Rechaza la Suprema Corte apelaciones de presos de Guantánamo

El Congreso con mayoría demócrata vota la continuación de la guerra en Irak

Por David Brooks
Corresponsal en EEUU
La Jornada, 03/04/07

Nueva York, 2 de abril.– Al parecer el juego político ahora es evadir toda responsabilidad en la llamada "guerra contra el terror", con la negativa de la Suprema Corte de Justicia de abordar el asunto de la constitucionalidad del campo de concentración en Guantánamo y los demócratas evadiendo su compromiso de poner un alto a la guerra en Irak.

Con ambas decisiones, el gobierno de George W. Bush puede proceder con sus políticas bélicas que han sido no sólo repudiadas por la mayoría de la ciudadanía estadounidense, sino reprobadas por la opinión mundial.

La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó hoy apelaciones de detenidos en el campo militar de Guantánamo, quienes habían cuestionado la validez legal de una ley autorizando las llamadas comisiones militares para realizar juicios marciales de los "enemigos combatientes", así como la legalidad de su detención por llevar más de cinco años sin ser formalmente acusados o sometidos a un juicio.

La puerta no se ha cerrado

Con este fallo –con tres de los nueve jueces que consideraron que sí se debería evaluar el caso– (sólo se requieren cuatro votos en favor para otorgar la apelación), el gobierno de Bush logró, por ahora, mantener a los detenidos extranjeros acusados de "terrorismo" sin acceso a tribunales civiles, ni otorgarles derechos constitucionales básicos, como el habeas corpus. Sin embargo, dos de los jueces expresaron que aunque la Suprema Corte optó por no considerar las apelaciones en esta instancia, eso no significa que el máximo tribunal cierre la puerta a estos casos, y advirtieron que podría haber nuevas circunstancias que obligarían a una revisión judicial de estos casos.

Pero por el momento, los aproximadamente 385 prisioneros en la base estadounidenses de Guantánamo, en Cuba, continuarán sin derecho a cuestionar la legalidad de su detención, sin acceso a tribunales y sin disfrutar de derechos básicos otorgados a todo detenido dentro de Estados Unidos. Tampoco pueden presentar denuncias formales por tortura o maltrato al que pudieron haber sido sujetos en Guantánamo u otras prisiones clandestinas.

Mientras los comentaristas y varios medios no cesan de hablar sobre el creciente enfrentamiento entre el liderazgo demócrata del Congreso y la Casa Blanca republicana en torno a la guerra en Irak, en los hechos poco ha cambiado. Aunque la Cámara de Representantes primero, y el Senado poco después, aprobaron una legislación que incluye fechas límite para un retiro de tropas estadounidenses de operaciones de combate, y aunque Bush y su equipo han denunciado estas medidas como inaceptables frente a un "enemigo" despiadado, en realidad lo único concreto que ha ocurrido es la aprobación de continuar la guerra durante por lo menos un año o más.

De hecho, las tropas no necesariamente serían retiradas, sino "redesplegadas" bajo la legislación adoptada por ambas cámaras. Un número no establecido de tropas permanecerán en Irak para operaciones "antiterroristas", capacitación de las fuerzas de seguridad iraquíes y "protección diplomática", entre otras actividades. Algunas de las tropas serán enviadas a Afganistán para operaciones contra Al Qaeda, y a otros países de la región.

En tanto, la legislación aprobada otorga 124 mil millones de dólares en fondos "suplementarios" para financiar la guerra de aquí hasta mediados del año entrante; o sea, los demócratas sí aprobaron la llamada "oleada" para incrementar el numero de tropas enviadas a Irak propuesto por Bush.

Las votaciones cerradas (218 a 212 en la cámara, 50 a 48 en el Senado) no tenían que ver con la aprobación del financiamiento, sino con establecer las fechas límite a las que el presidente se oponía. O sea, casi nadie entre los legisladores votó contra la guerra en sí, sólo ocho demócratas y dos republicanos en la cámara votaron explícitamente contra la legislación por su oposición a la guerra.

El representante John Lewis –veterano del movimiento de derechos civiles de los sesenta– fue uno de los pocos que se atrevió a votar en contra de su propio liderazgo demócrata. "No votaré y no puedo votar por otro dólar o centavo para apoyar esta guerra", declaró ante el pleno.

El comentarista Alexander Cockburn escribió en su columna en The Nation que "así, cuando se trata de la guerra en sí, la cual ha llevado a la desintegración sangrienta de la sociedad iraquí, la muerte de hasta 5 mil iraquíes al mes, la muerte y mutilación de soldados estadounidenses cada día, absolutamente nada ha ocurrido desde que los demócratas triunfaron en (las elecciones legislativas de) noviembre cortesía del asco popular estadounidense contra la guerra". Acusa que el liderazgo demócrata en ambas cámaras "optó por aparentar una oposición a la guerra mientras continúa financiándola", y gran parte de las fuerzas progresistas anti guerra se han tragado esta ilusión.

Más soldados serán enviados esta semana a Irak, a una guerra que cada vez menos apoyan y cientos de detenidos permanecerán en Guantánamo sin derecho a saber porque están ahí o cuándo saldrán de ese hoyo negro. Los políticos y los jueces –como gran parte de la cúpula estadounidense– se dedican, como lo hicieron otros famosos recordados en esta Semana Santa, a lavarse las manos.

Menos que humanos, según la justicia de EEUU

Por William Fisher
Inter Press Service (IPS), 03/04/07

Nueva York.– La indolencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ante el clamor de los más de 300 detenidos en la base naval de este país en Guantánamo, Cuba, es objeto de duros cuestionamientos por parte de activistas y expertos en derechos humanos.

La Corte decidió el lunes no atender los casos de los musulmanes tomados prisioneros en la "guerra" de Estados Unidos "contra el terrorismo" y recluidos en Guantánamo, hasta que no se agoten las vías legales en tribunales de apelaciones de menor rango.

Como consecuencia, el principal tribunal estadounidense se negó a revisar la legalidad de la detención hasta que se cumplan, en todos los casos, los procedimientos previstos en la Ley de Tratamiento a Detenidos (DTA), aprobada en 2005.

Esa norma permite apelaciones de las decisiones tomadas por paneles militares ante tribunales civiles, pero muy limitadas.

La reacción de las organizaciones de derechos humanos y civiles fue rápida: "La Corte Suprema demoró una vez más una resolución sobre el destino de estos detenidos, a tres cuartos de los cuales las fuerzas armadas admiten que nunca acusarán", dijo Vincent Warren, director ejecutivo del Centro para los Derechos Constitucionales, que representa a tres prisioneros.

"Estos hombres languidecen sin ningún mecanismo significativo para cuestionar su detención, que lleva más de cinco años", advirtió Warren.

"El proceso que el gobierno instaló es una farsa. Permiten el uso de evidencia obtenida a través de la tortura y no hay una revisión real de los hechos. Las revisiones de acuerdo con la DTA no son un sustituto adecuado para el derecho de hábeas corpus. Ojalá que nuestros clientes sobrevivan hasta que logren pisar un tribunal", dijo.

El Centro para los Derechos Constitucionales representa a muchos de los detenidos en Guantánamo y coordina el trabajo de medio millar de abogados que trabajan honorariamente.

"Después de esperar justicia en vano durante cinco años, muchos de los detenidos de Guantánamo nunca fueron acusados de ningún acto hostil contra estadounidenses, pero todos ellos sufrieron condiciones de detención graves y abusivas y tratamientos violatorios del derecho internacional", dijo a IPS Gabor Rona, de la organización Human Rights First.

"Ahora se les dice que sus demandas deben volver a los mismos tribunales de bajo rango que les negaron el derecho incluso a cuestionar su detención ante la justicia", agregó Rona.

Los tres jueces que redactaron el fallo, Anthony M. Kennedy y John Paul Stevens, anotaron que deseaban ver el proceso establecido por la DTA en acción antes de determinar si se trata de un sustituto adecuado para el hábeas corpus.

La DTA permite a los detenidos recurrir a las cortes de apelaciones la declaración de "combatiente enemigo" que les endilgan los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatientes.

Abogados del Centro para los Derechos Constitucionales consideraron que el proceso en estos tribunales es "una farsa". "El gobierno controla qué evidencia y qué testigos son admitidos, la evidencia obtenida mediante tortura se permite, los detenidos no cuentan con un representante legal y no hay garantías del debido proceso", explicaron en una declaración.

"Algunos detenidos son sometidos al proceso hasta tres veces, hasta que son hallados culpables. El proceso está diseñado para que el gobierno obtenga los resultados que quiere", agregaron.

El fallo del lunes no se refirió a la fundamentación de los casos presentados, sino a la posibilidad legal de que la Corte Suprema pudiera atenderlos en esta instancia.

Los jueces Stevens y Kennedy indicaron: "Si los solicitantes procuran establecer luego que el gobierno retrasó irracionalmente los procedimientos bajo la Ley de Tratamiento a los Detenidos de 2005 (o les ocasionó) alguna otra lesión en curso, existen medios alternativos que no son nuestra jurisdicción en los tribunales de apelaciones."

El juez Stephen Breyer anotó, en su informe en minoría: "Es irracional sugerir que el circuito del Distrito de Columbia (la ciudad de Washington) permitirá en futuros procedimientos bajo la DTA revisiones que le reconozcan a los peticionantes el derecho que ese circuito ya ha concluido que no tienen."

De todos modos, la Corte Suprema había reafirmado en sentencias anteriores el derecho de los detenidos en Guantánamo al recurso de hábeas corpus, en los casos Rasul versus Bush (2004) y Hamdan versus Rumsfeld (2006).

Como respuesta, el presidente George W. Bush presentó al Congreso para que aprobara el año pasado la Ley de Comisiones Militares, que niega a los detenidos toda posibilidad de presentar recursos de hábeas corpus.