Pakistán

 

Ley y orden

Por Tariq Alí (*)
The Guardian, 16/05/07
Sin Permiso, 20/05/07
Traducción de Julie Wark y Daniel Raventós

En agosto Pakistán cumplirá sesenta años y durante exactamente la mitad de su existencia ha estado bajo la bota militar. Los líderes militares han tenido habitualmente un ciclo vital de 10 años: Ayub Khan (1958-69), Zia-ul-Haq (1977-89).

El primero fue eliminado por una insurrección de toda la nación que duró tres meses. El segundo fue asesinado. De acuerdo con este calendario político, Pervez Musharraf tiene aún un año y medio de plazo, pero los acontecimientos se precipitan.

El 9 de marzo pasado, el presidente apartó del cargo al presidente del tribunal supremo de justicia. A diferencia de algunos de sus colegas, el magistrado en cuestión, Iftikhar Chaudhry, no se resignó en el momento del golpe, pero como otros presidentes del tribunal supremo había consentido con la falaz “doctrina de la necesidad" que se utiliza siempre para justificar judicialmente un golpe militar. No tenía fama de activista judicial y los cargos que se le imputan están más bien relacionados con un “abuso de poder”, pero no es ningún secreto que últimamente Chaudhry había emitido varios fallos contra el gobierno en temas sensibles –entre ellos todo lo relacionado con la privatización a toda prisa de la Karachi Steel Mills (Fundidora de Karachi), su insistencia de que los activistas políticos “desaparecidos” se encare por vía judicial y la petición de que las víctimas de violaciones sean tomadas en serio– aterran a Islamabad.

¿Podría ir aún más lejos este díscolo magistrado y declarar inconstitucional la presidencia militar? Se ha desatado la paranoia.

Las cadenas de televisión comprometidas con informaciones objetivas fueron asaltadas por la policía, difuminando así la jactancia presuntuosa del régimen (hasta la fecha verdadera) de que había interferido menos con los medios de comunicación que todos sus predecesores.

La decisión desencadenó un fuerte movimiento social. Al principio solamente estuvo confinado a 80.000 abogados y algunas docenas de jueces, pero pronto empezó a extenderse. En sí mismo esto ya fue una sorpresa en un país cuya gente se ha alejado de forma creciente de la ley de una elite corrompida hasta la médula.

Más significativo aún es que esta oposición de la sociedad civil a esta grosera decisión no tiene nada que ver con la religión. Se trata de una defensa de la independencia judicial (nominal sin embargo) frente al gobierno. Los abogados que se manifestaron por las calles insistían en la separación de los poderes constitucionales.

Hay algo encantadoramente pasado de moda y chapado a la antigua en esta lucha. Ni la religión ni el dinero están presentes, sino los principios. Cuando el movimiento creció, los carreristas de la oposición se sumaron al carro (algunos de los cuales había organizado sus propios asaltos matones contra el tribunal supremo cuando estaban en el poder) haciendo suya la causa.

Como sucede a menudo en una crisis, Musharraf y sus consejeros, en vez de reconocer que alguna falta habían cometido para corregirla inmediatamente, decidieron hacer una prueba de fuerza. A medida que las manifestaciones de Iftikhar Chaudhry fueron más populares, Islamabad tramó su contraofensiva.

El magistrado fue obligado a visitar la ciudad más grande del país, Karachi. El poder político aquí está en manos del MQM [Muttahida Quami Movement], un desagradable conglomerado, creado durante la dictadura anterior, adicto a la violencia y a los barullos e insensible a las realidades humanas y morales. Está formado en buena parte por familias pobres de muhajir (musulmanes que se refugiaron en Pakistán en el momento de la partición en 1947), que se sienten abandonados por el estado.

Musharraf también proviene de una clase media de refugiados. Por esta razón, el MQM lo adoptó como uno de los suyos (aun cuando la madre de Musharraf fue una simpatizante comunista y la familia en conjunto era progresista).

Siguiendo instrucciones de Islamabad, los líderes del MQM decidieron impedir al magistrado cualquier mitin en Karachi. Esto es lo que motivó los enfrentamientos armados y cerca de 50 muertos en la ciudad hace pocos días.

Secuencias de los asesinatos, pasadas en la cadena de televisión Aaj (Hoy), hizo que la cadena fuera asaltada por voluntarios armados del MQM. Hechos que, a su vez, provocaron una huelga general exitosa, aislando al régimen. Si unas elecciones presidenciales se realizaran ahora pocas dudas hay de que el magistrado podría derrotar al general. La popularidad del magistrado Chaudhry solamente puede ser entendida en un contexto en que los políticos tradicionales están completamente desacreditados.

El fracaso de Benazir Bhutto (Partido del Pueblo de Pakistán) al no hacer algo substancial en favor de los pobres que la habían votado para el gobierno tuvo como resultado una desilusión enorme. Fue sacada del gobierno supuestamente por corrupción y en las siguientes elecciones su antiguo rival Sharif (Liga Musulmana del Pakistán) obtuvo una gran mayoría con una participación muy baja (por debajo del 30%). Los asqueados partidarios de Bhutto se quedaron en casa.

Nawaz Sharif hizo a su hermano Shahbaz el primer ministro del Punjab. Su difunto padre fue el presidente no oficial de Pakistán y estuvo implicado en las negociaciones con el ejército desafecto. Fue este Sharif que advirtió a sus hijos que los generales, que no eran angelitos del cielo, podían ser vendidos y comprados en el mercado. Pero no todos. Ni Musharraf tampoco. En el intento de ópera bufa de Nawaz Sharif de echar a Musharraf le salió el tiro por la culata.

El 11 de Septiembre convirtió al presidente de Pakistán en una pieza clave de la región. Para la elite del país fue una bendición. El dinero empezó a fluir, las sanciones por los experimentos nucleares fueron levantadas, y las concesiones comerciales con la UE supusieron más de mil millones de euros, y simultáneamente se redujeron las tarifas sobre las exportaciones textiles pakistaníes.

Los Estados Unidos se implicaban cada vez más y los militares y los altos cargos paquistaníes se conformaban. Todos  (políticos venales, postrados altos cargos, y las damas casquivanas de la alta sociedad) aplaudieron la vuelta de Pakistán al viejo estatus de estado puntero. No los islamistas, por supuesto, puesto que la nueva guerra era contra ellos y sus amigos de Afganistán. Por un tiempo la única oposición al régimen fue la de los islamistas, moderados y extremistas, aunque los métodos fueron diferentes en cada caso.

El intento de intimidar al magistrado ha desatado una nueva fisura en la sociedad pakistaní. La violencia en Karachi dificulta el acuerdo por ambas partes. Hay una solución sencilla. El general debería deshacerse del uniforme, el magistrado debería renunciar a su negra toga y los dos hombres deberían batirse en las elecciones sin obstáculos del MQM o de los numerosos aparatos del estado. Puede parecer la cuadratura del círculo, pero existen peligros inminentes a menos que los generales acuerden el compromiso.


(*) Tariq Ali es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.