Francia 

El primer año de Macron en el poder: una ofensiva reaccionaria en marcha y una resistencia creciente

Por Santiago Follet

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El presente artículo se propone realizar una caracterización de los principales elementos que constituyen al gobierno de Macron, analizando su asunción al poder en el marco del giro a la derecha imperante en los asuntos internacionales. A casi un año de su asunción como presidente de la república francesa, es necesario realizar un balance de su primer año de gobierno, analizando sus principales medidas, que se vislumbran como una continuidad y una profundización del giro reaccionario comenzado en el mandato de su predecesor, en términos de ajuste económico, leyes de flexibilización laboral, privatizaciones e implementación de disposiciones del estado de excepción.

En el segundo punto, abordaremos la emergencia de un movimiento de resistencia, entendido como un bipolo positivo, que tiene su desarrollo en la lucha iniciada contra el ataque global efectuado por el gobierno, por parte del movimiento obrero y del movimiento estudiantil. Por último, plantearemos algunos lineamientos correspondientes a las tareas y los desafíos que se abren para la izquierda revolucionaria en este período.

Además, como parte del homenaje a nuestro compañero Ale B., fundador de nuestra corriente en Francia, incluiremos dos de sus textos como anexos, que cuentan con una actualidad enorme a la luz de los últimos desarrollos de la lucha de clases. El primero de ellos, “Cuando los estudiantes se acercan a los trabajadores”, relata la experiencia de la unidad entre estudiantes y trabajadores ferroviarios, durante las manifestaciones contra la ley de trabajo El Khomri, unidad que se empieza a profundizar fuertemente en la lucha contra el gobierno de Macron. El segundo de ellos, “Ningún ser humano es ilegal”, es no solo una denuncia de la situación injusta en la que viven millones de inmigrantes en Europa, sino también una propuesta, un desafío, una invitación a transitar el camino de la lucha revolucionaria para la emancipación de toda la humanidad, como solo él podría haberlo escrito.

1. Una ofensiva reaccionaria en marcha

1.1 Macron, un “centrista” bien de derecha

“¿Emmanuel Macron y Édouard Philippe son de derecha? Desde su elección al Eliseo, el presidente de la República lleva una política que seduce a una parte del electorado de derecha, tomando varios de sus temas tradicionales. ¿Hay que deducir que él se inclina hacia la derecha? (…) En los pasillos de La República en marcha, la pregunta hace sonreír: ¡Es evidente que Macron es de derecha!” (Le Figaro, 26-1-18)

Las elecciones presidenciales del 7 de mayo de 2017 consagraron a Emmanuel Macron para la presidencia francesa luego de imponerse en el ballotage a la candidata de extrema derecha del Frente Nacional, Marine Le Pen, por un 66,1% (20,7 millones de votos) frente al 33,9% (10,6 millones) de su rival. Como era de esperarse, Macron se alzó, en gran medida gracias a la dinámica “lo que sea salvo el FN”, con una holgada victoria; menor que el aplastante 80% con el que Jacques Chirac había vencido a Jean Marie Le Pen en 2002, pero más importante que lo que se preveía. El fenómeno del “voto anti-FN” ubicó al ultraliberal y globalizador Macron de “¡En Marcha!” (denominado “La República en marcha” luego de las presidenciales) como la opción del “centro” político que terminó erigiéndose como vencedora luego de una primera vuelta reñida entre cuatro candidatos: Macron, ¡En Marcha! (centro-derecha) 24%; Le Pen, Frente Nacional (extrema derecha) 21%; Fillon, Los Republicanos (derecha) 20%, y Mélenchon, La Francia Insumisa (centro-izquierda) 19,5%.

El punto saliente de esta elección tiene que ver con la ausencia de los dos partidos tradicionales del bipartidismo francés en la segunda vuelta de las elecciones. Esto se explica, en parte, en el caso de Los Republicanos, debido al escándalo de corrupción de Fillon, a partir de la utilización de fondos públicos para fines personales y la creación de “empleos ficticios” con dinero estatal para sus familiares, que fue expuesto mediáticamente durante los meses de campaña, y que le quitó la delantera que llevaba en las encuestas a solo meses de concretarse la elección.

Pero, fundamentalmente, a causa de la enorme crisis del Partido Socialista, luego de lo que fue una caída gigantesca de la popularidad del presidente saliente François Hollande a partir de la implementación de la Ley de trabajo El Khomri, fuertemente resistida, con grandes manifestaciones populares en las calles durante meses. Hollande es el primer presidente de la quinta república que ni siquiera intentó postularse como candidato para la reelección. En consecuencia, el triunfante en las internas “socialistas”, Benoît Hamon, debió conformarse con un magro 6%, un resultado pésimo para un partido que logró ostentar la presidencia durante cinco años. La mayoría de los políticos del partido decidió quitarle el apoyo a su propio candidato y apoyar de forma más o menos pública la campaña de Emmanuel Macron, quien fuera, después de todo, ex miembro del PS y ex ministro de economía de Hollande.

Por otra parte, el segundo dato destacado de la elección pasa por la enorme cantidad de abstenciones: se trata de la elección presidencial con mayor porcentaje de abstención y de votos en blancos de los últimos 50 años. La abstención alcanzó el 25% en el ballotage, frente al 20% en la primera vuelta, lo cual también es una novedad, ya que sistemáticamente desde el 69 la segunda vuelta atrae más votantes que la primera. Esto es particularmente significativo visto el “peligro del FN” y la amplia campaña mediática y de los principales dirigentes de los partidos tradicionales llamando a la necesidad de “hacer frente al FN”, campaña que se concentró en gran parte contra la tentación de la abstención. Si comparamos con el 2002, en esa elección la participación había pasado, para hacer frente al FN, del 71,6% al 79,7%.

A esto hay que sumarle el porcentaje de votos en blanco y nulos, que llegó al 12% en la segunda vuelta. Se trata de un porcentaje que cuadruplica al de la primera vuelta (2,56%), lo cual refleja claramente un rechazo a ambos candidatos, porque si bien tradicionalmente el porcentaje de votos en blanco y nulos aumenta entre primera y segunda vuelta, no lo hace en tal proporción. La suma de votos en blanco, nulos y de abstencionistas constituye entonces el 33% de los inscriptos, una cifra nada despreciable, que supera incluso a Marine Le Pen, que cae al 22,38% si se suman estas tres categorías de votos al cálculo. Se trata entonces de un síntoma de importancia de la crisis del régimen político francés: al derrumbe de los partidos tradicionales en primera vuelta se suma el rechazo a elegir entre los dos candidatos en segunda.

Otro dato significativo son las opiniones expresadas por los votantes de Emmanuel Macron. Más del 40% de los mismos declararon que si votaron a Macron, fue para hacerle frente al Frente Nacional, más que por su programa. A su vez, cerca del 65% de los votantes dijeron que “no desean que Macron tenga mayoría absoluta en el parlamento”, lo cual parece paradójico (¿por qué no querer que un gobierno pueda gobernar?) pero refleja la enorme heterogeneidad de los votantes de Macron y la poca confianza en su programa.

En este marco, es importante destacar la campaña realizada por la izquierda revolucionaria, contando con dos candidaturas independientes: Phillipe Poutou, del Nuevo Partido Anticapitalista, con 394.505 votos (1,09%) y Nathalie Artaud, de Lucha Obrera, con 232.384 votos (0,64%). Si bien el resultado ha sido menor al de elecciones anteriores (la LCR sobrepasó el millón de votos con Besancenot en 2002 y 2007), la campaña tuvo un eco resonante, incluso a nivel internacional, sobre todo a partir de la fantástica intervención de Philippe Poutou en el debate presidencial. Allí, el carismático obrero de Ford se despachó con todo contra Fillon, al que acusó por sus escándalos de corrupción y luego contra Marine Le Pen, a quien combatió por su mote de “antisistema”, siendo que es una candidata del sistema capitalista que se dice “antieuropea”, pero que se roba el dinero de la UE. En este sentido, Le Pen invocó la “inmunidad parlamentaria” para evitar un proceso judicial que investigara este asunto durante la campaña, a lo que Poutou replicó que los obreros no cuentan con una “inmunidad obrera” ante las requisiciones policiales, lo que provocó la ovación de toda la tribuna. Estas intervenciones, sumadas a varios actos de irreverencia durante el debate, como el hecho de no llevar traje y corbata, ni posar para la foto con el resto de los candidatos, colocaron a Poutou en la escena política, diferenciado de todas las variantes capitalistas.

El eco de este debate generó una simpatía creciente en grandes sectores de trabajadores y de la juventud, aumentando considerablemente el número de asistentes a las reuniones públicas de campaña del NPA. Sin embargo, la campaña tuvo el límite del peso del “voto útil” expresado hacia la centro-izquierda en la candidatura de Mélenchon, factor que explica que muchos trabajadores y jóvenes que aun sintiendo una gran simpatía por Philippe Poutou, prefirieran darle su voto a La Francia Insumisa, basándose en la posibilidad real de que Mélenchon accediera a segunda vuelta, lo cual estuvo muy cerca de concretarse. El segundo límite de la campaña estuvo dado por las limitaciones del propio partido, que luego de la buena recepción durante las presidenciales, casi no presentó candidatos para las elecciones legislativas y no pudo aprovechar al máximo las oportunidades abiertas por la buena campaña electoral.

Es que si bien Mélenchon ha sabido posicionarse como opositor tanto a Le Pen como a Macron, sin llamar a votar por ninguno de los dos en el ballotage, su límite de intervención política está dado por la institucionalidad de la democracia burguesa, llegando a declarar que al elegirlo a él los votantes se ahorrarían kilómetros de manifestaciones en las calles. Asimismo, a propósito de la segunda vuelta, si bien no apoyó a ningún candidato, les dijo a sus votantes que cada uno sabía lo que tenía que hacer al momento de decidir su voto, sin salir en ningún momento de los marcos electorales. Lejos de plantear cualquier tipo de alternativa por fuera de lo institucional, Mélenchon se dedicó a comenzar su campaña para las elecciones legislativas, siendo elegido como diputado nacional por Marsella, para comenzar a posicionarse como la oposición parlamentaria al gobierno de Macron.

Por estos motivos, hubo un espacio abierto durante la campaña, “a la izquierda de Mélenchon”, que es de suma importancia para la izquierda revolucionaria. Este espacio demuestra no solo la necesidad, sino también la oportunidad, para la presentación de   candidaturas anticapitalistas y revolucionarias que utilicen la tribuna electoral para proponer un programa revolucionario que llame a los trabajadores a retomar sus métodos históricos de movilizaciones y huelgas y a no confiar en las instituciones del régimen. El eco de la candidatura de Philippe Poutou confirma el fenómeno de “porosidad” en el que la izquierda revolucionaria puede ampliar notoriamente su influencia con respecto a las fuerzas orgánicas con las que realmente cuenta y llegar a un auditorio muchísimo mayor, utilizando la tribuna electoral para estos fines.

Sin embargo, para explotar aun más este fenómeno, al NPA le ha faltado establecer una clara posición “ni Macron, ni Le Pen”, al momento de la segunda vuelta, debido a la ausencia de un llamado público a votar en blanco y a construir la resistencia en las calles contra el gobierno que asumiera luego de las elecciones, delimitándose de ambas variantes capitalistas. Si bien esta fue la correcta posición del “ala izquierda” del partido, la falta de una posición unificada a este respecto fue una oportunidad desperdiciada para advertir de forma sólida denunciando el peligro que ambas variantes representan para el conjunto de los trabajadores. Lamentablemente, algunos sectores de la dirección del partido, se concentraron en una posición “anti Le Pen”, cediendo a la presión de denunciar el peligro de la extrema derecha, pero sin establecer una crítica simultánea a lo que representa para los trabajadores que un banquero ultraliberal, gerente de la banca Rothschild, como Macron, llegara al poder.

Por su parte, el PCF optó directamente por llamar a votar a Macron en la segunda vuelta, con la idea de hacer un frente republicano con el FN, proposición que estuvo respaldada por el líder de la CGT, Philippe Martínez, quien declaró su deseo de que Macron ganara por la mayor cantidad posible de votos contra Le Pen. Esta posición de la dirección de la CGT se reveló como una abierta traición a la organización independiente de los trabajadores, llevando a cabo una perjudicial posición dialoguista desde la asunción de Macron, que analizaremos más adelante.

En resumidas cuentas, lo cierto es que el maquillaje de “centrista” le valió a Macron un triunfo más motivado por hacer retroceder al Frente Nacional, que por la confianza en su programa de gobierno. Sin embargo, este maquillaje tardó poco tiempo en correrse para dar paso a un programa de ataque global al conjunto de los trabajadores, que el presidente comenzó a aplicar desde su llegada al poder, mostrando la verdadera fisonomía de un gobierno cien por ciento capitalista, que más que “centrista”, es bien de “derecha”. 

1.2 Un giro a la derecha que profundiza las medidas más reaccionarias de Hollande

Los primeros movimientos realizados por Macron desde la asunción a la presidencia no presagiaban nada bueno para los trabajadores. En este sentido, los nombramientos de sus principales ministros fueron para políticos marcadamente de derecha, como el primer ministro republicano Édouard Philippe, a cargo de la reforma laboral, o el ministro del interior Gérard Collomb, un autoritario apasionado de la seguridad y de las políticas antimigratorias. Estos primeros movimientos anticiparon elementos de continuidad y de profundización para avanzar sobre la base de las medidas más antipopulares del gobierno de Hollande: el estado de emergencia y la ley de trabajo.

En cuanto al estado de emergencia, podemos mencionar que se trata de un dispositivo de excepción que tiene por objetivo la reducción de libertades públicas fundamentales, sobre todo aquellas de reunión y de manifestación. Fue activado luego de los atentados de Niza, del 13 de noviembre de 2015, con la excusa de ser la respuesta estatal en la lucha contra el terrorismo. En los hechos, se aplica contra cualquier posible disturbio o afectación al orden público y desde su implementación ha permitido la prohibición de centenares de manifestaciones, sobre todo aquellas contra la ley de trabajo El Khomri, así como también ha servido para ordenar más de mil prohibiciones individuales de manifestación y para realizar procedimientos de requisición y de allanamiento a residencias particulares por fuera de toda orden o procedimiento judicial, bajo la fachada de la lucha contra posibles terroristas.

En la realidad, ninguno de los “sospechosos” tenía lazos con grupos extremistas, sino más bien, se trataba siempre de manifestantes, militantes de izquierda y sindicalistas, que han llegado incluso a ser encarcelados sin prueba alguna. En resumidas cuentas, debajo de su fachada de lucha contra el terrorismo, el estado de emergencia tiene por principal objetivo el de volver ilegal todo tipo de protesta social en las calles, al tiempo que éstas se militarizan, bajo el control de las fuerzas armadas.

En medio de este contexto, resultó particularmente significativa la invitación de Macron al presidente de los Estados Unidos, el archireaccionario Donald Trump, que fuera recibido para la conmemoración del 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla, fiesta nacional de la república francesa. Las mutuas declaraciones de amistad entre ambos mandatarios fueron todo un gesto de parte de un recién asumido Macron, quien se mostró feliz de haber encontrado un aliado seguro, en el marco de un mundo incierto, nada más ni nada menos que en el reaccionario, misógino, xenófobo, e imperialista presidente de la potencia norteamericana.

Este hecho resultó no ser una simple casualidad, debido a que al tiempo que ambos mandatarios se regodeaban mutuamente con un despliegue militar enorme y una reivindicación heroica del aparato represivo del Estado, el gobierno de Macron inscribía las disposiciones centrales del estado de emergencia en la legislación común. De esta manera, el gobierno decidió no renovar el estado de emergencia impuesto por su predecesor, pero en su lugar, logró transformar en leyes definitivas lo que son medidas supuestamente transitorias y de excepción; transformando a la persecución de la protesta y a la militarización del territorio, en la ley imperante; utilizada especificamente para reprimir a los estudiantes universitarios en los meses siguientes.

Este hecho implica una orientación de giro a la derecha que profundiza una avanzada reaccionaria en materia de represión policial y de restricción de las libertades democráticas, destinada a reforzar y legilitimar el accionar del aparato represivo, para garantizar la represión y el disciplinamiento de una población trabajadora a la cual se le aplica simultáneamente un programa de ajuste económico y de flexibilización laboral, que implica también despidos, contrarreformas y privatizaciones. Este es el programa de gobierno que Macron ha comenzado a aplicar desde que asumió: un ataque global a las condiciones de vida de los trabajadores. Y es por eso que una de sus primeras medidas pasó por establecer las condiciones para la represión de las protestas que surgirían necesariamente a sus medidas antipopulares.

En efecto, una de las primeras medidas fue llevar adelante la aprobación de una contrarreforma laboral, a través de la ley de trabajo XXL, como se la llamó desde los primeros momentos, yendo más allá de lo que fue la ley El Khomri, sancionada en 2016 e impuesta a través de una represión policial brutal. Esta nueva ley XXL es la continuación y la ampliación de las medidas que no pudieron ser aprobadas en la ley anterior y de este modo, Macron vino a completar la tarea iniciada por Hollande.  Los nuevos puntos de la ley XXL fueron aprobados a través del recurso de las “ordenanzas”, redactadas directamente por el Ejecutivo, a pesar de contar con una mayoría absoluta en el Senado y en la Asamblea Nacional, dando una demostración de fuerza y autoridad presidencial.

De esta manera, el gobierno de Macron ha recurrido a un giro “bonapartista” para  comenzar a descargar una ofensiva descomunal contra los trabajadores, al tiempo que ha reforzado su aparato represivo con vistas a contener las manifestaciones surgidas como repudio a estas políticas. La naturaleza de sus contrarreformas laborales tuvo como base  la destrucción del Código de Trabajo, modificando las relaciones entre empleados y empleadores, para beneficio de estos últimos, con la propuesta de pasar de las negociaciones por “rama productiva” a las negociaciones por empresa, algo ya previsto en la reforma laboral de Hollande, pero cuyo rango de aplicación Macron ha propuesto ampliar –por ejemplo en lo que respecta a los motivos “legítimos” de despido–; para aplicar una nueva reforma de jubilaciones y poner un techo a las indemnizaciones que los trabajadores pueden percibir por despidos ilegales, entre otras medidas. Las nuevas contrarreformas laborales son una continuidad directa del corazón de la ley El Khomri, que había tenido sus antecedentes en la llamada ley Macron, una ley de flexibilización laboral elaborada por el actual presidente, cuando éste era ministro del gobierno anterior.

Entre las nuevas medidas adoptadas por Macron, se encuentra el hecho de que ya no será la ley quien determine las duraciones y condiciones de los contratos de duración determinada, sino que será cada rama empresarial quien determine dichas condiciones, facilitando la flexibilización laboral. Siguiendo con esta línea, la nueva ofensiva incluye medidas complementarias de la ley anterior, tales como la fusión de las instancias representativas de personal, instando a la unificación de los distintos tipos de comisiones internas que existen en las empresas, reduciendo de esta manera, la cantidad de trabajadores que cuentan con protección legal por sus fueros sindicales, atacando directamente el derecho a la sindicalización de los trabajadores.

Además, se ha creado la figura legal de “contrato de duración indeterminada de proyecto”, una suerte de contrato de duración indeterminada mentiroso, que en realidad, tiene una duración establecida. Esta figura, que es habitual en el sector de la construcción, hasta la finalización de una obra, se ha extendido a todas las ramas de la producción. Otra de las medidas importantes, tiene que ver con la reducción del monto de las indemnizaciones por despidos no justificados. Anteriormente, la ley establecía una indemnización de seis meses de salario por cada año de antigüedad, que ha sido reemplazada por un tope de un salario mensual por cada año de antigüedad, con un máximo de veinte salarios en total, borrando la posibilidad de obtener indemnización por casos de acoso o situaciones de discriminación.

Todas estas medidas, han estado acompañadas por otros anuncios complementarios tales como la baja de las ayudas económicas para la vivienda (APL), el aumento de las contribuciones sociales generales (CSG), el congelamiento de los salarios y el despido de miles de funcionarios públicos, una oleada de privatizaciones múltiples, la supresión de 150.000 empleos subsidiados, el aumento de la edad jubilatoria, la estatización de las aseguradoras del desempleo y la supresión de tres cuartos del impuesto sobre la fortuna. Un verdadero ataque global al conjunto de los trabajadores.

1.3 La burocracia sindical y su complicidad con el gobierno

Por estos motivos, numerosos sectores que se han visto perjudicados por las contrarreformas han decidido salir a las calles para luchar contra el primer paquete de contrarreformas de Macron. La vuelta a clases, luego de un verano tranquilo para el gobierno recién asumido, ha visto en la jornada del 12 de septiembre, el puntapié de inicio de una resistencia que empezó a expresar sus reservas de lucha, basadas en lo que había sido la experiencia del año anterior contra el gobierno precedente.

Pero esta resistencia no se construyó gracias a las direcciones sindicales, sino a pesar de ellas. Una de las principales lecciones de la lucha contra la ley El Khomri ha sido la necesidad de desenmascarar el rol traidor que la burocracia sindical juega al momento de las luchas y movilizaciones, para paralizar los movimientos que pueden realmente torcer el rumbo del gobierno. La burocracia sindical tiene un papel de mediación y es por eso que administra la bronca entre sectores de trabajadores, posando como combativa, pero traicionando ante la primera oportunidad.

Evidencia de esto son las reiteradas reuniones que los líderes de las centrales sindicales como la CGT, FO y otras, han tenido con el presidente y su primer ministro, porque ellos apuestan permanente al diálogo social, un diálogo que es una estrategia para la derrota y que no puede traer nada bueno para los trabajadores.

Por esto mismo, si bien Philippe Martínez, secretario general de la CGT, ha sido uno de los principales convocantes a una movilización de 400.000 personas en 150 ciudades de toda Francia, para posar como si fuera un verdadero opositor al gobierno, es el mismo que no solo llamó enfáticamente a votar por Macron en la segunda vuelta, sino que tuvo una reunión tras otra con el gobierno antes de que éste anunciara su plan de ataque a los trabajadores.

Este rol de complicidad con el gobierno se acentúa debido a la naturaleza de las medidas de lucha convocadas por las centrales sindicales. En este sentido, una verdadera muestra del factor de mediación en la administración de la bronca para que se vaya diluyendo mientras las reformas laborales se aprueban, han sido los llamados sectorizados han tenido como expresa intencionalidad la división y disgregación de todo plan de lucha unificado. Por eso, en los meses siguientes a la primera movilización que podría haber marcado el inicio de un movimiento de lucha contra el presidente, la situación se ha ido estancando.

Los llamados a movilizaciones de poca monta han sido abundantes: la CGT movilizó el 21 de septiembre, la Francia Insumisa de Mélenchon, el 23, las federaciones FO y CGT del transporte llamaron a huelga a partir del 25 de septiembre, los funcionarios públicos se manifiestan el 26 contra los despidos, el 28 contra el alza de las CSG y contra el congelamiento salarial el 10 de octubre, mientras que los obreros metalúrgicos se manifestaron el 13 de octubre por la defensa de su convenio colectivo.

Una batería de jornadas de poca convocatoria, divididas por cada sector, aislando la posibilidad de que las luchas se unifiquen, lo cual ha provocado el apaciguamento de la situación política, permitiendo que las primeras medidas de Macron pasaran sin mayores sobresaltos. Mientras los sindicalistas planchaban las luchas, Mélenchon jugaba el rol de opositor parlamentario, sin contribuir, por supuesto, a poner en pie un movimiento que fuera más allá de pronunciar algún discurso en la Asamblea Nacional.

1.4 El plan estudiante y la selección universitaria: un plan para destruir la educación pública

Luego de su primera gran victoria, con la aprobación de la ley de trabajo y la reforma del código de trabajo para imponer con ella la flexibilización y la precarización laboral, el gobierno de Macron decidió emprender un ataque hacia la educación pública a través de la implementación de la ley Vidal.

Tras años de crecimiento del número de alumnos en los grados superiores, (2,5 a 3% por año) el gobierno decidió ponerle un alto a este continuo crecimiento de profesionales en la calle con la implementación de un sistema de selección previa  al ingreso a la universidad.

Con el sistema anterior, todos los estudiantes que superaban el examen final de la escuela secundaria (el famoso BAC) tenían garantizado su acceso a la universidad. Podían ingresar en la mejor o peor universidad de Francia, pero estaban adentro. Aprobar este examen aseguraba al 100% la permanencia del alumno en el sistema educativo.

Con la nueva reforma, aun aprobando el examen con la mejor de las notas, es posible que el estudiante en cuestión quede afuera del sistema, ya que su ingreso no está más garantizado, sino sujeto a decisión. Pero si no es el estudiante el que decide qué, cómo y dónde estudiar… ¿quién lo hará?

Y allí es donde empieza la carrera de obstáculos que deberá superar cada estudiante. El primero de ellos es el Consejo Educativo de su escuela, que en base a su historial de notas, antecedentes académicos y cualquier otro evento asentado en su dossier, va a decidir para qué universidad, si hay alguna, está ese alumno preparado, y qué cursos puede tomar y cuáles no. Por ejemplo, si un alumno obtuvo notas sobresalientes en matemáticas, entonces se lo orientará por carreras como la ingeniería u otras, aunque su deseo sea estudiar artes plásticas o ser profesor de chino mandarín; la elección y los deseos del alumno poco importan.

El segundo obstáculo al que se van a enfrentar los deseosos de obtener un título de grado superior son los cursos, clases preparatorias, etc., (que pueden durar desde algunas semanas hasta un año) obligatorios para quienes son admitidos bajo reserva. Si el estudiante no asiste y aprueba estos cursos queda afuera, así de simple. Para quienes sean tocados por la varita mágica y entren con el apoyo y recomendación de profesores, directores, inspectores y del Consejo Educativo, deberán hacer frente a una suba importante en los aranceles, a una disminución de las ayudas del Estado y a un recorte general de becas. Para aquellos quienes tienen padres que lo puedan pagar, es lo de menos, pero para otros muchos estudiantes que deben trabajar para hacerlo significa más horas de trabajo y menos tiempo de estudio.

El tercer gran obstáculo es el contrato establecido entre cada estudiante y su universidad, que hará dos cosas: la primera, establecer qué cursos puede tomar el alumno y con qué profesores (¡adiós a la libertad de cátedra!) y qué pasa si el alumno debe recursar una materia o hacer el año completo (pérdida de su inscripción, beca, ayudas, etc.).

Esta atención personalizada concedida a cada alumno debería servir para encontrar el “mejor camino” para cada uno. Es, en realidad, una excusa más para seguir con el ajuste y los recortes, en este caso, en el presupuesto de la educación pública, que es actualmente el más alto de todos. Y para, con ello, además, generar más precariedad en el sistema laboral y provocar incertidumbre a miles de jóvenes sobre su futuro.

Son varios los actores que verán las ventajas de esta reforma: en primer lugar las empresas, a quienes no les va a faltar mano de obra barata; los bancos, ya que los préstamos estudiantiles van a crecer en número en los próximos años; el gobierno actual que ahora dispone de más dinero para solventar los negocios de la burguesía; sin dejar de nombrar a las universidades e institutos de educación privados que, de manera general, van a ver fluir en sus arcas el dinero de aquellos jóvenes que sean excluidos de la universidad pública o a quienes se les niegue el acceso a becas y a ayudas del Estado.

En definitiva, se trata de una medida para beneficiar aún más a los grandes capitalistas, provocando enormes perjuicios para una juventud que ve cada vez más recortadas sus expectativas de futuro. Al tiempo que se vulneran cada vez más los derechos laborales, promovimiendo una precarización creciente, también se dificultan cada vez más sus posibilidades de acceso a los estudios superiores.

1.5 El “informe Spinetta” y la reforma de la SNCF: la destrucción de los trenes públicos

Hacia finales de febrero, el gobierno de Macron hizo público el llamado “informe Spinetta”. Se trata de un estudio elaborado por el empresario Jean-Cyril Spinetta, actual presidente de la aerolínea Air-France, cuyo objetivo es la destrucción del sistema actual de transporte ferroviario. Entre los lineamientos de dicho informe se encuentra el proyecto de abrir la empresa estatal de trenes SNCF a la privatización, la tercerización y la libre competencia empresarial.

Además, este supuesto plan de modernización implica el aumento de tarifas para los usuarios, junto con la supresión de 5.000 puestos de trabajo, con la eliminación del actual convenio colectivo del sector y el cierre de más de 9.000 kilómetros de vías ferroviarias correspondientes a trayectos juzgados como demasiado “poco rentables”. En resumen, miles de trabajadores se quedarán en la calle, habrá una creciente precarización laboral para los que mantengan su empleo y se impondrá el aislamiento de enormes sectores rurales del país que dependerán de los buses “Macron” como único medio de transporte. Se trata de un escandaloso saqueo a una de las principales empresas del Estado francés para ganancia de unos pocos capitalistas, en detrimento de miles de trabajadores y usuarios.

Para acompañar este plan de privatización, el gobierno ha lanzado, a través de los grandes medios, una campaña de demonización de los trabajadores ferroviarios, acusándolos de ser privilegiados que “ganan demasiado” y cuestan “demasiado caro” al Estado. Es que los ferroviarios cuentan con un estatuto particular que tiene casi un siglo de antigüedad y este ha sido el principal pretexto del gobierno para aislarlos de otros sectores de trabajadores, para justificar y avanzar con el saqueo neoliberal a un transporte público que consideran deficitario.

Con la excusa de la deuda de la SNCF, el gobierno ha anunciado este plan de privatización y modernización de los trenes, que tiene su antecedente en la reforma que el primer ministro Juppé intentó aprobar bajo el gobierno de Chirac, en 1995. Sin embargo, la gran huelga general ferroviaria de aquel entonces, que paralizó el transporte francés durante tres semanas, fue un freno a aquel intento, que se constituyó como una contratendencia de la década de ofensiva neoliberal.. En este punto, el gobierno de Macron se propone retomar la ofensiva privatizadora, haciendo pasar los principales puntos del informe Spinetta antes del verano. El presidente ha declarado en reiteradas ocasiones que se encuentra determinado a realizar esta reforma estructural y que no se detendrá hasta lograr su aplicación definitiva, a pesar de las movilizaciones y protestas que pudieran surgir para impedirla.

2. El desarrollo de la resistencia al gobierno y las tareas de la izquierda revolucionaria

Hasta ahora hemos apuntado solamente los elementos negativos de la situación actual, con el objetivo de esclarecer en profundidad los alcances del nuevo gobierno en el poder, que caracterizamos como un reforzamiento del giro a la derecha en Francia. Sin embargo, lejos estamos de proponer una visión unilateral derrotista, que pase por alto los signos positivos de resistencia que se desarrollan en el marco de la avanzada reaccionaria del gobierno. Es por eso que nuestro planteo intenta poner un cierto orden analítico en el “caos”, desechando esta categoría empleada por el mandelismo (principal corriente del trotskismo europeo) en su último congreso internacional, por considerar que aporta a una confusión del análisis que resulta poco productiva para plantear lineamientos hacia una perspectiva revolucionaria y militante. Por ese motivo, preferimos hablar de la existencia de un “polo” reaccionario dominante, al que se le opone necesariamente un “bipolo”, un segundo núcleo de resistencia, de contratendencia positiva que  encuentra un desarrollo creciente en numerosos aspectos progresivos de la situación, que plantean para la izquierda revolucionaria, posibilidades, desafíos y tareas a encarar en este período.

2.1 El fenómeno #Metoo: hacia un movimiento de mujeres que luche en las calles contra el patriarcado 

El primero de los aspectos que nos interesa profundizar tiene que ver con la emergencia del movimiento #Metoo. Este fenómeno novedoso tiene que ver con la aparición de un nuevo movimiento nacido en Francia, por la defensa de los derechos de las mujeres, contra la violencia de género, que forma parte de una sensibilidad mundial por la causa de las mujeres, en donde este movimiento se constituye como el principal movimiento político social mundial, siendo la principal contratendencia internacional al giro político hacia la derecha que domina la escena mundial. Por eso se vuelve necesario analizar el surgimiento de esta experiencia inicial en Francia y reflejar algunas de sus potencialidades, teniendo en cuenta la masividad de dicho movimiento y el impacto político creciente que genera a escala global.

A principios de octubre, los diarios The New York Times y The New Yorker publicaron decenas de acusaciones de acoso, abuso sexual y violaciones por parte del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Entre las denunciantes se encuentraban varias actrices famosas, tales como Rose McGowan o Angelina Jolie y una cantidad enorme de mujeres que han viralizado estos hechos de violencia machista en las redes sociales con el hashtag #metoo (yo también). La iniciativa se convirtió rápidamente en un fenómeno viral que traspasó las fronteras y se instaló de forma virtual también en Francia, con el #moiaussi, a partir del cual una enorme cantidad de mujeres compartieron la necesidad de visibilizar la problemática y de denunciar situaciones de violencia sexista.

Luego, el sábado 13 de octubre, la periodista francesa Sandra Muller lanzó en twitter el hashtag #balancetonporc (exponé a tu cerdo), incitando a las mujeres a denunciar a sus acosadores en los lugares de trabajo. A los pocos días, la viralización de la consigna volvió a reiterarse y una gran cantidad de denuncias virtuales volvió a poner en primer plano la visibilización de la violencia machista. En los días siguientes, la consigna inicial pasó del #metoo a transformarse en #wetoogether (nosotras también, nosotras juntas) con un llamado a realizar una convocatoria pública en las principales ciudades del país, reuniendo a miles de manifestantes en la Plaza de la República de París.

Estos hechos demuestran que existe una sensibilidad feminista enorme que ha encontrado en las redes sociales un primer canal de expresión, para luego dar sus primeros pasos en las calles. Este fenómeno, altamente progresivo, ha copiado la manera en la cual se ha instalado el movimiento #NiUnaMenos en Argentina, aunque todavía se encuentra lejos de alcanzar su masividad. Asimismo, se encuentra en consonancia con la emergencia de un movimiento feminista de alcances mundiales que ha tenido instancias de coordinación internacional en las movilizaciones de enero en los Estados Unidos, contra el gobierno misógino de Trump, en la marcha del 25 de noviembre, contra la violencia de género, y sobre todo en el gran paro internacional de mujeres del 8 de Marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que aglutinó a millones de mujeres en todo el mundo para luchar por sus derechos.

En este sentido, podemos señalar que desde octubre pasado asistimos en Francia a una aceleración, una intensificación del movimiento de mujeres. Primero en la Plaza de la República y luego un poco por todos lados las mujeres se han movilizado y han tomado la palabra para denunciar violaciones y agresiones. El movimiento ha renacido con una nueva generación de mujeres, dispuestas a no callar más las agresiones y a movilizarse en las calles. La proliferación de asambleas públicas #Metoo ha dado un lugar para cientos de mujeres para comenzar a organizarse por la defensa de sus derechos y produciendo la aparición del debate estratégico sobre cómo conseguir estas reivindicaciones.

Al respecto, sostenemos que es necesario pasar a la elevación al plano político de las reivindicaciones del movimiento y luchar por exigirle el cumplimiento de estas demandas al Estado y a la Justicia patriarcal. Este posicionamiento genera un debate al interior de las asambleas #Metoo, en donde existen diferencias políticas con respecto a la demanda de justicia de las mujeres víctimas. En efecto, existen grupos de activistas que no consideran que la tarea sea apoyar a las mujeres víctimas en su búsqueda de justicia. Sectores como la CCR (sección francesa del PTS argentino) dicen que en lugar de apoyar a las mujeres que piden justicia, lo que se debe hacer es “reconocer a la víctima”, y proveerla de tratamientos médicos, psicológicos, etc. Claro que todo esto también es necesario, pero mientras tanto, el violador camina suelto, sin ningún tipo de molestia o de remordimiento y los crímenes quedan impunes.

En los últimos meses, el ministro violador Gérald Darmanin fue denunciado en los medios por Sophie Spatz y fue vergonzomente defendido por sus colegas con ovaciones y aplausos en la Asamblea Nacional; y a su vez, también ha salido a la luz el caso del femicidio de Alexia Daval, asesinada por su marido, por lo que se hace más que necesario en este contexto, el apoyar a las víctimas en su pedido de justicia. Es necesario arrancarle al Estado y a la justicia patriarcal condenas para todos los violadores y femicidas, para que ninguna violencia machista quede impune, al tiempo que se debe exigir la renuncia de cualquier juez que intente amparar a los violentos.

Otro de los debates fundamentales del movimiento de mujeres tiene que ver con el regulacionismo o el abolicionismo de la prostitución. Desde Socialismo o Barbarie, nos posicionamos claramente en la perspectiva abolicionista, entendiendo que el llamado “trabajo sexual” es en realidad explotación sexual, por lo que entendemos que es necesario luchar por la abolición de la prostitución y el desmantelamiento de las redes trata para fines de explotación sexual, denunciando la complicidad de los Estados para que la trata exista.

En este punto, es necesario aclarar que el gobierno de Macron es enemigo del movimiento. El oficialismo pretende a través de falsas promesas, encausar el problema de la violencia de género como una problemática de seguridad. Es por eso, que promete un reforzamiento del aparato policial como la solución al problema de la violencia. Por ejemplo, se han propuesto “multas para los acosadores en la calle”, ¡pero que sólo pueden ser sancionadas cuando el delito es cometido delante de un policía!, mostrando lo ridículo de dicha propuesta.

A su vez, el pasado 9 de abril, el presidente ha participado de la Conferencia de obispos de Francia, declarando que es necesario que el Estado repare su lazo histórico con la Iglesia Católica e instando a que los católicos se comprometan a participar activamente de la vida política del país. Si hay algo que le faltaba a Macron para demostrar su carácter reaccionario era hacer semejantes declaraciones de acercamiento a la Iglesia a solo un mes de una de las mayores movilizaciones mundiales por los derechos de las mujeres, mostrando su apoyo a una de las instituciones más misóginas que existen, con el agregado de que en Francia la reafirmación de la identidad nacionalista y católica se encuentra al servicio de la proliferación de formaciones de extrema derecha antimusulmanas y de las medidas contra la inmigración.

Por estos motivos, no se puede confiar en las promesas que pueda realizar el gobierno y es necesario profundizar la experiencia del surgimiento del movimiento #Metoo para poner de pie un movimiento de mujeres que luche en las calles contra el patriarcado y por la instalación de una agenda feminista en el panorama político del país. 

2.2 La unidad obrero-estudiantil como clave de la resistencia, a 50 años del Mayo Francés

El 22 de marzo de 1968 es la fecha que marcó el inicio de uno de los más grandes eventos de la luchas de clases ocurridos en suelo francés. En efecto, la ocupación de la universidad de Nanterre, situada al noroeste de París, fue el puntapié inicial para la conformación del movimiento estudiantil “22 de marzo”, pieza fundamental de un movimiento de estudiantes que se radicalizó rápidamente y que en alianza con crecientes sectores de trabajadores, supo poner en jaque al gobierno del reaccionario general De Gaulle, durante el histórico mes de mayo del 68,  convirtiéndose en uno de los más luminosos faros de la lucha contra el capitalismo en la segunda mitad del siglo XX.

Exactamente cincuenta años después de aquel evento, la movilización de obreros y estudiantes del 22 de marzo del 2018, marcó también un cambio en la situación política, estableciendo un antes y un después para el desarrollo de un creciente movimiento de resistencia contra el gobierno de Macron. Esto se debe a que al llamado inicial a la movilización de los funcionarios públicos, en lucha contra la supresión de miles de puestos de trabajo en el Estado, se le sumó la convocatoria de la Intersindical de ferroviarios, en donde los principales gremios del sector pusieron en marcha un plan de lucha para frenar la reforma privatizadora de la SNCF. Como si esto fuera poco, los estudiantes universitarios, que venían organizándose con asambleas masivas y decenas de ocupaciones de universidades, en la lucha contra la reforma del bachillerato y la selección universitaria, vieron en esta jornada una oportunidad inmejorable para establecer una coordinación de las luchas en curso.

Es por ese motivo, que hubo más de 500.000 personas que marcharon en las calles de todo el país en una jornada que fue un éxito rotundo. Una multitud que bajo la iniciativa de los dos sectores más activos en la lucha, los ferroviarios y los estudiantes, supo aglomerar a otros sectores en conflicto tales como los empleados públicos, los jubilados, los empleados de correo, los inmigrantes, entre otros.

En el ambiente universitario, la creciente radicalización de la situación, tiene que ver con el desarrollo de una vanguardia estudiantil que viene creciendo en los últimos años a partir de la lucha contra la ley El Khomri y que ahora se ha puesto nuevamente en pie para frenar el ataque del “Plan estudiante” de Macron.

La situación se ha radicalizado, no solo gracias a la más que necesaria unidad con otros sectores que hace que las luchas se potencien y se retroalimenten entre sí, sino también debido a que la policía ha entrado en varias facultades en las que se estaban llevando a cabo asambleas generales, reprimiendo brutalmente a los jóvenes que se encontraban organizados de forma pacífica. La firme decisión del presidente, quien llegó a declarar de forma provocadora que “el impacto de la movilización no existe”, así como su voluntad de reestablecer el orden y de aconsejarle a los estudiantes -a los que tildó de “agitadores profesionales”- que comiencen a estudiar, abandonando las ocupaciones, solo ha servido hasta el momento para tensar cada vez más las cosas.

Es que ante cada nueva provocación, los jóvenes han respondido con mayores niveles de participación, debate y autoorganización. La cantidad de facultades ocupadas en todo el país se cuenta por decenas y las asambleas cada vez se hacen más masivas, en donde también los propios docentes dan su apoyo y se suman a participar.

En este sentido, es importante tener en cuenta que la intervención policial en las universidades públicas es una medida que había sido permitida por el “estado de emergencia” decretado por Hollande, para reprimir las protestas contra la reforma laboral y que luego Macron ha ingresado en la legislación común, para perpetuar la posibilidad de reprimir dentro de las facultades.

Pero como si no bastara con los palos dados por la policía, en la ciudad de Montpellier, el mismo día de las movilizaciones del jueves 22, un grupo de extrema derecha ingresó al aula magna de la Universidad cerca de la medianoche, atacando salvajemente a los estudiantes que estaban participando de la toma pacífica del establecimiento. Este grupo de encapuchados armados con palos causó heridos de gravedad que debieron ser traslados al hospital. El hecho sucedió con el aval cómplice del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que presentó su renuncia al día siguiente, debido a la presión del movimiento estudiantil que salió a exigir su dimisión, con movilizaciones en solidaridad a los estudiantes de Montpellier que se replicaron también en otras ciudades.

El accionar de este grupo de extrema derecha fue un verdadero escándalo a nivel nacional, que provocó enormes repudios, y fue un factor que potenció aún más la determinación de los estudiantes en lucha para continuar radicalizando las medidas de protesta. Lamentablemente, no se trata de un caso aislado, ya que formaciones de índole similar también han intentado avanzar contra los estudiantes de Lille y de París. Pero, como mencionamos anteriormente, cada una de estas provocaciones, solo ha servido para aumentar la confianza y la determinación de los que luchan, lo que provoca una situación abierta, en la que el gobierno se muestra firme y decidido en avanzar a toda costa y del otro lado, también se fortalece la oposición activa.

La radicalización de los estudiantes coincide con un alza en la lucha de los trabajadores del ferrocarril cuyo antecedente más parecido hay que buscarlo más de veinte años atrás. En efecto, la última gran huelga ferroviaria, ocurrida en el año 1995 fue un conflicto que terminó con un rotundo triunfo que logró enterrar el plan de privatización de los trenes, propuesto por Chirac y Juppé, constituyendo una contratendencia en la década en la que se impuso internacionalmente el neoliberalismo. Por ese motivo, en Francia, los 90 no pasaron con una derrota histórica, como en la mayoría de los países, y es por eso que la decisión de Macron de retomar la ofensiva sobre los trenes públicos, toca sensibles relaciones de fuerza que no serán tan fáciles de romper.

De este modo, la Intersindical de los ferroviarios ha elaborado un extenso plan de lucha que consiste en jornadas de huelga escalonadas durante tres meses, con dos días de paro y luego tres de trabajo, seguido por otros dos días de paro y tres de trabajo, y así sucesivamente, desde el principios de abril hasta fines de junio.

La jornada del 3 de abril, jornada de inicio de la huelga, ha contado con un alto porcentaje de acatamiento, con cerca del 70% de los trabajadores que han adherido al paro según los propios huelguistas. Estos números son semejantes en la comparación con los de 1995 y marcan un buen comienzo para lo que sigue. Los números de la huelga han sido muy buenos, con solo 1 de cada 8 trenes de larga distancia y 1 de cada 5 de trayectos de media distancia que han funcionado. El resto de la circulación ha estado paralizada.

Como síntoma de la buena marcha con la que ha comenzado el conflicto, podemos mencionar que el periódico Le Parisien, del multimillonario Bernard Arnault, que a propósito de la marcha del 22 llevara en su portada el título de “Movimientos sociales, eso no prende…” en consonancia con las declaraciones de Macron minimizando el impacto de la protesta; luego del paro y la movilización del 3 de abril ha titulado: “Huelga SNCF, por qué puede durar”. De igual manera, diversos analistas han coincidido en un aumento paulatino del apoyo de la opinión pública hacia la causa de los ferroviarios y una caída en la imagen de popularidad del presidente a causa de las crecientes provocaciones y del aumento de la represión a las protestas. 

2.3 Las tareas de la izquierda revolucionaria frente al gobierno de Macron

Es indudable que en este contexto de ebullición de una rebelión educativa y de una huelga nacional ferroviaria, que encuentran su correlato en el acercamiento de cada vez más numerosos sectores de trabajadores que pasan a la oposición activa contra el gobierno, las tareas para la izquierda revolucionaria revisten una importancia estratégica decisiva, en la posibilidad de desarrollar este “bipolo” de resistencia, para lograr cuestionar y torcer el rumbo reaccionario del gobierno.

La primera de las tareas que se presenta es la necesidad de esclarecer que el ataque de Macron es un ataque global, una avanzada de conjunto contra toda la clase trabajadora. Un lema que podía leerse en una de las universades ocupadas decía “Mismo Macron, mismo combate” y es esa la conclusión que desde la izquierda revolucionaria es necesario dejarle en claro a todos los trabajadores. Se trata de un ataque de conjunto, que se puede ganar si se profundiza una respuesta unificada de conjunto. Esta es otra de las definiciones que han quedado en evidencia a principios de abril: se trata de un conflicto plenamente abierto que se puede ganar. Y es por eso que es necesario analizar la estrategia para que las luchas triunfen, porque un triunfo de los estudiantes y los ferroviarios puede ser un triunfo que ponga un duro freno a toda la orientación reaccionaria del gobierno.

En este sentido, es necesario señalar una incipiente bronca de las bases y la crítica de algunos sectores antiburocráticos con respecto a las medidas adoptadas por las cúpulas sindicales. El plan de lucha de la Intersindical ferroviaria, fue decidido a puertas cerradas, a mediados de marzo, entre los secretarios generales de los sindicatos y no en asambleas de trabajadores y más parece estar pensado para desgastar y extender el conflicto en el tiempo, que para ponerle un límite duro y concreto a la avanzada del gobierno.

Por estos motivos, es necesario plantear que para que el conflicto gane hay que endurecer las medidas de fuerza. El debate ha comenzado a plantearse en las asambleas de los trabajadores ferroviarios, surgidas luego del 3 de abril, en cada una de las estaciones de tren, en las que se ha contado con centenares de trabajadores, dando el debate por la continuidad del plan. Por el momento se ha impuesto de manera general el plan de lucha de jornadas escalonadas de huelga, formulado por la Intersindical. Sin embargo, en algunas estaciones de París, ya se ha optado por decretar una huelga renovable, sin volver al trabajo en los días escalonados, cuya continuidad sea decidida por la propia asamblea de trabajadores.

Lo cierto es que desde los comienzos del conflicto, la dirección de la CGT se ha mostrado como un freno para el desarrollo que puede alcanzar esta enorme lucha, ya que no han llamado a paro el día 22 de marzo y luego se han dedicado a dividir las posibilidades de organización y a confundir con las jornadas escalonadas. La nueva trampa de la burocracia sindical ha sido descentralizar la organización del plan de lucha, ya que las asambleas de ferroviarios se han dado por cada sector y por cada estación de tren, sin contar con una instancia unificada que permita nuclear a todos los luchadores para golpear al gobierno con un solo puño.

Por este motivo, la gran tarea de la izquierda revolucionaria pasa por la construcción de una dirección alternativa del conflicto, que se encamine con todas sus fuerzas a la declaración de una gran huelga general, al tiempo que se presiona a la burocracia, para sobrepasar su pasividad. La paralización de los trenes de forma indefinida es la única solución para lograr poner contra las cuerdas al gobierno de Macron, para enterrar sus pretensiones de reformas reaccionarias, de igual modo que la lucha de los ferroviarios lo ha hecho en 1995, con tres semanas seguidas de parálisis del transporte que han derrotado a la privatización.

La experiencia inicial que estudiantes y trabajadores han comenzado a transitar con el gobierno de Macron tiene puntos cualitavos cuyo valor es inmenso. El hecho de que ante la represión en las universidades, hayan sido los propios trabajadores en huelga quienes se han volcado hacia las facultades en solidaridad es de un valor subjetivo excepcional. Los estudiantes van a las marchas de los trabajadores y los trabajadores van a las asambleas de los estudiantes, lo que potencia enormemente a ambos sectores.

Al mismo tiempo, esta confluencia presenta una oportunidad inmejorable para la acumulación y la construcción del partido revolucionario agrupando a lo mejor del amplio activismo surgido de estas experiencias. Porque además de la tarea inmediata por la lucha de los conflictos en curso, es necesario contribuir a la construcción del partido, en el camino del relanzamiento de la perspectiva de la revolución socialista para acabar con la barbarie capitalista de raíz.

El eco de la campaña de Poutou en 2017 y la creciente aparición mediática de Besancenot, a partir de fines de marzo, le ha dado al Nuevo Partido Anticapitalista, un lugar privilegiado en el panorama político que debe ser aprovechado para la construcción de un partido militante y revolucionario. Luego del último congreso nacional celebrado a principios de febrero, la dirección del partido, mayoritaria desde su fundación, ha sufrido un debilitamiento que la ha retrotraído a contar con un poco menos del 50% de los militantes de la organización. Así, la dirección surgida de la vieja LCR, ligada internacionalmente al Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, ha sufrido un retroceso en su proyecto de partido amplio sin programa revolucionario definido, con respecto a las tendencias que sí vienen planteando una renovación de la orientación del partido.

Las condiciones internas del NPA, así como las disposiciones objetivas que plantea la lucha de clases en este período, demuestran no solo la necesidad, sino también la posibilidad de redefinir el rumbo hacia un partido troskista revolucionario y militante, nutriéndose de lo mejor del movimiento nacido en la oposición al gobierno de Macron.

En este camino, es necesario impulsar la unidad de acción con otros sectores, para que las luchas triunfen, siempre y cuando esta unidad esté dada en las luchas en concreto y no pase por un simple acuerdo “por arriba”, que no contribuya al desarrollo de la acción. La unidad de acción es una táctica para la lucha, y por lo tanto, solo puede darse cuando los demás sectores están dispuestos a salir a luchar. En este sentido, la delimitación con el reformismo y con la burocracia va a profundizarse en el curso de las mismas luchas, cuando estos sectores traicionen o quieran encausar la bronca hacia el parlamentarismo.

Por todos estos motivos, el panorama se encuentra totalmente abierto, lo que plantea la tarea de profundizar las medidas de lucha y de ganar a más sectores para que pasen a la oposición activa para frenar de forma conjunta el ataque global del gobierno. Frente a un gobierno que se muestra firme y decidido en su rumbo reaccionario, en donde la resistencia de los sectores activos se acrecienta y radicaliza cada vez más, nuestra tarea pasa por profundizar la lucha en las calles, por la radicalización de los métodos de la lucha, por una gran huelga general para vencer al gobierno de Macron, y por la construcción del partido y de nuestra corriente internacional revolucionaria para acabar con la barbarie capitalista en todo el mundo.