Por
Montse Capdevila
Corresponsal en París
El periódico de Catalunya, 29/03/06
Una verdadera marea
humana, más de un millón de personas, según la policía (casi tres
millones, según los sindicatos), se manifestaron ayer en Francia para
exigir la retirada del controvertido contrato de primer empleo (CPE),
que el primer ministro, Dominique de Villepin, se obstina en mantener.
El pulso entre Villepin y los sindicatos interprofesionales y
estudiantiles llegó ayer al paroxismo con una jornada de acción
marcada por las huelgas en numerosos sectores, especialmente en los
transportes, y 135 manifestaciones multitudinarias en todo el país.
La policía informó anoche de que había detenido a 245 personas en
diversos altercados.
Se trata, sin duda,
de la movilización más importante registrada en Francia desde las
protestas de diciembre de 1995 que obligaron al entonces primer
ministro, Alain Juppé, a retirar su proyecto de reforma de las
pensiones. En esta ocasión, Villepin ha decidido "no ceder"
a lo que él llama "el ultimátum de la calle" y mantener el
CPE, aunque reitera su invitación al diálogo a los sindicatos para
reformarlo. Una invitación que las centrales sindicales y las
organizaciones estudiantiles rechazaron inmediatamente.
Intergeneracional
La manifestación
parisina fue la más importante, con 700.000 personas, según los
sindicatos. Una marcha más bien festiva e intergeneracional, ya que,
aunque la mayor parte eran jóvenes, también participaron en el
desfile muchos padres y abuelos. Todos unidos contra el CPE y con los
lemas Resistencia, No, no, no a la precariedad.
Gilles es ingeniero
informático y se manifestó por su hijo: "Tiene 18 años y no
quiero un futuro como éste para él". Dos estudiantes de Derecho
también protestaron "en solidaridad", aunque es casi seguro
que a ellos no les afectará la medida. "No se puede permitir que
las empresas puedan despedir sin explicar el motivo", dice
Michel. Los estudiantes abrieron la marcha no sin cierta preocupación
por la eventual intervención de los violentos.
Como ya es habitual,
grupos radicales, al margen de la mayoría, precedieron el desfile y
cometieron todo tipo de agresiones y atropellos contra los propios
manifestantes y la gente de la calle. Los antidisturbios, con órdenes
de no intervenir, utilizaron esta vez fusiles cargados con pintura
para marcar a los agresores y detenerlos más fácilmente.
Pese a que los
manifestantes esperaban que la jornada de acción de ayer "fuera
la última", las centrales se temen lo peor y ya hoy se reúnen
para decidir cómo siguen la protesta. Un responsable de la CGT temió
que no haya sido "suficiente para darle el golpe de gracia a
Villepin".
Sin embargo, el
primer ministro ya había dicho que no piensa dar su brazo a torcer.
La huelga convocada por los sindicatos dejó al ralentí a las grandes
ciudades, paralizando en parte el transporte urbano, así como el
transporte ferroviario y aéreo. Sólo funcionaron el 40% de los
trenes regionales, y la Dirección General de la Aviación Civil
canceló un tercio de los vuelos previstos en toda Francia. La
educación nacional se sumó masivamente a la huelga, con unos paros a
los que se unieron casi el 50% de los empleados.
Esperando
al Constitucional
Los anti–CPE
consideraron que han ganado el pulso con el primer ministro y pidieron
la intervención del presidente, Jacques Chirac. El jefe de Estado no
hizo ningún comentario, pero anuló un viaje previsto por el país.
Probablemente, está a la espera de que el Tribunal Constitucional se
pronuncie sobre el CPE, como se lo ha pedido el Partido Socialista. La
decisión debería conocerse mañana.
A partir de entonces,
el presidente tiene 15 días para firmar y promulgar la ley. Es
posible que, en aras de la paz social, Chirac decida suspender la
aplicación y pida un nuevo debate al Parlamento. Se prevé que el
presidente francés intervenga pública y solemnemente en la
televisión antes de que acabe la semana.
Sarkozy
pide la suspensión
Ayer, en la Asamblea
Nacional, Villepin dijo que "los sindicatos han rechazado la mano
tendida" y reiteró que está dispuesto a reducir el periodo de
prueba de 24 meses y a establecer una entrevista personal en caso de
despido, pero sin comunicación por escrito de los motivos. En la
sesión de preguntas, la oposición de izquierdas le pidió que se
"trague el orgullo" y retire "un texto que nadie
quiere", en palabras del socialista Jean Marc Ayrault.
El grupo
parlamentario de la gubernamental Unión por un Movimiento Popular
(UMP), que preside el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, también
se desmarcó y le pidió que entable de inmediato negociaciones. Rival
declarado del primer ministro para las elecciones presidenciales del
2007, Sarkozy no oculta sus divergencias sobre la gestión de la
crisis. Y ayer fue más lejos al proponer la "suspensión"
de la promulgación de la ley para que puedan abrirse las
negociaciones.
