Por Antonio Soler. Revista SoB 32-33, junio 2018.

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Brasil

Reacción, inestabilidad política y posibilidades para la izquierda

Antonio Soler *

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“La revolución social del siglo XIX no puede quitar su poesía del pasado, sino sólo del futuro. No puede comenzar consigo misma antes de limpiarse de toda superstición ante el pasado. Las revoluciones anteriores necesitan reminiscencias de la historia universal para disimular su propio contenido. La revolución del siglo XIX tiene que dejar a los muertos enterrar a sus muertos, para llegar a su propio contenido. Allí, la frase sobrepasaba el contenido; aquí, el contenido sobrepasa la frase” (Karl Marx, El 18 de Brumario de Luis Bonaparte).

* Traducción de Rosimeire Delmiro. El autor agradece a Sara Vieira por la inestimable revisión del texto y a José Roberto Santos por la lectura y comentarios antes de la publicación.

A partir de las elecciones de octubre de 2014, se instaló en el país una crisis estructural que, tras dos años de polarización política nacional, resultó en el impeachment de Dilma Rousseff en 2016. El impeachment fue una maniobra palaciega reaccionaria que depuso un gobierno de colaboración de clases y puso en su lugar un gobierno (Michel Temer) neoliberal, lo que sólo puede ocurrir porque no hubo una verdadera resistencia del lulismo durante esos dos años de embate y de crisis orgánica. La destitución de Dilma sólo fue posible por la apuesta hasta el final en la conciliación de clases, pues el PT tras las elecciones cambió completamente su política, lo que se configuró en una verdadera estafa electoral, y además, no apeló a la lucha directa de los trabajadores hacia enfrentar la derecha que tomó masivamente las calles.

Con el impeachment se instituye un nuevo arreglo de poder: ahora tenemos una coalición neoliberal compuesta únicamente por la vieja oligarquía política que es apoyada por el gran capital. A partir de la imposición de esta nueva coalición, se establece una situación pre-reaccionaria. Situación en la que la clase trabajadora está a la defensiva, pero que convive con coyunturas favorables en las que podría haber superado la correlación de fuerzas desfavorable. Podemos en esta situación post-impeachment identificar cuatro coyunturas: la primera desfavorable después del impeachment que culminó con la imposición de la “PEC de la Muerte” el 15 de diciembre de 2016; la segunda fue abierta con la ola de movilizaciones en marzo de 2017 contra la reforma de la ley previsional y se extendió hasta la huelga general del 28 de abril; la tercera fue marcada por la reanudación de la ofensiva reaccionaria con la aprobación sin resistencia de la reforma laboral el 11 de julio y la cuarta abierta con la maniobra táctica que quita la reforma de la previsión de la agenda y la sustituye por la intervención militar en Río de Janeiro.

En todos los principales eventos de lucha de clases que podemos listar desde 2013 (luchas juveniles que inauguraron un ciclo político todavía presente), la ola reaccionaria entre la elección y retirada de Dilma del poder y las amenazas a las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores en el gobierno Temer, tenemos como contrapunto la resistencia de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Resistencia que, en algunos momentos, llegó a poner en cuestión el gobierno y su política, pero que fue sistemáticamente traicionada por la burocracia sindical. No vivimos una derrota histórica de los trabajadores que justifique un cambio cabal en la situación o ciclo político. Hay, sí, una situación política con fuertes tendencias al establecimiento de una situación reaccionaria que puede llevar a la derrota a largo plazo de la resistencia de los trabajadores. Pero no podemos desconsiderar las contratendencias que se configuran en la continuidad de la crisis económica, en el creciente descontento de las masas y en la capacidad de resistencia de los trabajadores y oprimidos, por eso en el momento caracterizamos la situación como pre-reaccionaria.

Además de guardar el potencial de luchas, la actual situación profundiza la crisis del lulismo y abre posibilidades más objetivas para la construcción de una alternativa de izquierda entre sectores de masa. En este sentido, la construcción del Frente Pueblo Sin Miedos (FPSM), a pesar de tener poca ascendencia sobre la clase obrera, ha sido capaz de movilizar importantes sectores de la clase trabajadora y de la juventud y la alianza electoral entre FPSM, PSOL y PCB, con Guilherme Boulos al frente. A pesar de ser limitada programaticamente, es la expresión política de ese proceso de recomposición de la izquierda en Brasil que puede en el próximo período ofrecer un serio cuestionamiento de la hegemonía lulista en el interior del movimiento de masas.

Un gobierno reaccionario

Llegamos en el segundo semestre de 2016 con la alianza gubernamental lulista desalojada del poder y sustituida por un gobierno directamente de los oligarcas tradicionales y de la banca financiera, lo que llevó a un cambio significativo en la situación política nacional, pues a partir de entonces, la clase dominante como un todo está alineada en torno a un arreglo político gubernamental abiertamente reaccionario. El proceso, aun significando el desalojo del gobierno de conciliación de clases como parte de la ofensiva reaccionaria, no ocurrió sin pasar por la conciliación entre la ofensiva reaccionaria y los jefes de la burocracia. El 31 de agosto de 2016 terminó el largo proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, pero a pesar de ser destituida, Dilma no perdió sus derechos políticos. Esto se dio porque se hizo un acuerdo con el MDB, vinculado a Renan Calheiros y con la presidencia del STF, para que el proceso de votación se dividiera en dos partes: 1) pérdida del mandato y 2) la pérdida o no de los derechos políticos.

El impeachment creó mejores condiciones para que se efectúen los ataques contra la clase trabajadora. El gobierno de conciliación de clases de Dilma, por más que se inclinaba a la derecha, no reunía el conjunto de condiciones para imponer las contrarreformas. Como todo gobierno de ese tipo, trae en su interior elementos (representantes burocráticos) que representan organizaciones obreras, lo que hace a esos gobiernos ineficaces cuando se trata de imponer medidas regresivas de cuño histórico, pues se trataba de imponer a los trabajadores retrocesos estructurales en la gestión del gasto público, en la composición de los salarios, en las condiciones de trabajo y jubilación. La cuestión es que, en un escenario de profunda recesión, creciente desempleo, ajuste salarial y empeoramiento general de las condiciones de vida, imponer más sacrificios no sería una tarea fácil, aun teniendo el apoyo unánime de la clase dominante, de los medios de comunicación de masas y del imperialismo para realizar las contrarreformas.

Las manifestaciones contra el impeachment y el “Fuera Temer” en los primeros días que siguieron a la deposición de Dilma en la ciudad de San Pablo y en otros lugares ya prefiguraban lo que sería el gobierno Temer. El movimiento fue tratado con una tremenda brutalidad policial, querían meter miedo a la juventud y a la vanguardia de la clase obrera, porque a pesar de la victoria que la ofensiva reaccionaria acababa de obtener, seguirían batallas políticas que sólo podrían resolverse en el terreno de la lucha de clases. Un terreno que contó con la unidad de la burguesía en torno de las contrarreformas, de la resistencia de importantes sectores, pero también de la conciliación de la burocracia, proceso que podremos ver en los desdoblamientos del gobierno Temer. La resistencia ante el terror policial en las calles de San Pablo protagonizada por la juventud, sectores de la cultura y artistas, prácticamente un mes después del impeachment, hizo recordar las manifestaciones que estallaron en la rebelión juvenil de junio de 2013 e incluso planteó la perspectiva de que una nueva rebelión podría instalarse a nivel nacional.

La represión en la primera semana de gobierno Temer causó varios heridos y detenciones arbitrarias, lo que produjo una fuerte indignación en la juventud, manifestada en diversos actos que culminaron en la realización de una gran manifestación popular y juvenil por el Fuera Temer a principios de septiembre, que reunió miles de manifestantes de impresionante combatividad. De esta forma, en el primer mes de mandato, Temer tuvo que ceder a la presión popular y retroceder en la decisión de acabar con el Ministerio de Cultura, y destituyó a tres ministros por participación directa en tramas de corrupción en Petrobras. Sin embargo, esos procesos no se extendieron a nivel nacional, no fueron acompañados por otros sectores y la burocracia trató de vaciarlos, lo que permitió que Temer se mantuviera en el poder, con una victoria electoral estruendosa en octubre de 2016, y avanzara con sus contrarreformas.

Se engañaron tremendamente aquellos que pensaban –como el PSTU/LIT– que Temer sería un gobierno con “pies de barro” y que con apenas un empuje caería, pues a pesar de ser un gobierno ilegítimo, envuelto en escándalos de corrupción, Temer salió victorioso de los primeros embates, dando condiciones para aprobar a finales de 2016 lo que realmente importaba: avanzar en la arquitectura de destrucción de los derechos de los trabajadores con la aprobación del techo de gasto primario nacional.

Primeras victorias de Temer

En el post-impeachment tuvimos la profundización de la depresión económica, el crecimiento vertiginoso del desempleo, denuncias de corrupción contra Temer y la crisis financiera de los Estados (a fines de 2016 Temer aparece en un testimonio del dueño de la Construtora Odebrecht pidiendo una contribución ilegal por 10 millones para financiar la campaña electoral de 2012). Pero los elementos reaccionarios acabaron imponiéndose debido a la unidad burguesa en torno a las contrarreformas y al papel de traición que cumplió la burocracia lulista. De esta forma, al final del segundo semestre de 2016, se abre una coyuntura totalmente favorable al gobierno cuando el sale victorioso en el proceso electoral y la votación del Proyecto de Enmienda Constitucional 55 (PEC55).

En las elecciones de octubre el MDB (partido de Temer) se mantuvo como el partido de mayor implantación nacional al ser electo en 1.038 ciudades, a pesar de haber sufrido importantes derrotas en la ciudad de Río de Janeiro y San Pablo. Pero en general la base política de Temer sale fortalecida de las elecciones y el PSDB emergió como el gran ganador: pasó de un total de 685 ciudades en 2012 a 803 en 2016.

El PT volvió a hacer alianzas con los agentes del impeachment, creyendo que en las elecciones de octubre podrían mantener las administraciones municipales conquistadas en la elección anterior. Esa estrategia fracasó de manera rotunda y el PT sufrió un retroceso cuantitativo en las elecciones, cuando eligió a 638 candidatos. Un elemento importante que ya señalábamos en ese período fue la derrota del petismo en las grandes franjas industriales de Brasil. Fue la primera vez que el PT no ganaba en ninguna ciudad del ABC paulista desde el proceso de redemocratización. Lo que para un partido que tuvo su origen en la mayor ola de movilización obrera de la historia, a fines de los años 70 y principios de los 80, significa un realineamiento político-electoral de significación histórica.

La izquierda socialista, a pesar de todas las adversidades, presentó a través del PSOL relativo fortalecimiento, se proyectó en amplios sectores de masas, en Río de Janeiro obtuvo más de 2 millones de votos para intendente. Ganó la disputa electoral en dos ciudades de Río Grande del Norte, aumentó el número de concejales y consiguió miles de votos en todo el país.1 Aunque derrotado en la segunda vuelta en Río de Janeiro, Belém y Sorocaba, no se puede disminuir la importancia de esas elecciones para el partido que se consolidó como alternativa electoral a la izquierda del lulismo. Así, el PSOL salió relativamente fortalecido de las elecciones, lo que le permite ahora alinear en torno a sí sectores más amplios, lo que permite que el surja como organización articuladora de un proyecto que apunta a la superación de la izquierda con el lulismo.

Después de las elecciones de octubre de 2016, el gobierno y la derecha reaccionaria salen extremadamente fortalecidos. Hay un proceso de legitimación relativa del gobierno que permite su consolidación política y abrió espacio para la votación de la PEC 55 y demás medidas contrarreformistas. De esta forma, tras las elecciones, se instaló centralmente el debate en torno a la votación de la PEC 55, que instituye el techo del gasto primario. Después de haber sido aprobada con holgura en la Cámara de Diputados, la propuesta fue encaminada al Senado. En ese intermedio, el presidente del Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), fue alejado de la presidencia a principios de diciembre por decisión liminar del Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF). Así, se abrió una profunda crisis político-institucional que se resolvió de forma favorable para Calheiros, el gobierno y la votación de la PEC 55.

Calheiros en la Mesa Directiva del Senado decidió no acatar la liminar. En ese proceso, el entonces vicepresidente del Senado, Jorge Viana (PT-AC) y la dirección del PT fueron decisivos en la costura del acuerdo entre los “tres poderes” para mantener a Calheiros en la presidencia, pues Viana declaró que si se mantenía la decisión liminar del STF (que apartaba Calheiros de la presidencia de la Camara de Disputados) él renunciaba a la Presidencia del Senado, lo que haría que la Presidencia cayera en la mano de Romero Jucá, uno de los principales articuladores del gobierno Temer y de las contrarreformas.

De esta forma, después de un acuerdo espurio –que permitió la votación de la primera contrarreforma del gobierno Temer– que involucró al STF, Temer, MDB y PT, el Plenario del STF, derribó la liminar y recondujo a Calheiros a la Presidencia del Senado. Viana, al no asumir la presidencia del Senado, lo que era lo natural y deseable que hiciera para que la pauta del techo de gastos no fuera votada, formó parte con su partido (PT) del acuerdo para reconducir a Calheiros a la Cámara, lo que fue decisivo para la tramitación y aprobación de la PEC 55 el 13 de diciembre. Con esa modificación en la legislación, el gasto público primario (pago de intereses y amortizaciones de la deuda están preservados) puede crecer de acuerdo con la inflación del año anterior. Es decir, a pesar de las necesidades crecientes de la población el presupuesto será congelado en términos reales; los banqueros y grandes inversores tendrán su sed de lucro parasitario saciada en detrimento de la reducción de fondos para salud, educación, saneamiento, etc. Esta enmienda tiene como consecuencia una reducción significativa en los gastos de educación y salud, lo que impacta profundamente en la parte más pobre de la población y estimula negocios privados en las áreas públicas. La decisión de congelar el gasto público amenaza, además, el conjunto de políticas que permitieron la reducción de la pobreza. El Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) concluyó que en 2036 la asistencia social contaría con “menos de la mitad de los recursos necesarios para mantener la oferta de servicios en los estándares actuales”, por ejemplo.

El guión político que involucró el alejamiento de Renan Calheiros por denuncia de corrupción deja claro cuál sería el papel del lulismo ante la ofensiva reaccionaria. Incluso estando en la oposición al gobierno, actuó de forma sistemática en el sentido de contener cualquier proceso de lucha contra las contrarreformas de Temer, intentando hasta las últimas consecuencias negociar una salida que ahorrara a Lula la prisión y la ilegibilidad. Fue entre otras cosas eso lo que llevó a traicionar a los trabajadores en el episodio de la crisis de la Presidencia del Senado que permitió la votación de la PEC 55, en la ola de movilizaciones abierta en marzo de 2017 y la lucha en abril de 2018 para que Lula no fuese preso, lo que tendrá un impacto profundo sobre los rumbos políticos más generales y sobre el propio destino del PT.

La clase dominante rompió con el colaboracionismo que marcó los años 2000 y quiere llevar las contrarreformas hasta el final, y para eso, todo lo que amenace esa estrategia tiene que ser removido del camino. De la misma forma, la institucionalidad burguesa (gobierno, legislativo y judicial) no es neutra, se alineó a la clase dominante en el sentido de garantizar las contrarreformas y que éstas no retrocedieran por vía de la lucha directa o electoral.

Resistencia en 2017

Iniciamos 2017 con una situación política claramente favorable para el gobierno y su base de sustentación. Después del impeachment, Temer sale victorioso de las elecciones municipales de octubre, aprueba la “PEC de la Muerte” (PEC 55) y logra deshacerse de las primeras denuncias de corrupción. Pero el primer semestre de este año fue marcado también por la posibilidad de repeler definitivamente las medidas reaccionarias de Temer y hasta de sacarlo del gobierno. Posibilidad que una vez más fue vetada por la sistemática política traidora de la burocracia lulista.

La diferencia entre la PEC 55 y la reforma previsional es que la previsional entró en el imaginario popular como un terrible ataque a los trabajadores, como una reforma injusta que sólo afectaría a los de abajo. Esto sumado a la crisis económica, a la impopularidad creciente de Temer y las denuncias de corrupción hicieron que se abriera una nueva coyuntura política nacional, una coyuntura de resistencia más poderosa que obligó a la burocracia a posicionarse y convocar un día nacional de lucha para el 15 de marzo (15M). Además de grandes actos, hubo bloqueos de carreteras, paralización de conductores, servidores públicos y obreros. Y en los lugares en que la policía reprimía piquetes y cortes de carreteras, como en el caso de los portuarios de Santos, hubo fuerte resistencia e indignación.

A pesar de la riqueza política del 15M en todo el país, fue en la Avenida Paulista en San Pablo donde ocurrió el punto culminante de esa jornada de lucha, pues contó con 200.000 manifestantes que ocuparon prácticamente toda la avenida. La movilización estuvo marcada por la masividad y la voluntad de luchar, que recordó las jornadas de junio de 2013.

A partir de ahí se abrió una nueva jornada de luchas que contó con el 30 de marzo en que miles de servidores públicos acudieron a las calles contra la reforma previsional en San Pablo. Después, la huelga general del 28 de abril (28A) reafirmó que había condiciones para hacer una lucha más continúa contra el gobierno, no fuera la burocracia. Para quien pensaba que la clase trabajadora había sufrido una “derrota histórica” ​​con el impeachment y que, por lo tanto, sería incapaz de responder de forma masiva y combativa a las contrarreformas de Temer, esa huelga general demostró otras posibilidades de revertir la correlación de fuerzas.

En el 28A las ciudades amanecieron desérticas, clima sólo fue contrastado con la acción de diversos grupos de activistas que quemaron neumáticos y bloquearon carreteras. En casi todas las ciudades del país la huelga general fue gigantesca, con paralización de obreros de las fábricas, conductores del subte, tren y trabajadores estatales, totalizando cerca de 50 millones en todo el país. La fuerza de esta huelga general fue innegable, y fue la más importante desde la huelga general del 14 y 15 de marzo de 1989. Sin embargo, la burocracia lulista y congéneres después del 28A sacó el pie del acelerador, pisó el freno y desvió la ruta… En vez de organizar inmediatamente la siguiente huelga general, desarrolló una política de organizar actos por “Directas Ya”, desvinculados de la lucha por el “Fuera Temer” y contra sus “reformas”.

El 17 de mayo, debido a la publicación de la grabación de la conversación nada republicana de Joesley Batista (presidente de la JBS) con Temer (tema que vamos a desarrollar más adelante), se abre una circunstancia política que apuntaba a sellar de una vez la suerte de Temer, invertir la correlación de fuerzas y superar la ofensiva reaccionaria. Después de la publicación de esa conversación se planteó la expectativa de renuncia de Temer, frustrada tras su pronunciamiento en el que afirma que no renunciaría, pero al mismo tiempo dice que la denuncia “trae de vuelta los fantasmas de la crisis política aún de proporción no dimensionada”.

Los medios masivos presentaron visiones opuestas sobre la grabación, parte de la base aliada rompe con el gobierno y el STF autoriza la investigación oficial del presidente. La clase dominante quedó profundamente dividida sobre la continuidad del gobierno Temer a partir de la publicación de la grabación hecha por el presidente de la mayor distribuidora de carne bovina del país. Pero el factor decisivo que faltó para que ese evento redundara en el derribo de Temer fue exactamente la movilización popular frenada por la burocracia después del 28A. Se perdió así una oportunidad de oro para invertir la situación reaccionaria abierta con el impeachment, pero por presión popular y de la crisis en el gobierno, la burocracia fue obligada a convocar una nueva acción para no quedar tan atrás.

La Marcha a Brasilia el 24 de mayo (24M) demostró gran espíritu de combatividad. Contó con 150.000 manifestantes y fue duramente reprimida por el gobierno. Pero la combatividad de la juventud permitió que los manifestantes quedaran horas resistiendo bajo gases lacrimógenos y balas de goma, con 49 heridos. La PM de Brasilia no fue suficiente para detener la fuerza del movimiento, y Temer, ya recuperado de la fuga de las grabaciones con Batista, autoriza el empleo de fuerzas armadas para reprimir el movimiento.

Sólo después de ese lapso de tiempo es que la burocracia establece el 30 de junio (30J) como el día de huelga general y, sin embargo, lo hizo con una serie de maniobras. En primer lugar, en el sentido de sacar el carácter de huelga general de esa fecha y transformarla en parte de una “jornada de lucha”. Después, teniendo que mantenerla por presión de la base y de las organizaciones más combativas. La burocracia sindical no jugó fuerte en el sentido de convocarla y organizarla de hecho. Ejemplo de ello fue la desmarcación, en última hora, de la participación de categorías fundamentales, como la de los autobuses y de los metalúrgicos del ABC Paulista.

Las maniobras y las traiciones de las fracciones de la burocracia tienen razones diferentes, pero que se combinaron a la hora de desmovilizar a los trabajadores. De un lado, la Fuerza Sindical (FS) y la UGT –burocracias directamente ligadas a los partidos burgueses tradicionales– frenaron la convocatoria de la huelga, pues negociaron abiertamente con Temer la permanencia del impuesto sindical en el interior de la “reforma” laboral. Por otro lado, la CUT (dirigida por el PT) y la CTB (dirigida por el PC del B) también cumplieron un papel nefasto, pues maniobraron las fechas, no denunciaron el papel de FS y UGT, no se jugaron en la convocatoria y no organizaron de hecho la huelga general.

A pesar de la importante paralización de categorías nacionales (servidores federales, petroleros, correos y otros), estibadores, carreteras, fábricas importantes y metroviarios en algunas capitales, el 30J no llegó a constituirse como huelga general, no tuvo el peso político correspondiente a un fenómeno de esa magnitud. Así, las principales capitales del país no amanecieron paralizadas, carreteras importantes no fueron interrumpidas por la fuerza de la clase obrera, los actos multitudinarios no tomaron cuenta de las capitales, no hubo piquetes y huelgas en los principales cordones industriales, como el ABC, por ejemplo.

El debilitamiento de esa jornada de luchas no ocurrió por falta de disposición de los trabajadores y de la juventud, sino por las maniobras burocráticas de los aparatos. Así, una coyuntura de meses de fuerte resistencia de la clase trabajadora, con demostración del potencial de lucha en el 28A y de gran combatividad de la juventud y de sectores del movimiento sindical en el 24M, acabó quedando sin conexión con un plan de continuidad de la movilización, lo que permitió que el gobierno retomara la ofensiva con la contrarreforma política y la contrarreforma laboral.

Tuvimos a partir de mediados de 2017 una nueva coyuntura marcada por el avance de las medidas reaccionarias del gobierno. Los eventos que van desde la aprobación de la contrarreforma laboral a la liminar de un juez de Brasilia que autoriza la investigación y terapias de reversión de la homosexualidad, la llamada “cura gay”. Todo esto sin dejar de pasar por la Medida Provisional que permitiría actividades mineras en la Reserva Nacional de Cobre y Asociados, que ante la presión el gobierno fue obligado a retroceder momentáneamente, y por la declaración de un general del Ejército de que una intervención militar puede solucionar el problema de corrupción en Brasil.

El 11 de julio el Senado aprobó la contrarreforma laboral, un proyecto de ley que ataca derechos fundamentales de los trabajadores y altera más de cien artículos de la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT). Uno de los principales ataques de esta “reforma” es el criterio de lo que es “negociado” entre los trabajadores y los patrones por encima de la legislación laboral. Lo que en la práctica significa establecer que todos los derechos consolidados en la legislación pueden ser alterados con correlación de fuerzas desfavorables durante el proceso de negociación por empresa. El principio según el cual, en la relación entre capital y trabajo, es el lado del trabajo lo que estructuralmente necesita tener la protección del Estado, desaparece totalmente con esa contrarreforma.

Este cambio en la ley sumada a la legislación que permite la tercerización de todas las actividades laborales significan un retroceso histórico en la legislación laboral y aumentan de forma cualitativa la explotación sobre la clase trabajadora. Se destaca que estas enmiendas fueron realizadas por un congreso lleno de diputados elegidos por los esquemas de corrupción que favorecen a las grandes empresas, dominado por las bancas parlamentarias que representan la policía, la biblia y el buey, con cientos de diputados involucrados en esquemas ilícitos.

Como parte de la reanudación de la ofensiva patronal, tuvimos la aprobación de la “reforma política” el 5 de octubre. Esta contrarreforma, que establece el fondo público de campaña, la prohibición de coaliciones en las elecciones provisionales y cláusula de barrera, tiene por objeto impedir la representación en el parlamento de los legítimos representantes de los trabajadores, proteger y reelegir a los políticos burgueses involucrados en los esquemas de corrupción, sacando aún más a las masas de las decisiones políticas.

La creación del fondo público de campaña en manos de una legislatura de clara orientación reaccionaria tiene el objetivo de fortalecer el monopolio de los partidos burgueses. Además, las donaciones de terceros podrán hacerse hasta el monto de hasta el 10% de la renta bruta del donante, de acuerdo con la renta del año anterior de la elección. Con la justificación de combatir la fragmentación en la representación política –hoy tenemos 39 leyendas partidarias en Brasil–, la cláusula de barrera exigirá para que los partidos tengan tiempo de TV y acceso al fondo partidista por lo menos el 1,5% de votos en 9 estados a a partir de la elección de 2018, porcentaje que llegará al 3% en 2030.

El feminismo en lugar destacado

En la ofensiva reaccionaria en que vivimos, se están atacando los derechos más básicos. Este reaccionarismo ataca principalmente a las mujeres trabajadoras, negándoles el derecho a sus cuerpos y elecciones, en un contexto en que en Brasil cada once minutos una mujer es violada y cada 2 horas una mujer es víctima de femicidio. Pero de la misma forma que en varias partes del mundo las mujeres han ocupado un lugar destacado en la lucha de clases y cumplido a veces el papel de catalizar las demás demandas de los explotados y oprimidos.

En ese escenario de ofensiva reaccionaria, una “Comisión Especial” de la Cámara Federal de los Diputados aprobó el 8 de noviembre de 2017 una propuesta de proyecto de ley (PEC 181/2011) que pretende prohibir el aborto en cualquier caso, incluso los casos de violación o cuando hay riesgo de muerte de la mujer, situaciones donde el aborto está previsto en la ley. Esta votación fue, en realidad, un golpe contra las mujeres, pues fue embutido un “jabuti” (una enmienda que nada condice con la materia a ser votada) en el proyecto. La propuesta original versaba sobre la ampliación de la licencia de maternidad de madres de bebés prematuros, es decir, un contenido totalmente distinto al aprobado.

La votación indignó al movimiento de mujeres, que fue a las calles enseguida, dando mucha visibilidad al tema y obligando al legislativo a dar un paso atrás en la tramitación de esta PEC. De la misma forma, el movimiento feminista derrotó a la nefasta tentativa de prohibir la “pastilla del día después”.

En general, la lucha de las mujeres ha sido una poderosa fuerza política. Además del episodio de la lucha contra la PEC del Caballo de Troya, en la historia reciente, el movimiento feminista ha sido fundamental para resistir el avance de las pautas reaccionarias en el Congreso, con destaque para la llamada primavera feminista en 2016, que contuvo el avance en aquel momento contra cualquier derecho anticonceptivo, además de pautar la necesidad de la lucha contra la reforma previsional y otras.

En todo el mundo las mujeres se han levantado y puesto al frente de varias luchas imprescindibles para la resistencia de la clase trabajadora, de los jóvenes y de los oprimidos. De esta forma, por la combatividad creciente del movimiento de mujeres en Brasil, los principales ataques que se desprenden de la ofensiva reaccionaria contra las mujeres fueron hasta el momento repelidos. Pero además de resistir de forma victoriosa, hasta entonces, al contrarreformismo de ese gobierno, el movimiento de mujeres ha sido importante aglutinador de demandas que escapan a los temas tradicionales del movimiento feminista. 

2018: autoritarismo e inestabilidad

Después de haber logrado el 25 de octubre de 2017 liberarse en la Cámara de Diputados de la segunda denuncia hecha por la PGR, Temer sigue al frente del gobierno, pero pierde las condiciones para dar continuidad a la agenda reaccionaria en el Congreso, pues gastó su capital político con la compra de votos para que no fuera cazado y los diputados no se disponía a votar una reforma tan impopular en un momento tan próximo a las elecciones nacionales. De esta forma, para seguir existiendo políticamente, el gobierno hace un giro en su orientación. Retira la reforma previsional de la agenda y el 12 de febrero de 2018 firma el Decreto de Intervención Federal en Río de Janeiro y nombra a un general del ejército como interventor federal con plenos poderes sobre la seguridad en el Estado. Ésta fue una medida de contenido bonapartista (autoritario) ante la derrota de la propuesta de contrarreforma previsional, pues permitió que el gobierno retomara la ofensiva con una maniobra no menos reaccionaria en el campo de la seguridad, lo que dio sobrevida al gobierno y lo puso en sintonía con un sector de la población que giró abiertamente para posiciones protofascistas.

Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas son el núcleo central del poder de cualquier instancia del Estado, obviamente que el poder político en Río pasó, con el decreto, directamente a un jefe de las FFAA. Pezão, que fue elegido vicegobernador y asumió el gobierno tras la dimisión de Sergio Cabral, que está cumpliendo pena por un megaesquema de corrupción, perdió efectivamente el poder político en el estado.

La intervención militar en el estado de Río de Janeiro impuso un régimen político bonapartista en el estado, pero tiene una fuerte incidencia sobre todo el país. Así, a pesar del retroceso de la reforma previsional, se fortalecen los sectores más reaccionarios de la sociedad, la represión sobre pobres, marginados, movimientos sociales e izquierda. En ese escenario ocurrió la ejecución de Marielle Franco, concejal por el PSOL en la ciudad de Río de Janeiro, y de su chofer Anderson Gomes el 14 de marzo. Después de la muerte de Chico Mendes el 22 de diciembre de 1988 en Xapuri (Acre), esa ejecución política fue la que más conmovió al país y al mundo, aunque no fueron pocos los líderes ejecutados por encargo en el campo y en las ciudades.

No hay duda de que fue un crimen político compuesto por una intrincada red de responsabilidades directas e indirectas que atraviesa a todas las corporaciones y escalones de la seguridad pública brasileña. Se trata de un crimen perpetrado por una organización delictiva que cuenta con la participación de policías militares y que sólo pudo ocurrir en medio de la ofensiva reaccionaria que para poder imponer su economía y política en el próximo período necesita derrotar definitivamente a la clase trabajadora. Por eso, no es sólo una ejecución política, sino que tiene por objetivo, junto con la intervención federal militar y la prisión de Lula, crear las condiciones para que las próximas elecciones signifiquen el final definitivo la inestabilidad por izquierda vivida desde 2013.

Una vergonzosa rendición

La prisión de Lula a principios de abril fue una jugada decisiva en la situación política pre-reaccionaria vivida desde el impeachment de Dilma. No impone otra situación, pero sin duda establece un grado en la profundización en la ofensiva reaccionaria en que vivimos, pues es más una maniobra política reaccionaria que quiere imponer de antemano un resultado electoral en octubre que garantice la pacificación social y el contrarreformismo en los próximos años.

En julio de 2017 el juez federal Sergio Moro pronunció una sentencia que condenaba a Lula en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión. Esta pena es relativa a la supuesta propina por el valor de 2,4 millones de reales de la empresa OAS en la forma de un departamento en el Guarujá (litoral paulista). Decimos supuestamente porque no hay pruebas cabales que comprueben que Lula es de hecho propietario del departamento.

De forma mucho más rápida que lo convencional, el TRF 4 (con sede en Porto Alegre) realiza el juicio en segunda instancia el 24 de enero del presente año. El tribunal condenó a Lula por 3 votos a 0 por el crimen de corrupción pasiva y lavado de dinero a 12 años y 1 mes de prisión. Con la petición de hábeas corpus negado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la defensa de Lula recurre al STF, que cede a la presión de los sectores más reaccionarios –particularmente de la cúpula militar– y niega el pedido de hábeas corpus preventivo de Lula por 6 votos a 5. Confirmando toda la parcialidad del proceso que implica esa prisión, sin respetar el derecho al último recurso, el día del 5 de abril el TRF-4 dio aval para que el juez Moro decretara que debía entregarse a la PF hasta las 17 horas del 6 de abril.

Después de decretarse la orden de arresto, Lula se dirige a la sede del sindicato metalúrgico del ABC y ahí se concentra hasta el fin tragicómico de su prisión. Inmediatamente, cientos de militantes del movimiento social se dirigen al lugar. Pero no se verificó casi ninguna presencia organizada de la clase obrera de São Bernardo do Campo y región durante esos días, a pesar de que Lula está “refugiado” en el sindicato de los metalúrgicos y de tratarse de la posibilidad de prisión de su líder de mayor expresión y con altísima popularidad. Así, a pesar de la gran afluencia de la militancia de izquierda que contó con casi todas las organizaciones políticas, sindicales y populares que sumaron miles en torno al sindicato y en varios actos por el país, no hubo una presencia de amplias masas en esa acción, elemento que ciertamente no puede ser desconsiderado del análisis y de la línea táctica a plantear.

A partir de ahí transcurrieron 3 días de un impasse político pocas veces visto en la historia reciente de Brasil. Incluso ante la vacilación de la burocracia en relación a qué hacer ante la orden de arresto, la amplia mayoría de los activistas que se concentraron en el entorno del sindicato quería resistir. Pero, después de días de tensión ante la posibilidad de confrontación directa con la represión, de prisiones y de la profundización de la crisis política nacional, Lula declara que acatará la orden de arresto. Opciones tácticas existían para que Lula no fuese preso y para que el movimiento pudiera fortalecerse en torno a la lucha contra su prisión.

¿Golpe o maniobra reaccionaria?

Durante los años que siguieron al impeachment surgieron varias polémicas en el interior de la izquierda, desde la caracterización del carácter de la operación Lava Jato al papel del movimiento de mujeres. Pero aquí no tenemos la pretensión de dar cuenta de esta serie de cuestiones, sino que nos detendremos en el debate sobre la caracterización del ciclo, del impeachment, de la actual situación política y de la relación entre tácticas y estrategia socialista en el actual escenario político nacional.

El impeachment de Dilma fue una maniobra palaciega reaccionaria, pues a diferencia de escenarios como el hondureño o paraguayo, Dilma y el PT acabaron aceptando la maniobra que los desalojó del poder sin al menos ofrecer una resistencia real, habiendo plenas condiciones para eso como no ocurrió en los otros casos. En Honduras, la Corte Suprema decretó la destitución de Zelaya, que fue arrestado y expulsado ilegalmente de su país por las FFAA porque quería hacer un plebiscito con el objetivo de convocar una Asamblea Constituyente. Fue retirado de su residencia en la capital, detenido y enviado a Costa Rica. La deportación no estaba prevista en la orden judicial y ni siquiera estaba autorizada por la Constitución de este país. La acción no dejó sombra de duda sobre el contenido golpista del poderío asociado con las FFAA. Aun así, hubo una efectiva resistencia por el presidente depuesto que regresó de forma clandestina a su país, se refugió en la embajada brasileña y llamó a la resistencia popular. Por fin acabó capitulando, pero fue mil veces más lejos que Dilma o el PT en el enfrentamiento con lo que de hecho fue un golpe de Estado.

En relación al caso paraguayo en junio de 2012, hubo un verdadero proceso relámpago a pedido del partido opositor contra el presidente electo que fue acusado de apoyar a movimientos campesinos armados. Todo el proceso de destitución del presidente duró sólo 24 horas y el presidente y sus abogados tuvieron sólo dos horas para hacer su defensa. Proceso que fue votado en un congreso en el que Lugo tenía minoría, ratificado por el Tribunal Superior Electoral y acatado sin ninguna resistencia del presidente depuesto.

Estas destituciones fueron marcadas por el mismo proceso que llevó al impeachment de Dilma, es decir, una ofensiva burguesa destinada a destituir al gobierno de colaboración de clases para que un gobierno “normal” de la burguesía pudiera ocupar el mando central del Estado, para imponer medidas estructurales regresivas. Pero hay diferencias bastante significativas entre los tres casos. Zelaya fue expulsado del poder en un típico golpe de Estado, fue arrestado y deportado, resistió y acabó capitulando. Lugo también sufrió un golpe palaciego inexorable, y a diferencia de Zelaya, capituló enseguida. Dilma pasó por un proceso distinto porque tuvo plenas condiciones de repeler el ”golpe”, la maniobra palaciega, pues fue procesada en meses y la presidenta y su partido apostaron –y continúan apostando– a la conciliación con los ”golpistas“ hasta el final.

Para comprender el contexto que permitió el impeachment de Dilma y su naturaleza es importante volver a junio de 2013. En ese proceso, el primer reflejo de Dilma fue atacar las movilizaciones, después intentó desviarlas con la propuesta de un plebiscito político y, finalmente, intentó pacificar la situación con propuestas vanas de un plan nacional para atender la demanda del transporte público. Pero nada de eso funcionó; durante la Copa de las Confederaciones hubo una serie de manifestaciones masivas contra la realización de los juegos que se convertían en batallas campales en las proximidades de los estadios. Pero incluso con el retroceso de las grandes movilizaciones, la situación política seguía apuntando a la polarización social, con el aumento del número de huelgas y con la radicalización de esos conflictos. Con el acercamiento de la Copa del Mundo, el gobierno se inclinó totalmente en el sentido de construir un pacto nacional con la burguesía para reprimir duramente las luchas juveniles, luchas populares y huelgas. Pero al reprimir el movimiento social, el lulismo acabó generando las condiciones favorables para que la clase dominante realizara una dura disputa electoral en octubre de 2014 y retomara la ofensiva en las calles.

A partir de ahí, Dilma y el PT no fueron capaces de hacer frente a la ola reaccionaria que permitió el impeachment, porque además de atacar directamente el movimiento en junio, abriendo así las puertas del infierno, después de las elecciones de octubre de 2014 asumió totalmente el programa neoliberal con el que polemizó en la campaña cuando afirmó a pie juntillas que no iba a tomar medidas contra los trabajadores en su segundo gobierno. A diferencia de eso, después de que asumió pasó a aplicar un duro ajuste neoliberal y ataques políticos contra el movimiento social con el aumento de tasas de interés, achiques millonarios en el presupuesto federal, restricción del acceso al seguro de desempleo. Y aun cerca de perder el gobierno Dilma no hizo ninguna inflexión politica para tratar de recuperar el apoyo entre las masas; al contrario, redobló la apuesta en el intento de recuperar el apoyo de la clase dominante creando instrumentos legales para congelar el salario de los servidores federales y sancionando la “Ley Antiterrorismo”. Perdió, así, su mandato con una popularidad inferior al 4% y sin resistir efectivamente a la ofensiva reaccionaria; aceptó sin luchar el juego de cartas marcadas del proceso de destitución.

De la misma forma que en varias otras situaciones más o menos dramáticas de la lucha de clases, desde que surgió como fenómeno político con influencia de masas a finales de los años 70, el lulismo siempre opta por la conciliación con la clase dominante, por el respeto a la clase dominante y el orden establecido, incluso en la era dictatorial, y por la no apuesta al desarrollo hasta el final de las posibilidades de lucha de los trabajadores.

Al final del proceso de juicio acabó haciendo un acuerdo explícito con el Congreso y el Poder Judicial. Dilma pierde su mandato, pero en un acuerdo con el MDB y STF no perdió sus derechos políticos. Acuerdo inusual para quien acababa de haber sufrido un impeachment por crimen de responsabilidad, pero que tenía como condición mantener el lulismo en el campo de la defensa irrestricta del orden vigente para aceptar “democráticamente” la maniobra reaccionaria y mantener sus bases dentro de los estrechos límites de la institucionalidad, a la espera de las elecciones de octubre de 2018.

A pesar de la relativa autonomía en relación a la oligarquía política tradicional, la Lava Jato ha sido totalmente funcional a la ofensiva reaccionaria que pasó por el impeachment de Dilma y que tiene como objetivo imponer contrarreformas estructurales. La táctica de apoyar las acciones de Lava Jato por sectores de izquierda –en notoriamente la del Movimiento Izquierda Socialista (MES), representado en Argentina por el MST– está al servicio de intentar acercar un sector de la clase media abandonando la perspectiva clasista. Significa una engañosa perspectiva que deseduca a la militancia al transferir al Estado burgués y sus agentes una tarea contra él mismo. Barrer el sistema político de la corrupción corresponde única y exclusivamente a la clase obrera, sus partidos y organizaciones políticas en un proceso revolucionario y constructor de una nueva institucionalidad política. En los momentos decisivos, deciden a favor de la ofensiva reaccionaria, del impeachment, de las contrarreformas, tiemblan ante las Fuerzas Armadas y acabaron por crear las condiciones para la prisión política de Lula. Así, nuestro sistema de consignas en relación a la corrupción tiene que partir de la necesidad de identificar que la corrupción es inherente al sistema capitalista y debe ser combatida con la expropiación de los bienes de los empresarios y políticos burgueses involucrados.

Una parte significativa de los analistas caracterizan el impeachment como golpe porque no había base legal para el proceso: “Parlamentarios –diputados y senadores– profundamente involucrados en casos de corrupción (se habla del 60%) instituyeron un proceso de destitución contra la presidenta pretextando irregularidades para cubrir déficits en las cuentas públicas, ¡una práctica habitual en todos los gobiernos anteriores!“ (Michel Löwy, De la tragedia a la farsa: el golpe de 2016 en Brasil: 64).

Los defensores de la tesis de “golpe” apuntan al hecho de que hubo ilegalidad del proceso porque no había base legal para caracterizar las “bicicletas fiscales” como crimen de responsabilidad (conjunto de infracciones que pueden llevar a la destitución) de la presidenta. En el caso del impeachment de Fernando Collor de Melo en 1992, pese a que, como todo político burgués, era una figura asquerosa, las alegaciones de crimen de responsabilidad también eran bastante frágiles.

Con Collor el principal motivo de su destitución fue que perdió su base política, fue cuestionado de forma masiva en las calles y, a pesar de también ser contra la corrupción, a diferencia del caso de Dilma, las movilizaciones de masa eran contra el neoliberalismo y por directas, tenían una plataforma progresista, lo que lo llevó a perder su base de sustentación en el Congreso. Obviamente que a diferencia del proceso de principios de los años 90, el impeachment de Dilma tuvo sentido opuesto, fue parte fundamental de la contraofensiva reaccionaria que se montó para sofocar la ola de movilizaciones de junio de 2013 y tuvo el objetivo primordial de imponer las contrarreformas.

Consideramos que no había razones legales para destituir a Dilma, pero el proceso de destitución de ninguna forma ocurre sólo por razones legales, sino que siempre la razón central es política. Por eso, considerar el impeachment como un golpe es una conclusión a nuestro modo de ver unilateral, que no toma en consideración el conjunto de los aspectos políticos involucrados, y políticamente sólo ha servido para embellecer la narrativa petista y para intentar redimir el lulismo ante sectores de masas que rompieron con esa corriente.

En nuestra opinión, el impeachment de Dilma no puede ser caracterizado como un “golpe”, sino como una maniobra palaciega reaccionaria que contó abiertamente con la capitulación lulista. Para que se tenga un golpe de Estado de hecho, militar o palaciego, es necesario realizar una maniobra política después de la cual no puede haber retorno a la situación anterior sin enfrentamiento real entre los lados en conflicto. El ejemplo clásico de golpe de Estado es el que fue dado por Luis Bonaparte en Francia el 2 de diciembre de 1851. Karl Marx nos proporciona también criterios clásicos para caracterizar un golpe. La clase dominante y sus representantes parlamentarios después de haber traicionado al pueblo en la revolución de febrero de 1848, haber sofocado los levantamientos populares con el uso de la fuerza en los dos años que siguieron a febrero y se amedrentaron ante el fortalecimiento de Bonaparte, acabó por ser arrancada del poder y tener sus conquistas políticas retrocedidas a las formas más antiguas de la dominación.

En el golpe del sobrino de Napoleón Bonaparte el 2 de diciembre “la revolución de febrero es escamoteada por un truco de un tramposo, y lo que parece derribado no es ya la monarquía, sino las concesiones liberales que le habían sido arrancadas por luchas seculares (…). Así responde el coup de main de febrero de 1848 el coup de tête de diciembre de 1851 “ (K. Marx, El 18 de brumario de Luis Bonaparte: 211).

O sea, lo que fue un golpe real contra la monarquía y el Estado antiguo en base a un proceso de movilización popular radicalizado en 1848 es sucedido por otro golpe, sólo que esta vez un golpe de Estado contrarrevolucionario dado por un usurpador que tiene como base social a los sectores más atrasados ​​y decadentes de la sociedad.

Además, diciembre de 1851 cayó sobre la república burguesa como un “rayo en cielo sereno”, la república burguesa “desapareció como una fantasmagoría, ante el pase de magia de un hombre que ni sus propios enemigos reconocen como brujo”, y así “los pontífices de la religión y del orden se ven expulsados ​​ellos mismos a la punta de sus sillas políticas, arrancados de la cama en medio de la noche de la niebla, encajados en coches celulares, metidos en las cárceles o enviados al exilio” (ídem: 214 y 223).

A diferencia de este ejemplo clásico y de los ejemplos recientes en América Latina, Dilma y el petismo tuvieron a disposición meses para enfrentar el “golpe”, las movilizaciones masivas de la derecha y el proceso de impeachment, pero no cambiaron siquiera un milímetro su orientación política. Apostaron al intento de recapturar las fracciones de la clase dominante que estaban dejando el apoyo al gobierno con medidas reaccionarias en vez de hacer un giro popular en su gobierno para apelar a que las grandes masas trabajadoras urbanas fueran en socorro del gobierno. Es decir, la “resistencia” quedó en el estrecho límite de la resistencia institucional, mientras la derecha tradicional hacía todo un movimiento combinado de luchas callejeras, maniobras palaciegas y realineamiento político con la clase dominante para vaciar el apoyo al gobierno.

Frente a esta polarización entre gobierno y derecha, la clase obrera industrial no participó en el proceso, pues quedó presionada entre dos polos que no representaban sus intereses. Así, los actos contra el impeachment fueron básicamente realizados por la militancia petista y otros sectores de la izquierda, pues la dirección lulista no llamó a la ruptura con la línea neoliberal de Dilma, no presentó una propuesta de gobierno alternativa y, mucho menos, acciones más contundentes contra la ofensiva. Es claro que ninguna dirección reformista lleva la lucha hasta el final, principalmente tratándose de una dirección obrero-burguesa como el lulismo, pero el desalojo del PT del gobierno federal ocurrió a la luz del día sin que hubiera una resistencia de hecho contra las fuerzas políticas reaccionarias.

Si en la historia los grandes hechos y personajes se repiten, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa (Marx), en el caso de las traiciones recientes de la burocracia lulista, desde el impeachment de Dilma hasta la prisión de Lula, pasando por una serie de traiciones en el medio del camino, tenemos la predominancia de otro género teatral. En todos estos procesos hubo una combinación entre tragedia y farsa, pues las traiciones burocráticas son trágicas en la medida en que al dirigir el movimiento de masas lo desarman, permitiendo que el reaccionarismo dé pasos importantes. Pero al mismo tiempo son grandes farsas, comedias de enredos, en la medida en que el colaboracionismo no tiene ningún espacio en el actual escenario político nacional, lo que lleva a la desmoralización y la decadencia.

Al aceptar la maniobra reaccionaria del impeachment sin una resistencia real, el lulismo calculaba que podría volver al poder después de las elecciones de 2018. Pero ese cálculo político se demostró totalmente incorrecto, pues la maniobra reaccionaria a la cual el PT se sometió es parte de una ofensiva burguesa más global, que busca establecer un nivel de explotación y de opresión históricamente superior contra la clase obrera. Proyecto que no podría quedar sólo en el impeachment, sino que debía avanzar a restricciones de las garantías democráticas para sofocar cualquier posibilidad de reversión de las contrarreformas. Como hemos visto, el lulismo ha contribuido de forma significativa al fortalecimiento de la ofensiva reaccionaria. Pero a pesar de los sufrimientos que esa corriente ha causado a la clase obrera y para los oprimidos, ya está pagando caro sus traiciones y tiende a un tremendo retroceso político, lo que abre un espacio histórico sin igual para la izquierda socialista para disputar la dirección de sectores de masas en el próximo período.

El telón de fondo es la inestabilidad

Una de las polémicas más importantes en la izquierda en los últimos años se da en torno de la continuidad o no del ciclo político (etapa) abierto en junio de 2013. Tema que tiene gran importancia, porque no podemos analizar el escenario y sacar líneas justas perdiendo la brújula más estructural de la realidad o desconsiderando que la coyuntura, e incluso la situación política, están superpuestas con temporalidades más estructurales de la lucha de clases. Esta superposición de temporalidades permite que dentro de situaciones desfavorables se den coyunturas diversas con momentos inesperados de explosiones sociales (pequeñas o grandes), radicalización y movilización que pueden tener un carácter trascendental, revirtiendo la situación desfavorable.

Volviendo a Junio de 2013, podemos afirmar que esa rebelión estudiantil significó el quiebre de un ciclo de pacificación social impuesto por los sucesivos gobiernos de colaboración de clases compuestas por el petismo y por fracciones de la clase dominante. Este pacto social que fue al poder en 2002, en la que, pese a la resistencia a la reforma previsional de Lula en el primer año de su gobierno, las crisis políticas motivadas por los esquemas de corrupción y una serie de luchas puntuales que no llegaron a nacionalizarse permitieron un largo período de estabilización política nacional, sacaron las decisiones políticas de las calles y cooptaron importantes movimientos sociales.

Vivimos entonces todo un ciclo con situaciones y coyunturas distintas, pero marcado por la estabilidad política de fondo por más de diez años. Pero a mediados del primer mandato de Dilma esto comenzó a ser cuestionado por la recesión económica mundial, que alcanza en pleno a América Latina, y a partir de 2012, por las huelgas masivas y radicalizadas de los obreros que trabajan en condiciones totalmente degradantes en las obras del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), obras gigantescas de infraestructura con gran impacto socioambiental por el alza de la inflación alimentaria y el malestar social causado por las pésimas condiciones de la amplia mayoría de la población.

Como se puede ver, Junio ​​no fue un rayo en cielo despejado, sino fruto de un acumulado de problemas sociales y políticos de diversas órdenes. Sin embargo, con las movilizaciones masivas y victoriosas de la juventud contra el aumento de los pasajes entra en un nuevo ciclo de polarización e inestabilidad más amplia de la lucha de clases que dura casi cinco años y que atravesó diversas situaciones y coyunturas políticas.

Desde las gigantescas movilizaciones estudiantiles contra el aumento de los pasajes hasta la derrota de la huelga de los metroviarios de São Paulo en junio de 2014 se abrió una situación de ofensiva de las luchas de la juventud y de los trabajadores. Pero a partir de la derrota de los metroviarios, de la unificación de la burguesía y del gobierno Dilma en torno a una mega operación represiva contra las luchas salariales y para reprimir los movimientos contra la Copa del Mundo, se abrió una nueva situación política, caracterizada por una polarización entre la derecha reaccionaria y el gobierno de conciliación de clases y enmarcada por la profundización de la crisis económica recesiva, por el giro neoliberal del gobierno Dilma y por la acción masiva de la nueva derecha que pasa a organizarse en el MBL y congéneres. Es cierto que el ciclo de polarización abierto en junio de 2013 sufrió una serie de reveses, principalmente a partir de la situación política abierta en agosto de 2016 con el impeachment de Dilma. Pero, a pesar de importantes derrotas sufridas desde entonces, el elemento central del ciclo abierto en 2013 –inestabilidad política, polarización social y potencial de explosiones masivas– no ha sido suplantado.

Una discusión en torno a la cuestión de la permanencia o no de un ciclo de polarización es importante y tiene consecuencias prácticas. Por más que tengamos que sacar líneas políticas para coyunturas concretas y no mirando para el pasado o para el futuro, no hay que perder la dimensión de que los marxistas trabajan con temporalidad política superpuestas, operación que busca capturar la coyuntura concreta, sin olvidar que tiene sus elementos condicionados por la situación política, por la etapa y por el período histórico en que vivimos.

Es necesario comprender que coyunturas o situaciones adversas como las que estamos viviendo en ese momento pueden ocurrir sin que el ciclo político más de fondo sea alterado, o viceversa. Así, para que no nos impresionemos con situaciones o coyunturas adversas, no se puede “perder la mirada de que todo recorte que hagamos de un determinado momento de la realidad opera siempre en un contexto más amplio que permanece para determinar el límite de las cosas. Porque, definitivamente, esa captura de los momentos, esa caracterización de la coyuntura o situación en la que vamos a actuar, es parte del ABC del quehacer político” (R. Sáenz, Ciencia y arte de la política revolucionaria: 26).

Una derrota a largo plazo del movimiento obrero y su pacificación política más estructural puede ser impuesta a través de una serie de derrotas parciales, una derrota política más general o incluso a través de una desmoralización causada por un gobierno de colaboración de clases. No sufrimos una derrota de conjunto o de un sector importante de la clase trabajadora que impactara para estabilizar la situación. Pero la pacificación también puede ocurrir a través de gobiernos “progresistas” que en determinadas situaciones muy específicas pueden sacar los conflictos de las calles por un largo período.

De esta forma, no hubo una derrota más estructural de la clase trabajadora brasileño, y si no fuera por el papel de la burocracia lulista dentro o fuera del poder en estos últimos años, estaríamos seguramente en una situación de polarización político-social muy superior a la que vivimos ahora. Dinámica que una vez más demuestra la incapacidad histórico-estructural del reformismo en defender los intereses de los trabajadores y de la juventud, principalmente cuando las condiciones políticas plantean una real polarización entre las clases, permitiendo así que las fuerzas reaccionarias que estuvieron al frente del proceso de impeachment asumieran el gobierno.

No podemos afirmar que el ciclo más general de inestabilidad y polarización abierto en junio se haya cerrado. Después de la ola de movilizaciones juveniles de 2013 pasamos al menos tres situaciones políticas: una favorable hasta mediados de 2014; una de polarización hasta el impeachment y otra desfavorable con el establecimiento del gobierno reaccionario de Temer. Pero eso no significa que ya había cambiado el ciclo político abierto en junio de 2013, pues para eso sería necesario una derrota más estructural que impusiera un cambio más de fondo en la correlación de fuerzas entre las clases.

Esta discusión de las temporalidades políticas y de la definición del actual ciclo es decisiva para nuestra caracterización de la actual situación política, sin impresionarnos con coyunturas y situaciones adversas, para que tengamos claro cuáles son las dificultades y riesgos reales de la actual situación.

Para comprender cuál es el origen de la actual situación, tenemos que volver a la situación inmediatamente después del impeachment de Dilma, pues a diferencia de la anterior polarización entre las fuerzas reaccionarias y el gobierno de conciliación de clases, el péndulo gira más a la derecha y asume el mando del Estado una coalición gubernamental que pasa a imponer duras contrarreformas que afectan al conjunto de los trabajadores, pero ese proceso no significó la imposición de una situación de pacificación o estabilidad total de los de abajo.

En el inicio del gobierno Temer surgió una coyuntura de fuerte resistencia juvenil con movilización espontánea, que realizó actos masivos que ocuparon por un mes sedes regionales del Ministerio de Cultura, con festivales de artistas como Caetano Veloso. Pero después de esa primera ola de resistencia, pesó la maniobra reaccionaria y el gobierno y su base de sustentación salen extremadamente fortalecidos de las elecciones de octubre. Se abre una coyuntura totalmente favorable para el gobierno que permite imponer la votación de la PEC 55 en diciembre de 2016.

En el primer semestre de 2017 una coyuntura más favorable en el interior de esta situación se construye a partir del debate en torno a la reforma previsional. La creciente crítica a la reforma, el desempleo masivo, el atraso salarial, junto con la precarización general de las condiciones de existencia, reabre la lucha contra el gobierno y una coyuntura favorable de algunos meses creaba una posibilidad de frenar las contrarreformas y/o derribar a Temer. Pero esa coyuntura de resistencia efectiva no duró porque la política de la burocracia lulista retrasó por dos meses la continuidad de la movilización contra las reformas. El “retraso” a la convocatoria de la segunda huelga general y de las demás centrales en negociar el impuesto sindical con el gobierno permitió que la coalición de derecha del gobierno se recomponen. De esta forma, fueron aprobadas en ese vacío de movilización la reforma laboral, la reforma política y las denuncias de la PGR no fueron acatadas por la Cámara de Diputados.

Con la imposibilidad de votar la reforma previsional, el gobierno tiene como salida la intervención militar en Río de Janeiro en enero de 2018, una medida bonapartista en respuesta a la imposibilidad de votar un ataque brutal con la proximidad de las elecciones, ademas de la impopularidad de la propuesta con la resistencia latente de los trabajadores. Complementando esa situación de ofensiva llegaron la ejecución de Marielle el 14 de marzo y la prisión de Lula el 7 de abril.

La ejecución de Marielle, a pesar de probablemente ser fruto de una iniciativa localizada de un sector de la milicia en Río de Janeiro, es una ejecución política que tiene repercusión histórica y que no puede ser pensada fuera del contexto de la intervención militar y del endurecimiento de la situación brasileña. La prisión de Lula con el aval del STF bajo presión del mando de las Fuerzas Armadas sin que la burocracia ofreciera ninguna resistencia –cuando alternativas tácticas había– que permitiera poner en cuestión la escalada bonapartista se configura como una traición histórica del lulismo con repercusiones trascendentales para la correlación de fuerzas y para la democracia formal.

La prisión de Lula en vísperas de las elecciones es la piedra angular para el fortalecimiento de la operación “Lava Jato” y del “bonapartismo de toga”: fortalece la correlación de fuerzas desfavorable porque causó una vez más el corte de un proceso de movilización que tenía dinámica de masificación. Saca a Lula de las elecciones con el objetivo de antemano controlar y de monopolizar el proceso electoral de octubre para que el próximo gobierno sea continuidad pura y simple del contrarreformismo de Temer. Por eso la traición de la burocracia lulista se asemeja a la traición de las grandes luchas obreras que podría haber derribado la dictadura militar en la década de 1980 o ante la huelga nacional de los petroleros en 1995, en la que Lula y la dirección de la CUT intervinieron en el sentido de suspender el movimiento huelguístico, abriendo un largo proceso de reflujo político de la clase trabajadora que atravesó más de una década en Brasil.

Pasando brevemente por la cuestión de la unidad burguesa en torno al gobierno, durante esos dos años que siguieron al impeachment asistimos a una clara división entre sectores que defendían la maniobra palaciega –aunque en el momento de aproximación de las elecciones el debate interburgués en relación de la sustitución o no del gobierno ya quedó en el pasado– y que Temer se quedara al frente del gobierno y otro que entendía que su permanencia inviabilizaba que las reformas avanzaran hasta el final. A pesar de dividirse en esta cuestión secundaria, se puede decir que la unidad de la clase dominante en torno a la necesidad imperiosa de aplicar las contrarreformas es unánime. El gobierno cuenta con una mayoría en el Congreso alineada con las medidas regresivas, mayoría que se puede mantener en medio de la crisis porque es financiada electoralmente por la gran burguesía que teme el desdoblamiento de las investigaciones de corrupción. El gobierno tiene varios instrumentos para garantizar la compra de votos de parlamentarios, y además, la eventual caída del gobierno por las denuncias de corrupción podría afectar directamente a un número considerable de congresistas.

La capacidad de avanzar contra los intereses de los trabajadores de ese gobierno no viene sólo del apoyo unánime de la clase dominante a las contrarreformas, sino que se ha apoyado de forma decisiva en las traiciones y maniobras sistemáticas de la burocracia sindical y política. Lula, el PT y la CUT son corresponsables de la actual situación política que mantiene una correlación de fuerzas desfavorable. Durante sus gobiernos hicieron contrarreformas, hicieron gestiones para sacar los conflictos sociales de la escena y atacaron duramente el movimiento social, creando las condiciones para el impeachment en 2016. Además, de forma más coyuntural, la traición de la huelga general de abril de 2017 impidió la continuidad de una dinámica de movilización ascendente del conjunto de la clase trabajadora, y recientemente la rendición de Lula ante su prisión política cerró momentáneamente la posibilidad de una reacción masiva al avance del bonapartismo y de las fuerzas reaccionarias llevadas por Michel Temer.

Hacemos ese retroceso para puntuar que tenemos una dinámica política que tiende a una situación reaccionaria, pero que por razones económicas y políticas está preñada de contradicciones y de contratendencias que hay que poner en juego. Vamos a recurrir aquí a un texto clásico en el que León Trotsky llama la atención sobre el método dialéctico, que toma en consideración la totalidad de los fenómenos en el paso de un estado político a otro. En relación a las situaciones políticas, afirma que hay una variedad de ellas y que “en nuestra época de capitalismo en descomposición lo común son las situaciones intermedias, transitorias: entre una situación no revolucionaria y una situación pre-revolucionaria, entre una situación pre-revolucionaria y una situación revolucionaria… o contrarrevolucionaria. Son precisamente estos estados transitorios los que tienen una importancia decisiva desde el punto de vista de la estrategia política” (L. Trotsky, Adónde va Francia: 70).

Esta lucha entre tendencias favorables y desfavorables para la movilización plantea una situación de permanente inestabilidad política que puede generar procesos inesperados y explosivos de resistencia y reversión de la situación. Desconsiderar esa contradicción estructural en el interior de la actual situación política –conociendo que estamos en una situación de desequilibrio dinámico de la correlación de fuerzas– puede llevar aun de forma inconsciente a una orientación fatalista que desarma para las tareas fundamentales.

Este fue notoriamente el caso de la prisión de Lula: una política mínima de resistencia (aunque fuera la petición de exilio en alguna embajada extranjera) hubiera agravado la situación de inestabilidad a la enésima potencia con repercusiones de difícil previsión contra el gobierno. Por eso, no denunciar esa rendición en una circunstancia que podría cambiar el juego es políticamente muy grave y revela cómo una evaluación mecánica, que no considera las contradicciones de la realidad, puede llevar al fatalismo y la capitulación a la burocracia.

Como hemos visto anteriormente, puede haber varias situaciones o coyunturas políticas dentro de una misma etapa o ciclo político. Para imponerse una situación reaccionaria es necesario derrotar al conjunto de la clase trabajadora a través de un gran golpe o por una serie de derrotas parciales. Para Nahuel Moreno, “una etapa revolucionaria no puede dejar de serlo si la burguesía no derrota duramente, en la lucha, en las calles, el movimiento obrero. Pero la burguesía, si tiene margen, puede maniobrar, puede convencer al movimiento obrero de que deje de luchar. Así se abriría una situación no revolucionaria, pero la etapa seguiría siendo revolucionaria, porque el movimiento obrero no fue derrotado. Incluso, la burguesía puede reprimir, sin llegar a los métodos de guerra civil, el movimiento obrero e imponer derrotas que lo hacen retroceder, abriendo una situación reaccionaria, pero seguiría estando dentro de la etapa revolucionaria. Por ejemplo, el gobierno de Gil Robles, que ocurrió en medio de la revolución española, iniciada en 1931, fue un gobierno reaccionario que reprimió duramente al proletariado y creó una situación reaccionaria“ (N. Moreno, Las revoluciones del siglo XX).

En cuanto corriente política tenemos diferencias en muchos puntos con la síntesis que el autor hace de las revoluciones de ese período, principalmente en lo que se refiere a la evaluación de que las revoluciones de la posguerra se consubstanciaron como revoluciones socialistas objetivas. Toda la experiencia histórica del siglo XX demostró que revoluciones típicamente socialistas sólo pueden ocurrir a partir de una toma de conciencia política de la clase trabajadora a nivel nacional, conciencia que no se ve en el aire, sino que se manifiesta concretamente en organización partidista, en organismos de poder democráticos y en su autodeterminación ante las demás clases social. En cuanto a la caracterización de la actual situación política, guardando las debidas proporciones con la situación española de la década de 1930, pensamos que el criterio utilizado por Moreno para definir una situación reaccionaria es correcto, para que se imponga una situación reaccionaria es necesario una derrota y un retroceso prolongado de la clase trabajadora, situación que no se presenta actualmente.

Para recoger algunos ejemplos de la historia política reciente, en la segunda mitad de los años 1990, en los años que siguieron a la derrota de la huelga nacional de los petroleros en 1995 y del avance del neoliberalismo se planteó una situación de sesgo reaccionario que duró cerca de tres años. Pero a finales de los años 90 y principios de los años 2000 esa situación se rompió con una serie de movilizaciones contra el gobierno del Fernado Henrique Cardoso (FHC). En ese momento, el movimiento de masas podría haber protagonizado una rebelión popular, al igual que en la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, la elección de Lula en 2002, y también los gobiernos de colaboración de clases hasta 2013, sirvieron como preventivo o contención de la rebelión popular. Estos gobiernos, incluso presentando algunas medidas progresistas, acabaron imponiendo una situación política extremadamente conservadora con fuertes elementos reaccionarios, pues en el caso de Brasil causaron más de diez años de pacificación casi absoluta del movimiento de los trabajadores. Crearon la ilusión de que hubo ascenso social para millones de personas, que podían obtenerse conquistas reales sin un duro enfrentamiento con la clase dominante, que se podía hacer política desde el punto de vista de los trabajadores con conciliación de clases y que, finalmente, se podía prescindir de las calles para hacer política.

Hacemos esa digresión para decir que una situación reaccionaria no es fruto automático de un gobierno reaccionario o que un gobierno progresista no puede contribuir a imponer una situación reaccionaria. Una situación reaccionaria se impone fundamentalmente a partir del momento en que el gobierno, la clase dominante y la burocracia logran imponer una situación de estabilidad, de pacificación social y de derrota más prolongada del conjunto de la clase trabajadora.

No hay duda de que estamos en una ofensiva burguesa, ante un gobierno ultrarreacionario y la imposición de medidas regresivas. Pero tampoco podemos desconsiderar que estamos en una situación de transición, una situación intermedia, pues no alcanza con derrotas episódicas para imponer una derrota más de fondo que permita pacificar la situación política e imponer una nueva situación de estabilidad política estructural, es decir, una situación abiertamente reaccionaria.

Estamos en una situación política transitoria de la lucha de clases, en la que hay un avance de la ofensiva reaccionaria que se apoya en la unidad de la clase dominante en torno a las contrarreformas y en las traiciones sistemáticas de la burocracia política y sindical. Como la situación actual carga muchos elementos de contradicción, inestabilidad y polarización, no está descartado que luchas inmediatas, localizadas o parciales puedan dar caudal a un proceso de generalización de la resistencia y convertirse en un polo de atracción y diseminación nacional de la lucha con capacidad de hacer frente y revertir la ofensiva reaccionaria en curso.

Hay una tensión entre tendencias distintas, lo que exige nuestra total atención y apertura para coyunturas inesperadas, denominamos la actual situación política como pre-reaccionaria. Vivimos un desplazamiento en dirección a una situación reaccionaria, pero no se trata de una dinámica irreversible o un fatalismo histórico, pues la clase dominante no ha logrado hasta el momento imponer derrotas estructurales a la clase trabajadora o al movimiento social como un todo. Así, no podemos perder de vista la potencialidad contenida en la situación política actual, dentro de ese escenario de irresolución de las principales cuestiones nacionales, en el sentido de eclosionar luchas más radicalizadas y generalizadas.

Estrategias en disputa

Los temas de la unidad de acción, del frente único y del frente de izquierda socialista ganan peso decisivo a partir de junio de 2013. Desde el inicio de esa gran ola de movilizaciones juveniles hasta las movilizaciones más actuales contra la prisión de Lula, en nuestra opinión, hay un empleo bastante equivocado de esas tácticas “frentistas”. En todo ese período fue necesaria una combinación de tácticas que impulsaran movilizaciones masivas contra los ataques del gobierno, que contribuyeran a la construcción de una herramienta de organización de la clase trabajadora y que posibilitaran dar pasos para la construcción de un frente con una política independiente.

La polarización de la situación, nuevos fenómenos en ebullición y giros coyunturales repentinos plantean las líneas políticas, el marco estratégico y la composición de las corrientes inevitablemente en prueba. Grandes posibilidades y grandes riesgos surgen en este escenario para la izquierda socialista, lo que hace del empleo de las tácticas en su combinación con las estrategias una cuestión central.

En ese sentido, Perry Anderson, en su ensayo sobre el pensamiento de Antonio Gramsci, dio la razón a Trotsky en relación al pensamiento estratégico en el sentido de que se ubicó contra “cualquier teoría estratégica que fetichizara ya fuera la maniobra como la posición como principio inmutable o absoluto. (…) En otras palabras, posición y maniobra tenían una relación necesariamente complementaria en toda estrategia militar“. Por otra parte, la formulación de guerra de posición es desconsiderar el carácter necesariamente repentino de los procesos revolucionarios, lo que exige rapidez y movilidad en el ataque para no perder las oportunidades de tomar el poder. Y más, cualquier lucha importante en el Estado burgués con el aparato armado de la represión supera inexorablemente los aparatos ideológicos de la representación parlamentaria para volver a ocupar la posición dominante en la estructura de poder (P. Anderson, 1981). Así, teniendo como referencia ese gran pensador estratégico que fue Trotsky, Anderson hace una bella síntesis sobre la estrategia revolucionaria que tiene sentido de trascender la mera toma de poder, porque es una lección para el día a día de la política. Obviamente que no estamos hoy, en ningún país del mundo, en los umbrales de la revolución o de la contrarrevolución, pero la enseñanza de los grandes pensadores de la lucha de clases, en el sentido de que la acción exige alternancia entre estrategias defensivas, es fundamental para no caer en aventuras infantiles y en estrategias ofensivas, para no perder las oportunidades de revertir la situación de avance reaccionario en Brasil.

Hemos visto en algunas corrientes la presencia de gran flexibilidad táctica que muchas veces pierde la fuerza estratégica, y en otros casos ninguna flexibilidad táctica y mucho menos estratégica. Así, dentro del trípode de la combinación táctica entre unidad de acción, frente de lucha y frente de izquierda, vimos operar dos vertientes importantes. Una de raíz sectaria, que subutilizó la unidad de acción y despreció las tácticas de nuevos frentes de lucha y de frente de izquierda en su necesaria combinación, lo que inevitablemente llevó a esos sectores a la marginación, y otra que hizo uso de esas tácticas, pero que acabó perdiendo en muchas ocasiones fuerza estratégica y deslizándose al oportunismo al huir del empleo sistemático de las denuncias, exigencias y disputa con el lulismo desde la base de los principales sectores de la clase obrera.

La unidad de acción con la burocracia se planteó como única forma viable para luchar contra las medidas regresivas de Temer. Un frente único para luchar que ampliara los límites organizativos de Conlutas como el medio necesario para organizar las luchas, dar paso a un nuevo momento de reorganización del movimiento y disputar un sector que comienza a desprenderse de la burocracia y, finalmente, la construcción del frente político de izquierda para ofrecer una alternativa estratégica al lulismo, que comienza, tras años de traición, a pagar políticamente el precio.

En la izquierda socialista, el sector capitaneado por el PSTU representa la perspectiva sectaria dentro de esa situación pre-reaccionaria que vivimos desde el impeachment de Dilma. Por ceguera política que tiene razones profundas complejas que no podemos desarrollar aquí, ese sector ha sido incapaz de identificar que la ofensiva reaccionaria requiere necesariamente la utilización sistemática y combinada de estas tácticas. Además de no desarrollar la táctica de unidad de acción con la burocracia, porque ese sector se comporta como si Conlutas –el bastión del clasismo e independencia de los patrones y de la burocracia– fuese una herramienta suficiente en la lucha de clases. Esta central es necesaria, pero totalmente insuficiente en medio de la terrible ofensiva que vivimos, pues reúne a muy pocos sindicatos y sectores que no son los más dinámicos de la lucha. De ahí la importancia de iniciativas para construir frentes de lucha que puedan ampliar nuestra capacidad de movilización y disputa de sectores más amplios con la burocracia.

El sectarismo sistémico de esta corriente se configura al despreciar por completo la necesidad de construir frentes de izquierda socialistas, como si fueran los únicos revolucionarios de la faz de la Tierra, el único sector a ser construido y que no es necesario sumar fuerzas con otras corrientes para la ardua lucha de superación del lulismo entre los sectores de masa de la clase trabajadora, de la juventud y del movimiento como un todo. Desprecian la lección básica de que la lucha por la hegemonía política de la clase obrera requiere, obligatoriamente, construir acuerdos entre organizaciones de izquierda para disputar con el reformismo/neoreformismo los amplios sectores que depositan confianza en él.

El otro sector citado arriba –genéricamente, la dirección del PSOL y algunas de sus corrientes internas– comprende la necesaria utilización de toda esa combinación táctica, pero lo hace de manera problemática, sin fuerza estratégica y capitulando a la presión de los aparatos cuando no se plantea de forma clara como alternativa política y organizativa al lulismo. La diferencia con el PSTU es que el PSOL acertó más en las tácticas políticas desde el impeachment: identificó correctamente que un gobierno fruto de ese proceso no significaría más de lo mismo, que deponer un gobierno de colaboración de clases y colocar en su lugar un gobierno burgués reaccionario no sería cambiar seis por media docena, que tendría consecuencias profundas en la correlación de fuerzas y por eso tendríamos que luchar contra el impeachment. Pero al caracterizar el impeachment como “golpe”, pierde la justa proporción del proceso real y contribuye con la narrativa y la “redención lulista” en el interior del movimiento de masas.

A diferencia del sector sectario, el PSOL forma parte de todas las actividades de unidad de acción contra Temer, construye un frente alternativo para luchar (FPSM) y un frente político electoral (VAMOS), pero sin que ello signifique la disputa desde la base, sin diferenciarse de los métodos de la acción de la burocracia y sin presentar una alternativa anticapitalista, respectivamente. El lanzamiento del Frente Pueblo Sin Miedo (FPSM) –apuesta del MTST y del PSOL– fue un gran acierto, pues se apoya en un sector que está al frente de las movilizaciones en la actualidad, pudiendo así crear condiciones de unidad de acción menos desiguales con la burocracia lulista. El otro acierto fue apostar a la creación de VAMOS como una táctica para construir un frente de izquierda y acercar sectores a la construcción programática que posibilitó la candidatura Boulos.

Es decir, por su perspectiva democrático-popular ese sector tiene aciertos tácticos, pero pierde el empuje estratégico que permitiría presentar como una alternativa real por la izquierda en toda la línea, en términos bien prácticos, una narrativa propia de todo el proceso, un balance y una alternativa programática de superación radical de la vieja dirección del movimiento, una organización estructurada democráticamente desde la base que en los principales momentos de la lucha de clases presente sus banderas, propaganda, agitación y columnas independientes de la burocracia.

La política en el centro de atención

Como hemos visto, estamos en una situación política que entraña una gran alternancia de coyunturas, obligándonos a una utilización combinada de las consignas de unidad de acción, frente a luchar y frente de izquierda. Pero no se trata sólo de saber adecuar esas consignas a cada coyuntura concreta de la lucha de clases, es necesario que sirvan para dar el combate estratégico para superar la dirección burocrática entre los trabajadores y los oprimidos, lo que exige la lucha por hacer penetrar en la conciencia de sectores de masas un postulado programático superador y alternativo al lulismo.

Durante esos dos años de gobierno Temer, período en que se planteó una correlación de fuerzas desfavorable para los trabajadores, vivimos coyunturas desfavorables que permitieron la aprobación de contrarreformas en el Congreso, pero también coyunturas favorables en las cuales importantes sectores de la clase trabajadora, de la juventud y de las mujeres se colocaron en una lucha masiva contra la ofensiva reaccionaria.

Estas coyunturas exigieron combinaciones distintas de consignas. A veces se planteaba la necesidad de priorizar consignas defensivas, como la “Ningún Derecho Menos” contra la PEC 55 a finales de 2016. Ya cuando se construyó una fuerte movilización contra la reforma previsional en el primer semestre de 2017 se planteó la necesidad de levantar directamente consignas democráticas y de poder, como Asamblea Constituyente, elecciones generales y Fuera Temer.

Como parte de las maniobras burocráticas para desviar la movilización, el PT lanzó una campaña por elecciones “directas ya” totalmente descolgada de la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y por una salida política global a la crisis política. La dirección del PSOL, por desgracia, acompaña esta línea y no plantea la necesidad de una combinación de consignas entre Directas Ya, Ningún Derecho Menos, Elecciones Generales y Asamblea Constituyente. Pero perder un momento coyuntural favorable para revertir la situación, evidentemente, es una operación mucho más compleja que apenas no haber levantado una u otra consigna. Así, el gran momento abierto en el 28A en 2017 fue perdido por una serie de otras maniobras burocráticas del lulismo ante la reanudación de la ofensiva reaccionaria.

En la presente coyuntura de ataques bonapartistas, el PT levanta exclusivamente la bandera de “Lula libre”, desconsiderando olímpicamente el conjunto de las necesidades de los trabajadores. De esta forma, el PSOL para constituirse como partido independiente en la actual situación tiene la obligación de presentar un sistema de consignas que represente los intereses de los trabajadores de conjunto: fin de la intervención militar en Río de Janeiro, justicia por Marielle, libertad para Lula y por un plan económico de los trabajadores por empleo, salario y servicios públicos. A nuestro modo de ver, las necesidades (políticas y económicas) más sentidas de nuestra clase sólo pueden ser conquistadas enfrentando políticamente ese gobierno y ofreciendo una alternativa al lulismo.

Otra cuestión que consideramos fundamental en este debate es la lucha por superar el economicismo en el interior de la izquierda socialista. En los últimos años defendemos sistemáticamente la necesidad de presentar una salida global a cada coyuntura de crisis política y que permita apuntar a una alternativa independiente de los trabajadores. La mayor parte de las corrientes de la izquierda del PSOL cuando se presenta una coyuntura favorable se limitan a consignas como Fuera Temer y Ningún Derecho Menos.

No presentan salidas globales para crisis globales, una perspectiva que acaba cayendo en el economicismo. El PSTU y congéneres, por el dogmatismo, desconsideran la correlación de fuerzas concretas entre las clases y presentan consignas intangibles para la situación concreta (Consejos Populares y Gobierno de los trabajadores). En momentos de crisis política global, limitarse a las consignas “negativas” es, en última instancia, aceptar los términos del juego propuesto por la clase dominante, pues no contribuye en nada para que los trabajadores encuentren un eje de movilización para unificar sus luchas, realizar la experiencia concreta con la institucionalidad y superar los límites del actual régimen. Por eso, hemos presentado en esos momentos de acrecimiento de las crisis la bandera de la Asamblea Constituyente a partir de la movilización de abajo (volveremos a ese tema más abajo).

En ese momento preelectoral, el tema del programa gana centralidad total. Durante el segundo semestre de 2017, en asociación con el PSOL y otros sectores, la FPSM, inspirada en la experiencia de Podemos de España, crea una plataforma digital (VAMOS) y realiza una serie de debates presenciales con el objetivo de construir un programa. Como resultado de estos debates, se construyeron directrices programáticas en consonancia con la concepción programática del MTST y la mayoría del PSOL. En ese proceso, se sistematizaron propuestas correctas, medidas que van desde la suspensión de todas las contrarreformas del gobierno Temer, de la atención a las necesidades inmediatas de los trabajadores y de los oprimidos, de la organización desde abajo hasta el rechazo de gobernar –como hizo el PT y el PC del gobierno– en alianza con las oligarquías políticas tradicionales.

Pero el resultado de las discusiones de VAMOS peca por no hacer un balance de los gobiernos petistas, por no considerar que las medidas progresivas más inmediatas, tales como la reforma urbana o la estabilidad en el empleo, sólo pueden realizarse con la adopción de medidas anticapitalistas que pasan necesariamente por la movilización revolucionaria de los trabajadores y por el enfrentamiento con el Estado burgués. Es decir, la plataforma peca por el método gradualista (reformista) que crea una brecha entre las tareas inmediatas y las de transición, que desconsidera que para que tengamos conquistas mínimas o democráticas será cada vez más necesario luchar por medidas anticapitalistas y de poder de los trabajadores. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que vamos a garantizar la reducción de la jornada de trabajo sin reducción de salario –constante en el documento final de VAMOS– sin una durísima lucha contra los patrones, sus representantes políticos y su Estado?

Incluso cuando presenta la cuestión de la necesidad de reformas políticas y económicas, a pesar de plantear correctamente la necesidad de establecer consultas populares para los temas importantes para que se avance en la democracia participativa, desconsidera la necesidad de luchar por la Constituyente Democrática y Soberana. Uno de los criterios políticos fundamentales de todos los clásicos de nuestra tradición es que los comunistas deben actuar dentro de las instituciones hasta tener fuerzas para disolver el parlamento burgués (V.I.Lenin, El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo).

Al analizar los procesos revolucionarios en China de la década del 20, Trotsky critica duramente la mala interpretación en relación con la consigna Asamblea Constituyente, afirmando que aunque hubiera soviets en China eso no anularía la necesidad de luchar por la Constituyente; al contrario, la agitación en la tribuna libre contribuiría a la lucha por la dirección de los soviets, porque las masas sólo pueden aprender por la propia experiencia que es necesario superar las formas de dominación política de la clase dominante.

En cuanto a la formulación de su contenido y forma, contamos con una indicación de Lenin que guarda gran actualidad, pues afirma que para ser realmente una Asamblea Constituyente, su proceso electoral debe garantizar la libre agitación política, expresar la voluntad popular y poseer de hecho poder para imponer la voluntad popular (Lenin, Las tareas democráticas del proletariado revolucionario).

La propuesta de Constituyente en nada se asemeja a la de “Constituyente Política” que presentó el gobierno Dilma y el PT durante las jornadas de junio de 2013 con el objetivo de sacar el movimiento de masas de las calles. La propuesta de Constituyente Democrática y Soberana tiene como objetivo movilizar ampliamente a las masas trabajadoras y estudiantiles para poner en cuestión toda la estructura económica, social y política. Sólo en su lucha concreta las masas sobrepasan las banderas democráticas. Éste es un criterio estratégico para un país como Brasil, en el cual la solución de las cuestiones democráticas conserva un peso central en la realidad social y política. De esta forma, los argumentos contra la Asamblea Constituyente son un taparrabos del economicismo, pues, de la misma forma que otras consignas democráticas, en momentos de ascenso esa consigna puede contribuir a unificar, politizar y permitir la experiencia superadora de amplios sectores de masas con los límites de la democracia burguesa.

Riesgos y posibilidades

Estamos en una ofensiva reaccionaria que sólo puede ser analizada a partir de la unidad burguesa en torno a las contrarreformas y por la traición sistemática de la burocracia en momentos de movilización que podrían significar un viraje de la correlación de fuerzas. A pesar de los ataques sufridos por la clase trabajadora en los últimos años, vivimos aún sobre el signo de la polarización política abierta con la ola de movilizaciones de junio de 2013, pues no sufrimos una derrota histórica de la clase trabajadora que hiciera la realidad política volver a la normalidad vista en los años de dominación lulista. Sin embargo, a partir del impeachment de Dilma se estableció una ofensiva burguesa que si no se contiene llevará a la derrota profunda de la clase obrera, a la desmovilización del movimiento social ya la estabilización política. Hay una tendencia a establecer una situación reaccionaria, a pesar de la resistencia y la oscilación de coyunturas más y menos favorables a los trabajadores, si no hay una reversión de la dinámica política. Desde el impeachment estamos en una situación marcada por el avance de las contrarreformas. Una situación en la que la correlación de fuerzas es claramente desfavorable, permitiendo la imposición de contrarreformas y una peligrosa inclinación autoritaria del gobierno, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas con la intervención militar en Río de Janeiro, la muerte de Marielle y la prisión de Lula. Pero la tendencia a un escenario reaccionario impermeable a la polarización es sólo parte de la realidad que está compuesta de contratendencias que no podemos desconsiderar.

No estamos en una situación política que impuso una derrota a largo plazo a la clase obrera. La resistencia de la clase trabajadora no fue sofocada, permitiendo el surgimiento de importantes luchas o incluso olas de indignación, lo que es telón de fondo para ese momento de recomposición y hace que sectores que hasta entonces estaban ligados al lulismo empiecen un proceso de desprendimiento hacia una alineación electoral progresiva a pesar de sus límites políticos, programáticos y organizativos.

Por lo tanto, caracterizamos así que, aunque claramente desfavorable, no estamos en una situación reaccionaria en la que las posibilidades de polarización se han cerrado por un período relativamente largo, sino en un proceso de desplazamiento político, que en ese sentido nos coloca en un momento de situación política pre-reaccionaria por las contradicciones que muestra. En ese escenario necesitamos encontrar cuáles son los caminos que nos permitan vencer la ofensiva burguesa en curso. La contrarreforma de la previsión a partir de la proximidad de las elecciones de octubre fueron interrumpidas, pero sustituidas por medidas no menos reaccionarias. La intervención militar en Río de Janeiro, la prisión de Lula y la ejecución de Marielle son el trípode de la actual de la coyuntura abierta a principios de año. Se suman a esos elementos la recesión económica, los altísimos índices de desempleo, el retraso salarial y el empeoramiento general de las condiciones de vida.

Este conjunto de factores retroalimenta una inestabilidad política que la clase dominante quiere cerrar usando preferentemente la legitimación electoral en octubre para imponer nuevas medidas contrarreformistas a partir de 2019. Sin embargo, la clase dominante y sus representantes políticos no están inertes esperando el proceso electoral de octubre. Se están tomando una serie de medidas reaccionarias –con énfasis en las apuntadas arriba–para crear las condiciones para que la crisis económica se revierta a partir de un nivel cualitativamente superior de opresión y explotación pueda establecerse sobre nuestra clase. Pero el proceso electoral será el camino preferencial de legitimación de la nueva fase de ofensiva reaccionaria que la clase dominante quiere imponer a partir del próximo año.

La disputa electoral este año ocurre de manera más compleja que en 2014. No pasa por la simple continuidad de un gobierno de colaboración de clases (social-liberalismo) o por el establecimiento de un gobierno burgués normal (neoliberalismo puro y duro). Como sabemos, esa disputa fue vencida en 2014 por la primera opción, que traicionó la confianza popular, fortaleció la ofensiva reaccionaria y creó las condiciones para que a partir de una maniobra reaccionaria el gobierno electo fuera sustituido por la segunda opción.

Hoy el sector reaccionario de la clase dominante está fragmentado entre una candidatura fascista (Bolsonaro) y una burguesa convencional (Alckmin). Efectivamente, no existe en ese momento un movimiento o un partido fascista de masas en la realidad brasileña, pero no podemos desconsiderar que una ideología protofascista se ha apoderado de sectores amplios con repercusión en la vida política nacional, y que ese fenómeno puede avanzar hacia expresiones más extremadas en un escenario de profundización de la crisis. Pero el hecho de que un personaje que defiende directamente posicionamientos a favor de la violencia de clase, racista, machista y homofóbica cuente con el 20% de intención de voto tiene que merecer mucha atención esfuerzos seguidos de combate.

Por otro lado, tenemos el neodesarrollismo dividido entre una candidatura burguesa nacionalista de Ciro Gomes (PDT) y entre partidos obreros-burgueses de Lula (PT) y de Manuela d’Ávila (PCdoB), por el otro. En realidad, con Lula prácticamente fuera de las elecciones, ese sector tendrá su proyección electoral reducida significativamente, pudiendo también en la primera vuelta llamar al voto a Ciro. En el otro lado, la izquierda socialista también se encuentra dividida, pero la candidatura de Boulos (MTST, PSOL y PCB) es el resultado de un proceso de conformación de un frente de izquierda que presentará un proyecto –no sólo electoral– alternativo al lulismo, que necesita extenderse más ampliamente entre los sectores independientes y ganar contornos anticapitalistas más claros, con un alcance político y orgánico superior a los conquistados en las elecciones pasadas.

Tendremos que dar una inmensa batalla para que la candidatura Guilherme Boulos asuma abiertamente un programa anticapitalista y se haga plenamente independiente. Por eso, nos diferenciamos de parte de los sectores que tienen la opinión de que estamos ante un fenómeno totalmente progresista, pues de esta forma acaban no dando la batalla para que ese proceso contradictorio, problemático y arriesgado, de hecho, se encamina hacia la la izquierda. Así, pensamos que los sectores que hacen una apología acrítica de esa alianza desarman las bases partidarias para las batallas que deben darse en el próximo período. A pesar de las mediaciones, la construcción de ese frente entre MTST, PSOL y PCB es un proceso progresivo. Estamos ante un paso que puede ser histórico para la recomposición de la izquierda socialista en Brasil, para la necesaria ruptura con el lulismo entre sectores más amplios de la clase obrera y de los oprimidos y para la construcción del PSOL.

En el caso de la crisis política que sacudió tanto al PT como al PSDB –partidos que tienen sus principales figuras públicas o presas (Lula) o procesadas (Aécio)– plantea un año electoral en que el debate político huye de esa polarización binaria que disputa la política nacional hace 30 años entre neoliberalismo versus reformismo sin reformas. Pero, como cualquier proceso político, la victoria de un proyecto electoral sólo puede confirmarse en el campo más real, concreto, de la lucha de clases. Es decir, no basta elegir candidato/a o coalición X o Y para que se establezca en la práctica determinado proyecto: es en el enfrentamiento entre las clases donde eso se impone de hecho.

La reelección de Dilma, seguida de la traición de sus propuestas electorales, de la conquista de las calles por la derecha en 2015, de su quiebra política a partir de ahí y del impeachment en 2016 son un ejemplo reciente de lo que estamos diciendo. Sin embargo, obviamente, las elecciones son un factor importante para legitimar un determinado proyecto, por lo que no puede ser en absoluto despreciado, principalmente en un momento en que en el campo reaccionario la candidatura que aparece frente a las encuestas en un nivel electoral de cerca del 20% es la de un fascista (Bolsonaro). Candidatura que, a pesar de tender a la “deshidratación” durante la campaña, es una importante señal de alerta para la importancia de la disputa electoral ese año para la clase trabajadora.

Por otro lado, por más que Lula tenga capacidad de transferir votos incluso estando preso, es un hecho que el lulismo reducirá de forma significativa el alcance electoral en las próximas elecciones, lo que plantea a la izquierda socialista sin renunciar a su perspectiva independiente y anticapitalista a la izquierda tarea de disputar la influencia electoral –y política más general– de los sectores que se están desprendiendo de la burocracia lulista. Es decir, estamos en un escenario que teniendo en vista la polarización e inestabilidad de la actual situación política puede iniciar desdoblamientos explosivos para los próximos meses.

La tendencia a ampliar las luchas económicas y políticas en el segundo semestre de ese año debido a las campañas salariales de importantes categorías, notablemente los empleados estatales, que procurarán aprovechar la cercanía de las elecciones para presionar a los gobiernos estatales y federal, la indignación creciente con el desempleo, el atraso salarial, el empeoramiento de los servicios de salud, educación y transporte y la insoportable opresión de la juventud y de los más pobres, agravados con las políticas de militarización de las favelas y regiones periféricas, pusieron más presión sobre la coyuntura antes de las elecciones.

Boulos y PSOL necesitan presentar en las actividades de unidad de acción con una línea política que dé cuenta de los ataques políticos y económicos de Temer. Para que esas consignas se presenten de forma que jueguen realmente parte significativa del movimiento, esa agitación no puede quedar restringida a las redes sociales, es necesario que sean llevadas a los actos, asambleas, reuniones y cualquier actividad del movimiento. La campaña electoral tiene que expresarse físicamente a través de folletos, bandas, columnas y palabras que se diferencien en todas las instancias con lulismo.

Obviamente, de la misma forma que sólo hacer denuncias sin exigir que la burocracia movilice es un ejercicio político sectario y estéril, no hacer una intensa campaña de denuncias cuando la burocracia no presenta sistemáticamente desde la base una alternativa de fondo a la burocracia, acaba siendo un oportunismo no menos estéril. En el caso de la izquierda, la mayoría de los sectores de la izquierda socialista no vio más alternativa que la rendición, sin hacer la debida denuncia de una línea que acabó consolidando una coyuntura más favorable para la ofensiva reaccionaria.

La experiencia más reciente demostró una vez más que no hay cómo avanzar en la lucha política nacional sin superar la hegemonía lulista entre los sectores más avanzados de la clase trabajadora y de la juventud. Por eso nuestras tácticas de unidad de acción, de frente para luchar y frente de izquierda deben estar al servicio de las estrategias de movilización permanente de los trabajadores contra la ofensiva reaccionaria en todas sus dimensiones, de la organización de las masas de forma autónoma e independiente de la burocracia y de la construcción de un partido socialista de orientación revolucionaria que gane cada vez más influencia de las masas.

Sin una línea política que impulse el desarrollo de esas tres condiciones estratégicas, la perspectiva de superación política de esa hegemonía por la izquierda no pasará de fabula. De esta forma, a pesar de la insuficiencia estratégica y programática, pensamos que la alianza político-electoral entre MTST, PSOL y PCB es extremadamente progresiva y abre el camino para la construcción de una alternativa de masas. Pero para que no sea la reproducción repaginada del reformismo sin reformas necesita dar pasos para abrir una verdadera disputa en el interior de las masas, rompiendo definitivamente con la “diplomacia” política con la burocracia.

Con la eclosión de huelgas, ocupación, elecciones sindicales y otras formas de lucha en el segundo semestre, la campaña de Boulos tiene que ligarse directamente a los procesos de lucha. La unidad de acción no puede seguir en la estrategia llevada por la dirección del PSOL de no diferenciarse del lulismo en nombre de la unidad: es necesario que nuestro frente político-electoral presente sistemáticamente una alternativa por la izquierda, que se ubique físicamente como alternativa y que dispute sectores de masas con la burocracia.

De otra forma, nuestra campaña no servirá para contribuir con el proceso de lucha y ni siquiera para la disputa electoral: es necesario demostrar ante amplios sectores que nuestra solidaridad con Lula no significa en ningún caso un signo de igualdad política, ética o organizativa. Por el contrario, vamos a fracasar tanto desde el punto de vista de una campaña ligada a las luchas y que pueda impactar electoralmente en un sector de masas como desde el punto de vista de la sedimentación de un camino para superar la hegemonía de la conciliación de clases, del reformismo sin reformas y de la burocracia lulista entre sectores clave de la clase obrera y de los oprimidos.

Bibliografía

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Löwy, Michel: De la tragedia a la farsa: el golpe de 2016 en Brasil. ¿Por qué gritamos golpe? Para entender el impeachment y la crisis política en Brasil. Boitempo Editorial, 2016.

Marx, Karl: El 18 Brumario de Luis Bonaparte. En La revolución antes de la revolución. Editorial expresión popular de 2008.

Moreno, Nahuel: Las revoluciones del siglo XX. www.marxists.org

Sáenz, Roberto: Ciencia y arte de la política revolucionaria. Antídoto editor.

Trotsky, León. Adónde va Francia. Desafío Editorial 1994.

  1. El PSTU fue el mayor derrotado en esta elección, no llegó a obtener 80.000 votos para alcalde y sale peor de la votación que en las elecciones de 2012. Ciertamente ése no es su mayor problema porque los votos van y viene a depender de la coyuntura y de otros factores, el problema central no es su votación, sino la línea política sectaria que se niega sistemáticamente a constituir alianzas electorales en el interior de la izquierda socialista, incluso bajo una tremenda ofensiva reaccionaria.

 

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