Irak resiste

 

El mantenimiento de la ocupación en Iraq depende cada vez más de la seguridad privada

Por Sinfo Fernández Navarro(*)
CSCAweb, 07/05/04

"Una de las consecuencias más graves de la presencia y aumento del número de compañías y de integrantes de las mismas es que el precio de esta entente entre militares y compañías está aumentando vertiginosamente, detrayendo fondos del presupuesto previsto para la reconstrucción de Iraq. La APC estimó en sus inicios que los costes de seguridad consumirían el 10% de los 18.000 millones de dólares del dinero de la reconstrucción aprobado por el Congreso. [...] Estimaciones realizadas por el propio gobierno de EEUU confirman que ese porcentaje ha aumentado por el momento hasta el 25%"

En el contexto de las operaciones que lleva a cabo la resistencia en Iraq, la práctica de los secuestros de civiles no puede dejar de asociarse con el fenómeno de la privatización de la seguridad que ha convertido al Iraq ocupado en un escenario donde confluyen mercenarios de toda procedencia al servicio de empresas de seguridad privada estadounidenses y de otros países que ofertan protección a la autoridad de la ocupación e igualmente a las empresas que pretenden hacer negocio en Iraq.

Como ya se ha informado anteriormente [1], el fenómeno de la privatización de la guerra que se está llevando a cabo de forma paradigmática en Iraq ha derivado en que las compañías privadas de seguridad asuman una gran diversidad de funciones que tradicionalmente se encomendaba a los militares. En los conflictos en los que EEUU ha intervenido hasta ahora no se ha experimentado ningún conjunto de hechos y actuaciones similares ni en extensión ni en profundidad. En efecto, la asociación acelerada entre los militares y las compañías de seguridad privada ha excedido todas las previsiones.

Funciones de las compañías de seguridad privada

Al principio una de las funciones encomendadas a las compañías privadas de seguridad era la de vigilar los innumerables proyectos de reconstrucción que EEUU, a través de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC) dirigida por el procónsul Bremer, pretendía llevar a cabo en Iraq. Pero debido a la aparición e incremento de la resistencia armada iraquí en todo el país esa función se ha visto prácticamente paralizada y carente de sentido: no hay proyectos que vigilar porque nadie puede ni quiere invertir en un país en el que la situación de guerra no ha cesado al resistirse sus ciudadanos a aceptar el papel en comparsas que les asignaban los planes del equipo y beneficiarios del presidente Bush: hace pocos días los medios de comunicación daban la noticia de que Siemens y General Electric abandonaban el país ante la imposibilidad material de desarrollar ningún proyecto [2].

Esa misión de vigilancia ha ido derivando progresivamente a funciones diferentes de las previstas como consecuencia de la veloz espiral de acontecimientos que ha sorprendido a las fuerzas de ocupación. Fundamentalmente, las compañías privadas de seguridad empezaron a asumir tareas de seguridad directamente al servicio de la APC y de sus altos funcionarios, incluido el propio Bremer [3]. Sus misiones son defender lugares esenciales y neurálgicos de la APC, incluyendo sus 15 cuarteles regionales e incluso la denominada "Zona verde", situada en el corazón de Bagdad y donde se ubica el centro de poder de EEUU en Iraq; escoltar convoyes de suministros a través del territorio donde opera la resistencia y, finalmente, desarrollar acciones de combate.

¿Quiénes integran esas compañías llamadas de seguridad?: miles de individuos provenientes de todo el planeta aunque contratados mayoritariamente por compañías con sede estadounidense con presencia en Iraq. Así, se pueden hallar comandos navales de Carolina del Norte; gurkas de Nepal; soldados del anterior régimen del apartheid sudafricano, comandos con antiguos miembros del Ejército chileno, soldados del disuelto Ejército de la extinta URSS, etc. La cifra de los mercenarios de estas compañías en Iraq oscila dependiendo de la fuente consultada. Así, para Randolph Holhuf, son 15.000, según Robert Fisk y Patrick Cockburn, 18.000 y para David Barstow alcanza hasta 20.000, sobre una presencia militar multinacional de 153.000 efectivos, de ellos 130.000 estadounidenses.

Los mejor pagados proceden de unidades de élite de fuerzas especiales de todo el mundo. Algunas de las compañías de seguridad más poderosas han llegado incluso a componer sus propias "Fuerzas de Reacción Rápida" y sus propios servicios de inteligencia que elaboran informes diarios con una red de mapas de "Zonas calientes", disponen de helicópteros e incluso algunas de ellas han llegado a fraguar determinadas alianzas con clanes locales.

Competencia entre Ejército y seguridad privada

Sin embargo, no todas disponen de tantos medios y ante el número creciente de muertos que se va produciendo entre estas fuerzas, el sector ha empezado a reclamar armamento pesado con mayor potencia de fuego, ya que, además, se quejan de que las fuerzas militares de la coalición no dan apoyo a sus peticiones de ayuda cuando se han visto sorprendidos y atacados por la resistencia, como ocurrió en la ciudad de Kut, al sureste de Bagdad, donde ucranianos integrantes de las fuerzas de la coalición hicieron caso omiso de las llamadas de socorro de cinco guardias de seguridad personal del grupo Hart, una consultora de seguridad registrada en Bermudas y dirigida por un antiguo oficial de las fuerzas armadas británicas, Richard Bethell, hijo de lord Westbury. Ese incidente en Kut no ha sido un hecho aislado; se ha repetido en otras ciudades como en la de Hit, situada a 180 kilómetros al oeste de Bagdad, en la provincia de Mosul. Tendría una cierta lógica dado que los soldados de las fuerzas de ocupación no ignoran lo que cobran esas otras fuerzas especiales de seguridad y parece que ese pequeño detalle no ha permitido que aflore mucha solidaridad en sus corazones.

Ha habido intentos de llegar a acuerdos pero no parece fácil conseguirlos, ya que sería necesario clarificar numerosos elementos confusos y mientras tanto la línea divisoria entre compañías privadas de seguridad y unidades de combate se va difuminando poco a poco. Este hecho se vio claramente durante el cerco a los cuarteles de la APC en Nayaf a primeros de abril, que afectó a la compañía estadounidense de seguridad Blackwater. Para esta compañía trabajaban los cuatro mercenarios asesinados y luego mutilados en Faluya, hecho a partir del cual se difundió masivamente a nivel internacional el fenómeno de la privatización de la seguridad en el marco de la ocupación de Iraq.

Para Michael Donovan, del Centro de Información de la Defensa en Washington, "[...] definir qué papel vamos a permitirles cumplir es una cuestión plagada de arenas movedizas". Y así, según avanza el poderío de la resistencia en una zona de guerra donde no existe un frente definido, estas compañías de seguridad se han ido implicando cada vez más en los combates, acrecentando con ello el resentimiento de los iraquíes contra los civiles de la seguridad privada.

Esta situación también alarma a expertos en Defensa y a algunos dirigentes del partido Demócrata de EEUU, que estiman que la seguridad en un área hostil es una misión militar clásica y que delegarla en compañías privadas plantea cuestiones graves. Uno de los miembros del Comité de Servicios Armados, el senador Jack Reed, de Rhode Island, escribió a principios de abril una carta al secretario de Defensa Rumsfeld, firmada también por otros doce senadores demócratas, en la que le transmitían su preocupación por haber delegado en compañías privadas la misión de la seguridad en un área de combate. No obstante, en cada estallido de violencia se ha ido viendo cada vez más claramente la amplitud y la importancia estratégica de la alianza ente el Pentágono y la industria de seguridad privada.

La creciente dependencia de la Administración Bush de las compañías de seguridad privada no es tampoco producto del azar. Muchos funcionarios del Pentágono y de la APC aceptan ahora que el papel en expansión de las compañías es también resultado del equivocado optimismo de la Administración acerca de cómo los iraquíes iban a recibir los proyectos estadounidenses de reconstrucción.

El precio de la seguridad privada para la ocupación

Una de las consecuencias más graves de la presencia y aumento del número de compañías y de integrantes de las mismas es que el precio de esta entente entre militares y compañías está aumentando vertiginosamente, detrayendo fondos del presupuesto previsto para la reconstrucción de Iraq. La APC estimó en sus inicios que los costes de seguridad consumirían el 10% de los 18.000 millones de dólares del dinero de la reconstrucción aprobado por el Congreso. Pero tras meses de sabotajes y otras operaciones de la resistencia, algunos funcionarios dicen ahora que un porcentaje mucho mayor irá a parar a las compañías de seguridad, que cobran entre 500 y 1.500 dólares al día por sus mercenarios más especializados.

Stuart W. Bowen, el nuevo inspector general de la APC, declaró en una entrevista telefónica desde Bagdad que "[...] La situación actual de amenaza requiere ahora que un porcentaje sustancial e inesperado de los dólares destinados a reconstrucción se dediquen a seguridad privada; las cifras se han elevado hasta alcanzar un 25%". Mark J. Lamer, el funcionario del Pentágono responsable de supervisar los contratos del Ejército que se establecen en Iraq, manifestó que había considerado cifras parecidas. Estimaciones realizadas por el propio gobierno de EEUU alcanzan por el momento la misma cifra del 25% de esos 18.000 millones de dólares previstos para la reconstrucción del país. Como consecuencia directa, buena parte del dinero que debería ir destinado a proyectos de reconstrucción de servicios e infraestructuras como escuelas, hospitales, plantas de tratamiento de agua, líneas eléctricas, etc. han sufrido un retraso o han sido simplemente cancelados.

Recientemente se ha conocido otro dato referido al aspecto y volumen económico al que se está llegando con estas compañías: el gobierno estadounidense abrió una licitación hace pocos días para otorgar un nuevo gran contrato por valor de 100 millones de dólares para vigilar la "Zona verde" en Bagdad. Bush está obteniendo un doble provecho al confiar en estas compañías: le sirven tanto para enmascarar el coste de la guerra como para ampliar el número de fuerzas no uniformadas.

¿Quién controla las compañías de seguridad privadas?

No hay un control central sobre las compañías, no hay normas de contratación, no hay pautas consistentes para supervisar o preparar nuevos contratos. Algunos guardias de seguridad se quejan por tener que intervenir en combate sin armas, sin preparación ni equipos adecuados. Además, la comunicación entre los mandos militares y los guardias de seguridad no funciona ni se coordinan las operaciones.

Es ahora cuando los funcionarios de la APC están trabajando para preparar normas para las compañías privadas de seguridad. Las normas requerirán que el ministerio del Interior iraquí registre e investigue a todas las compañías. Se les reconocerá el derecho de detener a civiles y utilizar fuego mortal en defensa propia o en la de sus clientes. Son las propias compañías de seguridad, sobre todo las más poderosas, las que han presionado para la creación de una normativa arguyendo que una afluencia de compañías pequeñas y sin experiencia ha contribuido a crear un ambiente caótico. El experto en la industria militar privatizada Peter Singer ha comparado la situación en Iraq con el "salvaje Oeste". Según Jerry Hoffman, ejecutivo jefe Grupo Armor, una gran compañía de seguridad que opera en el Iraq ocupado, se deben elaborar políticas que sean "justas, igualitarias y respetables", alegando que sus servicios han evitado que miles de tropas entraran en operaciones de combate.

El secretario de Defensa Rumsfeld también ha alabado el trabajo de las compañías de seguridad y se ha mostrado disconforme con la opinión de que estaban siendo presionados para entrar en acción sustituyendo a tropas con niveles inadecuados.

Los muertos aumentan mientras los buitres hacen negocio

Las palabras no acompañan a las imágenes reales que se producen en Iraq. En el mes de abril durante una conferencia en Filadelfia, un funcionario del gobierno hizo publicidad de Iraq ante docenas de empresarios interesados en conseguir contratos de reconstrucción. William H. Lash III, antiguo funcionario del Departamento de Comercio, sostuvo que Bagdad estaba floreciendo, que los restaurantes y los hoteles estaban volviendo a abrir. Habló de que conducía por Bagdad y se sentía fuera de lugar llevando un chaleco blindado entre iraquíes normales. Pero la realidad de Iraq es mucho menos optimista. Según Michael Battles, cofundador de la compañía de seguridad Custer Battles "[...] Estamos aquí realmente en una situación sin precedentes. Los contratistas civiles están trabajando en medio de las partes hostiles de un conflicto o en un escenario post-conflicto".

El Departamento Federal de Trabajo de EEUU encargado de las reclamaciones de compensación de los trabajadores por muertes y heridas entre los empleados contratados que trabajan para los militares en zonas de guerra ha registrado desde el comienzo de 2003, reclamaciones por 94 muertes y 1.164 heridos. En contraste, el conjunto entre 2001 y 2002 ascendió a 10 muertes y 843 heridos. No se dispone de un análisis preciso nación por nación, pero los funcionarios del Departamento de Trabajo sostienen que desde el año 2003 una mayoría abrumadora de los casos se han producido en Iraq.

Los mercenarios que operan en Iraq están en su mayoría en nómina de EEUU a través de contratos directos con las agencias gubernamentales o indirectamente a través de subcontratos con compañías contratadas para reconstruir Iraq.

Global Risk Strategies, una de las primeras compañías de seguridad en entrar en Iraq, ha pasado de 90 guardas de seguridad a comienzos de la invasión de Iraq a la actual de 1.500. La Fundación Steele también ha crecido de 50 a 500. Erinys, una compañía muy poco conocida en la industria de seguridad antes de la guerra emplea ahora unos 14.000 iraquíes.

En muchos casos, las compañías se están adaptando a los peligros de Iraq copiando las tácticas perfeccionadas en los equipos de las fuerzas especiales. Michael A. Janke, jefe de operaciones de la compañía Special Operations Consulting-Security Management Group, ha reclutado informantes iraquíes que confeccionan notas de inteligencia para avisar a las compañías de la existencia de situaciones de riesgo. La combinación de una insurgencia mortal y miles de millones de dólares para ayuda ha desatado poderosas fuerzas de mercado en la zona de guerra. Nuevas compañías de seguridad compiten frenéticamente por conseguir contratos lucrativos. La mencionada compañía Fundación Steele rechazó recientemente un contrato de 18 millones de dólares para una empresa que quería una fuerza de seguridad desplegada en pocos días; Steele dijo que no podía encontrar suficientes guardias cualificados de forma tan rápida, sin embargo, otra compañía se apresuró a conseguir el contrato.

Al principio de la guerra los contratistas de seguridad privada procedían en su mayoría de fuerzas de élite de operaciones especiales. Era fácil examinar las credenciales en un mundo que es bastante reducido. Pero como la demanda aumenta también lo hace la dificultad de encontrar e investigar a gente cualificada. "¿En qué punto estamos empezando a rozar los límites?, preguntó Simon Faulkner, jefe de operaciones de Hart, una compañía de seguridad británica, ante el desconocimiento sobre la procedencia y personalidad de sus reclutados. En este orden de cosas, se ha sabido que un subcontratista de Erinys tenía personal procedente de las fuerzas de seguridad de la etapa del apartheid sudafricano con algún criminal reconocido entre sus miembros. Se le hacen pocos ascos a cualquier posible recluta y se confía en las compañías de seguridad para todo.

¿Cómo distinguir entre fuerzas militares y guardias de seguridad?

Para los contratistas de seguridad privada las normas del contrato son aparentemente simples: pueden defenderse pero no realizar ofensivas. Los expertos legales militares dicen que se arriesgan a ser tratados como combatientes ilegales si apoyan a unidades militares en combates hostiles. Pero en Iraq la resistencia no hace distinciones entre tropas combatientes y guardias de seguridad privada que considera en cualquier caso fuerzas de ocupación al estar asociadas a los proyectos de la APC. Al haber convertido los convoyes y los edificios de la APC en objetivos esenciales, los guardias de seguridad son igualmente objetivos militares de la resistencia. Es en estos casos donde se borra la distinción entre la función de proteger con la de atacar. Un ejemplo: hace dos semanas, durante un ataque importante al edificio de la APC en Nayaf, ocho contratados de seguridad de Blackwater USA respondieron disparando miles de balas hasta que se agotaron sus municiones y tuvieron que pedir refuerzos a los helicópteros de su propia empresa.

Patrick Toohey, vicepresidente para relaciones con el gobierno de Blackwater, describe las acciones de sus hombres incurriendo en abierta contradicción: por un lado, habla orgullosamente sobre cómo los hombres de Blackwater "lucharon y atacaron con fuego de precisión a cada insurgente" y, por otro, insiste en que sus hombres no habían entrado en combate y que era tan sólo una misión de seguridad. La línea, como se indicaba, se sigue borrando. Y cada vez se borrará más si las compañías de seguridad privada siguen presionando y consiguen permisos para llevar armas pesadas.

Encontrar líneas de autoridad y vías de comunicación resulta complejo. Muchos guardias de seguridad son contratados como "contratistas independientes" por compañías que, a su vez, son subcontratadas por las grandes compañías que pueden también haber sido contratadas por una agencia de EEUU. En términos prácticos estas relaciones en espiral tienen como consecuencia que las autoridades en el gobierno no llevan a cabo ninguna supervisión de las compañías de seguridad bajo nómina pública. Aunque en algunos casos el gobierno insiste en que están sujetos a normas detalladas.

Los funcionarios del gobierno y los ejecutivos de las compañías aceptan que los guardias privados tienen todo el derecho a abandonar sus puestos si se ven en una situación muy insegura ya que no están sujetos al Código de Justicia Militar ni pueden ser perseguidos por leyes civiles en caso de deserción. En ese sentido, el caso de Scott Earhart es ilustrativo. Dejó Iraq al no aceptar los riesgos que le pedían que corriera sin entrenamiento ni protección adecuada. Había sido contratado por Custer Battles como entrenador de perros para una compañía de detección de bombas. Pero se marchó alegando que ni las armas ni el chaleco blindado que le habían entregado reunían los mínimos necesarios. La compañía lo niega.

En un cambio de papeles inusual, el impulso para dotar de normas a la industria privada está partiendo de los propios ejecutivos de seguridad. En Washington, los abogados del Pentágono están revisando las normas que rigen las compañías de seguridad y al mismo tiempo la APC y funcionarios iraquíes están preparando también normas de actuación que, al parecer, según ha manifestado desde el anonimato un funcionario de Defensa, estarán desarrolladas para mayo. Igualmente, se afirma que los mercenarios de la seguridad privada trabajarán bajo control político iraquí a partir del 30 de junio, fecha señalada para la transmisión de soberanía, por parte de la APC a una nueva instancia iraquí.

Notas de CSCAweb:

(*) Sinfo Fernández ha elaborado esta nota para CSCAweb utilizando las siguientes fuentes: www.guardian.co.uk; 'The New York Times', 19 de abril de 2004; 'The Guardian', 17 de abril de 2004; y 'The Star', 13 de abril de 2004.

1. Véase en CSCAweb: Sinfo Fernández: Tras los sucesos de Faluya. Soldados, mercenarios y empresarios: La privatización de la guerra avanza en el Iraq ocupado y enlaces relacionados.

2. En el mes de abril de 2004, 25% de las compañías privadas se habían retirado de Iraq por motivos asociados a la inseguridad física y financiera (véase en CSCAweb la nota 3 del texto: Quiebra de la ocupación militar de Iraq: EEUU presiona para la aprobación de una nueva resolución de NNUU, mientras renuncia a asaltar Faluya).

3. El propio Bremer hace descansar su circulo de seguridad inmediato en agentes de seguridad privada y no en miembros del ejército de EEUU. Ello no debe resultar extraño habida cuenta de que previamente a ser nombrado procónsul de Iraq, Bremer dirigía desde el 11 de septiembre de 2001 una empresa de "servicios contraterroristas" dirigidos a las grandes multinacionales estadounidenses (véase en CSCAweb: El 'Procónsul' Bremer: administrar Iraq como una empresa privada).

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