La Casa Blanca y senadores se ponen de acuerdo para

Hacer la tortura legal

Por Nicole Colson
Socialismo Internacional, Puerto Rico, 20/10/06

La Casa Blanca de Bush y un grupo de senadores republicanos se declararon victoriosos la semana pasada, luego de alcanzar un acuerdo en la legislación acerca del trato hacia los detenidos en la "guerra contra el terrorismo" de EE.UU.

Pero en vez de "comprometerse" a proteger los derechos de los detenidos – como alegaron que deseaban los senadores Republicanos John McCain, Lindsey Gram. y John Warner– la nueva propuesta contribuirá a legalizar la tortura y a prevenir que los detenidos tengan el derecho de recibir un juicio justo.

El acuerdo legal, que se espera sea aprobado por el congreso, da a la administración Bush, mucho de lo que esta administración demandaba.

Enfrentados con una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que reta su sistema de detenidos en la base de Guantánamo en Cuba, la Casa Blanca ha estado presionando al Congreso a que reescriba partes del Acta de Crímenes de Guerra de 1996 para evitar que los prisioneros estén protegidos bajo la Convención de Ginebra que ilegaliza "la violación a la dignidad personal, en particular, tratos humillantes y degradantes."

Bush afirmó repetidamente que cumplir con la Convención de Ginebra sería una "amenaza a nuestra nación" – supuestamente poniendo en riesgo de otro ataque terrorista a los EEUU si los interrogatorios de la CIA a los detenidos fueran suspendidos. La Agencia Central de Inteligencia es conocida por utilizar los llamados "procedimientos de interrogación alternativos" como el de ahogar los detenidos en el agua sin llegar a matarlos y el uso de abusos psicológicos extremos, considerados ilegales bajo las leyes internacionales.

Bajo el nuevo trato, aunque se mantenga el lenguaje de la Convención de Ginebra en la ley, Bush mismo emitirá una orden ejecutiva definiendo el "significado y aplicación" de la Convención de Ginebra, y especificando qué técnicas de interrogación quedarían prohibidas.

En otras palabras, a la administración Bush se le permitirá continuar reescribiendo la ley para moldearla a sus definiciones de lo que constituiría "una violación a la dignidad personal" – dejando el camino libre para que la CIA continúe con su programa de interrogación.

Justo mientras el acuerdo estaba siendo negociado, las nuevas revelaciones demostraban el alcance de estas detenciones por parte de los EEUU desde el inicio de su "Guerra contra el Terrorismo."

De acuerdo con un reporte del periódico Seattle Post–Intelligencer, desde el 11 de Septiembre, los EEUU han formado una red global de prisiones en las cuales se estiman que hay 14,000 detenidos –– la mayoría de ellos en Irak – los cuales permanecen encarcelados sin ningún tipo de cargos. Decenas de miles más – desde 2004, más de 18,000 en Irak – han sido detenidos por semanas, meses o hasta años por los Estados Unidos, antes de ser finalmente soltados.

"Muchos dicen que fueron capturados en las redadas del ejército estadounidense, a menudo interrogados de sol a sol, luego soltados meses o años más tarde sin pedir ningún tipo de disculpas, compensaciones o cualquier tipo de explicación del por qué fueron apresados," según el Post–Intelligencer. "Entre un 70% a un 90% de las detenciones en Irak en el 2003 fueron 'errores,'admitieron oficiales estadounidenses a la Cruz Roja Internacional."

De acuerdo al reporte, el número de detenidos bajo la custodia de EEUU ha aumentado desde la publicación de las fotos que mostraban los abusos cometidos contra los detenidos por parte de los guardias en la prisión de Abu Ghraib.

Cuando las fuerzas de ocupación estadounidenses le dieron el control de la prisión de Abu Ghraib a las fuerzas iraquíes a principios de este año, ésta estaba vacía sólo porque los 3,000 prisioneros mantenidos en la facilidad fueron transferidos a Camp Cropper, donde EE.UU aún está a cargo.

En total, ha habido aproximadamente más de 800 investigaciones militares por abuso a detenidos en Irak y en Afganistán. Hasta el mes de mayo, sólo 89 miembros de las fuerzas de ocupación han resultado convictos en cortes marciales por crímenes relacionados a los abusos a los detenidos.

Como el Post–Intelligencer comentó, "La organización con base en Nueva York, Human Rights First reportó que de los 34 casos en los cuales se confirma o sospecha el asesinato de detenidos, sólo 14 han sido castigados. La pena más fuerte en casos relacionados a muertes por torturas ha sido de 5 meses en la cárcel."

La horrible realidad del sistema estadounidense de torturas se hace claro en el caso de Maher Arar.

En septiembre 26 de 2002, Arar, un ciudadano canadiense nacido en Siria, se disponía a regresar a su hogar en British Columbia luego de unas vacaciones en Túnez, cuando en el cambio de aviones en el Aeropuerto Internacional Kennedy en Nueva York fue detenido. Aparentemente, él, fue identificado erróneamente por las autoridades del Canadá como un "extremista islámico" con supuestos vínculos con la red de al–Qaeda.

Arar fue interrogado por 13 días consecutivos antes de ser encapuchado, encadenado y transportado – "entregado," para usar el lenguaje de la CIA–a ultramar, primero a Jordania y luego a Siria. Allí, Arar, fue golpeado – muchas veces, según él, con cables eléctricos, hasta quedar desorientado – y luego fue llevado a una celda húmeda bajo tierra del tamaño de un ataúd. Después de 10 meses de abusos y tortura, finalmente Arar fue puesto en libertad gracias a la intervención del gobierno de Canadá. Nunca se le acuso de ningún cargo.

La semana pasada, una comisión canadiense exoneró a Arar, diciendo que no tenían ningún tipo de evidencia que lo pudiera conectar con terroristas o que representara una amenaza a la seguridad. Oficiales canadienses criticaron al gobierno de los Estados Unidos por actuar en una "manera inapropiada."

Basado en el reporte, eso es una declaración muy incompleta. El 4 de octubre de 2002, antes de sacar a Arar fuera de los Estados Unidos, oficiales de contraterrorismo en Canadá enviaron un fax al FBI diciendo que ellos "tienen que completar una investigación detallada del Sr. Arar o un análisis que lo vincule", y que "mientras él ha tenido contacto con varios individuos de interés a este proyecto somos incapaces de indicar los vínculos con al–Qaeda."

Al otro día, un oficial de la Real Policía Montada Canadiense habló por teléfono con un agente del FBI no identificado. "Durante esta conversación, el oficial del FBI dijo que los americanos temían de que no tuvieran información suficiente que sustentaran los cargos contra el Sr. Arar," dijo el reporte.

El oficial canadiense estuvo de acuerdo, diciendo que existía y también "evidencia insuficiente para formularle cargos al Sr. Arar en Canadá." Oficiales canadienses dijeron a los EEUU que Arar sería puesto bajo vigilancia una vez regresara a Canadá.

Sin embargo, en vez de permitirle que regresara a su casa, los Estados Unidos aparentemente hicieron un trato con Siria – conocido por utilizar la tortura – para que tomaran a Arar y lo "cuestionaran," sin informar a oficiales canadienses. "Aparentemente las autoridades estadounidenses mantuvieron intencionalmente a los oficiales canadienses a la sombra de sus planes de remover al Sr. Arar hacia Siria," según el reporte.

Durante varias semanas luego de haber sido "enviado", los oficiales canadienses no lo podían localizar, ya que oficiales sirios al principio negaban que el se encontrara en el país – según el reporte, con el objetivo de esconder el hecho de que estaba siendo torturado. "Yo he esperado un largo tiempo para que mi nombre esté limpio," dijo Arar en unas declaraciones la semana pasada. "Fui torturado y perdí un año de mi vida. Yo nunca voy a ser el mismo. Los Estados Unidos tienen que tomar responsabilidades por lo que me hicieron a mí y tienen que detener la destrucción de más vidas inocentes con sus acciones ilegales."

Pero si la administración Bush y el Congreso logran su objetivo, personas como Maher Arar se encontrarán con muchos más obstáculos a la hora de probar su inocencia.

La nueva legislación acordada admitirá declaraciones obtenidas a través de la coerción y por evidencia recopilada a través de rumores, mientras que los derechos para poder apelar se limitan aún más. Además, la ley exime retroactivamente a oficiales de la administración Bush, agentes de la CIA y otro personal militar de ser procesados bajo el Acta de Crímenes de Guerra por algunos de los actos de abuso mental y físico que los detenidos dicen haber sido sujetos mientras se encontraban detenidos bajo custodia estadounidense.

Además, los detenidos bajo las fuerzas estadounidenses en otros países serán legalmente despojados de su derecho de "Habeas Corpus". Esto básicamente condena a los detenidos a estar en cautiverio indefinidamente, sin ningún tipo de derecho a retar la detención en cortes de los Estados Unidos.

Como el presidente del Centro por los Derechos Constitucionales, Michael Ratner dijo a Inter Press Service, que la desaparición del "Habeas Corpus" "es el equivalente de la autorización de detenciones ejecutivas – una de las principales características en un estado policíaco".