Euskadi a la hora del Plan Ibarretxe

Andalucía Libre, 02/02/05 (*)

El 1 de Febrero el Parlamento español rechazó en sesión sumarísima el Proyecto de nuevo Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi, también conocido como Plan Ibarretxe, aprobado por mayoría absoluta por el Parlamento vasco el pasado 30 de Diciembre. El Parlamento español despreció la decisión del Parlamento vasco con una votación de 29 votos a favor de su toma en consideración, 313 en contra y 2 abstenciones. Su tratamiento parlamentario se produjo tras una campaña españolista sostenida de ocultación, difamación y manipulación desaforada que se condensó finalmente en los 315 votos españolistas contra el derecho a la autodeterminación.

En esa hora se escenificó para la historia, de forma nítida y sin confusión ni excusa posibles, el conflicto de soberanías y legitimidades nacionales: España se impuso a Euskadi en un ejercicio evidente e incontestable de opresión nacional; la mayoría española predominó sobre la mayoría vasca. El Estado español –sostenido por la fuerza, que no por los votos– anuló legalmente en Madrid la legitima propuesta política aprobada en Euskadi por la mayoría vasca de forma impecablemente democrática, negándose al tiempo a reconocer el derecho de la nación vasca a decidir libremente su destino.

El día antes, por su parte, las cuatro fuerzas representadas en el Parlamento andaluz –las sucursales andaluzas del PSOE, PP y PCE/IU más el regionalista PA– en un despreciable ejercicio de sucursalismo y seguidismo político a sus jefes españoles acordaban una nueva declaración conjunta contra el Plan Ibarretxe –que formalizaran próximamente en sede parlamentaria– revalidando con ello, para vergüenza de Andalucía, su condición compartida de mamporreros de España. La infamia se ejecutó entre repulsivas declaraciones que rezuman cobardía e hipocresía, ocultándose por enésima vez tras el "agravio comparativo" para reafirmar de hecho su lacayuna lealtad española y su servilismo constitucional y perpetrar así una nueva traición a los intereses nacionales de Andalucía.

Recapitulación de recorrido

El texto conocido como Plan Ibarretxe es el resultado final de una coyuntura política sumamente compleja en la que el PNV buscó alcanzar simultáneamente tres objetivos:

1º. Salir con una iniciativa propia de una contingencia histórica en la que la ilegalización de Batasuna por el Estado español –apoyada por PP/PSOE/IU– amenazaba con emparedarlo con riesgo cierto de rebajarlo a la condición de Quisling vasco, aprisionándolo entre los empujes opuestos del Estado español que le imponían de una parte el colaboracionismo y de la izquierda abertzale que le reclamaba, de otro, resistencia y dignidad nacional. La oferta concreta de elaboración de nuevo Estatuto permitía al PNV zafarse de la presa y recuperar protagonismo y centralidad políticas al proponer un nuevo proceso constituyente vasco en términos positivos. El énfasis en el proceso le facilitaba, además, eludir la vía de asunción unilateral de competencias a la que se había comprometido, dilatando con ello el momento de una confrontación frontal con España nunca realmente deseada por la fracción dominante del aparato peneuvista.

2º. Ante el agotamiento evidente de la formulación estatutaria vigente –tanto por la actuación española como por las consecuencias de la construcción neoliberal europea– la propuesta de nuevo Estatuto político permitía al PNV trascender su responsabilidad histórica en la imposición del modelo vigente, situándose en vanguardia en un escenario político actualizado creado de su mano y bajo su dirección. Su desmarque y avance le posibilitaba igualmente presentar y fijar nuevos contenidos programáticos para Euskadi con los que estructurar y adoctrinar a su masa social, justificar sus alianzas con EA y EB–IU y ofertar un renovado proyecto nacional vasco que superara limites y debates recurrentes, sorteando –al menos aparentemente– obstáculos sobradamente conocidos. Las previsiones sobre su curso institucional posible, dada la correlación de fuerzas, incluían obviamente utilizarlo como justificación y reclamo para una renovada mayoría absoluta en el Parlamento vasco, dejando implícitamente abierta la puerta a un posterior reencuentro negociador posibilista con el PSOE. 3º. En el diseño político previsto, además, el Plan Ibarretxe debería servir destacadamente para la absorción paulatina por el PNV de la base electoral de la izquierda abertzale, de tal forma que la actuación combinada del Plan como propuesta política de un lado, sumados a los efectos del colapso de la estrategia de ETA y a los derivados de la represión española (ilegalización de Batasuna; arbitrariedades judiciales y penitenciarias; etc) de otro, cuarteara la cohesión de la izquierda abertzale, dejándola huérfana de referencias y propuestas políticas operativas, permitiéndole al PNV avanzar hacia la recuperación de la plena hegemonía política sobre el conjunto del nacionalismo vasco

La respuesta que articuló el Plan Ibarretxe se demostró extremadamente inteligente para resolver conjuntamente estos desafíos políticos, facilitándole al PNV avanzar un significativo trecho con sus dos almas –la autonomista y la independentista– aparentemente conciliadas. El Plan Ibarretxe se sostuvo no en la reclamación aislada de controvertidos principios abstractos de difícil aprehensión y plasmación sin disponer previamente de poder nacional propio (autodeterminación, territorialidad vasca...) sino en la proposición y codificación de todo un modelo institucional completo viable que resultara de una aplicación desarrollada de esos principios, condensados en un ejercicio articulado y unilateral de Soberanía Nacional vasca; sin constreñirse ni someterse a las imposiciones del marco constitucional español resultado de la Reforma del franquismo, aunque aceptando su curso procedimental como plataforma para sostener una negociación bilateral posterior. No se instalaba en la espera o a expensas de una hipotética negociación para iniciar su recorrido sino que, aprovechando la existencia del Parlamento vasco y de una mayoría democrática en su seno, comenzaba desde el primer momento a construirse como referencia y nueva situación.

Su resultado definía una relación bilateral entre Euskadi y España a partir de una determinada aplicación de lo que el PNV entendía por derechos vascos: una suma doctrinal –marca de esa casa– del incuestionable derecho nacional democrático de Euskadi a la autodeterminación y de una lectura ideológica interesada de los privilegios históricos de los territorios vascos en el seno de la Monarquía española.

Su producto final se manifestaba, ciertamente, con la formulación más adecuada a los intereses sociales que encarna su principal factor pero, a la vez e inobjetablemente, implicaba también un avance democrático cualitativo y una protección reforzada de las potencialidades y expectativas de progreso y mejora del conjunto de la sociedad vasca. El modelo resultante no era "secesionista" ni "independentista" –pese a las afirmaciones de la propaganda española– sino una especie de resurrección de la relación pactada que creó Austria–Hungría en 1867; en la que, bajo el paraguas de la "libre asociación", la soberana Euskadi proyectada por el PNV asumiera los beneficios y ventajas de la histórica posición magiar en un dualismo contractual con España adaptado a los intereses y circunstancias nacionales vascos; sin por ello abdicar ni un segundo de su derecho a posteriores desarrollos.

El proyecto contó desde un principio con la persistente descalificación y el boicot del bloque españolista PSOE–PP, tanto en Euskadi como en España. El motivo esencial de esta oposición no radicaba, claro está, en que el nuevo Estatuto confiriera privilegios a Euskadi. Es evidente que los españolistas tienen a su espalda toda una tradición histórica acreditada de favorecer a Euskadi a la vez que le niegan derechos políticos nacionales efectivos –como también a Cataluña– aunque siempre en abultadísima menor proporción que a Madrid, parásito creado artificiosamente de la nada en medio del páramo por la Corte y engordado al calor y amparo del Estado español hasta el día de hoy.

Sin necesidad de hacer extensa referencia a la situación privilegiada de los territorios vascos bajo las Monarquías españolas –que tanto contrasta con la anexión y persecución inquisitorial posterior que marcaron la conquista e incorporación de Andalucía– baste recordar al respecto la concesión por Canovas de los Conciertos Económicos a la oligarquía vizcaína en 1878, proporcionándole un régimen tributario y fiscal singular hecho a su medida, que bien le nutrió en españolismo. O citar como la dictadura franquista, incluso cuando se los suprimió en 1937 a Guipúzcoa y Vizcaya –consideradas "provincias traidoras" por su soporte al Gobierno Vasco en la Guerra civil– los mantuvo operativos ininterrumpidamente en Álava y Navarra –sin que ello fuera incompatible con una feroz persecución sobre la lengua y cultura vascas– hasta que los pactos de los postfranquistas con el PNV en 1978–1980 los hicieron nuevamente extensivos al conjunto de Euskadi sur, recuperados en el mismo paquete que la aprobación del Estatuto de Guernica a cambio de no batallar por la autodeterminación (como siguió haciendo en solitario la izquierda abertzale).

Como es notorio, la razón nuclear de la oposición españolista, sea de derecha reconocida o de pretendida izquierda, al nuevo Estatuto se ha motivado en que el nuevo Estatuto se sustenta y legitima en la Soberanía Nacional vasca –sea ejercida y concretada como fuese– y no en una concesión otorgada por España, desde una legalidad construida bajo su interés y supervisión. Ni más ni menos.

El apoyo de EB–IU al nuevo Estatuto, fundado en su inesquivable necesidad política como condición para integrarse en el Gobierno vasco y para consolidarse como marca vasca, se asentaba precisamente en sus limites –el hecho de no ser independentista– y especialmente en su voluntad conciliadora con España, aún desde el privilegio; argumentos y presupuestos que en su momento compartió expresamente incluso el mismo Llamazares. El sostén de EB–IU se complementó con la presentación durante su proceso de elaboración en el Parlamento vasco de unas esotéricas enmiendas, hechas exclusivamente a efectos de preservación de imagen y predestinadas para decaer y ser olvidadas, cuya aportación más significativa era remitirse frívolamente con insistencia digna de mejor causa a una inexistente e inviable "Constitución de la República Federal Española". Acompañaban a estas de fondo, otras sectoriales de muy diversa entidad y suerte: unas de mayor profundización democrática en el funcionamiento interno de Euskadi; otras de reiteración europeísta y otras de hecho más "separatistas" que la inicial propuesta peneuvista, ahora convenientemente difuminadas fuera de Euskadi para no entorpecer el pacto interno en IU. El tan cacareado "federalismo de libre adhesión" de EB–IU –autoproclamado pretenciosamente como "tercera vía"– se demostró en Euskadi, a la hora de la verdad, conceptualmente arbitrista y desvertebrado y del todo insustancial en la practica. De hecho, el vocinglero rechazo españolista de IU al Proyecto –que se encargó de demostrar lo infundado del apellido adjudicado a su federalismo españolista–acabó eliminando incluso su justificación instrumental al evidenciar que al oportunismo político de EB–IU al apoyar al Proyecto correspondía un simétrico oportunismo –eso si, este de carácter reaccionario– de la IU española al rechazar incluso su toma en consideración parlamentaria, dejando en contradictoria evidencia y orfandad a su federación vasca (que tras la experiencia, por cierto, difícil tiene aducir algún día en Euskadi que sus "hermanos españoles" son un valor como defensa exterior solidaria de los derechos vascos). No obstante, a la orientación de EB–IU cabe reconocerle que conllevó, en esa coyuntura concreta y al margen de cuales fueran sus intenciones, la consecuencia positiva de facilitar la gestación y aprobación de la Propuesta que, desde presupuestos obviamente más serios, abría una nueva etapa política en la lucha de Euskadi por sus derechos nacionales.

Un accidente político imprevisto –el medido voto favorable de Batasuna que permitió su aprobación parlamentaria en Vitoria– alteró decisivamente el guión sobre el papel político del nuevo Estatuto casi a final de obra. La inesperada y sorpresiva aprobación cargó irreversiblemente de nuevos contenidos políticos en fondo y forma a la propuesta, más allá de la voluntad de sus mismos impulsores iniciales.

La Propuesta, aprobada gracias a Batasuna, quedó inhabilitada como recurso absorbente por parte del PNV en dirección a la izquierda abertzale. Los hechos sobrevenidos implicaban la imposibilidad objetiva para el Gobierno PNV–EA–EB tanto de achacar en adelante la frustración de su estrategia a ninguna fuerza de obediencia vasca como de excusarse ante su bloqueo adjudicándolo a algún conflicto interno vasco, para explicar así un giro posibilista mantenido en reserva. Al ser ya la propuesta del Parlamento vasco (y no sólo de un Gobierno) el escenario resultante dejó nítidamente situado el nudo gordiano del conflicto: la confrontación de Soberanías y legitimidades nacionales mutuamente incompatibles.

La mayoría vasca hacía también inocultable el autoadjudicado derecho de veto reclamado por el bloque españolista PSOE–PP –minoritario en Euskadi pero mayoritario en España– para la determinación del futuro vasco y como este operaba amparado en una legalidad constitucional que actúa como instrumento de preservación del Régimen –cumpliendo así los objetivos políticos reaccionarios para los que fue instaurada en 1978– y sobre todo respaldado en la fuerza coactiva del Estado.

El inolvidable portazo a la Propuesta por el arco vertebrado por el eje españolista PSOE–PP, escenificado con toda solemnidad en el Parlamento español, no facilita precisamente la reorientación del PNV para adoptar una "vía catalana" (mayores competencias pero limitadas, algún eufemismo simbólico y más dinero); ya de por si dificultada por la presencia de la izquierda abertzale en el escenario vasco.

El NO terminante de Madrid a la propuesta vasca, sin siquiera darle espacio alguno a una negociación incluso a la baja con las instituciones vascas, implica objetivamente que al Gobierno Ibarretxe le resulte mucho más difícil dar por saldada y archivada su propuesta y converger, como si no hubiera pasado nada, con la propuesta "a la catalana" recientemente enarbolada por el PSOE vasco, sin que ello resulte visualmente demasiado cercano a una capitulación en toda regla. El curso avanzado hasta el que ha llegado la Propuesta y su rechazo por el Parlamento español denotan, asimismo, tanto las fuerzas como los limites de una estrategia de satisfacción de las demandas nacionales de base democrática como la asumida por PNV–EA que no contemple indisociablemente, junto al uso de la legitimación parlamentaria, el recurso a la confrontación civil, la insumisión y movilización social y la utilización de todos los resortes, recursos y soportes institucionales y populares nacionales para defender una decisión propia frente a la imposición y la agresión españolas.

Repaso de contenidos

El Proyecto de nuevo Estatuto ha ido perfilándose a lo largo de su elaboración como una propuesta de federación Euskadi–España respaldada formalmente en "las posibilidades de desarrollo de un Estado compuesto, plurinacional y asimétrico", basada en la voluntad vasca y con clara delimitación dual de competencias legislativas y ejecutivas, desde el sostén y la reserva de Soberanía vascas, sin admitir posibilidades de intromisión arbitraria y veto español en su ámbito de decisión pactado (que incluye la estructura judicial aunque no códigos civiles y penales completos propios).

La propuesta no se restringe al marco constitucional español –ni cabe en su seno– porque aspira a un poder democrático vasco realmente actuante, capaz de proponer y ejecutar políticas especificas completas efectivamente alternativas decididas en Euskadi y no meramente un repertorio funcional para la aplicación o gestión de políticas estructurales y determinantes dictadas en Madrid. También garantiza la protección de los derechos democráticos y libertades individuales en Euskadi frente a agresiones aprobadas en España.

Aunque inserto expresamente en el marco de la Unión Europea y por tanto condicionado por su contexto neoliberal –aunque fuera parcialmente compensado por una capacidad de presencia directa en la UE– el nuevo Estatuto diseña competencias y orientaciones –en lo que puede caber en un texto constituyente– indiscutiblemente beneficiosas para la población vasca y mucho más receptivas que el marco español actual para recibir una reorientación social que cuestione las líneas habituales del orden neoliberal.

El proyecto de Estatuto mantiene y desarrolla la soberanía fiscal que instituye el sistema de Concierto económico –del que hoy también disfrutan cínicamente los gobernantes ultraespañolistas de Navarra y que ahora se reclama en Cataluña en forma expresa o equivalente y en todos los sitios donde se plantea ejercer un autogobierno que merezca tal nombre– y la extiende a la Seguridad Social, dejando en manos vascas su control y gestión; como lógico anexo al ser una parte fundamental de la política económica y social. El nuevo Estatuto vasco contiene una referencia explicita al derecho a la autodeterminación como su sustento (Art. 12); una posibilidad abierta a la reunión democrática de todos los territorios vascos (Art.s 2, 6 y 7) y una vía para plantear la secesión (Art. 13–3).

Respuestas españolistas y definición de situación

Los partidos centrales del Régimen español (PSOE–PP) han pactado y desarrollado –bajo el patronazgo de la Monarquía– una respuesta común a la propuesta de nuevo Estatuto vasco (y que muy posiblemente incluye también algún acuerdo reservado sobre el nuevo Estatuto catalán en proceso de elaboración), a la que se han incorporado desde fuera como meritorios los neosocialdemocratas españoles y catalanes de IU–IC y dos regionalismos españoles: la insularista Coalición Canaria y el aragonés Labordeta y su Cha.

La posición españolista acordada se asentaba en el rechazo rápido, contundente y pretendidamente irreversible a la propuesta vasca. El PP, en un principio, no quería siquiera que se diera un debate plenario en el Parlamento español sino que el proyecto fuera descartado a priori por inconstitucional, evidenciando así un desprecio expreso a la iniciativa como ejercicio de autoridad española.

El PSOE, por su parte, quería atenuar la forma del rechazo sin disminuir su impacto, camuflando en lo posible su coincidencia de fondo con el PP para no afectar sus equilibrios catalanes y sus pactos con ERC y por ello optó por respaldarse bajo la imagen televisiva de una mayoría parlamentaria –expresión de la soberanía española– que se impone a la mayoría vasca y rechaza en sesión única incluso la toma en consideración del proyecto, sin abrir fase de negociación parlamentaria alguna.

La marginal IU, acogotada por sus contradicciones y buscando diluir en lo que estuviera en su mano el bochornoso espectáculo de su alineamiento reaccionario con España y su oposición practica al ejercicio del derecho a la autodeterminación, pugnaba por su parte, sin éxito, por oponerse a la Soberanía vasca a plazos, dilatando el acto en el tiempo y a ser posible fuera de los focos públicos y de ahí su interés porque el proyecto pasara primero a Comisión parlamentaria antes de llegar a Pleno.

Tras el 1 de Febrero el PNV–EA queda emplazado a cumplir su compromiso de convocar una consulta popular especifica sobre el nuevo Estatuto y a buscar la forma de sortear la imposición española. Si ETA declarara ahora una tregua, el Gobierno Ibarretxe se encontraría de inmediato en una difícil posición, sin excusas para plantearse de una vez el paso del Rubicón en la confrontación con España en defensa de los derechos de Euskadi. Incluso de no producirse esta iniciativa los efectos del 1 de febrero son también inevitables sobre el discurso, cohesión y fundamentación de la estrategia del llamado "nacionalismo democrático" a medio plazo, una vez cubierta la etapa de lucha por renovar la mayoría absoluta en las inmediatas elecciones vascas de la primavera de 2005. Nadie puede dejar de tomar nota de que como consecuencia del rechazo español del 1 de Febrero ya no es sólo la vieja estrategia de la izquierda abertzale la que tiene notorios y serios problemas... porque también la del PNV –valórese como se quiera su nivel de sinceridad– ha llegado a sus limites.

La izquierda abertzale por lo que le toca, está embarcada en el desarrollo de la propuesta de Batasuna "Ahora el Pueblo, Ahora la Paz", desarrollada en su Carta Abierta a Zapatero, que parece representar un reconocimiento de la necesidad de resituarse, intentando acabar de forma presentable con la acción de ETA. Unas ofertas que pueden leerse como una propuesta al Estado español en términos más moderados e integrables que la misma propuesta Ibarretxe. La izquierda abertzale comparte una desconfianza profunda y fundada en la disposición del PNV–EA para confrontarse seriamente con el Estado español, viéndolos proclives a alcanzar acuerdos con el PSOE. ETA, por su parte, mantiene desde hace algún tiempo una línea de actuación atenuada, concretada en la colocación de bombas y petardos con escasa potencia y previo aviso, lo justo para hacer proclamación de su existencia y continuidad pero sin mayores alardes.

El PSOE mantiene, por su lado, la ilegalización de Batasuna y la continuidad del discurso y practicas diseñadas por el anterior Gobierno del PP. A modo de ejemplo, las ultimas actuaciones amparadas por el Gobierno Zapatero son negarle a posteriori derechos penitenciarios a los presos de ETA para mantenerlos en prisión incluso tras cumplir su condena y enjuiciar a 35 dirigentes políticos abertzales de una tacada. En ese contexto y con la correlación de fuerzas existente no parece fácil el avance.

Se rumorea que los términos de un posible acuerdo serían que a cambio de una declaración de la presidencia del Gobierno español sobre el "derecho a decidir de los vascos" en términos inconcretos y con aplicación aplazada, ETA anunciaría un alto el fuego definitivo y Batasuna (o su sustituto) seria legalizada permitiéndole concurrir a las elecciones y que luego, al tiempo que se restablecía la legalidad penitenciaria, se acercaban los presos a Euskadi y se excarcelaban paulatinamente se comunicaría por ETA la destrucción de sus arsenales.

Lo que no está nada claro es que el PP permitiera apuntarse un tanto así al PSOE, incluso limitando la cuestión a un pacto "Paz por Presos" ni aún mucho menos que Zapatero esté en disposición política de difundir una declaración sobre el respeto a los derechos vascos, por nebulosa que sea su formulación, que permita darle alguna envoltura política general al hipotético acuerdo.

Así pues, cabe el riesgo de que, atenazada por la comprensible urgencia para solucionar "su problema" y salir de su particular laberinto, la izquierda abertzale no enfatice lo suficiente ni articule una estrategia de presión política y social sobre el PNV–EA, para que estos apliquen unilateralmente el Plan Ibarretxe, como parecería lógico prever de no darse todo este cúmulo de circunstancias.

En resumen y cara al futuro, demasiadas cuestiones abiertas aún haciendo equilibrios en el tejado vasco y demasiados violinistas que aún deben escoger su partitura.

(*) Nota de SoB: no publicamos aquí la última parte de este artículo, que está dedicada a debates específicos en Andalucía. Quien quiera leer esta última parte, puede encontrarla en http://www.elistas.net/lista/andalucialibre.