No hay garantías para el juicio a Saddam Hussein

Está “diseñado para garantizar que la complicidad de Estados Unidos con los crímenes queden fuera del escrutinio”

Por Jim Lobe
Inter Press Service (IPS), 19/10/05

Los mismos defensores de los derechos humanos que durante dos decenios pedían el juzgamiento por crímenes contra la humanidad del ex dictador de Iraq, Saddam Hussein, cuestionan la legitimidad del proceso iniciado este miércoles en Bagdad.

Human Rights Watch (HRW) ha sido la institución más extravertida en sus cuestionamientos a las normas que rigen el Supremo Tribunal Penal de Iraq, cuyas audiencias quedaron postergadas hasta el 28 de noviembre.

Saddam Hussein y otros siete acusados se declararon este miércoles no culpables de la ejecución de 143 hombres y niños en 1982. Y no es el único caso por el que deberá sentarse en el banquillo.

"Tenemos grandes preocupaciones de que el tribunal no garantice un juicio justo", dijo el director del Programa de Justicia Internacional de HRW, Richard Dicker. "Para asegurar justicia y por su propia legitimidad, el tribunal debe corregir sus deficiencias."

Mientras, Amnistía Internacional, que despachó tres observadores para presenciar el juicio en Bagdad, también manifestó preocupación respecto de las garantías del debido proceso en varias etapas de la preparación del juicio, tras la detención de Saddam Hussein por fuerzas estadounidenses en diciembre de 2003.

El equipo de abogados defensores del ex dictador aseguró que contó con muy poco tiempo para preparar el caso, y advirtió que pondrá en evidencia las deficiencias del tribunal en cada oportunidad que se les ofrezca.

"Si esto fuera un juicio regular en Londres, la defensa hubiera contado con seis meses para prepararse", dijo a la agencia de noticias Reuters uno de los abogados, Abdel al Haq al-Ani. "Los estadounidenses intentan convertir esto en puro teatro, en un espectáculo judicial."

El gobierno de George W. Bush asegura, en cambio, que el juicio es totalmente controlado por Iraq. "Saddam Hussein se enfrenta con la justicia iraquí", dijo este miércoles el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan.

Pero las leyes que rigen el juicio fueron establecidas por la Autoridad Provisional de la Coalición, máxima instancia civil de la ocupación encabezada por Estados Unidos, y sufrió apenas modificaciones leves cuando el gobierno de transición se constituyó a comienzos de año.

Según HRW, Washington gastó hasta ahora unos 128 millones de dólares en la investigación y la acusación, y aportó más de una docena de funcionarios al caso.

También cubrió los costos de convertir la antigua sede del partido laico Baath, el que lideró Saddam Hussein, en la sede judicial donde se desarrollará este juicio.

Según el diario estadounidense The New York Times, la Oficina de Enlace sobre Crímenes del Régimen, dominada por Washington, ha sido "el poder real detrás del tribunal, asesorando, y con frecuencia decidiendo, sobre casi todas las facetas del trabajo, siempre detrás de un escudo de anonimato".

La Oficina está integrada por abogados y expertos en justicia internacional estadounidenses, y también de otros países de la coalición militar que invadió Iraq en marzo de 2003, especialmente Gran Bretaña y Australia.

Muchos perciben en el tribunal una expresión de "justicia de los vencedores", imagen alimentada por la intervención extranjera en los procedimientos, así como por el hecho de que ninguno de los cinco jueces asignados al caso son árabes sunitas, la minoría religiosa a la que pertenece Saddam Hussein.

Para colmo, los funcionarios judiciales vinculados antes con el partido Baath, sin importar su rango, fueron purgados. Ese es uno de los hechos que más ira provoca en la comunidad sunita, que a pesar de su carácter minoritario ejerció el poder en Iraq desde el fin del Imperio Otomano, en 1919.

El proceso iniciado este miércoles será el primero de varios que deberían tener a Saddam Hussein en el banquillo.

El primero se refiere a la masacre que sucedió en el poblado chiita de Dujail tras el intento de asesinato de Saddam Hussein en 1982 por parte de 19 hombres, al parecer integrantes del partido Dawa, cuyo actual líder, Ibrahim Jaafari, es el presidente del país.

Saddam Hussein habría ordenado una feroz represalia contra la población civil. Más de 1.500 pobladores fueron enviados a superpobladas cárceles, y al menos 200 habrían muerto allí. Y 143 hombres y niños fueron juzgados y ejecutados por su supuesta complicidad con el atentado.

El caso Dujail no es el peor por el que se juzgará a Hussein. Pero es aquel cuya acusación fue más simple de preparar.

Otro caso aborda la masacre de Anfa, en que decenas de miles de kurdos fueron asesinados en 1988, algunos con armas químicas. La acusación estaría casi completa. También está en preparación un juicio relativo a la sangrienta represión de la revuelta chiita en el sur de Iraq tras la guerra del Golfo de 1991.

La selección de los casos desató severos cuestionamientos de expertos y activistas. "El enfoque estrecho de las acusaciones parece diseñado para garantizar que la complicidad de Estados Unidos con los crímenes queden fuera del escrutinio", dijo Richard Falk, profesor de derecho internacional de la Universidad de Princeton.

Washington, según numerosas versiones, promovió el ascenso de Saddam Hussein al poder y lo respaldó en la guerra de Iraq contra Irán (1980-1988).

El ministro de Justicia iraní Jamal Karimirad marcó la contradicción al considerar, este miércoles, que el ex dictador debería ser juzgado por crímenes cometidos en esa guerra, incluido el uso de armas químicas contra civiles.

"Los ocupantes solo quieren ejecutar a Saddam Hussein sin clarificar qué apoyo le brindaron cuando estuvo en el poder", advirtió Karimirad.

Organizaciones de derechos humanos reclaman al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la constitución de un tribunal internacional para juzgar a Saddam Hussein similar al que, instalado en La Haya, procesa las acusaciones contra el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic y otros ciudadanos serbios.

Al menos, proponen los activistas, debería crearse un tribunal como el que procesa crímenes de guerra en Sierra Leona, constituido por jueces del país africano y otros del extranjeros.

Pero eso contradiría la intensa campaña del gobierno de Bush contra la Corte Penal Internacional constituida para el juzgamiento de casos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. Además, parte de su gobierno aún está resentido por la negativa de la ONU a avalar la invasión a Iraq.

Por lo tanto, ha insistido en la creación de un tribunal exclusivamente iraquí, aunque dependiente a grado extremo del financiamiento y la experiencia judicial de Estados Unidos y otras potencias occidentales.

HRW consideró que los procedimientos establecidos para el criminal no cumplen con principios básicos del derecho internacional.

Los jueces, por ejemplo, podrán condenar a Saddam Hussein si están apenas "satisfechos" por la evidencia acusatoria, cuando el principio establecido es que se debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Además, los procedimientos establecidos por la coalición ocupante permiten que la negativa del acusado a contestar preguntas sea usada en su contra, en contradicción con principios del derecho internacional contra la autoincriminación.

Por otra parte, los abogados de Hussein no tuvieron un acceso incondicional a su cliente o a la evidencia. El mes pasado recibieron, por ejemplo, una lista incompleta de los testigos que presentarán los acusadores.

Además, ningún tribunal internacional admite hoy una condena a muerte. Y el derecho iraquí no sólo las permite, sino que además ordena su ejecución dentro de los 30 días posteriores a la sentencia.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que Saddam Hussein sea ejecutado antes de que se procesen otros casos en su contra.