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El negocio de los mercenarios en Iraq
Por Juan Carlos Díaz Guerrero (*)
El Corresponsal de Medio Oriente y Africa, febrero 2007
Funcionarios iraquíes reconocen que hay más de 236
empresas privadas, extranjeras y nacionales, que cumplen tareas de
seguridad en el país. De ellas, 200 son consideradas ilegales, no sólo
por carecer del registro correspondiente sino también por
desconocerse sus "funciones". La mayoría de ellas está
implicada en actos terroristas que luego se cargan en la cuenta de la
resistencia.
No importa su origen ni de que países provienen: son una
masa de hombres bien adiestrados en el oficio de matar por dinero que
en número de 100 mil cumplen las más diversas misiones en Irak. Los
llamados contratistas forman parte de ese bien organizado negocio en
el que la administración de George W. Bush ha convertido a ese país
árabe desde su invasión y posterior ocupación en marzo de 2003. Sus
obligaciones laborales están enfocadas en la seguridad personal de
políticos iraquíes y estadounidenses, hombres de negocio,
empresarios y abarcan el cuidado de instalaciones petroleras y
militares u otros servicios. Muchas de estas prestaciones, aunque poco
se habla de ellas, están ligadas con menesteres antes reservados a
las fuerzas castrenses, tales como la construcción de bases,
intendencia, interrogatorios y en combates. En el ámbito iraquí son
acusados de intervenir en operaciones secretas de los organismos de
inteligencia norteamericanos y en otros trabajos sucios destinados a
promover el terror, el miedo, las diferencias religiosas e, incluso,
la organización de escuadrones de la muerte para sembrar el caos.
Peruanos, chilenos, colombianos, hondureños y ecuatorianos,
sudafricanos, irlandeses, estadounidenses, iraquíes, rusos,
filipinos, turcos, nepaleses, hindúes, ucranianos, entre otros,
componen la variada gama de nacionalidades de esos elementos
especializados en las tenebrosas artes de la subversión. El periódico
The Washington Post en su versión electrónica, que cita un censo del
Comando Central estadounidense, reveló que al menos 100 mil
asalariados operan en el país árabe contratados por el gobierno de
loa Estados Unidos. La cifra cuadruplica a los existentes en 2003; de
ellos 48.000 trabajan como soldados privados, indicó un informe de la
Oficina General de Contabilidad (GAO, en inglés). El Departamento de
Trabajo norteamericano admite que 650 de esos empleados murieron desde
el comienzo de la guerra, la mayor parte de nacionalidad desconocida y
con funciones también ignotas.
Negocios y compañías
El jefe de Operaciones Militares en el Ministerio del
Interior iraquí, Mohamed Niama, cifra en 236 las empresas privadas,
extranjeras y nacionales, que cumplen tareas de seguridad en la nación
del golfo Pérsico. Resulta significativo que la mayor parte, 200,
sean consideradas ilegales por desconocerse sus funciones y carecer de
registro legal. Niama reconoce que la mayoría de sus propietarios están
implicados en actos terroristas. La contratación de esos expertos se
extiende por todo el país, pero en Bagdad adquiere singular
predominio por la falta de seguridad prevaleciente, la cual obliga a
políticos y empresarios a recurrir a esos mercenarios extranjeros
"para impedir infiltraciones" de nacionales, comentó el
vocero del Congreso de Diputados. En enero pasado el presidente del
Parlamento, Mahmud Mashhadani, expresó que una comisión de seguridad
contratará los servicios de una empresa sudafricana para su protección
y la del resto de los diputados. Otra modalidad, muy en boga para las
autoridades iraquíes, es la de utilizar como guardaespaldas a
familiares, amigos o personas del mismo grupo étnico o confesional.
Un ejemplo: la ministra de Derechos Humanos, Uichdán Salem, contrató
por su cuenta a 20 escoltas, recomendados por sus familiares o
conocidos por ella. Las grandes empresas contratistas tienen su
asiento en Gran Bretaña y Estados Unidos; en este último país se
estiman en tres decenas las compañías dedicadas e ese lucrativo
negocio. Una de esas empresas es la Blackwater Security Consulting
Company, especializada en contraterrorismo y combates urbanos, y una
de las mayores con operaciones en Irak: cuenta con un ejército
multinacional calculado en tres mil miembros. La firma está
considerada como la mayor base militar privada del mundo, con campos
de entrenamientos sofisticados, decenas de aviones, 20 mil soldados
entrenados y vínculos muy estrechos con las altas esferas del Pentágono
y la Casa Blanca. El negocio de la contratación abarca, además, a
otras empresas que se encargan de proveer pertrechos bélicos al ejército
de los Estados Unidos y de ayudar en la "reconstrucción"
como las corporaciones Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop
Grumman y la notoria Halliburton. Informaciones indican que la inmensa
mayoría de las compañías destinadas a la producción de armamentos
triplicaron las acciones desde el comienzo de la ocupación de Irak y
sus utilidades crecieron en más del 10 por ciento. Analistas
consideran que el aumento de los activos de estas corporaciones está
ligado en parte al alza del presupuesto de la Secretaría de Defensa.
Desde 2001 las asignaciones para la defensa crecieron en más de 50
por ciento, de 300.000 millones a 455.000 millones en 2007. En 2005
oficiales de la CIA revelaron al Washington Post que el 50 por ciento
del presupuesto de la institución, 20 mil millones de dólares, se
destinó a pagar contratistas privados. Un libro publicado por el
Brookings Institution refiere que el fenómeno de la contratación
genera al año unos 100.000 millones de dólares y según estimados,
trepará el doble para 2010.
Ilegalidades, violaciones y maltratos
La total impunidad con que operan los contratistas en el
país árabe convierte a esta fuerza, la segunda mayor en hombres
después de las tropas norteamericanas de ocupación (140.000
hombres), en una maquinaria de destrucción y muerte. El analista
diplomático Pedrag Simic vaticina que en la medida en que los aliados
de la coalición se retiren, más mercenarios tomarán sus puestos.
Para el Ejército y el gobierno estadounidenses el negocio es muy
ventajoso si se tiene en cuenta que son simples asalariados en busca
de fortuna y que al morir no entran en la gruesa lista oficial de
bajas, ni se ven envueltos en discusiones legales o presionados por la
opinión pública. Estos soldados de fortuna se arriesgan a morir en
Irak por salarios que ascienden hasta los mil dólares por día,
impagables en sus naciones. En reciente visita a países
latinoamericanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de
mercenarios determinó que las contrataciones son posibles gracias a
enormes irregularidades y vacíos legales existentes, como es el caso
de Perú. José Luis Gómez del Prado, miembro del grupo de trabajo,
dijo que más de mil peruanos brindan sus servicios en condiciones
inciertas en el país árabe, donde predomina el riesgo para sus
vidas, largas jornadas y viven hacinados. El experto manifestó la
total falta de transparencia en las contrataciones por la inexistencia
de controles sobre la forma en que son reclutados o las condiciones en
que laboran. Un informe publicado por el diario limeño El Mercurio
denunció que la violencia no es el único riesgo que corren los
peruanos en Irak, sino también sufren maltratos, discriminaciones y
vejaciones por parte de la empresa empleadora estadounidense Triple
Canopy. Aunque el fenómeno del mercenarismo no es nada nuevo, éste
creció con la llegada de Bush padre a la Casa Blanca, cuyo hijo lo
hizo florecer a niveles insospechados con su llamada guerra contra el
terrorismo en 60 o más países a los que identifica como
"rincones oscuros" del mundo. Como otras tantas
regulaciones, la administración estadounidense convirtió en letra
muerta la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la
Utilización, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios, aprobada
por la ONU en 1989 y rubricada hasta ahora por 28 países.
(*) El autor es periodista de la
redacción de Africa y Medio Oriente de Prensa Latina.
Carne
de cañón latinoamericana para Iraq
Los
mercenarios son la segunda fuerza en Iraq
El
Comercio, Lima / CSCAweb, 16/02/07
Entre
30.000 y 50.000 mercenarios trabajan en Iraq, lo que les convierte en
la segunda fuerza militar tras las tropas de Estados Unidos, según un
representante de las Naciones Unidas, quien dijo el 1 de febrero en
Lima que cientos de latinoamericanos son contratados en ese conflicto.
Los mercenarios que llegan como vigilantes a Iraq terminan realizando
un entrenamiento militar.
El
español José Luis Gómez del Prado, miembro del grupo de trabajo de
la ONU sobre la utilización de mercenarios, explicó que entre 30 mil
y 50 mil personas han sido contratadas en diversas partes del mundo
para participar en distintas labores en Iraq, en comparación con los
130 mil soldados de EEUU o los 10 mil de Reino Unido.
"El
número de muertes de latinoamericanos es el segundo más alto después
de las bajas del Ejército de Estados Unidos", dijo Gómez, quien
aclaró que, aunque no hay cifras oficiales, se calcula que unos 500
hombres han regresado "como bultos a sus países de origen",
es decir, muertos. La contratación de estas personas donde figuran
ciudadanos de Perú, Chile, Colombia, Honduras y Ecuador es posible
gracias a enormes irregularidades y a vacíos legales.
Las
declaraciones fueron dadas por Gómez durante la entrega de un informe
junto con la presidenta del Grupo, la colombiana Amada Guevara tras
una visita de tres días al Perú, donde el fenómeno del mercenarismo
ha tenido gran eco en la opinión pública. De hecho, en el informe
entregado, se consigna que "según algunas fuentes de información
más de 1,000 ciudadanos peruanos continúan en Irak prestando esos
servicios". El Grupo ya ha hecho visitas a Ecuador y Honduras y
tiene previsto continuar sus indagaciones en otros países.
En
la conferencia de prensa denunciaron "grandes omisiones del
gobierno peruano" al decir de Gómez que permiten que estos
ciudadanos hayan sido llevados a Irak en condiciones inciertas, donde
prima "el riesgo por sus vidas, el hacinamiento, muchas horas de
trabajo sin condiciones de salud adecuadas", agregaron
asistentes.
Denunciaron
igualmente que los trabajadores son contratados para labores de
vigilancia, pero que tras recibir entrenamiento militar son destinados
a "funciones no previstas" con lo cual quedan involucrados
de lleno en el conflicto. Un caso como el de Irak "es una
manifestación novedosa del mercenarismo que pudo tomar de sorpresa a
los Estados Unidos", reconoció José Luis Gómez.
La
contratación de personal la hacen empresas fantasmas que llegan a un
país, abren una oficina por un mes y luego desaparecen sin dejar
rastro.
Ante
esta situación el grupo recomendó a las autoridades su adhesión a
la Convención Internacional contra el Mercenarismo de 1989, la creación
de registros transparentes de las empresas de seguridad privada y la
investigación de los casos que no han sido debidamente esclarecidos.
Hay
que referir que el mencionado grupo fue creado en 2005 por la antigua
Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Su informe final será
presentado al Consejo de Derechos Humanos del organismo y abordado en
la próxima Asamblea General de la ONU.
Repercusión
en Perú
Tras
el deceso de uno de los 'vigilantes' en Afganistán, el gobierno de
Perú anunció su intención de presentar una demanda ante el relator
del Convenio Internacional contra el Tráfico, el Reclutamiento y la
Financiación de Mercenarios de la ONU. Esta noticia se ha hecho pública
cuando un ciudadano peruano, José Linares Masa, que trabaja para la
empresa de seguridad "Defion International", quedó
gravemente herido, luego que un proyectil de mortero cayera cerca de
su puesto de control en Iraq.
En
diálogo con una radioemisora local, un compañero de trabajo, que
trabaja con él como guardia de seguridad en la embajada de Estados
Unidos, informó que las esquirlas del mortero lo alcanzaron mientras
cumplía con su función. "Sus oídos estaban ensangrentados
", sostuvo el sujeto, quien no quiso dar su nombre. Por otro
lado, indicó que existen 850 compatriotas que desempeñan como
guardias de seguridad en una zona protegida por la armada de EEUU.
Informó que ellos cuidan las instalaciones de la sede diplomática
estadounidense, y se encargan del control peatonal y vehicular. Agregó
que ganan mil dólares mensuales, pero que al renovarles el contrato
les quitaron una serie de beneficios como un seguro de vida, entre
otros.
Como
consecuencia de la visita de la Delegación de la ONU y la presión
interna debido al gran despliegue informativo, Perú ha ratificado el
día 10 de febrero la Convención Internacional contra el Mercenarismo
según publica 'El Peruano', siendo Perú el quinto país de Latinoamérica
y el vigésimo noveno estado del mundo en ratificar este instrumento.
Perú
Mercenarios
para Iraq con ayuda del ejército
Por
Ángel Páez
Inter Press Service,
28/10/06 / CSCAweb, 16/02/07
"Denuncias
de familiares de ex soldados y policías peruanos contratados para
combatir en Iraq desenrollaron la madeja de un negocio aún vigente,
conducido por Triple Canopy con participación de empresas y del
propio ejército de este país sudamericano".
"Piraña",
un ex sargento del ejército peruano que había combatido en los años
90 a los insurgentes maoístas de Sendero Luminoso en la selva del
Alto Huallaga, decidió a última hora no viajar junto a 200 ex
militares y policías contratados por la corporación estadounidense
Triple Canopy, para prestar "servicios de seguridad" al
nuevo régimen del convulsionado Iraq.
"Mi
mamá me convenció de que no me fuera. Me dijo que prefería verme
pobre pero vivo, y no muerto por un poco de dólares", dijo
"Piraña" a IPS con la condición de no revelar su
identidad.
Denuncias
de familiares de ex soldados y policías peruanos contratados para
combatir en Iraq desenrollaron la madeja de un negocio aún vigente,
conducido por Triple Canopy con participación de empresas y del
propio ejército de este país sudamericano. "Aquí no hay
trabajo y cuando encuentras algo te pagan una miseria. Yo soy 'guachimán'
(guardián) en una fábrica y gano el equivalente a ocho dólares por
una jornada de 12 horas. Por trabajar en Iraq me pagaban 35 dólares
al día, además de otros beneficios. Era toda una tentación, a pesar
del riesgo", explicó.
"Tengo
tres hijos y una esposa que me ayuda vendiendo comida en la calle,
pero el dinero no alcanza. Vi el aviso en el periódico y me presenté.
Por mi experiencia de combatiente en el ejército, rápidamente me
aceptaron. Ya había recibido entrenamiento y todo, pero mi mamá se
enteró y me cambió de opinión", relató el hombre, de 29 años.
En
agosto comenzaron a aparecer en los periódicos de Lima avisos
convocando a ex miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía
interesados en trabajar en "tareas de seguridad". Se ofrecían
"excelentes ingresos". Centenares de personas se
presentaron. Los anuncios eran de Triple Canopy, una corporación
creada en 2003 en el estado estadounidense de Illinois que, debido a
sus contactos con el gobierno de George W. Bush, obtuvo rápidamente
millonarios contratos con el Departamento de Estado. La firma presta
servicios de seguridad a instalaciones y personas estadounidenses que
trabajan en la reconstrucción de Iraq, ocupado militarmente por
Estados Unidos desde marzo de 2003. La expansión de Triple Canopy es
la expresión del éxito del nuevo negocio de los "ejércitos
privados".
Uno
de los primeros contratos de Triple Canopy fue por 90 millones de dólares
para resguardar durante medio año una docena de oficinas del gobierno
provisional iraquí, frecuente blanco de los ataques de la resistencia
a la invasión estadounidense. "No contratamos mercenarios. Son
personas con experiencia en misiones de seguridad, que conocen del
manejo de armas, pero no van a combatir en Iraq. Claro que es un
trabajo muy peligroso, sin embargo nadie los obliga a tomar el empleo.
Triple Canopy les garantiza un seguro y una indemnización en caso de
accidentes, ataques o muerte", dijo a IPS Jorge Mendoza, gerente
de la empresa Gun Supply, a través de la cual la corporación
estadounidense entrenó a los 200 peruanos. "Se les paga según
la responsabilidad que van a cumplir. Hay salarios de hasta 50 dólares
al día", agregó Mendoza.
Triple
Canopy ha reclutado a ex militares y ex policías de El Salvador,
Colombia y Chile, pero la paga para éstos es superior a la prometida
a los peruanos. Esta diferencia no disuadió a los peruanos. Desde
este país ya viajaron a territorio iraquí dos grupos que suman 380
personas.
Familiares
de los mercenarios se quejaron de que los contratos firmados con
Triple Canopy eran inapropiados e inhumanos. Por ejemplo, si alguien
pretende demandar a la firma, deberá hacerlo ante un tribunal de
Virginia, porque el contrato se firma bajo las leyes de ese estado,
donde la compañía mudó su sede en junio "para estar más cerca
de nuestro principal cliente, el gobierno de Estados Unidos", según
un comunicado de su sitio en Internet.
Copias
de los contratos obtenidas por IPS indican su vigencia de un año, del
15 de octubre al 14 de octubre de 2006. Triple Canopy y el gobierno de
Estados Unidos no son responsables si los trabajadores resultan
heridos o fallecen en el cumplimiento de su misión.
Una
de las cláusulas más abusivas señala que la póliza de seguro que
cubre al personal no es aplicable si éste es víctima de algún
incidente fuera de su centro de trabajo o de su horario de servicio.
Por tanto, si los empleados son atacados por insurgentes en su lugar
de residencia por el hecho de apoyar a los invasores, no hay
indemnización.
Portavoces
de Triple Canopy afirmaron que los peruanos trabajarán en la
"zona verde" de Bagdad, el área de extrema seguridad donde
se encuentran las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña y las
sedes del gobierno iraquí, y que ha sido blanco de varios ataques
rebeldes. "Creo que el entrenamiento fue insuficiente, no más de
quince días, pero igual casi todos se fueron" a Iraq, narró
Piraña. "Tenían apuro de enviar a la gente, querían que todo
saliera rápido", afirmó el ex sargento, que ha vuelto a su
empleo de guachimán.
Las
denuncias de los familiares obligaron a la cancillería peruana a
actuar. El encargado de la Oficina de las Comunidades Peruanas en el
Exterior, embajador Jorge Lázaro, anunció que había iniciado la
investigación de los contratos para determinar si eran abusivos y
violentaban los derechos humanos. "Los peruanos tienen libertad
para trabajar donde quieran, pero el gobierno debe asegurarse de que
los contratos respeten los acuerdos internacionales a los que está
suscrito el Estado", dijo Lázaro en conferencia de prensa.
Mientras
el gobierno manifestaba su preocupación por el destino de estos
peruanos, la prensa reveló que los 200 reclutados para Triple Canopy
se habían entrenado en la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército
(FAME). De acuerdo con un contrato entre el ejército y Gun Supply, al
que tuvo acceso IPS, la fuerza de tierra prestó a los adiestradores
los proyectiles necesarios para prácticas de tiro.
El
ejército, que sufre un drástico recorte de presupuesto, aceptó el
negocio con Gun Supply, representante en Lima de Triple Canopy, como
forma de obtener dinero. La operación, de 150.000 dólares, fue
aprobada por el propio comandante de la fuerza, general Luis Muñoz,
sin consultar al Ministerio de Defensa ni a la cancillería, lo que
podría costarle el cargo.
El
hecho llevó a una comisión parlamentaria a citar al ministro de
Defensa, Marciano Rengifo, quien debió admitir el error de ese
contrato y anunció que había ordenado una investigación para
identificar a los responsables. Pero pese al escándalo, el negocio
continúa.
Mendoza,
de Gun Supply, dijo a IPS que la firma recibió el encargo de Triple
Canopy de contratar a otros 600 peruanos. "Eso es lo que nos han
pedido. Al menos por el momento el ejército no nos ha pedido anular
el contrato. Si lo hace, hay una penalidad", indicó.
Las
compañías que forman parte del negocio tienen excelentes contactos
en Perú. El dueño de Gun Supply es contratista del Estado y vendió
munición a la guardia personal del presidente Alejandro Toledo. Además,
Mendoza es hijo del jefe de seguridad de la embajada de Estados Unidos
en Lima.
Otra
empresa, Gesegur, contratada por Triple Canopy para seleccionar a los
"trabajadores de seguridad" peruanos, también es una
conocida contratista estatal, vinculada al Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN), el aparato de represión del régimen del ex
presidente Alberto Fujimori (1990–2000) que conducía el entonces
asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hoy preso y bajo proceso por
varios delitos. Gesegur se vinculó luego al Consejo Nacional de
Inteligencia, organismo que reemplazó al SIN tras la asunción de
Toledo a la Presidencia.
"Soy
especialista en armas y tengo varios años de experiencia en combate,
era perfecto para ese trabajo", dijo "Piraña".
"Pero, si iba y me moría, mis hijos iban a quedar desamparados.
Puedo asegurar que no es cobardía. No tengo miedo a la guerra. Mi mamá
me hizo notar que más importante es vivir".
Según
Mendoza, el gobierno no prohibió a Gun Supply continuar entrenando
peruanos para enviarlos a Iraq. "Ellos reconocen que es una
oportunidad de trabajo. Lo tomas o lo dejas, así de simple",
apuntó. "Mil dólares mensuales en Perú es una plata muy
importante".
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