La democracia socialista del siglo XXI

Por Claudio Katz [1]
Enviado por el autor, 08/06/07

Resumen: Una democracia sustancial solo puede construirse erradicando la dominación capitalista, eliminando la desigualdad y dotando a los ciudadanos de poder efectivo en todas las áreas de la vida social. Estas metas podrán alcanzarse con una democracia socialista diferenciada del fracasado totalitarismo burocrático, que actualice los viejos ideales e implemente nuevas formas de participación popular.

Este proyecto exige gestar otra democracia y no radicalizar la existente. Requiere partir de caracterizaciones de clase para comprender el constitucionalismo contemporáneo e introducir transformaciones radicales, que no se reducen a expandir un imaginario de igualdad. También presupone retomar la tradición que opuso a las revoluciones democráticas con las revoluciones burguesas.

La regulación de los mercados, el ensanchamiento del espacio público y la acción municipal son temas de controversia con la democracia participativa. En ausencia de perspectivas socialistas, las iniciativas democratizadoras en estos campos no modifican el orden vigente. El presupuesto participativo de Porto Alegre brinda un ejemplo de estas limitaciones, pero en Venezuela tiende a verificarse otro camino, en la medida que continúe la radicalización del proceso bolivariano.

Es un error mayúsculo desconocer la relevancia actual de la democracia para un proyecto socialista. Este desacierto se comprueba en los planteos favorables a la dictadura del proletariado, que eluden caracterizar el futuro régimen político. También es incorrecto identificar la transición post-capitalista con el liderazgo de un partido único, ya que esta organización no puede procesar la heterogeneidad política de las clases populares. Estas conclusiones son importantes para una renovación socialista en Cuba que impida la restauración capitalista. También son relevantes para la discusión que ha suscitado en Venezuela la conformación del nuevo partido socialista.

A diferencia del planteo consejista, la democracia socialista no equipara los organismos surgidos de una sublevación popular con las instituciones post-capitalistas. Reconoce las peculiaridades de la experiencia soviética y promueve la representación indirecta. También recupera el realismo que exhibieron los marxistas clásicos para concebir un sistema político emancipador. Las tensiones entre participación colectiva y desarrollo personal no desaparecerán en una transición socialista, pero se desenvolverán en un marco de principios igualitarios.

¿Cuál debería ser el régimen político de una sociedad post-capitalista? Este interrogante cobra actualidad, a medida que el socialismo del siglo XXI comienza a debatirse en el movimiento popular. Una opción a considerar es la democracia socialista como un proyecto superador, tanto del constitucionalismo y del localismo ensayados en la región, como del totalitarismo burocrático implementado en el ex “campo socialista”.

Proyectos y objetivos

El socialismo apunta a construir una sociedad igualitaria a partir de la erradicación del capitalismo y la expansión de la propiedad colectiva de los medios de producción. Este proceso exige desenvolver la autodeterminación popular, bajo una modalidad que debería contener las características de una democracia socialista. Este sistema político sustituirá el régimen actualmente dominado por los banqueros, los industriales y los burócratas por un gobierno soberano del pueblo, que pondrá en práctica una democracia real[2].

Al sustraer los derechos esenciales (educación, salud, alimentación, ingreso básico) de las reglas de mercado, una transformación socialista permitirá mejorar el nivel de vida y reducir drásticamente la desigualdad. La paulatina socialización del proceso productivo aportará a la población los recursos, el tiempo y las calificaciones necesarias para participar, deliberar y decidir los destinos de la sociedad.

Estos cambios favorecerán la expansión de la democracia a todas las áreas de la vida social. Formas de gestión mayoritarias serían introducidas en la economía (fábricas, bancos, servicios), el estado (administración, ejército, justicia) y la actividad pública (educación, salud, medios de comunicación). La mera rotación de funcionarios al servicio de las clases dominantes quedará sustituida por una efectiva presencia de los exponentes de la opinión popular. De esta forma cesaría la separación entre esferas políticas -formalmente sometidas al voto ciudadano- y áreas económicas exceptuadas de ese principio. Desaparecería la fractura que ha permitido a los capitalistas dominar, sin transparentar la supremacía que ejercen en la sociedad actual.

La democracia socialista generalizará todas las iniciativas que favorecen la intervención masiva. La deliberación popular, las audiencias públicas y las consultas periódicas ya no serán episodios pasajeros. Conformarán la norma usual de un sistema regido por la auto-administración y sostenido en mecanismos de participación, representación y control colectivo.

Las principales decisiones quedarán sometidas al dictamen del voto, que expresará el poder real de los sufragantes. Los comicios actualmente consensuados por las clases opresoras se transformarán en desenlaces reales de la voluntad colectiva. Estos actos dilucidarán encrucijadas relevantes, zanjarán conflictos y brindarán aval a las iniciativas más apreciadas.

La democracia socialista ensancharía el alcance del sufragio, que los capitalistas han integrado a su gestión del orden vigente. Esta absorción ha implicado la conversión de conquistas populares en instrumentos de legitimación del status quo. Desde mediados del siglo XIX, cada ampliación geográfica del constitucionalismo ha desembocado en este reforzamiento de la supremacía capitalista[3].

Al convertir los derechos formales en atributos sustanciales, la democracia socialista modificará el carácter de la ciudadanía. Los derechos políticos que todos los miembros de la sociedad ya detentan con independencia de su status social, raza o religión, quedarán transformados en derechos plenos de individuos emancipados. Este salto histórico sentará las bases para gestar la democracia real del siglo XXI. Se afianzará la remodelación de los sistemas políticos a escala regional, continental y mundial, pero al servicio de la población y no de un puñado de bancos o empresas transnacionales.

Antecedentes y precursores

El colapso registrado en la Unión Soviética y Europa Oriental confirma que el socialismo no puede construirse sin democracia. Las tiranías se hundieron en esos países en medio de la hostilidad y la indiferencia popular, porque habían sofocado los elementos de socialismo que contenían en su origen. Actuaban como dictaduras manejadas por una capa de burócratas divorciados de la población. Para reconstruir un programa socialista hay que exponer con nitidez esta incompatibilidad del totalitarismo con un proyecto anticapitalista.

La democracia y el socialismo transitan por el mismo carril. Es imposible erigir una nueva sociedad sin crear condiciones de creciente libertad. La democracia socialista reuniría ambas metas y actualizaría el objetivo de Marx de avanzar conjuntamente hacia la “emancipación política y humana”.

Este proyecto se inspira especialmente en la síntesis que promovió Rosa Luxemburg al rechazar la identificación convencional de la democracia con  el capitalismo. No solo resaltó el antagonismo que opone la soberanía popular con los privilegios clasistas, sino que promovió la ampliación de las libertades públicas conquistadas bajo el orden burgués. Remarcó especialmente el rol que tienen los derechos electorales en la preparación de un gobierno post-capitalista.

Luxemburg contrapuso la democracia superflua que pregona la burguesía con la democracia integral que necesitan los trabajadores. No le asignó a este mecanismo una finalidad puramente instrumental, a utilizar o desechar en función de cada coyuntura política. Subrayó la gravitación de la democracia genuina para la maduración política de las masas y la gestación del socialismo. Esta confianza en la acción popular y el rechazo a cualquier sustitución de ese protagonismo constituyen el cimiento de la democracia socialista[4].

La democracia plena es un viejo ideal de los oprimidos gestado en confrontación con el elitismo. El constitucionalismo contemporáneo mantiene este desprecio hacia las masas, bajo la pantalla del formalismo republicano. Ya no identifica directamente la democracia con el desorden, la muchedumbre y la degeneración de gobiernos sometidos a multitudes incultas. Pero acepta únicamente el régimen político que preserva el poder de los capitalistas.

Por el contrario, la democracia socialista se basa en un principio igualitario que reivindica el gobierno de las mayorías. Retoma las metas concebidas por los utopistas del siglo XVI, por los teóricos roussonianos y por los rebeldes, que en el siglo XIX buscaron gestar una “democracia social” fusionando los derechos ciudadanos con las mejoras populares. Este proyecto se contraponía a la “democracia colonial” (erigidas en áreas expropiadas a la población nativa), a la “democracia imperialista” (instrumentada por las grandes potencias) y a la “democracia liberal” (que surgió asentada en la proscripción del grueso de la población)[5].

Esta misma tradición se expresó en América Latina en los programas radicales esbozados por los sectores revolucionarios que intentaron ensamblar las formas republicanas con la emancipación de los esclavos y los siervos. La “democracia social” siempre fue en esta región una batalla por la reforma agraria, la independencia nacional y la eliminación del elitismo oligárquico.

Estas herencias son tan significativas como el antecedente ateniense, que otorgaba preeminencia al ciudadano. A diferencia del constitucionalismo burgués, en la Polis de la Antigüedad no existían áreas protegidas del voto. La sociedad se asentaba en nítidas estratificaciones (los esclavos, mujeres y extranjeros carecían de derechos), pero quiénes gozaban del atributo de la ciudadanía influían realmente en el destino de la ciudad.

La democracia socialista adaptaría estos precedentes al nuevo contexto del siglo XXI. Tomaría en cuenta las lecciones que han dejado la expansión del constitucionalismo, el desplome del “socialismo real” y las acotadas experiencias de la democracia participativa. Pero la mejor forma de clarificar el contenido concreto de este proyecto es confrontando sus afinidades y divergencias con otros programas próximos.

“Radicalizar la democracia”

Una tesis que proclama cercanía con la democracia socialista postula extender la igualdad a todos los ámbitos de la sociedad, para completar el proceso inaugurado en 1789. Considera que la democracia es un concepto que provee los impulsos suficientes para consumar esta ampliación. Estima que facilita los avances progresistas porque propaga un imaginario de equidad y supone que con la guía de este principio se pueden encarar “nuevas revoluciones” que “radicalicen la democracia”[6].

Pero este impulso nunca ha bastado para implementar transformaciones significativas. El potencial igualitario que efectivamente contiene el concepto de democracia, no permite remover los obstáculos que interpone el capitalismo a la realización plena de ese proyecto. Sus ideales implícitos solo aportan un componente, al arsenal de recursos necesario para lograr ese objetivo.

Pero existe otro problema. La democracia arrastra múltiples significados. En su acepción formal o constitucionalista no socava al capitalismo, sino que refuerza a ese sistema. Por eso conviene aclarar siempre que la democracia socialista y burguesa son dos proyectos antagónicos y no escalones de concreción de una misma meta.

La propuesta de “radicalizar la democracia” desconoce esta oposición y concibe al socialismo como un estadio, que en algún momento emergerá del perfeccionamiento de las instituciones liberales. Propone alcanzar este objetivo transitando el camino social-demócrata de mejoras paulatinas del capitalismo, sin explicar porqué ese recorrido falló tantas veces. Además, utiliza el término “revolución democrática” en un sentido desconcertante, como antónimo de cualquier subversión del orden vigente.

Lo que habitualmente se cataloga como gradualismo, conservatismo o reformismo aquí se denomina revolución. La confusión es mayúscula, porque con ese término se alude un acontecimiento explícitamente opuesto a la tradición jacobina o marxista. La revolución democrática no implica en este caso rupturas con el régimen capitalista, sino tan solo irradiaciones de un imaginario de igualdad, libertad y fraternidad.

Esta expansión se asemeja más bien a un consenso de creencias, que al ejercicio efectivo de la soberanía popular. Alienta una revolución democrática destinada a transformar las esperanzas, los discursos o las narraciones, pero no la dura realidad de la vida social. Como este cambio es postulado, además, en convivencia con la ideología liberal, carece de cualquier punto de contacto con un programa socialista genuino.

Las revoluciones democráticas del pasado no se redujeron a modificar el imaginario de la población. Sacudieron al régimen opresor, a través de sublevaciones masivas que arrasaron con las instituciones de las clases dominantes. Estas conmociones impusieron una escala de libertades públicas que siempre desbordó su localización inicial. La revolución francesa inauguró este efecto de contagio, que se repitió en todos los continentes durante los últimos dos siglos.

Las conquistas democráticas siempre han requerido revoluciones palpables y no solo imágenes de sus resultados potenciales. Estos logros se obtuvieron en forma directa por el temor de las clases dominantes a un estallido, en una dinámica que persistirá en el futuro. Por esta razón la democracia plena emergerá de procesos revolucionarios y no de la “radicalización” de instituciones liberales.

El antecedente jacobino o marxista no ha perdido vigencia. Se han tornado obsoletas las revoluciones burguesas, pero no sus equivalentes democráticas. Mientras que el primer tipo de convulsiones apuntaba a despejar el desarrollo del capitalismo, la segunda variante apuntó a expandir los derechos de organización y expresión de los oprimidos. Ambos acontecimientos irrumpieron frecuentemente en forma combinada, pero las revoluciones burguesas fueron siempre hostiles a la intervención de las masas y transitaron un pasivo recorrido desde arriba. Las revoluciones democráticas se desarrollaron, en cambio, desde abajo y con gran sustento popular. La brecha entre ambos procesos –que era muy reducida en los albores del capitalismo- se ha transformado en la actualidad en un abismo.

Por esta razón, la revolución democrática tiene un alcance potencialmente socialista y su logro exige reformas, rupturas radicales y revoluciones. Impugnar este vínculo es la antesala de la deserción socio-liberal, que comienza acotando las mejoras al marco institucionalista y termina abandonando cualquier acción para obtener esas conquistas.

Un proceso real de revolución democrática desata la resistencia de los poderosos y tiene implicancias socialistas. Una vez traspasada cierta frontera de concesiones, los capitalistas defienden encarnizadamente sus privilegios y generan conflictos que convulsionan el orden vigente. La revolución constituye un momento esencial -aunque no único, ni mágico- de gestación de la democracia socialista. Es un acontecimiento extraordinario que debe ser analizado con seriedad, sin abusar del término, ni deformar su contenido.

La omisión clasista

Los partidarios de radicalizar la democracia conciben su propuesta en oposición a cualquier razonamiento de clase. Atribuyen a este fundamento un sentido “esencialista” que obstaculiza la caracterización de los sistemas políticos. Propician en cambio un enfoque “pos-marxista”, que permita identificar a todos los participantes de la batalla por expandir la democracia[7].

¿Pero es posible analizar esta lucha ignorando su dimensión clasista? Cualquier observación histórica desmiente esta pretensión. Durante siglos las distintas interpretaciones de la democracia estuvieron asociadas con regímenes fundados en la superación de las clases, la generalización de una sola clase o la dominación de un grupo social sobre otro.

El primer planteo fue vislumbrado por los utopistas del Medioevo, retomado por los pensadores comunistas y conceptualizado por Marx. La segunda visión fue planteada por Rousseau, que imaginó un sistema dónde nadie acumulara riquezas suficientes para convertirse en explotador. Al igual que Jefferson pregonaba un régimen político sostenido en pequeños productores independientes. El tercer enfoque fue planteado por el liberalismo clásico, que desde la mitad del siglo XIX promovió el sufragio censitario. Esta variante nunca ocultó su marcado carácter de clase y su propósito de garantizar los privilegios de las clases opresoras

El fundamento clasista se encuentra, por lo tanto, presente en las tesis igualitaristas y en los proyectos de perpetuación de la desigualdad. Discutir el sistema político omitiendo este sustento conduce al ilusorio terreno de la neutralidad social, que transitan todas las variantes del constitucionalismo. Estos enfoques desconocen la distinción entre democracia formal y sustancial y difunden el mito de regímenes políticos supra-clasistas favorables al bien común.

Con esa mirada resulta imposible reconocer cómo la estratificación social condiciona la vida política de cualquier sociedad de clases y de qué forma el constitucionalismo actual opera como un sistema de dominación de los privilegiados. Para clarificar este carácter de clase los marxistas utilizan distintas denominaciones, como  “democracia burguesa” o “capitalismo democrático”.

El condicionamiento clasista explica la brecha que separa al constitucionalismo actual de la democracia real. Si se omite este sustento pierde sentido la convocatoria a expandir la igualdad a todos los ámbitos de la sociedad, porque no se especifica cuál es el cimiento de la inequidad a corregir.

El análisis de clase es también indispensable para explicar las relaciones que vinculan a los distintos sectores capitalistas (financiero, industrial, de los servicios o el agro) con la elite burocrática que maneja el estado. Esta brújula es vital, porque aporta la jerarquía analítica necesaria para comprender el rol de todos los actores del sistema político contemporáneo.

Lejos de introducir un estorbo “reduccionista”, el enfoque de clase es la llave maestra de esta indagación. Permite capturar cómo se posicionan objetivamente los distintos grupos dominadores y dominados en el escenario social. Este retrato es también indispensable para explicar porqué los trabajadores son periódicamente impulsados a chocar con un régimen político que los oprime.

El gran nubarrón de ambigüedades que rodea el proyecto de “radicalizar la democracia” deriva de su indefinición clasista. Ese planteo promueve la igualdad pero olvida la explotación y auspicia la participación ciudadana, sin definir qué rol juega cada sector popular. En su presentación más audaz sugiere algún desemboque socialista, pero rechaza cualquier ruptura con el capitalismo. En síntesis: es un enfoque que ha perdido cualquier punto de contacto con la democracia socialista.

Regular los mercados

Dentro del multifacético universo de corrientes que propugnan la democracia participativa se pueden distinguir dos grandes variantes. Un primer grupo radical promueve la intervención popular y adopta una perspectiva anticapitalista. Otro enfoque es afín a la socialdemocracia o al keyenesianismo y limita el activismo ciudadano a los marcos preestablecidos por las clases dominantes[8].

El proyecto de la democracia socialista mantiene afinidades con la primera variante y fuertes discrepancias con la segunda. Pero como todos los planteos se entrecruzan, comparten escenarios y demandas comunes, no es sencillo distinguir las compatibilidades y las divergencias. Estos posicionamientos se definen en la práctica política y también pueden ser aclarados en ciertos debates conceptuales. Esas discusiones actualmente involucran tres áreas: la regulación estatal, el espacio público y la acción en los municipios[9].

La propuesta de regular los mercados apunta en todas las iniciativas a reducir las desigualdades sociales y gestar una democracia real. En la perspectiva del socialismo y de las corrientes participativas radicales este control debe facilitar conquistas populares, desvinculando los derechos sociales (y porciones crecientes del salario) de las exigencias de inversión o rentabilidad. La función de esta desconexión es reforzar la cohesión de los trabajadores en su lucha contra el capital.

Por el contrario el enfoque socialdemócrata o keynesiano propicia la regulación de los mercados para estabilizar el funcionamiento del capitalismo. Busca reducir la intensidad de los ciclos, disminuir el impacto de las recesiones y limitar el poder de los financistas. Las mejoras sociales son concebidas como un correlato de estos objetivos empresarios.

El trasfondo de esta divergencia son objetivos históricos completamente opuestos. El programa socialista busca reducir la gravitación de los mercados para facilitar su progresiva extinción en una sociedad sin clases. El planteo keynesiano pretende, en cambio, eternizar la presencia de estos organismos con el auxilio de la supervisión estatal.

Como el mercado es el mecanismo de intercambio a través del cual las empresas realizan el plusvalor creado por los trabajadores en el proceso de producción, la regulación de esa entidad puede servir para limitar esta explotación o para consolidarla. Los socialistas promueven el primer camino y los socialdemócratas el segundo.

Muchas propuestas de la democracia participativa navegan entre ambas perspectivas sin definir una meta clara. Por esta razón concentran sus demandas en el control de los mercados, eludiendo toda referencia al capitalismo y al socialismo. Pero esta omisión conduce a múltiples confusiones, porque el mercado no es idéntico al capitalismo. Es uno de los cimientos de este modo de producción, que se sostiene también en el trabajo asalariado y la propiedad privada de los medios de producción.

A diferencia del capitalismo, el mercado no es un obstáculo absoluto para el desarrollo de una democracia genuina. Precedió durante siglos al régimen social actual y lo sucederá durante un período significativo de transición socialista, que combinará formas económicas mercantiles y planificadas. Esta coexistencia perdurará el tiempo requerido para gestar una sociedad plenamente igualitaria. Durante esa fase el mercado no será un impedimento total, sino un complemento posible de la soberanía popular.

El obstáculo inmediato para la concreción de una democracia real no es por lo tanto el mercado sino el capitalismo. Si se aspira a conquistar la soberanía popular hay que enmarcar la exigencia de regular estos organismos en la perspectiva de erradicar el sistema de opresión que padece el grueso de la población.

Espacio público y localismo

La propuesta de ampliar la gravitación de la esfera pública plantea un problema semejante. Esta área se contrapone en primera instancia con el ámbito privado de los negocios, la acumulación y el lucro, pero su ensanchamiento puede potenciar un proyecto keynesiano o anticapitalista. Tal como ocurre con la regulación de los mercados este dilema acompaña a todo incremento de la presencia estatal.

Algunas concepciones distinguen, sin embargo, la esfera pública de la órbita estatal, manifiestamente identificada con las instituciones coercitivas y administrativas que gestionan las clases dominantes. El terreno público es presentado, en cambio, como un área de intereses comunes de la población, que se ha gestado junto a la ciudadanía a medida que se afianzaron numerosas instituciones (escolares, culturales, asociativas), que mantienen cierta autonomía de las normas formales del estado[10].

Pero esta peculiaridad no convierte a la esfera pública en un ámbito neutral y ajeno a los dueños del poder. Solo plantea otra mediación de este condicionamiento, en un terreno que se encuentra igualmente sometido a la influencia ideológica y cultural de las clases que ejercen la hegemonía económica, política y militar de la sociedad.

 Este control no adopta las formas explícitas que asume en la esfera privada, ni las modalidades coercitivas que caracterizan a la acción estatal. Pero se verifica en todas las normas que rigen bajo el capitalismo para adaptar la educación, la cultura, el entretenimiento o la vida cotidiana de los individuos, a las necesidades de este sistema. Este amoldamiento tiende a naturalizar el status quo e incluye desde la formación de la fuerza de trabajo hasta la manipulación de la información o la propagación de la ideología mercantil en los medios de comunicación.

En el marco del capitalismo la simple ampliación de la esfera pública no conduce a la democracia genuina. Esta extensión puede incluso contribuir al propósito opuesto de reforzar la reproducción del orden vigente, si los dominadores afianzan su influencia.

Es importante advertir esta posibilidad frente a los halagos indiscriminados de la esfera pública, que no definen el contenido de este ámbito o encubren con esta atractiva denominación la reivindicación del estatismo. Es falsa también la idealización de ese campo como un área autónoma de gestación espontánea del igualitarismo. El espacio público está sujeto a la influencia preeminente de las clases dominantes y este manejo tiende a perpetuarse, si la participación popular no es orientada hacia un proyecto socialista.

Una encrucijada semejante se plantea con la acción municipal. En este terreno se procesan necesidades perentorias que estimulan la intervención directa de la población. Esta participación puede incentivar movilizaciones de mayor alcance por reformas sociales en perspectivas anticapitalistas. Pero el localismo también puede conducir a  comprimir la visión de los problemas sociales con miradas parroquiales y preocupaciones de corto alcance, que despolitizan la acción reivindicativa. Este estrechamiento termina convalidando el orden capitalista.

Es importante reconocer el doble filo del localismo, frente al deslumbramiento que generó esta acción en sectores de la izquierda latinoamericana durante los últimos años. Con el argumento de “delegar el poder en la gente” se justificó en distintos países la suscripción de compromisos con sectores conservadores, que reforzaron el poder capitalista en varias intendencias.

 La regulación de los mercados, el ensanchamiento de la esfera pública y la acción local son problemas que clarifican la inclinación de las distintas corrientes de la democracia participativa hacia proyectos social-demócratas o socialistas. Una experiencia práctica de estas disyuntivas se ha podido verificar en Porto Alegre.

La elaboración colectiva del presupuesto municipal en esta localidad brasileña fue presentada como el debut de un proceso general de democratización de la sociedad. Se concibió a este proceso como el primer paso hacia el control social del estado y del mercado por parte de la mayoría popular[11].

Balance de una experiencia

Ciertos analistas evalúan que al cabo de 12 años se ha logrado en Porto Alegre un nivel de participación de la población, que permite superar la pasividad constitucionalista. Estiman que el ciudadano se convirtió en un sujeto protagónico que se apropia de la información y define los destinos del gasto. Pero los propios gestores de la iniciativa también reconocen que este ensayo perdió impulso, desembocó en discusiones fragmentarias y dejó un “sabor amargo”[12].

En realidad esta experiencia demostró que ampliar los debates municipales no equivale a construir poder popular. Ilustró todos los problemas que genera discutir un presupuesto local, cuya asignación se encuentra previamente acotada por la política neoliberal. Mientras que los recursos del estado son manejados al servicio de los banqueros, los municipios deben conformarse con una magra tajada.

El presupuesto participativo no ha sido un ensayo exclusivo de Porto Alegre. Fue aplicado desde 1978 en varias localidades de Brasil y se experimentó en 140 municipios (que incluyeron 34 gobernados por intendentes derechistas). Se ha practicado también en ciudades estadounidense  y es adulado por el establishment latinoamericano y los tecnócratas de la Naciones Unidas. Esta aceptación no confirma su “éxito”, sino el carácter inofensivo de una iniciativa municipal que perdió contenido radical.

Muchos críticos remarcan, además, que los montos en debate solo involucraron al 10 o 20% de los fondos en juego. Estas asignaciones tuvieron un carácter indicativo, carecieron de mecanismos sindicales de co-decisión en aspectos que involucraban al mundo del trabajo e incluso favorecieron a los capitalistas locales[13].

Es importante el debate de este balance con los autores que concibieron esa experiencia como un nexo privilegiado entre las democracias participativa y socialista. Estimaron que por esa vía se podrían lograr conquistas populares, extender los principios democráticos a la economía y edificar la hegemonía cultural de los trabajadores[14].

Pero ningún esbozo de este rumbo se verificó en Porto Alegre. La iniciativa no alteró el manejo capitalista de los bancos, las empresas, los medios de comunicación, las instituciones militares o los organismos educativos y sanitarios. Tampoco permitió gestar un polo progresista, porque fue absorbido por el régimen político de los dominadores. Este desenlace confirma, que un rumbo emancipador no se abre paso sin rupturas con los capitalistas.

La idealización del presupuesto participativo se tornó más negativa cuándo empalmó con el continuismo neoliberal de Lula. Esta coexistencia coincidió con el giro autoritario del PT, que se transformó en un cuerpo de administradores al servicio de los negocios empresarios. Porto Alegre y el gobierno de Lula forman parte de una misma frustración.

Ambas experiencias corroboraron la imposibilidad de avanzar en un proyecto anticapitalista, a través de una escalera de logros que debute en las municipalidades, se afirme en las provincias y concluya en el gobierno nacional. Por ese camino se fortalecen las burocracias que empiezan hostilizando al movimiento social a nivel local y terminan administrando el país a favor del establishment.

Otra forma de intervención popular

El precedente brasileño es vital para el futuro de Venezuela. En este país la democracia participativa tiene rango constitucional desde 1999, junto a otros logros que consagran conquistas sociales (derechos a los indígenas, campesinos, niños), nacionales (prohibición de bases extranjeras) y democráticas (referéndum revocatorio, obligación de los funcionarios de rendir cuentas, normas de control masivo).

La formalización de estos derechos no equivale, sin embargo, a su instrumentación práctica. En los hechos predomina un escaso control popular sobre la gestión pública. Los intentos de revertir este padrinazgo con “misiones” y “círculos bolivarianos” no han permitido hasta ahora superar esta limitación. En un contexto de alta movilización popular, la autonomía de los movimientos sociales todavía es escasa.

Pero a diferencia de Brasil, el proceso antiimperialista venezolano tiene gran profundidad. La derecha ha sufrido derrotas contundentes y sus representantes han sido desplazados del aparato estatal. Este curso podría afianzarse si los triunfos electorales que viene acumulando Chávez dan lugar a una mayor ruptura con el imperialismo y al surgimiento de un poder popular.

Una nueva secuencia de nacionalizaciones en sectores estratégicos -junto a la creación de los Consejos Comunales- podría apuntalar esta radicalización. Pero un salto hacia la democracia genuina requerirá que los recursos de esas transformaciones contribuyan a la distribución del ingreso y no al enriquecimiento de grupos capitalistas. También exigirá que la participación popular asuma un contenido efectivo.

El rumbo del proceso bolivariano se dirime en gran medida a través de un conflicto entre tendencias a la democratización y al paternalismo. En un país históricamente moldeado por una economía y una cultura de rentismo petrolero, la intervención masiva es la llave para un despegue del socialismo del siglo XXI.

Dictadura del proletariado

Algunos enfoques socialistas asignan poca relevancia a la democracia en el proyecto anticapitalista. Casi nadie rechaza el uso de este término con algún adjetivo progresista (popular, antiimperialista, anticapitalista), pero ciertos autores objetan la representación, el pluralismo o la variedad de partidos. Estas visiones se apoyan en tres justificaciones teóricas: la dictadura del proletariado, el partido único y el consejismo.

La dictadura del proletariado es un lema con pocos defensores contemporáneos. Fue utilizado por los marxistas revolucionarios para resaltar la necesidad de enfrentar con mecanismos coercitivos la resistencia de los capitalistas a perder sus privilegios. Se promovía quebrar estas conspiraciones mediante un vigoroso ejercicio del poder popular.

Esta acepción genérica de la dictadura del proletariado -que Marx recogió del jacobino Blanquí- no ha perdido vigencia. La experiencia demuestra que para revertir el despotismo del capital resultará indispensable recurrir a respuestas populares contundentes. Pero esta constatación no esclarece el modelo político de una transición socialista.

Al igual que el variado régimen burgués ((monarquía, autocracia, fascismo, bonapartismo, constitucionalismo), un proceso post-capitalista podría asumir múltiples formas. Y a este nivel del análisis el uso del término dictadura del proletariado pierde relevancia. Solo define un sustento de clase del estado, sin clarificar mucho las formas de gobierno.

Algunas versiones presentaron en el pasado la dictadura del proletariado como una administración exenta de leyes. Pero esta caracterización contradice el propósito socialista de transparentar el sistema político. La ausencia (o vaguedad) de reglas solo abre el camino hacia el despotismo. Para evitar este peligro se necesita compatibilizar el ejercicio fuerte y controlado del poder, con procedimientos que expresen consenso en torno a las metas igualitarias de la nueva sociedad.

Pero existen otras razones para sustituir el estandarte de la dictadura del proletariado por la bandera de la democracia socialista. El primer término ha perdido la connotación positiva que presentaba en la época de Marx o Lenin, como opción frente a la autocracia y ha quedado en cambio asociado, con el totalitarismo que prevaleció en la URSS.

Como en las últimas dos décadas se han registrado, además, grandes victorias democráticas en Latinoamérica y Europa del Sur existe una generalizada identificación del término dictadura con cualquier tiranía militar. Esta asociación es tan fuerte, que muy pocos socialistas mencionan la dictadura del proletariado en su actividad política cotidiana. A lo sumo preservan el concepto para las discusiones en los pequeños ámbitos de la izquierda, pero frente el gran público soslayan esta consigna[15].

Otros autores consideran necesario preservar la consigna de la dictadura del proletariado para evitar la involución política de la socialdemocracia o del eurocomunismo[16]. Pero olvidan que no es el mantenimiento o abandono de cierta fórmula lo que determina la fidelidad a una estrategia socialista. Por ejemplo, los tiranos stalinistas reivindicaban la dictadura del proletariado implementando una práctica nefasta para la lucha emancipatoria.

Tampoco la sustitución de la dictadura del proletariado por alguna noción más digerible -como “gobierno obrero o de los trabajadores”- resuelve los problemas. En lugar de ofrecer una “acepción popular” del controvertido término, esa sustitución conduce a jugar con las palabras. En la tradición de la III Internacional los dos conceptos en debate perseguían objetivos específicos. Mientras que la dictadura del proletariado aludía a procesos revolucionarios en curso, el llamado a formar gobiernos de los trabajadores convocaba a forjar coaliciones obreras para desplazar a los partidos burgueses del gobierno. Sugerían opciones políticas distintas para promover rupturas con el régimen capitalista.

El énfasis de la dictadura del proletariado -como un régimen transitorio de fuerza- presenta erróneamente un proyecto liberador en función de sus potenciales adversidades. Olvida que el uso de la coerción para sostener una transformación social no es una peculiaridad del socialismo. Ha sido la norma de todas las revoluciones y es un principio que las constituciones burguesas lateralmente aceptan, al autorizar recortes de las libertades públicas en circunstancias de conmoción o guerra.

Acentuar la importancia de la democracia en un proyecto socialista no es una arbitrariedad, ya que obedece a la profunda expansión del sentimiento democrático contemporáneo. Reconocer esta ampliación no es una capitulación, sino un índice de realismo. El estandarte de la democracia plena no solo es vital para el socialismo, sino que además goza de gran consenso actual y por esta razón el establishment lo manipula. La mejor respuesta frente a esta digitación es desenmascarar los engaños y no renegar de la democracia.

¿Partido único o pluralismo?

La preeminencia de un sistema pluripartidista o de partido único constituye otro aspecto clave del modelo socialista. El colapso del esquema piramidal que rigió en el ex “campo socialista” ha desprestigiado la tesis que postulaba el liderazgo exclusivo de una organización en la transición post-capitalista.

En el caso de la URSS y Europa Oriental, este ejercicio monopólico del poder facilitó la restauración del capitalismo cuándo las burocracias que dirigían esos partidos decidieron reconvertirse en clases dominantes. Con muchas diferencias de tiempos y estrategias esta misma involución se está repitiendo en China. En ciertos países, el pluripartidismo formal solo complementaba esa deformación, con la presencia de organizaciones fantasmales, que eran digitadas desde el poder central. La democracia socialista implica diversidad real de partidos, libertad de expresión y contraposición efectiva de proyectos que expresen a los distintos sectores de la población.

Algunas deformaciones del mono-partidismo provienen de la generalización abusiva de la experiencia bolchevique. La primera revolución socialista indujo ensayos de repetición, que olvidaron las singularidades y los errores de esa gesta. La idea de crear un sistema de partido único nunca figuró en el proyecto inicial de Lenin. Fue un resultado de la guerra civil, la agresión imperialista y el fracaso de la revolución en Europa. Aunque era una medida transitoria -destinada a defender el poder soviético frente a las fuerzas invasoras- fue teorizada como una regla de toda transición socialista. Se transformó la necesidad en virtud, favoreciendo un dogma que fue sacralizado durante décadas.

Trotsky fue la primera víctima de estos errores. Luego de oponerse durante años al partido centralizado que pregonaban los bolcheviques, cambió de posición y proclamó la necesidad de suprimir a todas las organizaciones adversas a ese liderazgo. Las atrocidades de Stalin lo convencieron posteriormente de la necesidad del pluripartidismo en una democracia soviética. En esta revisión también cuestionó el principio de homogeneidad política de las clases populares en una sociedad post-capitalista. Reivindicó la conveniencia de canalizar la variedad de opiniones en partidos diferenciados[17].

El multipartidismo es un principio esencial de la democracia socialista, aunque su aplicación resulte muy compleja durante los períodos de enfrentamiento más duros con las clases opresoras. La historia demuestra cuán brutal es la resistencia que oponen estas minorías. Pero también indica que el éxito de la respuesta popular depende de la capacidad de los revolucionarios para mantener el aval mayoritario de la población. Este sostén no puede preservarse en el mediano plazo con regímenes dictatoriales. El gran desafío de una transformación anticapitalista es afrontar las conspiraciones capitalistas, perfeccionando al mismo tiempo la democracia socialista.

Cuba y Venezuela

Estas observaciones son importantes para el porvenir de Cuba porque este futuro se dirime en torno a tres opciones: mantener el sistema actual, introducir el constitucionalismo burgués o gestar el pluripartidismo socialista. El trasfondo de esta reorganización será la restauración capitalista -que imposibilitaría la democracia sustancial- o la renovación socialista que facilitaría esa meta.

El contexto de estas opciones ha variado significativamente en comparación a la década pasada. La gran adversidad para profundizar el rumbo socialista ya no es el colapso económico, el aislamiento internacional, el auge del neoliberalismo o el derrumbe de la URSS. Las dificultades se concentran en la potencial apatía de la población. Esta indiferencia alimenta las tendencias a la corrupción y a los privilegios, que acumulan los interesados en una involución capitalista.

Pero lo importante es registrar que estas tensiones ya no se inscriben en el marco internacional adverso de los años 90. Se procesan en el auspicioso contexto que han creado las rebeliones populares en América Latina y el ascenso de nuevos gobiernos nacionalistas radicales. El retroceso de imperialismo, el desprestigio del neoliberalismo y los nefastos resultados de la restauración en Rusia o Europa Oriental afianzan este favorable contexto.

Cualquier reflexión sobre la renovación socialista exige reconocer primero, la excepcional hazaña de supervivencia que ha logrado la revolución cubana durante la última década. Sin comprender las raíces de este extraordinario mérito, no es posible entender las enormes diferencias cualitativas que siempre distinguieron a Cuba de la URSS. Esta incomprensión conduce a visiones sombrías o carentes de opción, que no sugieren caminos para gestar el pluralismo socialista[18]. En este análisis, nunca se debe olvidar la situación que enfrenta una pequeña isla asediada por el coloso imperialista. Este acoso determina que los ritmos y las formas de liberalización política sean compatibles con las restricciones que imponen las conspiraciones del Pentágono.

El debate sobre el partido único ha sido también actualizado por la convocatoria de Chávez, a conformar una organización política que encabece el proceso bolivariano. No es un llamado a reproducir el modelo mono-partidario de la URSS, ni a eliminar la presencia de múltiples organizaciones. Propone aglutinar bajo un mando único a los partidarios del proceso actual y no cierra el camino hacia el pluralismo socialista del futuro. En la coyuntura actual, esta iniciativa se ubica en el centro de la gran disputa entre avanzar hacia un curso anticapitalista o congelar las transformaciones a favor de un modelo capitalista[19].

En el campo de la izquierda existen legítimas prevenciones contra este esquema. Hay serios interrogantes sobre la vida política interna de esa organización, en un marco de manejos desde arriba y exigencias de sometimiento al rumbo oficial[20]. Pero también han aparecido cuestionamientos equivocados. Algunos autores sostienen que el partido único forma parte de una ideología estatal, opuesta a la tradición libertaria de los movimientos sociales. Otros identifican la época de los partidos con el siglo XX y la nueva centuria con los movimientos sociales. También afirman que el primer tipo de organizaciones conduce a la profesionalización de los políticos y genera intermediaciones innecesarias[21].

Estos enfoques no toman en cuenta la complementariedad entre movimientos y partidos y tampoco desentrañan los intereses sociales en juego. Hay tantos movimientos reaccionarios como partidos progresistas y viceversa, ya que los defensores del capitalismo y los promotores de su erradicación actúan en ambas modalidades de agrupamientos.

El partido no es una estructura perimida. Conforma un tipo de organización necesaria para la lucha por el poder, que no puede ser reemplazada por articulaciones que canalicen reivindicaciones parciales o sectoriales de los oprimidos (desocupados, indígenas, campesinos, mujeres). Esas diferencias cualitativas se diluyen, cuando ciertos movimientos se convierten en partidos, manteniendo su denominación original. También en los episodios electorales decisivos se corrobora que los movimientos no sustituyen a los partidos. Estos acontecimientos han sido decisivos en el surgimiento de varios gobiernos nacionalistas-radicales.

La relevancia de los partidos no desmiente su desprestigio, ni supone reivindicar el vanguardismo o la auto-proclamación sectaria, que caracteriza a muchas organizaciones pequeñas de izquierda. Los partidos son útiles en la medida que contribuyan al desarrollo de la conciencia socialista y al procesamiento colectivo de las experiencias de lucha. Son organizaciones que aportan cimientos para un futuro régimen político socialista. Objetar su existencia equivale a postular en los hechos alguna forma de unanimidad forzada, contraria al objetivo de la democracia plena.

Los problemas del consejismo I

La democracia socialista presupone no solo multipartidismo, sino también sufragio y representación indirecta. Estos mecanismos se gestaron junto al capitalismo, pero sobrevivirán a sus restrictivas condiciones de aparición histórica. Al igual que otros logros universales de la civilización, estos dispositivos serán cualitativamente transformados por el socialismo.

Esa recuperación no fue considerada por los líderes de la revolución rusa, que se inspiraron en la Comuna de Paris para promover el modelo consejista que abortó la tiranía stalinista. La escasa duración de este experimento -reivindicado actualmente por varias corrientes de la izquierda- torna muy difícil su evaluación. Al igual que la democracia socialista esta propuesta constituye tan solo una hipótesis, que debe analizada en función de su congruencia con el propósito de erigir una sociedad emancipada.

Las dificultades que genera la conversión de organismos populares -creados para derrocar a un régimen opresor- en estructuras estatales se vislumbraron antes del copamiento stalinista. Estos problemas quedaron ensombrecidos por el extraordinario impacto de la revolución rusa, que también diluyó las diferencias de los soviets con la Comuna de Paris. Este precedente se inspiró en la tradición federalista prouhdoniana de organización comunal e incluía el principio republicano del sufragio universal. En cambio su equivalente soviético se forjó en los lugares de trabajo de la clase obrera y se extendió por la guerra a los soldados y campesinos. El pilar de este sistema no fue el territorio, sino las fábricas y el ejército.

Lenin intentó gestar un sistema político a partir de los organismos que consumaron el éxito de la revolución. Parecía lógico continuar la transición socialista institucionalizando el funcionamiento de estas estructuras. Pero este proyecto presuponía un acelerado proceso de extinción del estado, que convertiría a los soviets en los precedentes inmediatos de la sociedad comunista.

El líder bolchevique esperaba concretar esta vertiginosa transición socialista con el sostén de la democracia directa. No descartó el pluralismo y la representación indirecta por su “predisposición tiránica”, sino por su entusiasta expectativa en esa evolución. Su apuesta chocó con el atraso, el aislamiento y la devastación que enfrentó la naciente Unión Soviética. A la luz de lo sucedido, cabe suponer que en un escenario más favorable, tampoco sería factible esa acelerada disolución de la estructura clasista.

Los consejos enfrentan todas las dificultades de funcionamiento que afectan a la democracia directa en sociedades extendidas, complejas y numerosas. El esquema cantonal -que prescinde de la delegación- es poco viable en cualquier conglomerado urbano del siglo XXI.

Pero, además, resulta inconveniente eludir la representación indirecta. La sustitución del sufragio por esquemas piramidales de delegados no transparenta la acción política, sino que genera fuertes tendencias a la centralización, la burocracia y la primacía de grupos de interés, en los niveles intermedios de esa estructura. La idealización de los soviets como realización de la democracia auténtica omite estos obstáculos[22].

Los problemas del consejismo II

Frecuentemente se afirma que Marx, Engels o Luxemburg  postularon el esquema consejista, olvidando que también consideraron otras opciones y que esta invocación de autoridad no clausura el problema. También se plantea que el modelo debutó exitosamente en 1917 y fue distorsionado en 1923, como si todo lo ocurrido antes y después de ese interludio mítico careciera de importancia. No es muy productivo cuestionar los elementos históricamente progresivos de la ciudadanía (sufragio, derechos políticos, representatividad, igualdad ante la ley, justicia independiente, separación de poderes), sin aclarar que se propone a cambio.

Algunos analistas –que afrontan con seriedad el tema- estiman que el modelo territorial-comunal podría prevalecer en el futuro sobre los soviets, como consecuencia de la relocalización fabril que está remodelando a la clase obrera a escala global. Observan una eventual anticipación de esta tendencia en ciertas sublevaciones populares recientes (como El Alto en Bolivia)[23].

Pero de estos acontecimientos no surge ningún indicio de viabilidad de los consejos como pilares de un sistema político socialista. La historia solo ha corroborado la necesidad de estos organismos para concretar un giro anticapitalista, pero no hay indicios de sus ventajas para erigir una sociedad socialista.

Algunos autores estiman que la instauración de formas parlamentarias constituiría una regresión, frente al poder popular surgido en un proceso revolucionario[24]. Pero omiten que las estructuras políticas requeridas para consumar esta sublevación, no son idénticas a las requeridas para edificar el nuevo sistema. Distinguir entre ambas funciones es importante, porque algunos organismos que son vitales para etapas convulsivas pierden utilidad en los períodos de mayor estabilidad.

El protagonismo popular es muy diferente en ambas situaciones porque la predisposición de las masas para actuar vigorosamente se modifica y la finalidad originaria de los soviets, consejos o comunas se altera. Reconocer esta dinámica no implica postular ningún tránsito legislativo, pacífico o socialdemócrata al socialismo. Este salto anticapitalista requerirá un camino de rupturas revolucionarias. Pero el debate no gira en torno a este curso, sino a la naturaleza del sistema político socialista. Son dos temas enlazados, pero no idénticos y en la actualidad es tan importante definir estrategias de poder, como esclarecer proyectos de funcionamiento del régimen anhelado.

Otros enfoques señalan que el modelo soviético es irreemplazable para permitir el rol dirigente del proletariado en una transformación socialista. Destacan que en el antecedente ruso, los consejos situaron a la clase obrera en ese lugar[25]. Pero olvidan que las circunstancias específicas de 1917 no crearon un principio inamovible de estrategia socialista. La revolución bolchevique exigía la hegemonía de la clase obrera frente a una voluble masa campesina, en un país imperial atrasado, convulsionado por la guerra y desintegrado por siglos de autocracia. Otros procesos revolucionarios asumieron formas muy diferentes, con intervenciones más activas de los campesinos (China), prolongadas guerras populares (Vietnam) o epicentros en la resistencia antiimperialista (Cuba).

Esta variedad confirma que existen múltiples caminos hacia la transformación anticapitalista y también que en su desenvolvimiento los explotados ocupan un papel estratégico dentro de la masa de los oprimidos. Pero esta centralidad no queda resumida en la restrictiva consigna que plantea la “conducción de la revolución por parte de la clase obrera”. El mayor problema no es proclamar este liderazgo, sino identificarlo con la sobre-representación del proletariado y un recorte de los derechos políticos que corresponden al resto de los oprimidos. En este caso se postula una modalidad de voto calificado, que es totalmente incompatible con las alianzas populares y los principios igualitarios que exige el socialismo.

Una síntesis con historia

La democracia socialista retoma la amplitud de criterio que demostraron Marx y Engels. Ambos teóricos observaron con atención los esquemas territoriales de democracia directa (Comuna de Paris) y las modalidades de representatividad indirecta, surgidas de la lucha por el sufragio universal (Inglaterra) y la acción parlamentaria (Alemania). Se guiaron por el curso real de los acontecimientos y mantuvieron un estrecho contacto con los movimientos sociales existentes (cartistas, comuneros, socialdemócratas). Estas actitudes indican criterios para actuar en el siglo XXI.

También Luxemburgo mantuvo varias posiciones frente al dilema soviets-parlamento. Postuló un enfoque consejista, pero también resaltó el significado de las conquistas democráticas logradas por los socialistas. Esta postura explica su crítica a la prescindencia bolchevique de una asamblea constituyente para legitimar el régimen creado en 1917. También determinó su cuestionamiento a las restricciones impuestas durante esa gesta a los partidos y a las libertades públicas[26].

Desde una apasionada actitud de defensa de la revolución, Luxemburg objetó la descalificación de la representación electoral y el uso del terror. Distinguió este deplorable recurso -que desmoraliza e impide el crecimiento político de las masas- de la necesaria violencia que acompaña a toda transformación anticapitalista. Pero no vaciló en denunciar también el alineamiento contrarrevolucionario de la socialdemocracia y su violenta represión de los embrionarios consejos creados durante la revolución alemana de 1918. No estuvo atada al dogmatismo soviético, pero tampoco se ubicó en el polo opuesto de la conciliación reformista.

Luxemburg aporta la mejor síntesis entre acción revolucionaria y promoción de la soberanía popular que necesita un proyecto contemporáneo de democracia socialista. Pero conviene recordar que también Lenin defendió distintos cursos para un régimen socialista antes de octubre. Después de ese desenlace enfrentó la dura arremetida, que la socialdemocracia perpetró contra la revolución con el estandarte de la democracia.

En ese duro contexto Lenin desplegó una crítica indiscriminada contra el constitucionalismo y minimizó las conquistas democráticas contenidas en este sistema. Este aspecto salió a flote en su propia polémica posterior contra la “enfermedad infantil” de los izquierdistas, que rechazaban toda intervención parlamentaria. La adecuación a las circunstancias cambiantes fue un rasgo de los líderes bolcheviques, que se observó también en el giro de Trotsky desde el partido único al pluripartidismo.

El debate sobre la democracia socialista quedó polarizado durante varias décadas entre el consejismo (asociado con la revolución) y la representación indirecta (identificada con la capitulación socialdemócrata). Esta antinomia comenzó a superarse a fines de los 70, bajo el impulso de varios teóricos marxistas -como Miliband, Poulantzas o Mandel- que desde posturas muy diferentes aportaron nuevas bases para un proyecto de democracia socialista. Realzaron el carácter sustancial, representativo, participativo, pluralista y multipartidario de este sistema[27]. Esta propuesta perdió interés durante el ascenso del neoliberalismo y el desplome de la URSS, pero tiende actualmente a recuperar influencia, especialmente en América Latina.

Sentidos y dificultades

La construcción de una democracia socialista tendrá que integrar aspectos parciales de varias experiencias contemporáneas. Absorberá elementos del constitucionalismo, de los esbozos de la democracia participativa, de los intentos de democracia directa y de las dificultades del consejismo. Pero nunca deberá perder de vista que los oprimidos son los artífices de un proyecto centrado en la erradicación del capitalismo.

Confiar en la acción de las masas es la condición para gestar un sistema político no elitista. Esa intervención no sigue una línea recta e incluye múltiples deformaciones (divisiones, enconos, despolitización), pero es la única vía de experimentación hacia el auto-gobierno. Si se temen los efectos de esta irrupción -que siempre adopta formas sorpresivas y desprolijas- el proyecto socialista no saldrá a la superficie.

Este programa es irrealizable bajo el capitalismo, pero no se consumará automáticamente con la superación de ese sistema. Tampoco surgirá del entierro del pasado, ni de la expectativa romántica de gestar un mundo mágico desde el vacío. El nuevo régimen deberá conjugar innovaciones con herencias y enlazará los distintos mecanismos de la democracia directa e indirecta.

Es importante reconocer también que la futura democracia socialista será un sistema contradictorio y pleno de tensiones. No materializará la armónica estación final del progreso humano que se imaginó en el pasado. El gran cambio se verificará en el procesamiento y no en la inexistencia de esos conflictos

La propia participación popular es un tema controvertido. Esta presencia aumentaría cualitativamente con la reducción de las desigualdades sociales, la mejora del nivel de vida y la existencia de mayor tiempo disponible para los asuntos de la colectividad. Pero no será sencillo asegurar una participación perdurable, que exprese siempre impulsos voluntarios ajenos a las presiones de los dirigentes.

En la tradición republicana se reconoce la existencia de un conflicto entre el ideal cívico (heroísmo militar, trabajo voluntario, compromiso ciudadano) y el desarrollo personal. En el universo socialista esta misma tensión opone la acción militante con el repliegue a la vida privada.

Este dilema expresa la compleja individualidad contemporánea y obliga a concebir simultáneamente mecanismos de participación y delegación. Incidir sobre los procesos políticos -con el derecho a no actuar- debería constituir un rasgo de la democracia socialista. Esta norma se asentaría en el nuevo consenso creado en torno a los principios de igualdad. En lugar de intentar alcanzar el ideal de perfectibilidad humana que legó la Ilustración se promovería un individualismo socializado, es decir desarrollos de sujetos muy diferenciados, pero asociados en un proyecto común de cooperación, equidad y solidaridad.

La democracia plena es realizable bajo el socialismo y debe ser reivindicada sin prevenciones, ni reservas. La construcción de la nueva sociedad ya no enfrenta limitaciones de recursos materiales. El obstáculo actual es la vigencia de un régimen de explotación, competencia y beneficio, que no tolera la igualdad. La democracia socialista es una opción frente a este sistema y su discusión actual en América Latina concentra las polémicas más fructíferas y apasionantes de nuestra época.

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