“Es un engendro nazi la ley que legitima la tortura”, afirma la analista Molly Ivins

Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 05/10/06

Nueva York, 4 de octubre.– La legalización de la tortura y la anulación del derecho de habeas corpus fue una propuesta tan radical que provocó alarma, denuncias y severas advertencias de una gama inusualmente diversa de personas, que expresaron que su aplicación dañaría los fundamentos del sistema legal y el concepto institucional de la democracia estadounidense.

Durante semanas, a veces en público y otras en privado, jueces y abogados civiles y militares, las principales organizaciones nacionales de derechos civiles y humanos, generales y otros altos oficiales castrenses se sumaron a las voces menos sorprendentes de las organizaciones y coaliciones antiguerra, liberales y más.

En carta enviada el 25 de septiembre –días antes de la votación para aprobar la ley– a senadores y representantes federales, más de 30 ex embajadores y diplomáticos de alto rango solicitaron al Senado que no anulara el habeas corpus porque "no hay un principio más central de la democracia", ya que establece que el Poder Ejecutivo no podrá detener a menos que cuente con el consenso de un Poder Judicial independiente.

El promotor de la carta es nada menos que William D. Rogers, ex subsecretario de Estado (su jefe fue Henry Kissinger), y se suman diplomáticos reconocidos como Thomas Pickering (embajador en Centroamérica y ante Naciones Unidas, entre otros puestos), Anthony Quainton, Alexander Watson (ex subsecretario de Estado para América Latina), Princeton Lyman, J. Brian Atwood, Harry Barnes, Donald McHenry, Edward Corr y el ex asesor de Seguridad Nacional Anthony Lake.

La misiva, copia de la cual obtuvo La Jornada, señala que "nos han dicho que el propósito central" de la política exterior de George W. Bush es "la promoción de la democracia para otros", pero indica que "eliminar el habeas corpus en Estados Unidos como recurso para ciudadanos de otros países que han caído en nuestras manos no puede ser otra cosa más que un burla de esta pretensión a los ojos del resto del mundo".

Agregan que "proclamar que el gobierno democrático como la forma suprema de gobierno al resto del mundo al mismo tiempo que estamos eliminando la avenida más importante de defensa ante la detención arbitraria por un gobierno, no servirá a nuestros intereses en el mundo".

Por otro lado, una carta enviada a todos los senadores por la Asociación Nacional de Abogados (American Bar Association, o ABA), la principal organización nacional de la profesión legal, expresa su oposición a la propuesta que fue aprobada pocos días después en el Capitolio. "El habeas corpus, que asegura la protección contra la detención injusta por un gobierno, es uno de los pilares de nuestro sistema constitucional", subraya.

A la vez, la ABA también instó al gobierno de Bush a cumplir plenamente con las Convenciones de Ginebra y expresó su preocupación de que la nueva ley implica no sólo limitar protecciones judiciales a detenidos, sino también la autorización de "técnicas severas de interrogación" para agencias civiles estadounidenses.

"Cuando nos negamos a observar las normas internacionales para el tratamiento de detenidos... alentamos a otros en el mundo para que hagan lo mismo", afirma la ABA en la carta firmada por su presidenta, Karen Mathis.

Vale recordar que ex abogados militares de los más altos rangos se presentaron ante el Congreso para repudiar la formulación de la ley advirtiendo de sus graves consecuencias, y uno de ellos, el almirante John Hutson, quien fue el abogado militar de mayor rango en la marina, declaró que sin las protecciones del habeas corpus y más, "seremos nada más que otra república bananera".

Hubo hasta una carta en contra de esta propuesta de ley del ex general y ex secretario de Estado Colin Powell.

Menos sorprendentes fueron los comunicados y cartas enviadas el Congreso por más de 300 profesores de leyes, la Unión Americana de Libertades Civiles, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Center for Constitucional Rights, National Lawyers Guild y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, civiles y legales en este país.

También figuras reconocidas publicaron artículos en medios nacionales y editorialistas de diarios como el New York Times, y expresaron su rechazo a esta ley.

Nueva política oficial

El Washington Post, por ejemplo, publicó un artículo de Ariel Dorfman en que comenta sobre cómo es posible que haya llegado un momento en que se considera la tortura política oficial en este país.

"¿No puede ver Estados Unidos que cuando permitimos que alguien sea torturado por nuestros agentes, no es sólo la víctima y el perpetrador son corrompidos, no sólo es la 'inteligencia' la contaminada, sino también todos los que voltearon a otro lado y dijeron que no sabían, todos los que tácitamente asintieron a ese ultraje para que pudieran dormir un poco más seguros esa noche, todos los ciudadanos que no marcharon por las calles por millones para demandar la renuncia de quien fuera el que sugirió, o susurró, que la tortura es inevitable en nuestros tiempos, que tenemos que abrazar su oscuridad?", preguntó.

Continuó: "¿Estamos tan moralmente enfermos, sordos, mudos y ciegos que no entendemos esto? ¿Somos tan miedosos, tan enamorados de nuestra propia seguridad y bañados en nuestro propio dolor que en verdad estamos dispuestos a que la gente sea torturada" en nombre de Estados Unidos?, escribió en un artículo publicado el 24 de septiembre, cuatro días antes de la aprobación de esta ley.

A pesar de la enorme y amplia oposición, la dinámica política electoral y la combinación de miedo y secretos resultó en silencio cuando una mayoría de legisladores federales, que juraron lealtad a la patria y a su Constitución, aprobó esta ley.

Molly Ivins, veterana comentarista política (colaboradora de La Jornada, cuyos artículos aparecen en cientos de publicaciones estadounidenses), afirmó que "esta ley desecha limitaciones legales y morales cuando el presidente decida que es necesario (hacerlo); estamos hablando de principios fundamentales de decencia básica, como también de ley".

Por tanto, Ivins escribió: "solicito a los que apoyan esta ley que me ahorren una aflicción: no pretendan quedar sorprendidos por las consecuencias de esta legislación. Y no pretendan sorprenderse cuando el mundo nos empiece a comparar con los nazis".

Denuncian la anulación del habeas corpus y anuncian marchas en más de 175 ciudades, con la consigna “Fuera el régimen de Bush”. "Silencio y parálisis son inaceptables", afirman en una declaración Gore Vidal, Howard Zinn, Harold Pinter, Sean Penn y Jesse Jackson, entre otros

Campaña de intelectuales y activistas contra legalización de la tortura

Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 04/10/06

Nueva York, 3 de octubre.– Frente a la legalización de tortura y la anulación de derechos constitucionales bajo la ley recién aprobada por el Congreso y promovida por el gobierno de George W. Bush, un coro de prominentes figuras del mundo de la cultura, política, de defensa de derechos civiles y activistas denunciaron lo que consideran un paso hacia la "tiranía" en Estados Unidos y la urgencia de "rescatar" la democracia en este país.

En declaraciones, foros de emergencia, comunicados, anuncios pagados en los medios, comienza a registrarse una mayor respuesta a la ley para legalizar la tortura y anular la provisión contra la detención arbitraria para los designados "enemigos" de este gobierno. Hay convocatorias para acciones de repudio y denuncias por la aprobación de la nueva ley, aunque persiste la ausencia de una reacción generalizada entre los estadounidenses, a pesar de las advertencias de que su "democracia" está en riesgo.

Una iniciativa bajo la consigna: "El mundo no puede esperar; fuera el régimen de Bush", anuncia la realización de marchas y manifestaciones en más de 175 ciudades el próximo jueves 5 de octubre para exigir la destitución de Bush por sus "políticas criminales". Este esfuerzo comenzó hace un año con la difusión de una declaración endosada por figuras famosas y líderes sociales que ahora cobró urgencia con la legalización de la tortura. Acusan al gobierno de violar derechos humanos, guerras ilegales, tendencias fascistas, llaman a la destitución de Bush y su gobierno, y critican a los demócratas por complicidad.

"Si perdemos esta lucha, perdemos la democracia", advirtió Bill Goodman, director legal del Centro de Derechos Constitucionales en un foro realizado aquí, al comentar las implicaciones de la nueva legislación. "Bush y compañía –dijo– están determinados a destruir nuestra Constitución y Carta de Derechos; no podemos permitir que lo logren". Señaló que no sólo "autorizaron la tortura", sino la anulación del derecho de "habeas corpus" (garantía contra la detención arbitraria) para extranjeros designados como "combatientes enemigos ilegales" por Bush, y "sin ello (el habeas corpus), somos virtualmente esclavos en un Estado policiaco". Indicó que todo esto se parece a los tiempos del macartismo, y que como en ese entonces, "la tiranía florece frente a tres cosas: el silencio, los secretos y el temor".

El ex embajador de Gran Bretaña en Uzbekistán, Craig Murray, acudió al foro para hablar de cómo fue que renunció su cargo y perdió su carrera al denunciar la tortura financiada y endosada por Washington y Londres en ese país. "Mis instrucciones como embajador fueron expresar nuestra gratitud porque Uzbekistán era miembro de nuestra coalición en la guerra en Irak y contra el terrorismo", contó. Pero durante su estancia fue testigo de "juicios" falsos de "terroristas", y recibió pruebas de tortura, incluidas fotos de un joven que envió a Londres para ser analizadas por un médico forense, quien concluyó que le habían arrancado las uñas y después murió al ser sumergido en un líquido hirviendo.

"Cuando hirvieron hasta la muerte a ese hombre, el contribuyente estadounidense estaba pagando por el calor", sostuvo Murray, al señalar que Washington había ofrecido unos 500 millones de dólares en asistencia al régimen totalitario de Uzbekistán en ese mismo periodo. El diplomático recibió pruebas de cómo torturaban a hijos para que los padres "confesaran", y violaciones sexuales de hijas frente a sus padres.

Murray señalo que la legalización de la tortura por el Congreso y Bush "ya no es producto de políticas neoconservadoras; esto ya es neomedieval: han hecho que regresen la tortura y las cruzadas".

Sean Penn envío un mensaje al foro, acusando de "arrogante y cobarde" al gobierno de Bush y de ordenar la matanza de "nuestros hermanos y hermanas, hijos e hijas" en la guerra. El actor Mark Ruffalo dice que llegó el momento de detener las políticas del gobierno de Bush que causan muerte y desesperación tanto en el extranjero como en este país, y advirtió que lo que se llama democracia en este país está bajo ataque por este régimen.

La actriz de cine y teatro Olympia Dukakis dio lectura a una declaración a la que se han suscrito cientos de artistas, religiosos, abogados, líderes comunitarios y más, ante varios cientos de activistas que acudieron al foro en esta ciudad, en donde se acusa al gobierno de Bush de engaños, guerras ilegales, torturas, detenciones arbitrarias, la supresión de la ciencia bajo la religión, y la negación de derechos básicos. "El régimen de Bush está intentando rehacer la sociedad radical rápidamente, de una manera fascista, y para las próximas generaciones. Tenemos que actuar ahora; el futuro está en juego", afirma el texto.

"El silencio y la parálisis no son aceptables... el desastroso curso de este régimen de Bush tiene que ser detenido. Y tenemos que asumir la responsabilidad para hacerlo", afirma la declaración en el llamado por una movilización masiva y constante para "sacar a Bush del poder". Entre los firmantes están Gore Vidal, Howard Zinn, Harold Pinter, Sean Penn, Daniel Ellsberg, el reverendo Jesse Jackson, la poeta Grace Paley, Dennis Brutus, John Sayles, Susan Sarandon, el escultor Richard Serra, John Heard, Sonia Sánchez, Jessica Lange, Cindy Sheehan, los representantes federales John Conyers, Maxine Waters, Major Owens y Bobby Rush, Ricky Lee Jones; la general brigadier retirada Janis Karpinski, Kurt Vonnegut, Jonathan Kozol, el teniente Ehren Watada (quien rehusó órdenes para ir a Irak por considerar ilegal la guerra), la ex diplomática Ann Wright, Alice Walker, el coreógrafo Bill T. Jones, el Hip Hop Caucus, Carlos Arango de Casa Aztlán, el padre Roy Bourgeois, Tom Morello de Audioslave, Ozomatli, Boots Riley del grupo hiphopero The Coup, y decenas más (la declaración y listas completas se pueden revisar en www.worldcantwait.net).

Comienza el ruido

Aunque lo que podría llamarse "movimiento" en contra de estas políticas continúa dividido (algunas de las coaliciones nacionales contra la guerra no apoyan las acciones del 5 de octubre), al parecer empieza un ruido que está rompiendo el silencio que imperó al aprobarse la ley para legalizar la tortura y anular un principio básico del sistema legal.

Tal vez está sonando el eco de algo dicho por un héroe nacional hace casi 40 años: "Llega un momento donde el silencio es traición", declaró Martin Luther King, Jr en la iglesia Riverside el 4 de abril de 1967 durante su histórico discurso repudiando las políticas bélicas de Washington y llamando por una "revolución de valores" en Estados Unidos.

Más que a azufre, en Washington todo huele a corrupción

Proliferan los escándalos políticos

Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 30/09/06

Washington, 29 de septiembre.– Aunque aún hay disputa aquí de si huele a azufre, no hay duda de que huele a podrido. En medio de grandes discursos sobre libertad, justicia, democracia, guerras contra el terrorismo y las drogas, amenaza nuclear y grandes debates por la tortura, migración y derechos constitucionales, en las últimas semanas casi pasó desapercibido el gran tema actual: la corrupción.

Entre las últimas noticias, un representante federal republicano se declaró culpable de poner a la venta su curul, otro legislador demócrata está bajo investigación por aceptar cientos de miles de dólares en sobornos, el Departamento del Interior es acusado de "irresponsabilidad administrativa" por tolerar conflictos de interés y favores personales de funcionarios y la industria privada a los más altos niveles, y un alto jefe del Departamento de Estado usaba su oficina para operar un negocio de caballos de carrera. Son algunos casos de lo que parece una epidemia de corrupción en los pasillos del poder.

Este viernes trascendió que algunos de los más altos funcionarios de la Casa Blanca tuvieron relaciones y aceptaron regalos de un cabildero que está en el centro de uno de los escándalos de corrupción política más grande en tiempos recientes.

Aunque parecía que la clase política había logrado en los últimos meses superar la crisis de una serie de escándalos de corrupción –o por lo menos suprimir sus consecuencias–, el anuncio del representante federal republicano Bob Ney para declararse culpable de acusaciones federales de corrupción ha provocado que el tema reaparezca en el escenario del teatro político.

Ney, pese a su confesión de que ponía su curul a la venta, se niega a renunciar a su puesto, lo cual coloca a sus colegas republicanos en situación incómoda al entrar en la recta final de la elecciones legislativas de noviembre. Peor aún, no es un caso aislado, es sólo uno de los políticos involucrados en uno de los escándalos de corrupción más grandes en esta capital en tiempos recientes, el cual tuvo en el centro al cabildero republicano Jack Abramoff.

Un informe de un comité legislativo de la Cámara se dio a conocer hoy con más noticias del gran escándalo Abramoff. En filtraciones a medios, documenta que hubo más contactos entre el cabildero y la Casa Blanca de lo que se había divulgado. Se registran 450 contactos, por lo menos nueve de ellos directamente con el asesor presidencial Karl Rove. Se ofrecieron regalos y cenas a cambio de favores, y en algunos casos parece que resultó en los favores políticos deseados, reportó ABC News.

Ney es el primer legislador que admite actos criminales en esta investigación, pero otros lo seguirán en este camino, mientras Abramoff sigue cooperando con las autoridades desde que a principios de este año confesó su conspiración para corromper a funcionarios públicos, incluyendo a Ney.

Por ejemplo, el senador Conrad Burns, republicano, enfrenta una relección difícil en parte por sus vínculos con Abramoff. Varios legisladores más están bajo investigación en ese escándalo. Otros sufren las consecuencias de relaciones posiblemente corruptas con cabilderos, legisladores y hasta funcionarios de la CIA y el Pentágono.

También vale recordar que el antes todopoderoso líder de la mayoría republicana en la Cámara baja, Tom DeLay, fue obligado a renunciar al ser acusado de violar leyes de financiamiento electoral en Texas. DeLay también era íntimo amigo de Abramoff.

Otro representante republicano federal, Randy Cunningham, fue obligado a renunciar al ser condenado por delitos de corrupción, y hoy está en la cárcel. El representante demócrata William Jefferson está siendo investigado por actos corruptos, entre otros delitos. El FBI descubrió 90 mil dólares en efectivo en el congelador de su casa.

Todos estos escándalos motivaron la promesa de los legisladores de promover nuevas normas de ética y leyes anticorrupción. Meses después, sólo han impuesto algunos cambios cosméticos en la relación entre el dinero y la política. No es sorprendente que en las encuestas sólo 25 por ciento de la población aprueba el trabajo del Congreso.

Pero lo que podría ser caracterizado de corrupción es aún más amplio que sólo sobornos y otros aspectos del negocio de la política, por ejemplo actos de corrupción en el ejercicio de los funcionarios públicos.

El inspector general del Departamento del Interior denunció que en los más altos niveles de esa dependencia "todo se vale, menos un crimen" en el manejo de decisiones que benefician a intereses particulares de la industria privada, lo que provoca sospechas de conflictos de interés y encubrimiento de potenciales delitos.

En el Departamento de Estado, Kenneth Tomlinson, presidente de la junta federal encargada de programas de televisión y radio federales trasmitidos en el extranjero (incluso la Voz de América y Radio y TV Martí), logró mantener su trabajo pese a que el inspector general de esa secretaría reportó que el funcionario había usado su oficina para administrar una operación de caballos de carrera, y había colocado de manera inapropiada a un colega en la nómina.

En la Comisión Federal de Comunicaciones los jefes ordenaron al personal destruir las copias del borrador de un informe que tenía conclusiones que aparentemente contradicen los argumentos oficiales del gobierno de George W. Bush. El informe, redactado en 2004, concluye que la concentración de control de los medios limita la cobertura de noticias a escala local. Esa conclusión es opuesta al argumento de la comisión para liberalizar las reglas del control privado de los medios y permitir mayor concentración entre dueños de televisoras locales.

A todo esto se le llama "servicio público". Aunque cada vez que estalla un escándalo hay más denuncias de una "cultura de corrupción" en Washington, investigaciones, foros y a veces hasta leyes para responder a la última expresión de esta "enfermedad". Pero eso parece ser algo para consumo popular porque aquí adentro el olor a podrido es antiguo en muchos de estos majestuosos edificios que albergan el negocio de gobernar o, tal vez, el gobierno de los negocios.