que trasladarse a la frontera para solicitar el estatus legal bajo las provisiones de HyM perderían sus empleos. “Lo más importante es que [los congresistas] necesitan elaborar un programa punitivo que no suene a amnistía para a los indocumentados”, para que el Congreso lo apruebe, dijo Avendaño.

De acuerdo a la propuesta HyM, cerca de 7 millones de indocumentados que han vivido en EEUU por más de cinco años podrían solicitar la ciudadanía luego de seis años de incertidumbre legal, además de pagar multas e impuestos atrasados que deban, y de aprender inglés.

La propuesta requiere que abandonen el país, y no vuelvan, 1.5 millones de indocumentados que llegaron a EEUU después de 2004.

Otros 3 millones que han vivido en EEUU por más de dos años, pero menos de cinco, tendrían que salir del país y solicitar ser aceptados como trabajadores temporales en varios puertos de entrada fronterizos–lo que a los críticos les parece como una trampa para efectuar deportaciones inmediatas.

HyM podría poner a riesgo de ser deportados a los indocumentados que hayan utilizado documentos falsos para conseguir trabajo, dicen los abogados expertos en leyes migratorias.

Los propios senadores Hagel y Martínez se jactaron en un artículo publicado recientemente, señalando que sus propuestas aumentarían dramáticamente la militarización de la frontera.

“El proyecto de ley añadirá 15,000 agentes a la patrulla fronteriza durante los próximos seis años”, escribieron ellos. “Aumenta dramáticamente la cantidad de investigadores de inmigración (1,000), inspectores de inmigración (1,250) e inspectores de aduanas (1,000). Y autorizará al Departamento de Seguridad Doméstica a hacer mejoras importantes y las adiciones a la infraestructura fronteriza que sean necesarias para fortalecer la frontera”.

Además, los proyectos de ley ante ambas cámaras del Congreso contienen muchas medidas punitivas, según Dori Cahn, del sitio de la red New American Media. Sí se aprueban, conllevarían a la deportación de quienes hayan sido acusados de ser pandilleros sin que hayan sido condenados de ningún crimen, expandirían la lista de ‘felonías graves’ que repercutirían en procedimientos de deportación, restringirían el derecho a la naturalización debido al comportamiento previo, y de muchas otras maneras limitarían el acceso a la ciudadanía.

La estructura de tres niveles de HyM provocó la oposición de las organizaciones y sindicatos que anteriormente habían apoyado el PTT que fue propuesto por los senadores Edward Kennedy y John McCain. “[La propuesta de] Hagel y Martínez no es suficiente buena para nosotros”, dijo Yanira Merino, la directora de política inmigratoria del sindicato Laborers International Union. “Todavía deja a una cantidad sustancial de inmigrantes sin un camino hacia la ciudadanía”.

La SEIU defiende su postura ante el proyecto de HyM diciendo que HyM se aparta de la propuesta represiva HR 4437, aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre pasado. Ese proyecto de ley convertiría en criminales a los aproximadamente 12 millones de indocumentados en EEUU.

Los líderes de SEIU critican la propuesta de HyM por su requerimiento de que los indocumentados que hayan vivido menos de dos años en EEUU tengan que salir del país.

“Es una de las cosas que quisiéramos que se mejoraran, obviamente,” dijo el vocero del sindicato Avril Smith. “Creemos que toda la gente que contribuye a la economía debiera tener el derecho de lograr la ciudadanía”.

Pero al haber apoyado las provisiones de PTT del proyecto McCain-Kennedy, SEIU está dispuesta a aceptar HyM como el marco para la reforma migratoria integral. “Pensamos que necesitamos controlar nuestra frontera y tomar en cuenta la realidad de que los trabajadores siguen viniendo a este país”, dijo Smith. “Necesitamos crear un proceso seguro, controlado y ordenado para que esto se lleve a cabo”.

Al tomar esta posición, la SEIU está creando una división dentro movimiento pro derechos de los inmigrantes, dice Nativo López de MAPA. El NIF, el NCLR, LULAC y SEIU juegan “un juego peligroso con los Demócratas”, dijo López. “El juego de ‘mejorar’ HyM es una traición frontal porque cualquier conciliación basada en este tendrá como resultado dividir a las familias, apoyar el reforzamiento de la frontera y socavar los derechos de los obreros inmigrantes. Tomamos la posición de rechazo a arreglos conciliatorios y a la división de nuestras familias. Es mejor que ninguna reforma migratoria sea aprobada este año a que esta legislación se apruebe”.

Estamos apenas comenzando la lucha

Socialist Worker (El Obrero Socialista), EEUU, julio de 2006

¿Cómo puede ser que haya tantas medidas racistas y represivas en el “acuerdo conciliatorio” del Senado luego de que millones marcharan a favor de los derechos de los inmigrantes–especialmente con el visto bueno de los supuestos “amigos” de las protestas dentro del Partido Demócrata?

¿Cómo puede ser que la demostración más grande en la historia de EEUU acaecida un Primero de Mayo haya sido repostada de forma exitosa por la derecha, incluyendo el envío por George Bush de tropas de la Guardia Nacional a la frontera?

En realidad la lucha apenas comienza, tornándose en un elemento clave en la creciente polarización social y política de la sociedad estadounidense. Sin embargo, hay gente en el movimiento que está dispuesta a aceptar el acuerdo como lo mejor que se puede lograr.

Para Janet Murguía, presidente y CEO del Consejo Nacional de La Raza, la aprobación del proyecto es “un gran paso adelante en un debate que es vital para nuestra comunidad y la nación”. El vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) Eliseo Medina describió a la propuesta como “un paso en la dirección correcta”, a la vez que reclamaba por “mejoras significativas”. Frank Sharry, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, dijo que el proyecto, a pesar de “imperfecto”, proveería “la arquitectura y elementos correctos para una reforma migratoria integral”.

“Imperfecto” es difícilmente la palabra adecuada para describir una legislación que convertirá a millones de inmigrantes en ciudadanos de segunda clase–parecida a la situación enfrentada por los afroamericanos durante la era de segregación legal (conocida como Jim Crow) impuesta después de la abolición de la esclavitud.

Bajo la propuesta de los Senadores Republicanos Hagel de Nebraska y Martínez de la Florida (HyM), los trabajadores huéspedes que pierdan su trabajo serían forzados a abandonar el país en un plazo de 60 días, a menos que encuentren otro trabajo. Eso cualificaría al programa como lo que el Departamento de Estado considera “servidumbre involuntaria” en otros países–una situación en la cual “personas quedan atrapadas en servidumbre involuntaria cuando creen que un intento de escapar sus condiciones resultaría en un daño corporal serio o en el uso de coerción legal, tal como la amenaza de deportación”.

De hecho, HyM contiene el tipo de violaciones a los derechos humanos que apareció en el informe anual sobre derechos humanos del propio Departamento de Estado.

El hecho de que la SEIU y el Consejo Nacional de La Raza puedan llamar este barbarismo “un paso adelante” refleja que están orientados al Partido Demócrata y sus políticas pro-empresarios, y al juego político que se practica tras bastidores en Washington, en vez de al nuevo movimiento de masas por los derechos de los inmigrantes.

En contraste, un creciente número de organizaciones pro derechos de los inmigrantes ha concluido que es mejor que no se apruebe ninguna legislación a aceptar HyM. “Estas negociaciones y acuerdos están basados en la prerrogativa de campañas en un año electoral y en las demandas de los cabilderos de los patrones, en vez del bien y la voz de la comunidad inmigrante”, declaró la Red Nacional de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en una declaración el 27 de abril, que fue endosada por muchas organizaciones. “Nosotros decimos: No hay acuerdo”.

Rechazar la falsa “reforma migratoria” es crucial, pero no el único reto que enfrenta el movimiento pro inmigrante.

El “debate” migratorio en Washington ha venido acompañado por un aumento en las redadas por parte de la autoridades, que tienen como propósito intimidar al movimiento. Los activistas necesitan movilizarse para defender a los trabajadores indocumentados que sean perseguidos.

Aun más, la retórica anti-inmigrante de los políticos le proporciona legitimidad a la extrema derecha y fertiliza el terreno para que organizaciones racistas como los Minutemen crezcan.

No podemos contar con ninguna figura del establecimiento político para confrontar las mentiras y mitos inventados acerca de la inmigración y el patrullaje de la frontera–lo que deja el camino libre para que la derecha logre una mayor audiencia. En estas circunstancias, es muy probable que los vigilantes tengan una mayor proyección en los próximos meses–por lo que hay que desafiarlos.

Después de un período en que la extrema derecha había estado relativamente marginada e inactiva, el terreno ha sido preparado para que las organizaciones racistas asomen su cabeza y levanten su perfil. Hay que confrontarlos donde quieran que se presenten.

Las organizaciones que han surgido como resultado de las masivas demostraciones pro-inmigrantes de los últimos meses pueden conducir el movimiento hacia delante. Estas protestas destacaron que existe el potencial para afrontar exitosamente los retos que encaramos–y para construir un movimiento que logre una justicia genuina y la igualdad para todos los inmigrantes.

¿Retirarán los sindicatos su apoyo a la amnistía?

El movimiento obrero y el tema de la inmigración

Por Lee Sustar
Socialist Worker (El Obrero Socialista), EEUU, julio de 2006

¿Se alinearán los sindicatos detrás de uno u otro acuerdo traicionero elaborado por los Demócratas que incluiría una propuesta de un programa de trabajadores temporales (PTT)? O, ¿mantendrán su postura a favor de la amnistía para los trabajadores indocumentados?

Debido a que decenas de miles de sindicalistas se presentaron a las inmensas marchas de trabajadores el primero de mayo, el movimiento obrero se siente obligado a responder a la creciente presión desde la base de sus propios sindicatos, que exige igualdad y justicia para los indocumentados–la amnistía para decirlo claramente.

De hecho, la AFL-CIO rompió formalmente con su postura anti-inmigrante hace seis años, cuando el consejo ejecutivo de la federación votó a favor de la exigencia de la amnistía para los trabajadores indocumentados. Desde entonces, el giro a la derecha de los Demócratas y las dos facciones que emergieron de la AFL-CIO han hecho borrosa la posición del movimiento obrero dentro del movimiento de trabajadores inmigrantes.

Por el momento, la AFL-CIO sigue oponiéndose a los PTT y aboga por la legalización completa de los indocumentados. “Creo profundamente que los trabajadores inmigrantes son nuestros hermanos y hermanas y que cada persona que trabaje en este país tiene el derecho a obtener todos los derechos civiles y oportunidades que existen para los trabajadores nativos de EEUU”, afirmó el presidente John Sweeney de la AFL-CIO cuando dirigió su críticas contr el PTT.

“Tenemos que apoyar a los trabajadores inmigrantes porque el apoyo de todos los obreros representa la base de lo que significa la unidad y fuerza sindical. Los trabajadores seremos más fuertes siempre y cuando estemos unidos y así no permitamos que los patrones y los políticos nos compren para crear divisiones y mantener los salarios de los trabajadores bajos”.

Esa es una declaración excelente de principios sobre el tema migratorio. Sin embargo, en este discurso, como en otros anteriores, la palabra “amnistía” no es mencionada. En lugar de la amnistía, hay formulaciones como “el paso a la ciudadanía” lo cual refleja la tarea imposible de conciliar su postura anterior con los argumentos aprobados por los Demócratas.

La coalición sindical Change to Win (Cambiar para Ganar o CTW, por sus siglas en ingles), que se separó de la AFL-CIO, parece estar a punto de abandonar su apoyo a la amnistía y de respaldar la adopoción de los PTT. Igual que la AFL-CIO, la CTW se opone a la criminalización de los inmigrantes que está incluida en la propuesta HR 4437–pero la coalición quiere que todos sepan que no titubean ante “la guerra contra el terrorismo”.

“Fortalecer la frontera”, escribió en marzo la presidenta de CTW, Anna Burger, debería “tener un enfoque en detectar y capturar a terroristas y aplicar la mano dura contra los contrabandistas criminales y también contra los patrones que rompan las leyes”.

Burger está contenta con la propuesta de los PTT ya que el programa incluye “un riguroso estudio del mercado laboral que determinará la necesidad de nuevos trabajadores inmigrantes y la ausencia de trabajadores de EEUU dispuestos a tomar los empleos ofrecidos”. Esto es una concesión a quienes sostienen que los inmigrantes les quitan los empleos a los trabajadores nativos de EEUU.

En la propuesta de Burger, los trabajadores temporales aun no tendrían la posibilidad de hacerse ciudadanos. Burger apoya el “paso al estatus permantente de los trabajadores extranjeros” y, según ella, su fórmula evitará la dependencia en los patrones para respaldar las peticiones de ciudadanía de los inmigrantes.

Otro líder de la CTW, John Wilhelm, el presidente del UNITE-HERE, públicamente ha respaldado el proyecto de ley ante el Senado que también incluye un PTT. Esas acciones desaniman el movimiento obrero, puesto que Wilhelm, entonces presidente del HERE, el sindicato de hoteleros, ayudó a iniciar la Caravana por la Libertad de los Inmigrantes de 2003.

¿Es el apoyo de un PTT la posición oficial de la CTW? Carole Forman, vocera de la CTW, afirmó a un reportero que la coalición no había tomado una posición sobre ningún proyecto de ley ante el Congreso. Pero el líder y presidente Terrence O’Sullivan, del sindicato Laborers, colabora con el Foro Migratorio Nacional (NIF, por sus siglas en inglés), el grupo empresarial que busca un PTT. Otros sindicatos de la CTW, como los Trabadajores Unidos de la Industria Alimenticia y Comercial (UFCW, por sus siglas en inglés), apoyaron un PTT en sus declaraciones públicas en marzo.

También el sindicato de Burger, la Unión Internacional de los Trabajadores de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), está divido sobre esta cuestión pues su presidente, Andrew Stern, juega los juegos políticos de Washington, mientras que los inmigrantes forman una gran parte de la membresía sindicato que cuenta con 1.8 millones de miembros.

Por ejemplo, el Local 1877 de la SEIU apoyó al Cardenal Roger Mahoney de Los Ángeles cuando él se opusó al boicot de los trabajadores y las escuelas para la celebración del primero de mayo–y luego se vio obligado a negociar un día libre para los trabajadores del aeropuerto de la ciudad y de otros patrones.

Por otro lado, el Local 1877 de la SEIU, un sindicato grande que organiza a los trabajadores de servicios públicos en el norte de California, aprobó una resolución clasista que aboga por la amnistía y apoyaba las acciones militantes del primero de mayo. La dirección del sindicato tomó la decisión de representar ante el Tribunal Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board) a los trabajadores despedidos por haberse unido a las protestas de los inmigrantes.

Lo irónico es que, mientras un líder sindical liberal como Stern está tramando hacer un acuerdo a costa de los derechos de los indocumentados, el conservador James Hoffa, presidente de los Teamsters, fue quien se mantuvo firme en contra de los PTT.

“Esta propuesta es equivalente a la servidumbre contractual sancionada por el gobierno, que pondrá los derechos de los trabajadores en manos de los patrones”, escribió Hoffa respondiendo una propuesta anterior. “Históricamente, los PTT han solo conllevado al abuso de los trabajadores y a convertir trabajos buenos de tiempo completo en trabajos temporales de bajo sueldo y con malas condiciones de trabajo”.

Hoffa se queda corto y no llega a apoyar la amnistía. Pero refleja el hecho de que millones de trabajadores inmigrantes siguen movilizándose. Y en cuanto a decidir la posición del movimiento obrero sobre los asuntos de inmigración se refiere, esto es lo que más importa.