Cifras

Por Luis M.Rivas
BerlinSur, Berlín, marzo 2005

“Alemania va mal….el Estado se ahoga en deudas….los obreros ganan demasiado... la industria no es competitiva…” Esa es la letanía de todos los días…. Curiosamente Alemania es campeona del mundo en exportaciones, los beneficios de las grandes empresas se disparan, el patrimonio de los adinerados se infla a ojos vista y tributan cada vez menos al estado. Qué paradoja, ¿nos será que los que ya tienen mucho quieren quedarse con aún más pastel? ¿No será un ajuste de cuentas con esos trabajadores que consiguieron ventajas sociales hace décadas?

Redistribución de la riqueza

Los ricos más ricos y los pobres más pobres.... también en Alemania. Las estadísticas oficiales confirman que entre 1993 y 2003 el patrimonio de la cuarta parte de los hogares germanooccidentales considerados pobres se ha reducido en un 50 por ciento. Al mismo tiempo, el patrimonio de la cuarta parte más acomodada de la sociedad ha crecido un 25 por ciento (parte de la agencia AP 11.08.04). Participaciones en bolsa, seguros de vida, cuentas de ahorro, etc., todos esos recursos para reproducir el dinero, por "accesibles" que parezcan a algunos, no existen, por supuesto, en el vocabulario de las rentas bajas.

Los que poseen capital pueden además multiplicarlo. Y, como Alemania va mal y los ricos no paran de llorar, el gobierno de socialdemócratas y verdes acordó la entrada en vigor a partir del uno de enero de 2005 de la siguiente fase de la reforma tributaria. En esencia (contante y sonante) la reforma del IRPF permite a todos los ciudadanos quedarse con uno euros más en el bolsillo: a las rentas más bajas se les reduce el tipo imponible mínimo del 16 al 15 %, lo que permite disponer de unos pocos cientos de euros extra (para el dentista, jubilación privada, etc), mientras, a las personas de mayores ingresos se les baja el tipo máximo del 45 al 42 % (a un ciudadano que ingrese un millón de euros al mes, el estado alemán le regala 30.000 euros). 30.000 euros, por ejemplo, es la suma resultante de reducir a 30 desempleados el subsidio en 80 euros al mes.

Suena a populismo aritmético pero en realidad estamos ante una broma de mal gusto: el gobierno roji.verde justifica la reducción del impuesto sobre la renta en la necesidad de dejar más dinero en manos de los hogares y así incentivar el consumo y, por ende, relanzar el crecimiento económico. Curiosamente, a los desempleados se les recortan las ya de por sí ajustadas prestaciones; su dinero no vale para reactivar la economía, sólo el dinero que se regala a personas que, de cualquier forma, ya disponen de elevado poder adquisitivo.

Los beneficios empresariales

Los beneficios empresariales están alcanzando en Alemania un nivel récord en relación a las rentas por trabajo. El Bundesbank (banco central alemán) reveló el pasado 24 de noviembre que la participación de las ganancias de empresarios y de rentas del patrimonio alcanzaron en el tercer trimestre de 2004, el 30,5 por ciento de la renta nacional (en total 123.600 millones de euros, 25 por ciento más que a finales del año 2.000, cuando la crisis bursátil menguó sobre todo las rentas obtenidas en la especulación bursátil). El 69,5 restante de la renta nacional corresponde a salarios y sueldos. Desde 1971 no se conocía una situación semejante, según el diario "Financial Times Deutschland" (24.11.04)

En el mismo periódico, el economista del Commerzbank, Ralph Solveen calificó el incremento de las ganancias empresariales de “señal positiva y signo de la recuperación en ciernes”, aunque reconoció que la creciente disparidad entre beneficios y salarios es exagerada.

El Bundesbank señala también en dicho informe que las rentas del trabajo bajaron un 0,9 por ciento neto en el tercer trimestre de 2004 respecto al trimestre anterior. En dicho periodo (julio-septiembre) el estado redujo además, por tercer trimestre consecutivo, sus pagos de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.

Estas cifras ofrecen munición sin fin a quienes vienen pidiendo el fin de la política oficial basada en el recorte del gasto público. A cambio se exigen subidas salariales y programas estatales de inversión para reactivar la demanda interna. Peter Bofinger, uno de los denominados "cinco sabios" (asesores del gobierno rojiverde), pide un tres por ciento de subida salarial. En una entrevista de prensa Bofinger lo deja claro. "la única forma de que una vaca dé más leche, es darle más de comer." Trabaja y consume es la divisa.

La izquierda sindical, por su parte, comparte la demanda de aumentos salariales y pide además una mayor presión fiscal sobre los beneficios empresariales y rentas del patrimonio. En este sentido un informe del Instituto de Ciencias Económicas y Sociales (WSI), vinculado a los sindicatos, nos da más cifras para describir este proceso de empobrecimiento y perdida de capacidad adquisitiva, por el lado de los trabajadores, y de acumulación de la riqueza por parte de los más pudientes: en 1991 el volumen total de beneficios de las sociedades anónimas alcanzó 185.000 millones de euros, de los que 22.000 millones acabaron en las arcas públicas; en 2003, la relación fue de 300.000 millones de euros en beneficios y sólo 16.000 millones en impuestos.

Fraude

Estadísticas y estudios son siempre muy resbaladizos y se pueden quedar en humo, si carecen de contexto. También es cierto que si son suficientemente expresivos (“reveladores”) pueden aportar nuevas piezas a ese mosaico subjetivo, y en permanente construcción, que cada cual va montando y que podemos llamar realidad común. En el tema del fraude, en concreto, ofrecemos una primera entrega sobre algunos aspectos de la situación en Alemania.

La economía sumergida en Alemania alcanza ya más de la sexta parte (17,1 %) del PIB; en euros: 370.000 millones. Si el estado se preocupara de verdad en acabar con ello ingresaría los correspondientes impuestos (64.000 millones) y cotizaciones a la seguridad social -enfermedad, pensiones, seguro de desempleo, etc. (54.000 millones). Con ese dinero se podría cubrir el nuevo endeudamiento público y parte del servicio de la deuda. La economía sumergida, por cierto, crece el doble de rápido que el conjunto del PIB.

Más fraude. En Alemania la sinceridad fiscal de los más ricos deja mucho que desear. Cada vez más. Las delegaciones de hacienda del estado federado de Renania del Norte Westfalia revisaron en el primer semestre de 2003, 267 de las 1.700 declaraciones de la renta de los millonarios de ese Land. Sólo 21 declaraciones eran correctas. En el resto, 246, el fraude cometido fue sancionado con multas que, en total, alcanzaron los 23 millones de euros, 86.000 euros por declaración revisada (en 2001 fueron 47.000 euros por caso). Extrapolando estas cifras a todo el territorio alemán, la cifra permitiría ampliar en varios miles el cuerpo de inspectores fiscales y así luchar más eficazmente contra los delitos económicos, sobre todo los de “cuello blanco”. El gobierno rojiverde ha preferido, en vez de intensificar y ampliar el control, amnistiar (año fiscal 2003/04) a quienes declararan y repatriaran dinero negro depositado en paraisos fiscales o paises vecinos como Luxemburgo.

Además de la economía sumergida y el fraude fiscal, la criminalidad económica impide al estado recaudar cuantiosos fondos: 6.800 millones de euros. La cifra fue publicada por el presidente de la Brigada Federal de lo Criminal el pasado octubre. El fiscal general de Francfort, por su parte, estima en cinco mil millones, los daños causados a las administraciones públicas sólo en proyecto de construcción oficiales.

Y en este contexto de fraude no hay que olvidarse de la corrupción en el sistema de salud pública. La sección alemana de Transparency International y la Federación de Asociaciones de Consumidores presentaron en noviembre un informe en el que estiman en hasta 20.000 millones de euros los daños causados por la corrupción a la sanidad publica germana. Ambas organizaciones comparan la situación de Alemania con la de otros estados industrializados, donde la corrupción en este sector devora entre el tres y el diez por ciento del gasto total. En el caso germano los autores del estudio colocan el volumen defraudado más cerca del diez por ciento, es decir 20.000 millones de euros.

Uno de los capítulos que según los expertos se presta más fraudes es el de las medicinas. Un ejemplo es el software para seleccionar medicamentos en las consultas médicas. Esos programas, patrocinados por las grandes industrias farmacéuticas y entregados gratuitamente a los médicos, privilegian las opciones de las empresas patrocinadoras, despreciando la variable costes y el bienestar del paciente.

Otro capítulo sensible es el marketing de la industria farmacéutica, un rubro que mueve miles de millones de euros anualmente. Muchos de los nuevos remedios lanzados al mercado no aportan nada nuevo y sólo disparan los costes de los seguros médicos. En ese sentido las organizaciones de consumidores denuncian el papel de los científicos encargados de elaborar, sin ningún escrúpulo, informes a gusto de la industria farmacéutica con el solo objetivo de avalar publicitariamente un nuevo producto. Los grandes grupos también están detrás de algunos grupos de auto-ayuda para pacientes, en los que bombean generosas sumas de dinero.

En general se controla poco y mal, según los autores del informe citado, pero además hay que añadir las dificultades de orientarse en la maraña de 300 seguros de enfermedad (entre los integrados a la sanidad pública, los concertados y privados), organizaciones médicas y otros colectivos profesionales que generan un volumen de corrupción al que solo unos poderes públicos con mucho coraje pueden hincar el diente. Tal vez por eso el gobierno roji-verde decidió evitar enfrentarse a la poderosa industria farmacéutica (y a los lobbies médicos) y cargar el peso de la reforma sanitaria de 2003 a las espaldas de asegurados y pacientes a través de recortes de prestaciones y de pagos adicionales por las consultas médicas y estancias hospitalarias (hasta un tope del dos por ciento del sueldo bruto anual).

Con la reforma se pretende aliviar el abultado déficit de los seguros de enfermedad. A cambio de esos recortes, se preveía un descenso progresivo de las cuotas al seguro, del actual 14,3 por ciento al 13,6 por ciento en 2005, hasta situarse en el 12,15 por ciento en 2006. La ministra de Sanidad, Ulla Schmidt, admitió a mediados de noviembre que la reducción de las cotizaciones será inapreciable.

El fraude tiene, por supuesto, más caras en Alemania (cuentas paralelas y malabarismos contables de los partidos políticos, sector inmobiliario, trampas en las ayudas de la UE,-donde Alemania es subcampeona europea-, etc.); nos ocuparemos de ello en próximas entregas de Berlinsur.

(Fuentes: Johannes M. Becker, Coordinador del Centro de Investigación de Conflictos de la Universidad de Marburg; en Junge Welt, 20.XI.04)