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La
Corte Suprema de Israel avala ley racista
Más
de lo mismo
Por
Ivan Vanney
Desde
Israel, para Socialismo o Barbarie, 20/05/06
El
domingo pasado la Corte Suprema de Israel rechazó por 6 votos contra
5 la apelación de organizaciones de derechos humanos y parejas mixtas
(entre ciudadanos israelíes y palestinos) para anular la ley que
niega los derechos de ciudadania a los palestinos que contraigan
matrimonio con israelíes.
La ley propuesta por un ministro del partido
judío religioso Jaz en el 2002 obligaba a las familias a separarse o
a abandonar el estado judío.
A pesar del impacto de la noticia en los
medios de comunicación, y como fue publicado en el numero anterior de
Socialismo o Barbarie, sabemos que el pueblo palestino no es el único
que sufre la xenofobia y racismo del estado, las familias de Etiopia
también deben separarse para emigrar a Israel, ya que, a diferencia
de parejas mixtas entre judíos y gentiles de otros países
que pueden gozar de todos los derechos de ciudadania en Israel,
el estado no consiente la inmigración numerosa de negros, para
ser sincero y directo.
No obstante la “actual” primicia que
incumbe a los palestinos resulta más absurda ya que en Israel el
numero de habitantes árabes supera el millón, muchos de los cuales
están ubicados limitando con la franja de Cisjordania, lo que
facilita la relación entre personas de ambas naciones, que hablan el
mismo idioma, aplastados por la misma bota y de la misma religión, lo
que presenta el matrimonio entre israelíes y palestinos como un hecho
más predispuesto. No se trata de simple inmigración a un país
desconocido, muchos de los casos significan un cambio de ciudad por la
ubicación geográfica (Um Al Fahem por ejemplo limita con
Cisjordania).
Esta vez no voy a extenderme con un articulo
propio, a continuación les ofrezco una traducción que hice para SoB
de la Asociación Adalah por los derechos de la minoría árabe en
Israel:
Adalah: una mayoría de 6 a 5 en la Corte
Suprema aprobó la ley más racista en el Estado de Israel,
prohibiendo la unión de familias sobre la base de su procedencia
nacional: palestinos. Incluso la Corte de Sudáfrica en 1980 durante
el Apartheid se rehusó a aprobar una medida similar que contradiga el
derecho a la familia.
Attorney Hassan Jabareen (Director General de
Adalah): la Corte Suprema
legisló 3 leyes en referencia a la ciudadania basandose en el
transfondo etnico: una ley directa dirigida a la poblacion judia, su
ley al retorno, una segunda medida en cuanto a los extranjeros siempre
considerando su grado de procedencia, y una tercera, la más
perjudicial que afecta a los ciudadanos arabes.
Hoy, 14 de Mayo del 2006 la Corte Suprema de
Israel, por 6 a 5, presento su decisión basada en un documento de 263
paginas en la cual rechaza la apelación de Adalah y otras 6
apelaciones, incluyendo la de Derechos Civiles. Las apelaciones
demandaban la anulación de
nacionalidad e ingreso a Israel, la cual viola el derecho de contraer
matrimonio entre ciudadanos israelíes y palestinos habitantes de
los territorios ocupados.
Los miembros mayoritarios de la Corte Suprema
de Justicia, quienes aprobaron la ley como constitucional fueron:
Mishael Heshin, Miriam Naor, Asher Gronis, Yonatan Adiel, Eliezer
Rivlin y Edmond Levy. La minoría estaba integrada por: el jefe de la
Suprema Corte Aharon Barak, Dorit Bienisch, Ayala Procaccia, Salim
Jubran y Esther Hayut.
El juez Heshin, quien lidero a la mayoría,
alego que los ciudadanos de Israel no disponen de ningún derecho
constitucional que autorice a la Corte a cancelar una ley dictada por
el Parlamento, según la cual cónyuges "extranjeros" no
disponen de ningún permiso para ser recibidos legalmente por Israel.
Según Heshin, el derecho a la dignidad humana no incluye ninguna
obligación constitucional sobre el estado para permitir a
"extranjeros" contraer matrimonio con ciudadanos israelíes
e ingresar en el estado. Heshin añadió que en su opinión, "el
conflicto bélico contra la autoridad Palestina" justifica la
ley, que pretende prevenir el ingreso de elementos perjudiciales para
la seguridad en el estado de Israel. El juez Lev declaró que la ley
es inconstitucional, pero que la apelación debe ser rechazada y darle lugar al
Parlamento para enmendar el error. Los miembros restantes de esta
mayoría argumentaron que, aunque la ley viola derechos
constitucionales, es factible.
El jefe de la Corte Suprema (Aharon Barak),
en defensa de la minoría, indicó que "la cuestión concierne al
derecho de los ciudadanos israelíes de establecer una familia en
condiciones igualitarias, derivada del derecho humano a la dignidad,
como figura en la ley básica (Dignidad humana y Libertad). Un
ciudadano tiene el derecho de conducir su vida familiar con su cónyugue
en Israel. Israel representa su hogar y su entorno social, cultural,
histórico y sus raíces. Esta violación de derechos afecta
directamente a la población árabe israeli. En consecuencia,
la ley viola los derechos de los ciudadanos árabes en Israel a la
igualdad.
El jefe de Justicia Barak, junto con otros
jueces de la opinión minoritaria, decidieron que la ley es
desproporcionada, respondiendo al argumento de Heshin, ya que quita la
posibilidad de verificar casos puntuales,
aplicándose como restricción a una comunidad especifica. Por
lo tanto los cinco jueces concluyeron en que la ley inconstitucional
debe ser cancelada.
En respuesta a la medida, Adalah señalo hoy
que la Suprema Corte efectivamente aprobó la ley más racista del
Estado. Una legislación que impide la unión de familias en base a su
procedencia nacional: Palestina.
Ofreciendo un ejemplo Adalah añadió que
"en 1980, durante el Apartheid, la Corte Suprema de Sudáfrica
rehusó aprobar leyes similares a las aprobadas en Israel, ya que
contradicen los derechos de la familia".
El director general de Adalah,
Anttorney-Hassan Jabareen destacó que la Corte Suprema legislo 3
leyes en referencia a la ciudadanía basándose en el trasfondo étnico:
una ley directa que afecta a la población judía, su ley al retorno;
una segunda medida en cuanto a los extranjeros, siempre considerando
su grado de procedencia; y una tercera, la más perjudicial, que
afecta a los ciudadanos árabes.
Adalah Attorneys Jabareen y Orna Kohn
iniciaron la apelación en la Corte Suprema en agosto del 2003,
desafiando la legitimidad de la ley racista y exigiendo su anulación.
La ley niega a los ciudadanos palestinos de Israel ascender de status
dentro del país y preservar a su cónyugue proveniente de los
territorios ocupados. Desde su vigencia, miles de familias afectadas
se vieron obligadas a separarse, abandonar el país o vivir
ilegalmente dentro de Israel bajo el permanente riesgo de ser
detenidos y deportados.
La apelacion fue hecha en nombre de Adalah,
las familias El-Sana y Tbilah afectadas por la ley, Shawqi Khatib, el
presidente de la Alta Comision de ciudadanos árabes israelíes, y
miembros árabes del Parlamento: Mohamad Barakeh, Dr. Azmi Bishara,
Abd Al-Malek Dahamshe, Talab El Sana, Issam Mahul, Wasel Taha, Dr.
Ahmad Tibi, y Jamal Zahalka.
Como Adalah argumentó en su apelación, la
medida viola severamente los derechos humanos y fundamentales de
libertad resguardados en la ley doméstica e internacional, incluyendo
derechos de igualdad, libertad, privacidad y vida familiar. La ley es
mayormente discriminatoria para los ciudadanos árabes de Israel, la
mayoría de los ciudadanos dispuestos a contraer matrimonio con
palestinos residentes en los territorios ocupados.
Adalah inicio la apelación inmediatamente
considerando la ley dictada en julio del 2003 por el Parlamento,
decisión tomada previamente por el gobierno en mayo del 2002. El
parlamento aprobó una serie de modificaciones que sólo en apariencia
permitirían la unión de familias entre árabes residentes en Israel
y palestinos de los territorios ocupados. Sin embargo, las nuevas
modificaciones permitían únicamente la aplicación individual de
visas temporales en Israel, lo que es aun más humillante, abandonando
a estas personas, privándolas de oportunidades laborales, beneficios
sociales, etc.
Como Adalah declaró ante la Suprema Corte,
la nueva modificación de la ley incluye nuevas restricciones,
considerando la edad y el género, negando el acceso de la mencionada
visa temporal a hombres palestinos por debajo de los 35 años de edad
y a mujeres por debajo de los 25. Esta medida fue tomada
arbitrariamente, sin ningún fundamento ni evidencia factible, destacó
Adalah. Otra modificación niega el derecho de ingreso al país a
palestinos que según fuentes del Ejercito estén relacionados con
individuos que fuesen considerados una amenaza para la seguridad del
Estado.
De esta forma, como Adalah argumentó ante la
Corte, bajo las modificaciones de la ley, los más básicos derechos
humanos pueden ser revocados dependiendo únicamente de las relaciones
familiares, sobre las cuales las personas no tienen control.
Desde la apelación, hace 3 años, Adalah
reiteradamente desafió a que la ley sea justificada como medida de
seguridad. El Ministro de Seguridad dijo ante la Corte que la ley es
una medida esencial para proteger la seguridad israelí, ya que
palestinos pertenecientes de los territorios ocupados, quienes
obtuvieron residencia en Israel por medio de la unión familiar
estuvieron en muchos casos involucrados en actividades terroristas.
Sin embargo, los casos que pueden ser citados
como ejemplo se reducen a 25 sobre de miles de palestinos que han
obtenido la ciudadanía. Este Ministro, que fue interrogado acerca de
la participación de palestinos residentes en Israel en actividades
terroristas, no logró aportar datos contundentes ni ofreció
detalles.
Adalah, en respuesta, afirmo que, incluso en
caso de que el dato sobre los 25 palestinos vinculados con el
terrorismo sea real, los números constituyen un diminuto porcentaje,
por lo cual la ley es completamente desproporcionada.
Varios Comites de las Naciones Unidas
hicieron un llamado a Israel para revocar la prohibición de las
uniones de familias. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la
ONU (UN HRC), en el párrafo 21 sobre
las Conclusiones de Observaciones en Israel en Agosto del 2003, El
Comité de la ONU por la Abolición de la Discriminación Racial (UN
CERD) y el Comité de la ONU por la Abolición de la Discriminación
contra las mujeres (UN CEDAW) condenaron la ley.
El Parlamento Europeo, organizaciones
internacionales por derechos humanos, la Federación Internacional por
Derechos humanos, Amnistía Internacional y "Human Rights
Watch". (Traducido al español por Ivan Vanney para El Centro
Legal de Derechos para la Minoria Arabe en Israel (Adalah).
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