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ETA dinamita los puentes de la negociación
Por José Ramón Castaños
Viento Sur, enero 2007
¿Porqué la bomba de Barajas?. ¿Cómo se
toma esa decisión a pesar de que los puentes del diálogo permanecían
abiertos?
El atentado de ETA en el aeropuerto de Barajas
ha sido una sorpresa para todos. El primer sorprendido ha sido el
propio gobierno socialista, quien una semana antes había anunciado
que el proceso de paz avanzaba satisfactoriamente, y que cabía
esperar su consolidación definitiva a lo largo del año 2007. También
nos ha sorprendido a los demás, porque tomamos la promesa de “alto
el fuego permanente” como un viaje sin retorno al final de la
violencia de ETA. Pero lo que más llama la atención a propios y
extraños han sido las manifestaciones de sorpresa de algunos
dirigentes de Batasuna, como Joseba Alvarez y otros, que expresaron públicamente
su propio desconcierto ante un atentado que no esperaban. ¿Cómo
suponer un atentado de ETA una vez conocida la reunión de mediados de
diciembre entre sus representantes y los delegados del Gobierno, sobre
todo después de que se filtraran a la opinión pública las bases de
un supuesto acuerdo sobre algunas cuestiones relacionadas con los
presos políticos y con las fórmulas jurídicas que permitieran la
legalización de Batasuna.?. Nadie lo podía suponer. Tan es así que
se dispararon todo tipo de especulaciones a propósito de su autoría.
Se empezó a hablar de rupturas en ETA, y algunos portavoces del
Gobierno llegaron incluso a decir que el atentado de Barajas era una
desautorización manifiesta de sus representantes en la mesa de
negociación. Pepe Blanco, responsable de organización del PSOE, llegó
incluso a poner nombre y cara a la persona desautorizada. Nos habló
de que la interlocución de Josu Urrutikoetxea, viejo dirigente de ETA
y diputado de Batasuna en el Parlamento Vasco, actualmente en el
exilio, había sido desautorizado como interlocutor por los comandos
de ETA.
Esta interpretación de los hechos sugiere la
idea de un desbordamiento político de los dirigentes de ETA y de
Batasuna por los comandos activos de los militantes más jóvenes,
menos experimentados y más impacientes de ETA. Nadie puede saber
cuanto hay de cierto y cuanto de especulación en ello, pero esta teoría
sobre el cómo y el quién toma las decisiones en ETA y en Batasuna,
no debe echarse en el olvido porque ha sido así como ha ocurrido con
alguna frecuencia en el curso de su historia. Algo de eso ocurrió en
las escisiones del pasado entre ETA (m) y ETA (pm); en el caso de los
“berezis” o en las sucesivas escaladas militaristas que se han
producido en el curso de los últimos 15 años. También se puede
rastrear ese mismo fenómeno entre las causas que explican la ruptura
de la tregua de Lizarra y el posterior plegamiento a ella de Batasuna,
LAB y otros, a pesar del alto grado de identificación que todos ellos
tenían con la idea de sustituir la acción armada por la confrontación
democrática con el Estado. La hipótesis del desbordamiento de la
dirección política por la acción unilateral de los comandos
militares cobró más fuerza si cabe a partir de la declaración
realizada por la comisión negociadora de Batasuna en las
conversaciones para la mesa de partidos políticos, pues en ella se
emplazaba a ETA a que restableciera la tregua para recomponer el
proceso de negociación política.
La noticia fue tomada con cierto interés pues
se trata de la primera vez que ocurre algo así. Sobre todo, cuando
existe el precedente contrario de que esa misma exigencia formulada a
Batasuna desde el pacto de Lizarra en la tregua anterior fue rechazada
por ella, y que su negativa a pedir a ETA el restablecimiento de la
tregua fue una de las causas de la ruptura de aquél pacto. Este
precedente daba más importancia al emplazamiento que Batasuna hizo a
ETA, pues con él se daban a entender dos cosas: una, que había sido
desbordada sin su consentimiento, y, dos, que a diferencia del pasado
quería restablecer la dirección política del proceso restableciendo
el compromiso de ETA con la tregua y la negociación. El hecho que esa
Comisión esté formada por tres de los principales dirigentes de la
izquierda abertzale: Arnaldo Otegui, Rufi Etxeberria y Arantza
Santesteban, reforzaba aún más esa hipótesis
La autonomía de Batasuna y el liderazgo de
ETA sobre la izquierda abertzale
La declaración de Batasuna pidiendo a ETA el
restablecimiento de la tregua y la respuesta de ETA un día después,
dando satisfacción a esa demanda, ha sido calificado como una
pantomima por algunos comentaristas políticos. Otros lo han definido
como un sarcasmo o una mofa a la inteligencia. Sin embargo, y con
independencia del juicio de valor que cada cual quiera hacer al
respecto, hay que considerar la posibilidad de que se trate de la
escenificación del reencuentro entre corrientes de opinión que
piensan de modo distinto.
Hay que suponer que no toda ETA ni toda
Batasuna estén de acuerdo con una estrategia de negociación que
incorpora la amenaza del coche–bomba al discurso del diálogo y de
la tregua permanente. Tampoco hay que descartar que el atentado de
Barajas haya provocado desconcierto y crisis, de tal modo que la
sucesión de comunicados y declaraciones emitidos entre ETA y Batasuna,
hayan tenido la función de escenificar una apariencia de unidad entre
ellas. El emplazamiento de Batasuna a ETA parece afirmar su autonomía,
aunque sólo se aparente, en tanto que la respuesta de esta a la
demanda de aquella parece dar satisfacción a la primacía de los
criterios políticos sobre los militares. Sin embargo, y más allá de
las apariencias, el resultado de ese cruce de declaraciones ha sido la
legitimación del atentado de Barajas ante el electorado de Batasuna,
así como la recomposición de la unidad alrededor de ETA, otorgándole
la dirección incuestionable del proceso negociador.
La estrategia de negociación de ETA, ¿una
copia del IRA?
Si reparamos en el comunicado del 9 de enero,
apreciaremos que el coche–bomba no se pone para romper la tregua
sino para presionar al Gobierno. Esta circunstancia no cambia el
juicio moral que pueda hacerse de él ni la valoración política de
sus consecuencias, pero debe tenerse en cuenta a la hora de enjuiciar
la estrategia de negociación de ETA. Entre otras cosas, porque el
cambio que hay en ella respecto a la estrategia de negociación que
siguió en los casos precedentes de Argel y Lizarra, se justifica en
la creencia de que ella abre perspectivas diferentes a la negociación
emprendida por la izquierda abertzale.
A primera vista, la nueva estrategia de
negociación parece estar tomada de la que aplicó el IRA con los
atentados de Londres en 1993 y 1996. Se supone que el IRA no buscaba
provocar una masacre sino avisar al Gobierno de Londres de que podía
hacerlo si quería. Aquellos atentados eran más una exigencia de
conversaciones de paz que un retorno a la lucha armada, y el hecho que
el proceso de paz irlandés recibiera un nuevo impulso con la llegada
de Tony Blair al poder, pareció confirmar las bondades de una táctica
de presión basada en una amenaza tan cruel como aquella.
Después del fracaso de las estrategias de
negociación precedentes, ETA parece emular ahora la táctica del IRA
hasta en sus más pequeños detalles. En su justificación del
atentado de Barajas nos lo dice con claridad meridiana, y no hay
razones para suponer que quiera engañar a nadie. Nos recuerda así
que los 500 kilos de explosivos colocados en la terminal del
aeropuerto querían demostrar su capacidad de destrucción masiva, y
que el aviso con antelación suficiente para que fuera desalojado un
lugar transitado por miles de personas, debía interpretarse como una
muestra de su voluntad de no romper la tregua ni el proceso de
negociación. Su intención ha querido circunscribirse a mandar un último
aviso al Gobierno para que desbloquease el proceso empantanado desde
junio, y cumpliera los compromisos adquiridos en la mesa de negociación.
El coche–bomba de Barajas se inscribe así en la misma perspectiva
de amenazas anteriores como el robo de las armas en Nimes, la activación
de la “kale borroka” o las ráfagas de metralleta en los actos de
homenaje a los milicianos vascos de 1936 (“Gudari Eguna” de las
juventudes abertzales), lanzadas al aire como testimonio de compromiso
de la lucha armada si el estado no cumple la parte del pacto que se le
asigna.
Las consecuencias del atentado van más allá
de las intenciones de ETA
En la declaración antes mencionada, ETA
justifica el coche–bomba en la siguientes tres razones: (1) en que
el Gobierno no ha tomado medidas de distensión en los capítulos
pactados de presos, juicios políticos y detenciones policiales. (2)
en que no ha cumplido el acuerdo para la legalización de Batasuna, y
(3), en que impone la Constitución y las leyes españolas como límites
del derecho de autodeterminación del pueblo vasco.
Si tomamos en consideración la política del
Gobierno socialista desde que ETA anunció la tregua permanente,
apreciaremos que esa crítica es acertada en todos sus puntos. En
efecto, a una primera declaración de intenciones en la que el
Gobierno anuncia el inicio de la negociación, comprometiéndose a
resolver la cuestión de los presos y de la legalización de Batasuna,
así como a dar satisfacción a las demandas nacionalistas de unidad
territorial y de respeto a lo que los ciudadanos vascos decidan, le
sucede una etapa de presiones del poder judicial y de la derecha española
que el Gobierno Zapatero no sabe o no quiere desactivar. Se suceden
las sentencias judiciales contrarias a derecho como en los casos de
Parot y de De Juana Chaos. Se congela la legalización de Batasuna y
se cambia el discurso sobre los derechos políticos del pueblo vasco:
el derecho de decisión se deberá circunscribir ahora a los límites
de la Constitución.
Esta involución política exigía una
respuesta; de eso no cabe duda. Ahora bien, ¿ha sido apropiada la
respuesta del coche–bomba?. ¿Cambiará por ello la política del
Gobierno socialista?. La izquierda abertzale supone que así será
porque en caso contrario ETA se verá obligada a romper la tregua, y
ese hecho provocará la pérdida de las elecciones al Partido
Socialista. Se supone erróneamente que el Gobierno aceptará el
chantaje de ETA antes que correr el riesgo de perder las elecciones,
pero las consecuencias del atentado de Barajas demuestra sin embargo
que los acontecimientos evolucionan en sentido contrario.
Si tuviéramos la posibilidad de dialogar con
ETA le invitaríamos a reflexionar sobre las siguientes
consideraciones.
1.– Sobre la dimensión moral del
coche–bomba más allá del hecho de que haya provocado dos víctimas
inocentes. El aviso con una hora de antelación a la prevista para su
explosión no es un eximente moral. La importancia del hecho está en
la cantidad de explosivo utilizado (500 kilos), y el lugar donde ha
sido colocado (la terminal de un aeropuerto por el que transitan miles
de personas). El precedente de Hipercor demuestra que, a pesar del
aviso dado, la explosión de esa bomba en ese lugar podía haber
provocado una masacre de dimensiones similares al atentado
“yihadista” de los trenes de Atocha.
2.– Sobre la evolución de la opinión pública
española a propósito de la acción de ETA y de la negociación política
con el Estado. El hecho que hasta ahora haya sido favorable al diálogo
no quiere decir que lo vaya a ser siempre. Antes bien, las tendencias
que se aprecian en ella después de este atentado refuerzan la idea
sustentada por la derecha de que la única solución al problema de
ETA es la persecución policial, y que el único diálogo que cabe con
ella es para saber cuando y como hace entrega de las armas.
3.– Sobre el significado de las divisiones
políticas apreciables entre unos partidos y otros. Algunos
comentaristas de la izquierda abertzale aprecian esas divisiones como
una consecuencia positiva de la acción de ETA, pero se olvidan decir
que esa división expresa una evolución a la derecha de la mayoría
de los partidos políticos, de los poderes fácticos y de los medios
de comunicación de masas. Si ya antes del atentado había una fuerte
resistencia a la negociación con ETA de parte del PP, de la
Conferencia Episcopal Española, del poder judicial, de la mitad de
los medios de comunicación, y de una parte significa de los aparatos
de Estado, en el momento presente no hay nadie que se atreva a hablar
de diálogo político hasta después de que ETA abandone
definitivamente las armas.
4.– Sobre el impacto negativo de la acción
de ETA en la reivindicación de los derechos nacionales. Siempre se ha
dicho, y se ha dicho bien, que la violencia injustificada de ETA
pervierte los fines políticos en cuyo nombre se realiza. Resulta difícil
encontrar la bondad de la autodeterminación nacional reivindicada con
métodos tan crueles como los de ETA, pero además de eso hay que
considerar otra circunstancia añadida que empieza a cobrar nueva
fuerza social de la mano del discurso de los socialistas vascos. Me
refiero a la petición que hace al nacionalismo democrático para que
renuncie voluntariamente a sus demandas políticas de autodeterminación
y soberanía mientras persista la violencia de ETA, pues esa idea
puede empezar a cobrar nuevas alas en el supuesto de que ETA inicie un
nuevo ciclo de lucha armada.
5.– Sobre la credibilidad de ETA y la
continuación del proceso de diálogo. ETA y Batasuna suponen que por
el hecho de que ellos quieran reanudar la negociación política ella
volverá a abrirse tarde o temprano. Se equivocan de nuevo. ETA parece
incapaz de entender que, más allá del rechazo moral que produce el
atentado de Barajas, el incumplimiento de sus promesas políticas (la
idea de tregua permanente) le hace perder la poca credibilidad que le
quedaba después del incumplimiento anterior en las treguas de Lizarra.
Al día de hoy, y aunque ella no lo quiera, el hecho costatable es que
el proceso de dialogo y negociación ha sido interrumpido por el
Gobierno español. Las decisiones adoptadas de “motu propio” por
los socialistas, bajo la presión de la derecha y por consejo de los
medios de comunicación que le son afines, no dejan lugar a dudas
sobre el “reajuste de la política antiterrorista” del Estado. La
resolución parlamentaria de mayo de 2005 a favor del diálogo, ha
quedado inhabilitada. Los contactos entre PSE, PNV y Batasuna para la
formación de la mesa de partidos en la que se quería delegar la
elaboración de un nuevo marco político para Euskadi, han quedado en
suspenso. Las conversaciones ETA–Gobierno suspendidas “sine die”.
La legalización de Batasuna, previsto para las primeras semanas del
2007, está congelada mientras no se pronuncie contra la violencia de
ETA. Otro tanto ocurre con el reconocimiento del derecho de los presos
políticos, y empiezan a activarse de nuevo todos los mecanismos de
presión judicial contra la izquierda abertzale. ¿ No es eso el fin
del proceso de negociación abierto el 22 de marzo con la declaración
de alto el fuego permanente?.
¿Qué perspectivas tiene la estrategia de
negociación de ETA?
Si su acción se mantiene en los términos
anunciados en el comunicado del 9 de enero, me temo que ninguna. En
ese comunicado, ETA anuncia que se reserva la libertad de acción en
función de cual sea la política del Gobierno español. Eso
contradice abiertamente la declaración de alto el fuego permanente
del 22 de marzo del 2006, pero más allá de esa evidencia, hay que
preguntarse por lo que cabe esperar de ella en el supuesto más que
probable de que el Gobierno español lleve a cabo la nueva política
que está anunciando. ¿Cómo responderá ETA a situaciones tales como
la previsible muerte en huelga de hambre de De Juana Chaos, o la más
que probable sentencia condenatoria del sumario 18/98, o la casi
segura ilegalización de las candidaturas municipales que presente la
izquierda abertzale?. De su comunicado se desprende que responderá en
términos militares, y si lo hace siguiendo las pautas de conducta ya
conocidas, el resultado será la apertura de un nuevo ciclo de
violencia y represión en el que se ahogarán la izquierda abertzale y
el soberanismo vasco.
Hace falta otra estrategia política y otro
modelo de negociación
La reapertura del proceso de negociación
requiere algo más que la declaración del deseo de reanudarlo. Los
puentes rotos por el atentado de Barajas no pueden recomponerse a
menos que se produzca antes el abandono definitivo de las armas. Eso
es lo que dicen todos los partidos políticos y sindicatos, todos los
movimientos sociales y todas las redes asociativas. Eso es lo que
también piensan desde hace tiempo la inmensa mayoría de los
ciudadanos vascos y españoles, de tal modo que no descubrimos nada
nuevo al señalarlo. Cabe añadir sin embargo que, aún en ese
supuesto, hará falta además ofrecer garantías complementarias para
restablecer la confianza rota y la credibilidad perdida. Esa era ya
una de las principales demandas públicas que formuló el obispo
Uriarte antes del atentado de Barajas, y parece ser tanto más
oportuna después de él. Eso requiere a su vez un tiempo de
verificación añadido que no puede recorrerse a menos que la dirección
de todas las organizaciones de la izquierda abertzale emprenda una
tarea de reeducación política de sus propias bases militantes. Eso
se puede hacer si quiere hacer, porque en política nada es
inevitable, y porque todos los procesos son reversibles si se adoptan
las estrategias políticas apropiadas a cada caso.
El abandono de las armas no debe hacerse para
cumplir una de las exigencias que el Estado y la sociedad civil hacen
a ETA. Si esa fuera la razón estaríamos en presencia de una
claudicación política como la que protagonizó ETA (pm). Lejos de
eso, el abandono de las armas debe hacerse voluntariamente y en razón
de los beneficios que esa decisión tiene para la expansión del
movimiento político por la autodeterminación nacional.
Esta decisión política requiere en primer
lugar aceptar el hecho de que ETA no representa ni puede representar a
esa mayoría de ciudadanos vascos que se reconocen en las ideas de
autodeterminación y de soberanía política. Ella tiene que saber
que, en el mejor de los casos, sólo puede aspirar a representar a ese
12% del electorado vasco que se reconoce en Batasuna, y que con esa
correlación de fuerzas no se obliga a un Estado poderoso y
socialmente legitimado entre sus propios ciudadanos, como es hoy el
Estado español, a pactar con ETA los términos de un acuerdo
igualitario entre naciones soberanas. Para intentar algo parecido a
eso hace falta una estrategia democrática de movilización ciudadana
articulada en un frente amplio de partidos, sindicatos, movimientos
sociales y redes asociativas, que, tomando como base la reivindicación
del derecho de decisión de los pueblos y naciones lo ejerza en un
sentido solidario con los otros pueblos y naciones del estado español.
El modelo de negociación que correspondería a esta política democrática
se limitaría exclusivamente a resolver las cuestiones relativas a las
derivaciones de la lucha armadas: la cuestión de los presos y
exiliados, el abandono de las armas y el reconocimiento de las víctimas.
Esta nueva estrategia política permitiría
corregir los errores de la estrategia esbozada en Lizarra; se abriría
hacia políticas incluyentes de otras identidades nacionales, y
permitiría transformar la opinión pública (la identificación con
las ideas de autodeterminación y soberanía), en movimiento de
transformación política. La izquierda abertzale tiene la palabra,
pero debiera saber que, al margen de esta política no habrá futuro
para nadie; ni para ella, ni para el pueblo vasco ni para los demócratas
españoles.
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