Por Víctor Artavia. Revista SoB 32-33, junio 2018

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Guerra y revolución en España (1931-1939)

Víctor Artavia

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“¡La atmósfera del 19 de julio! Un pequeño hecho que lo ilustra: en una casa de mis camaradas en Barcelona, la patrulla de control, después de una inspección de rutina, abrió una jaula de pájaros y liberó a un canario: era el día de la libertad”.

Manuel Casanova1

El 18 de julio de 1936 un sector del ejército español inició un golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular y la República. Los militares, el clero católico y partidos de derecha que apoyaron la rebelión esperaban controlar el país en pocos días y, a partir de ese momento, establecer un gobierno militar que pusiera fin a las huelgas obreras y tomas de tierras campesinas, contuviera las exigencias de autonomía para las “regiones” (así se referían en la época al tema de nacionalidades), garantizara la continuidad de la propiedad privada y la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad.

Aunque los militares lograron controlar algunas ciudades en las colonias y en España continental, para el 20 de julio era claro que la rebelión como tal había fracasado, pues los golpistas subestimaron la capacidad de resistencia que presentaría la clase obrera. Basta señalar que el golpe fracasó en Madrid y Barcelona, las principales ciudades del país.

El golpe tuvo un resultado paradójico: lo que inició como una ofensiva militar para acabar con el ascenso del movimiento obrero en el marco de la República, terminó por convertirse en una provocación política que desató una revolución social que desmanteló el aparato del Estado burgués, instauró organismos de doble poder por varios meses y puso en jaque la continuidad del capitalismo español.

Así inició lo que Pierre Broué y Emile Témine califican como una revolución trocada en guerra civil, “la última revolución del período comprendido entre las dos guerras mundiales” que sería el “preludio y el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial” (P. Broué y E. Témine, La revolución y la guerra de España: 10). Agregamos, además, que fue la última revolución de la entreguerra (1918-1939) donde la clase obrera estuvo en el centro de la escena con la puesta en pie de organismos de poder (comités-gobierno en la experiencia española), constituyendo milicias obreras de los principales sindicatos y partidos obreros, tomando fábricas que fueron puestas a funcionar bajo control directo de los trabajadores y trabajadoras, expropiando tierras de los latifundistas, etc.

En el marco del 80º aniversario de la revolución y guerra civil española2, realizamos este ensayo para rescatar la memoria histórica y enseñanzas estratégicas de este gran acontecimiento de la lucha de clases del siglo XX, en la perspectiva de aportar al relanzamiento del marxismo revolucionario en España, tarea que asumimos desde la corriente internacional Socialismo o Barbarie.

 

  1. Antecedentes históricos y políticos

 

“No hay en España ninguna clase con intereses y fuerza como para emprender el camino de la revolución democrático-burguesa. La débil burguesía sólo acierta a defender sus privilegios locales, medievales, revelando así su incapacidad para elevarse a clase nacional”.

Milcíades Peña, Historia del Pueblo Argentino

 

El estallido de la guerra civil evidenció las profundas contradicciones sociales que España no resolvió a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del XX. El papel de la monarquía y el Ejército en el Estado, la concentración de la tierra en latifundios, el poder económico y cultural de la Iglesia, los derechos a las nacionalidades y las reivindicaciones del movimiento obrero fueron las principales tensiones que se entrecruzaron a lo largo de los tres años de guerra.

Por esto iniciamos nuestro estudio con una aproximación histórica a la sociedad española de ese entonces, estableciendo las coordenadas histórico-políticas que nos permiten comprender las particularidades del desarrollo capitalista español, así como la ausencia de una revolución burguesa que resolviera las principales reivindicaciones democráticas y sus implicaciones en las relaciones políticas.

 

Del imperio colonial al rezago semicolonial

 

La guerra civil estuvo precedida por una larga y progresiva crisis de España como proyecto de potencia mundial, configurando lo que Trotsky denominó una “enfermedad inveterada de una nación al margen del progreso” (España revolucionaria : 29). En gran medida, esto se originó en las particularidades del desarrollo capitalista del país, el cual pasó de ser un imperio colonial en el siglo XVI a convertirse en una economía de segundo orden en la Europa del siglo XIX.

A pesar de la vastedad del territorial colonial bajo su dominio, el imperio español no logró consolidarse como una superpotencia mundial, limitándose a servir como un agente de la expansión internacional del capitalismo en beneficio de otras potencias europeas. De acuerdo con Milcíades Peña, España y sus colonias americanas brindaron un impulso inusitado a la acumulación capitalista en Europa, convirtiéndose en “engranajes decisivos en la estructuración del moderno mercado mundial”, pero sin que en sus territorios se desarrollara un capitalismo industrial (Peña, cit.: 42).

Por el contrario, la monarquía española prosiguió con la tradición “metalista” de la Edad Media que consistía en atesorar metales, los cuales no fueron utilizados para fomentar el desarrollo industrial, sino para comprar productos manufacturados a otras potencias europeas (cit.: 47-48).

De esta manera, la conquista y colonización de América produjo dos efectos contradictorios: por un lado, fue el sustrato material desde el cual España logró su mayor florecimiento internacional por un corto período; por el otro, fue el motivo de su estancamiento económico al bloquear las vías de desarrollo de un capitalismo industrial en su territorio. Debido a esto, la monarquía no pudo consumar una verdadera unificación nacional y, por el contrario, se profundizaron las tendencias separatistas entre las principales regiones, un factor desestabilizador que sería recurrente en diferentes momentos históricos.

Marx dio cuenta de esto en su análisis de la revolución española de 1854 (una de las tantas crisis del siglo XIX), al indicar que la constitución de la monarquía española generó condiciones muy favorables para la limitación del poder, producto de las guerras de reconquista de la península contra el dominio de los moros, por lo cual el país se construyó por la agregación de “pequeños trozos” que se constituían en “reinos separados”, donde gobernaban nobles con leyes y costumbres propias. Además, el estado de guerra interno en la reconquista generó ciudades amuralladas con pocos vínculos entres sí y, en el caso de las zonas costeras, de ciudades comerciales y marítimas muy desarrolladas. Por todo esto, concluía Marx, “España, como Turquía, siguió siendo una aglomeración de repúblicas mal administradas con un soberano nominal a su cabeza” (K. Marx, La revolución española).

Ante esta situación, la monarquía española tendió a apoyarse en el sector de los ganaderos trashumantes para contrarrestar a la nobleza y la burguesía locales, generando lo que Peña denominó una “combinatoria endiablada” de factores regresivos y progresivos que bloqueó cualquier posibilidad de desarrollo de una revolución burguesa. Los ganaderos impulsaban la unidad nacional para facilitar el desplazamiento del ganado para el pastoreo y vender lana a Inglaterra, pero al mismo tiempo se oponían al desarrollo de la industria textil porque afectaba sus exportaciones (Peña: 51-56). En respuesta a esto, la burguesía apostó a defender la libertad de las ciudades contra el poder central, pero, como ya analizara Marx, era una defensa de privilegios medievales para gravar a los productos “extranjeros” de otras regiones de España en las puertas de las ciudades, obstaculizando la unidad nacional (y un verdadero mercado interno) y la acumulación capitalista para el desarrollo de la industria (Marx, cit.).

Lo anterior marcó la debilidad histórica del capitalismo español, convirtiendo al país en una economía atrasada dependiente del resto de potencias capitalistas, con una burguesía débil sin capacidad de trazar una ruta para el desarrollo nacional y de asegurar su integridad territorial, tanto a nivel continental como en sus colonias.

A partir del siglo XIX esto se transformó en un elemento de crisis, pues expuso el país al saqueo directo de las nuevas potencias. En el marco de las guerras napoleónicas, España perdió su monopolio sobre el comercio con las colonias americanas a manos de la marina inglesa, aspecto que golpeó severamente a la monarquía y dejó el futuro del imperio en duda (John Lynch, “Orígenes de la nacionalidad hispanoamericana”, en Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, passim). En 1808 se produjo la invasión de Napoleón que desató la guerra de independencia española, que fue una respuesta de los sectores populares contra la ocupación francesa –no de la monarquía, que ya era “un cadáver exánime” (Marx, cit.)– y que se extendería hasta 1814. A pesar de salir victoriosa, la monarquía española entró en una crisis al ser incapaz de contener su control en las colonias latinoamericanas, lo cual se confirmaría al cabo de pocos años al declararse la independencia de la mayoría de los nuevos Estados latinoamericanos.

Esta situación se agravó más tras la derrota en la guerra de 1898 contra los Estados Unidos y la consecuente pérdida de Cuba y Filipinas como colonias. De acuerdo con Hugh Thomas, esto profundizó la crisis nacional, al generalizar un descontento entre todas las clases sociales y sus organizaciones políticas sobre el rumbo del país: “El año de la derrota, 1898, fue así un punto de inflexión: los españoles se vieron obligados a pensar en sí mismos como un país europeo pobre con pocos recursos” (The Spanish Civil War: 16).

Por esto España ingresó al XX como una nación de segundo orden en el escenario europeo, con índices de desarrollo muy distantes de las potencias del momento (Inglaterra, Alemania o Francia) y más cercana a la situación de un país semicolonial. Al analizar las estadísticas económicas de finales de los años 30, es apreciable cómo el comercio y los principales sectores de la economía española estaban en manos de las potencias imperialistas.

En materia de comercio exterior, el 96% de las importaciones provenían de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Francia, y estos mismos países eran el destino del 91% de las exportaciones españolas. Las inversiones extrajeras sumaban 970 millones de dólares de la época, siendo Gran Bretaña el principal inversor con 194 millones, seguido por Francia con 135 millones y Estados Unidos con 80 millones. También Bélgica y Canadá tenían fuertes inversiones en Asturias y Cataluña, respectivamente (Thomas, cit.: 22).

Debido a esto, las compañías extranjeras controlaban sectores clave de la industria y los servicios del país. Por ejemplo, la British Río Tinto Company y la Tarsis Company tenían enormes inversiones en la extracción de plomo y cobre; The Amstrong Company era dueña de la tercera parte de cerdos del país. Los franceses controlaban la extracción de plomo en Peñarroya y San Plato y habían construido los ferrocarriles, mientras que los belgas tenían inversiones en las minas de carbón en Asturias. Con los servicios ocurría algo similar, pues la telefonía estaba en manos de la International Telegraph and Telephone Company, las compañías británicas controlaban el servicio de agua en Sevilla y los belgas tenían fuertes inversiones en tranvías y ferrocarriles.

A pesar de esto, España experimentó un importante desarrollo comercial e industrial en Cataluña y Vizcaya, dos regiones periféricas que generaron gran cantidad de empleos y abastecieron al país de artículos de consumo, aspecto que incidió en un incremento en las condiciones de vida urbanas. Pero fue una industrialización que tendió a profundizar las contradicciones con Madrid, pues potenció movimientos nacionalistas impulsados por sectores burgueses y, posteriormente, por el movimiento obrero y sectores de la izquierda (Jackson, La República española y la guerra civil…: 34-36). Volveremos sobre esto más adelante.

En síntesis, España pasó de ser el principal imperio colonial por varios siglos a convertirse en un país sometido a las potencias capitalistas en el siglo XIX y XX. En este sentido, resulta muy apropiada la caracterización de Broué y Témine, para quienes España se transformó en un “país aplastado por su pasado”, donde las “clases del antiguo régimen siguen descomponiéndose, sin que por ello se lleve a cabo la formación de la nueva sociedad burguesa en gestación” (P. Broué y E. Témine: 10). Éste sería el terreno objetivo a partir del cual se polarizaría el país, dando paso a una intensa lucha política sobre cómo refundar España.

 

Una nación con revolución burguesa inacabada

 

A diferencia de Inglaterra o Francia, en España no se consumó una revolución burguesa que redefiniera las relaciones entre las clases sociales, estableciera un nuevo régimen político y resolviera las reivindicaciones democráticas más urgentes. Este factor, sumado al creciente asedio de Inglaterra, Francia y Estados Unidos sobre la soberanía del imperio español, condujo al país a una espiral de crisis políticas durante el siglo XIX e inicios del XX. La monarquía era la institución central del régimen político, a partir de la cual se garantizó la unidad nacional (más allá de las debilidades analizadas) y el funcionamiento del Estado desde la reconquista hasta el siglo XIX. Debido a esto, el país fue durante tres siglos uno de los más estables de Europa (Thomas: 10).

Pero todo cambió tras la invasión de Napoleón de 1808, que representó un punto de quiebre con una crisis de legitimidad de la corona e inauguró un ciclo de guerras civiles (entre isabelinos y carlistas) y sublevaciones militares. De acuerdo con el historiador Gabriel Jackson (hispanista norteamericano), el trasfondo de las luchas dinásticas del siglo XIX era el papel que debía jugar la monarquía en el reordenamiento económico y político del Estado: “¿Había que saludar el desarrollo del capitalismo, centralizar y unificar sus métodos de gobierno, permitir una cierta libertad universitaria y de prensa y aprovecharse de las riquezas acumuladas por la Iglesia…, cosas todas ellas ocurridas en Francia? ¿O debería reafirmar la monarquía el carácter exclusivamente católico, predominantemente agrario y la descentralización de la España tradicional?” (Jackson, cit.: 25).

Esta inestabilidad del sistema político evidenciaba la crisis orgánica (en el sentido gramsciano) de la monarquía española, dado que el régimen político, de acumulación y la forma del Estado ya no tenían mayor viabilidad histórica, ante lo cual la burguesía española fue incapaz de transformarse en una alternativa de poder. Debido a esto se produjo una militarización de la vida política española (que se extendería hasta 1930 con la caída de la dictadura de Primo de Rivera), donde el ejército suplantó a la monarquía como eje del régimen político. Para Trotsky la recurrencia de los movimientos militares eran las “convulsiones crónicas” de la crisis general del país, donde las “clases dirigentes y semidirigentes se arrancaban impacientemente unas a otras el pastel del Estado”, situación que se agravaba dado que la burguesía republicana renunció a seguir el ejemplo de los jacobinos franceses, pues “su miedo ante las masas es mayor que su odio a la monarquía” (España revolucionaria: 29).

Así, entre 1833 y 1875 se desarrolló el periodo de los pronunciamientos, sublevaciones militares lideradas por un general que, previo acuerdo con otros sectores militares y de la oposición, instauraban un cambio de gobierno y garantizaban la continuidad de la corona (Jackson: 26-27 y Thomas: 13). Este funcionamiento no resolvió ninguno de los problemas estructurales de España y en 1868 se produjo la revolución gloriosa (un alzamiento militar con apoyo civil) que destronó a Isabel II, dando lugar al sexenio democrático durante el cual se ensayaron dos formas para solucionar la crisis del Estado: primero con la instauración de una monarquía parlamentaria y, posteriormente, con la declaratoria de la I República Española el 11 de febrero de 1873.

Esta experiencia republicana apenas duró 11 meses, lapso durante el cual ningún sector burgués fue capaz de consolidar la revolución burguesa y se profundizó la crisis política: hubo cuatro presidentes, una Asamblea Constituyente y la rebelión de los cantonalistas.3 Finalizó abruptamente con un nuevo pronunciamiento en diciembre de 1874, dando paso a la restauración de la monarquía de los Borbones.

Con la Restauración, la monarquía reorganizó el Estado con algunas medidas liberales. Por ejemplo, se instauraron las Cortes con cierto grado de libertad de palabra y para la formación de partidos políticos independientes, además de mayor libertad de prensa. Pero la monarquía era la que controlaba la designación del presidente del Consejo de Ministros y toda la iniciativa legislativa. Así, en realidad las Cortes eran un “falso parlamento”. Durante esta etapa se aplicó el llamado turno pacífico, garantizando la alternancia en el gobierno del Partido Conservador y el Liberal, en acuerdo con el rey y el resto de autoridades (Thomas: 13-14 y Jackson: 26).

Aunque este modelo de Estado permitió una relativa estabilidad, no pudo consolidarse ante la crisis del imperio español, particularmente tras la guerra de 1898 con los Estados Unidos y la consecuente pérdida de las colonias de ultramar. Esta derrota marcó a toda la sociedad española, cerrando cualquier desarrollo de las formas democráticas liberales y reinstalando al ejército en el centro de la vida política del Estado para garantizar los intereses coloniales en Marruecos (último resquicio del otrora poderoso imperio), apaciguar las tensiones separatistas en Cataluña y Vizcaya y, más importante aún, hacerle frente al despertar del movimiento obrero (particularmente en Barcelona y Bilbao).

El golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 fue el último intento de la monarquía por controlar el poder, pero la dictadura no sobrevivió mucho tiempo a los efectos de la crisis del capitalismo en 1929 y su repudio entre la clase obrera y media de las ciudades. Por este motivo, el 12 de abril de 1931 se realizaron elecciones municipales donde la monarquía resultó derrotada y el ejército se rehusó a darle apoyo militar. El rey Alfonso XIII salió del país y el 14 de abril en las calles de Madrid hubo manifestaciones de miles proclamando la II República.

 

Las tareas democráticas pendientes

 

El carácter inacabado de la revolución burguesa española impidió la solución de tareas democráticas fundamentales, entre las cuales destaca la reforma agraria, la separación de la Iglesia del Estado y los derechos de las nacionalidades. Debido a esto, la España de finales del siglo XIX e inicios del XX combinó el desarrollo urbano/industrial y las vanguardias artísticas más sobresalientes de Europa con la pervivencia de instituciones y relaciones sociales anacrónicas en el campo y las zonas periféricas.

 

  1. La cuestión agraria

 

La concentración de la tierra era un reflejo de esto. En 1837 los liberales procuraron restringir el poder del clero mediante la desamortización de sus propiedades rurales, con la perspectiva de crear una clase de pequeños propietarios rurales que, como en Francia, fuera base social del proyecto republicano. Pero la reforma agraria francesa se garantizó a partir de la realización de la más importante revolución burguesa de la historia, mientras que en el caso español era un proyecto que se pretendía realizar mediante simples reformas y, como fue común en estas circunstancias, la lógica del capital puedo más que las aspiraciones románticas de los liberales: las tierras de la Iglesia fueron adquiridas por los grandes terratenientes.

Esto se transformó en una pesada herencia para los millones de campesinos y obreros agrícolas. Se estima que para comienzos del siglo XX un 70% de la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura, en condiciones sumamente atrasadas y con muy bajos rendimientos (Broué y Témine: 10). En el campo español era más utilizado el arado romano de la Edad Media que el arado de hierro. Mientras en el Norte abundaban los minifundios que no garantizan siquiera la subsistencia de los campesinos, en el Sur predominaban los latifundios que funcionaban bajo condiciones de explotación salvaje y pagando salarios de hambre.

Por eso la cuestión agraria se impuso como uno de los principales problemas del país, tal como lo reconocerían todos los gobiernos a partir de 1900. Incluso se realizaron censos cuyas estadísticas arrojaron datos impactantes: los obreros agrícolas recibían 40 días de salario miserable al año, generando problemas de desnutrición y difusión de enfermedades (Jackson: 31). A pesar de conocer la grave problemática del campo, ningún gobierno o sector republicano impulsó la reforma agraria y el respeto de los derechos laborales en los latifundios, pues eso implicaba tocar los intereses de los grandes terratenientes, un pilar del capitalismo y la monarquía española.

De ahí que la Guardia Civil controlara las zonas rurales como si fueran territorios ocupados, única forma de garantizar la continuidad del régimen de explotación brutal en los latifundios y hacerle frente a las recurrentes luchas campesinas. Trotsky describió a España como “el país de las ‘guerrillas’” debido a las insurrecciones en el campo, las cuales se caracterizaban por ser muy sangrientas, aunque con un carácter estrictamente local y/o regional, rasgo típico de las luchas campesinas (Trotsky, España revolucionaria: 27).

 

  1. La Iglesia: corporación económica y eje de la reacción

 

La Iglesia Católica fue, junto al ejército, la otra gran institución centralizadora de la vida política, cuya existencia en España se extiende hasta mil años atrás. Ganó enorme prestigio popular debido a su oposición a la invasión de Napoleón, convirtiéndose desde ese momento en el centro de la resistencia contra las ideas liberales (Thomas: 49). Esto explica que el clero y los militares fueran los ejes más estables de la reacción contra la República y posteriormente en la guerra civil.

Aunque en 1837 sus intereses fueron afectados con la desamortización de tierras, mantuvo su control sobre la educación y continuó recibiendo financiamiento del Estado. Además en 1851, España firmó el Concordato con la Santa Sede, donde se estableció que el catolicismo era la religión oficial del Estado, lo cual representó una garantía legal para su posición de privilegio (Jackson: 30 y 62). Por ejemplo, mantuvo el control sobre la educación privada, que se convertiría en una de sus principales fuentes de ingresos, además de proporcionarle influencia cultural sobre un sector de la población: se estima que 5 millones de personas se formaron en sus colegios (Broué y Témine: 13).

A pesar de esto, todos los estudios históricos recalcan la pérdida de apoyo de la Iglesia entre la clase trabajadora, pues comenzó a ser identificada como un “instrumento de propaganda y de encuadramiento de los ricos”. Esto quedó de manifiesto en mayo de 1931 durante los primeros meses de la II República, cuando se produjo gran cantidad de quemas de iglesias y conventos (ídem).

Esta percepción era totalmente válida, pues la cúpula de la Iglesia era parte orgánica de la burguesía española. A partir de de la promulgación de las encíclicas “modernizadoras” de León XIII y Pío XI, las órdenes españolas interpretaron que era válido que la Iglesia incursionara en el mundo de los negocios y reuniera “capital clerical” para garantizar su labor “evangelizadora” (Thomas: 50). En 1912, un empresario catalán calculó que la Iglesia poseía la tercera parte del capital en España. Al día siguiente de proclamada la II República, el Ministerio de Justicia estimó que la Iglesia poseía 11.000 propiedades y controlaba importantes industrias y bancos: Banco Urquijo, las minas de cobre del Riff, los ferrocarriles del Norte, los tranvías de Madrid y la Compañía Transmediterránea (Broué y Témine: 13). A lo anterior hay que sumarle el ejército de funcionarios eclesiásticos distribuido por todo el país: en 1930 la Iglesia contaba con alrededor de 20.000 monjes, 60.000 monjas  y 5.000 comunidades religiosas (mil monasterios y 4.000 conventos) (Thomas: 48).

 

  1. Las nacionalidades oprimidas

 

Como explicamos anteriormente, la monarquía española no logró una verdadera unidad nacional del país, por lo que perduraron rasgos muy marcados de especificidad cultural en varias regiones del reino, las cuales posteriormente sirvieron de sustrato a los movimientos nacionalistas, particularmente en Cataluña y Vizcaya (País Vasco).

Ambas regiones compartían muchas características que potenciaron el surgimiento de sus respectivos movimientos nacionalistas. Por ejemplo, gozaban de un nivel de vida más alto al del resto de la península, contaban con una tradición lingüística propia, sostenían relaciones históricas con Francia y fueron foco del desarrollo de la industria moderna en España (Jackson: 35). Esto último es un aspecto muy importante, pues generó la consolidación de fuertes sectores burgueses con un creciente sentimiento de autosuficiencia, ante lo cual impulsaron el desarrollo del catalanismo y el nacionalismo vasco como movimientos políticos adversos a Madrid, ya fuera para exigir mayores cuotas de autonomía o para sostener una agenda separatista (lo cual varió según la época y sectores sociales).

Por lo tanto, el catalanismo y el nacionalismo vasco reflejaban una identidad con arraigo desde abajo (sobre todo de sectores campesinos y trabajadores), pero su conversión en movimientos políticos fue dirigido por sectores burgueses que reconstruyeron un ideario de identidad nacional para dotarse de una base social en sus regateos y antagonismos con Madrid.

El catalanismo sirvió como un medio para crear lazos entre los campesinos catalanoparlantes y la burguesía industrial de Barcelona. Durante siglos el catalán fue un idioma común en el campo, pero fue hasta el siglo XIX que se produjo un resurgimiento filológico, literario y artístico catalán, auspiciado por la floreciente burguesía industrial (ídem). Por este motivo, hasta entrado el siglo XX el movimiento catalán tuvo un signo conservador en su agenda política y económica, además de ser apoyado por la Iglesia Católica. Su objetivo era presionar a Madrid por mejores aranceles para la industria local, y en 1914 lograron cierto grado de autonomía con la creación de la Mancomunidad.

Un aspecto importante del catalanismo es que nunca definió con claridad sus objetivos estratégicos. ¿Quería la independencia absoluta de Madrid o más cuotas de autonomía regional? Esto se profundizó cuando España se vio afectada por las transformaciones políticas del siglo XX, particularmente luego de la I Guerra Mundial y el desarrollo del movimiento obrero, con lo cual el “tono de la vida política se volvió menos católico y cada vez más conscientemente clasista” (ídem). Además, con la instauración de la dictadura de Primo de Rivera en 1923 se suprimió la Mancomunidad y los catalanistas pasaron a la clandestinidad hasta 1931.

Por este motivo, la burguesía catalana perdió control sobre el movimiento nacionalista, el cual terminó bajo el control de sectores de la pequeñoburguesía radicalizada, que tendieron a buscar apoyo en el campesinado y la clase obrera. Esto quedó reflejado en 1931 con la fundación de Esquerra catalana, partido de masas que se apoyaba en el sindicato campesino “Unió de rabasaires” y cuyo máximo dirigente era Lluis Companys, un reconocido abogado que laboró para la CNT por mucho tiempo y que se convertiría en presidente de la Generalitat más adelante y declaró la conformación del “Estado Catalán dentro de la República Federal Española” (Broué y Témine: 17-18).

El nacionalismo vasco también tuvo un origen muy similar al catalanismo, pues fue impulsado por la burguesía local y contó desde sus inicios con el apoyo de la Iglesia Católica, que exigían la restitución de los fueros autonómicos suprimidos con la I guerra carlista (1837). Lo anterior le dotó de un perfil más político (menos literario y cultural), además de ser muy conservador y religioso, rasgo que no perdería durante la guerra civil, a diferencia del catalanismo que giró hacia la izquierda (Jackson: 36). Su base social era el campesinado y sectores de la clase obrera.

En 1906 fue fundado el Partido Nacionalista de Euzkadi a partir de criterios raciales y religiosos, rasgos perfectamente reflejados en su eslogan “Todo para Euzkadi y Euzkadi para Dios”. Esta organización recibió aportes de los grupos capitalistas, pues servía de contrapeso al desarrollo de los socialistas y la UGT. De hecho los nacionalistas organizaron “sindicatos católicos amarillos”, las denominadas “Solidaridades de obreros vascos”, que defendían a la Iglesia y los capitalistas. Durante la República el nacionalismo vasco hizo acuerdos con los sectores más reaccionarios y de derecha, pero tras el rechazo del estatuto de autonomía en 1933 por la mayoría de la derecha se vio forzado a realizar un acuerdo con los republicanos y los socialistas para garantizar el estatuto de autonomía (Broué y Témine: 17).

 

El desarrollo del movimiento obrero

 

El período comprendido entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX se caracterizó por un crecimiento del movimiento obrero español, convirtiéndose en uno de los más fuertes y politizados del continente europeo, particularmente en Cataluña, que se convirtió en una de las regiones con más tradición de lucha. Engels daba cuenta de esto al referirse a Barcelona como “el centro fabril más importante de España, que tiene en su haber histórico más combates de barricadas que ninguna otra ciudad del mundo” (F. Engels, “Bakuninistas en acción”: 5).

Para lo anterior jugó un rol importante el desarrollo industrial del país y el fracaso de los sectores republicanos burgueses por consolidar una democracia burguesa que respondiera a los principales problemas del país. Debido a esto, las corrientes de izquierda lograron afincarse entre la nueva clase obrera y sectores del campesinado pobre, los cuales giraron hacia la izquierda ante la ausencia de una alternativa viable de sus reivindicaciones desde sectores burgueses.

El desarrollo del movimiento obrero estuvo marcado por la disputa entre los anarquistas y socialistas, imponiéndose los primeros como corriente hegemónica de izquierda entre la clase obrera, lo cual tendría consecuencias duraderas en cuanto a los métodos de lucha y tradiciones antipolíticas (Broué y Témine: 22). En este aspecto, España fue un caso anómalo en Europa, pues en el resto del continente se impusieron las corrientes socialistas que adherían a los postulados de Marx y Engels, en detrimento de los sectores anarquistas (o libertarios) seguidores de Bakunin.

En 1910 impulsaron la creación de la Central Nacional del Trabajo (CNT), que llegaría a ser la principal organización del movimiento obrero hasta los años 30 del siglo XX y representó una escuela de lucha para cientos de miles de trabajadores, pero también alimentó las concepciones ultraizquierdistas, antipolíticas y federalistas que le terminarían costando muy caro durante la guerra civil.

Por su parte, los socialistas se organizaron desde 1879 en el Partido Democrático Socialista Obrero y en 1888 impulsaron la Unión General de Trabajadores (UGT), la cual llegaría a convertirse en la otra gran central obrera y competidora directa de la CNT. Pero el desarrollo del PS y la UGT se produjo hasta entrado el siglo XX (sobre todo en Madrid y Bilbao, pues Cataluña continuó siendo el bastión del anarquismo) debido al éxito de varias huelgas que dirigieron y por la instauración de las Casas del Pueblo donde se educaron miles de militantes obreros (Broué y Témine: 25).

Los socialistas y la UGT fueron una corriente de izquierda reformista que incluso llegó a pactar con la dictadura de Primo de Rivera al colocar a Largo Caballero, principal figura obrera de los socialistas y dirigente de una de sus tendencias, como consejero de Estado de la dictadura, desde donde maniobró para bloquear a la CNT e impulsar el crecimiento de la UGT.

Así, el movimiento obrero español se desarrolló entre el ultraizquierdismo anarquista que pregonaba la acción insurreccional y los socialistas que sostenían la acción política pero reformista (Broué y Témine: 22). Tanto la CNT como la UGT eran organizaciones de masas, pero en muchas ocasiones funcionaron como extensiones sindicales del anarquismo y los socialistas que impidieron la unidad de acción entre ambas organizaciones, algo fundamental para impulsar el desarrollo de las luchas obreras. Por ejemplo, durante la huelga general de 1902 en Barcelona que comenzaba a extenderse a otras partes del país, la UGT optó por quedarse al margen y facilitó la derrota del movimiento.

A pesar de esto, la clase obrera española protagonizó luchas heroicas a lo largo de estos años, como fue la Semana Trágica de 1909 en Barcelona, una huelga general contra el alistamiento de 850 soldados desde el puerto de esa ciudad hacia Marruecos para apoyar las guerras coloniales, lo cual desató la furia entre los anarquistas, socialistas y radicales, que iniciaron una serie de motines con la quema de cincuenta iglesias. Dada la ausencia de una verdadera dirección política, la huelga degeneró en actos de destrucción sin ningún plan de lucha para triunfar, facilitando la represión brutal del Ejército, que cobró la vida de 120 personas (Thomas: 17-18).

Bajo el influjo de la revolución rusa, el movimiento obrero español protagonizó un ascenso de las luchas entre 1918 y 1920, que se denominó el Trienio Bolchevique (Zavala, En busca de Andreu Nin: 117-118). En este período se desarrollaron luchas impresionantes, como la huelga de La Canadiense en Cataluña, que se inició el 5 de febrero de 1919 y se extendió por 44 días, cortando el flujo de energía eléctrica en Barcelona, ante lo cual el gobierno decretó el estado de guerra y apresó a 3.000 obreros. A pesar de la represión, el movimiento se mantuvo firme y logró grandes conquistas, como el decreto de la jornada de ocho horas de trabajo. Otro caso fue el movimiento huelguístico en Andalucía contra el aumento de los precios, donde miles de obreros fueron a la huelga en Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz, exigiendo la mejora de sus condiciones laborales y la reducción de su jornada laboral, ante lo cual el gobierno envió 20.000 soldados para desatar una feroz represión.

Podemos contabilizar muchísimas luchas de este tipo, durante las cuales se configuraron una serie de pautas o rasgos de las luchas obreras, caracterizada por intentos recurrentes de huelgas generales pero sin capacidad de articular un alzamiento a nivel nacional, pues se veían limitadas a las zonas de influencia de sus direcciones (ya fuera la CNT o la UGT) y sin ninguna política para constituir frentes únicos para impulsar las luchas, que sería uno de los planteamientos centrales del POUM en los años 30, aunque tomado de forma unilateral, como veremos más adelante.

 

  1. Desarrollo y estrategia de las corrientes de izquierda

 

“España era en 1930, simultáneamente, una monarquía moribunda, un país de desarrollo económico muy desigual y un campo de batalla de ardientes corrientes políticas e intelectuales contrarias”.

Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil (1931-1939)

 

En el contexto de la crisis de España como proyecto nacional, con la persistencia de tareas democráticas sin resolver y el desarrollo del movimiento obrero, se gestaron las corrientes de izquierda que intervendrían en la guerra civil. A lo largo de varias décadas o años (según los casos), delinearon sus teorías de la revolución y estrategias de lucha, se posicionaron ante los principales problemas sociales y desarrollaron sus bastiones constructivos.

En este apartado analizaremos el desarrollo, luchas internas y perspectivas estratégicas de la CNT, el Partido Socialista, el Partido Obrero de Unificación Marxista y el Partido Comunista Español, en el período comprendido desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, previo al estallido de la guerra civil.4 Para el caso del trotskismo lo abordaremos de dos formas: primero, en el acápite del POUM cuando analicemos las posiciones de la sección española de la Oposición de Izquierda comandada por Andrés Nin hasta su ruptura con Trotsky; segundo, emplearemos los textos de Trotsky como punto de apoyo para caracterizaciones de las corrientes de izquierda y sus valoraciones estratégicas.

 

El anarquismo ibérico

 

El anarquismo fue la principal corriente de izquierda en España desde el siglo XIX hasta la guerra civil. Durante décadas se desarrolló entre el campesinado y el movimiento obrero, particularmente en Andalucía y Cataluña. Esta última región fue su principal bastión desde las primeras décadas del siglo XX, donde rápidamente se posicionó como la corriente de izquierda hegemónica, principalmente en su la capital, Barcelona.

Barcelona no era una ciudad cualquiera, era también la capital obrera de España y, quizá, una de las ciudades con mayor concentración obrera de Europa. Para 1930 concentraba al 40% de la clase obrera española, haciendo de la misma un polo de luchas políticas y sociales muy intensas (Durgan, Comunismo, revolución y movimiento obrero en Cataluña...: 17-22). Debido a esto, el anarquismo dirigió varias de las huelgas y levantamientos más fuertes de inicios del siglo XX, donde se destacó la enorme disposición de lucha de sus bases, pero también sus orientaciones al choque directo sin valoraciones tácticas, exponiendo al movimiento obrero a fuertes represiones y derrotas innecesarias.

 

Orígenes

 

Los orígenes del anarquismo en España se remontan a la segunda mitad del siglo XIX con la fundación de la sección española de la Primera Internacional en 1869. Durante algunos años convivieron con los socialistas que adherían a Marx y Engels, pero en 1872 se produjo la expulsión de los “socialistas autoritarios” (denominación de Bakunin contra los marxistas) en la sección española. A partir de este momento, la corriente anarquista adoptó varios nombres: Federación Regional Española (1872), Federación de Trabajadores de la Región Española (1881-1888), Pacto de Unión y Solidaridad (1889-1896), Solidaridad Obrera (1904-1909) y Confederación Nacional del Trabaja (1910) (Peirats, Los anarquistas en la crisis política española (1869-1939): 17).

Desde un inicio los anarquistas fueron mayoría y agruparon a decenas de miles de militantes. Se estima que para 1873 había alrededor de 50.000 anarquistas en España, y su número creció a lo largo de los años, llegando a constituir una corriente con influencia entre las masas trabajadoras y campesinas en las primeras décadas del siglo XX.

Lo anterior fue producto del carácter agrícola del país y la enorme capa de campesinos pobres que se vieron forzados a emigrar y proletarizarse para sobrevivir. Así se conformó una nueva clase obrera con fuertes lazos con el campo, sus representaciones del mundo y tradiciones de lucha. Sobre este terreno el anarquismo contó con enormes ventajas para imponerse sobre los socialistas, pues la visión nostálgica de las villas campesinas de Bakunin atrajo al campesinado pobre asfixiado por los terratenientes y al nuevo proletariado que aún añoraba ser un pequeño propietario agrícola (Thomas: 58). Aunado a esto, los métodos de lucha impulsados por Bakunin concordaban más con las tradiciones de lucha campesina, en particular con la jacquerie, revueltas locales breves y violentas contra los terratenientes y la Guardia Civil (Broué y Témine: 22).

Por eso los anarquistas seguidores de Bakunin contaron con grandes ventajas en España para convertirse en la corriente hegemónica de la izquierda e imprimir sus concepciones antipolíticas y ultraizquierdistas al movimiento obrero, en particular su rechazo a la intervención revolucionaria en las elecciones y el parlamento, la apelación a la huelga general como forma de la revolución y la idealización de la acción directa como única táctica válida del movimiento obrero. A propósito de la Comuna de París de 1871, Bakunin sintetizó su visión de la acción revolucionaria ante el movimiento obrero y el Estado de la siguiente forma: “En la revolución social, diametralmente opuesta a la revolución política, la acción de los individuos es casi nula y, por el contrario, la acción espontánea de las masas lo es todo. Todo lo que los individuos pueden hacer es elaborar, aclarar y propagar las ideas que corresponden al instinto popular y además contribuir con sus esfuerzos incesantes a la organización revolucionaria del potencial natural de las masas, pero nada más (…); actuando de otro modo se llegaría a la dictadura política, es decir, a la reconstitución del Estado” (Bakunin, “La Comuna de París y la noción de Estado”, en Textos anarquistas: 44-45).

Esta frase de Bakunin sintetiza sus premisas antipolíticas, una deriva de su visión esencialista del Estado, al cual considera una forma de dictadura que oprime a la sociedad sin importar su carácter de clase, dando lo mismo que sea la burguesía o el proletariado quien lo dirija. Ante esto, su salida es abogar por la supresión inmediata del Estado (casi por decreto), sin organizar ninguna transición hacia el comunismo: “Así como el anarquismo rechaza el Estado, en la misma medida rechaza la política y retrocede hacia las meras relaciones económicas. Pero el problema es que sin lograr una representación de conjunto de los intereses de clase, sin pelear por el gobierno y el poder del Estado (que significa, en definitiva, dejarle el poder a la burguesía), no hay manera de hacer valer los intereses de la clase trabajadora como intereses de conjunto” (R. Sáenz, “Anarquismo y marxismo: cuestiones de táctica “, www.mas.org.ar).

De esta forma, la pelea contra el capitalismo y el Estado burgués se restringe a un esfuerzo voluntarista y al estallido espontáneo de las masas, donde el énfasis está en la revuelta o insurrección como punto cúspide de la acción transformadora, pues ahí es donde el anarquismo concibe que se decreta la muerte del Estado e inicia de inmediato el comunismo libertario. En este marco, no tiene cabida ninguna valoración de la política como campo de disputa entre intereses históricos de clase diferentes, con la necesidad de disputar la toma del poder y construir organizaciones centralizadas para la lucha en todos los campos (incluido el electoral): “De ahí que se culmine en una actividad limitada, economicista, rebajada, que renuncia al mismo tiempo a la forma partido como expresión de la organización y a la pelea por los intereses generales, históricos de los trabajadores” (ídem).

 

¡Bakuninistas en acción!

 

La revuelta de 1873 fue la primera gran prueba de los anarquistas españoles, y desde ese momento quedaron en evidencia las deficiencias de la teoría de la revolución y de la estrategia antipolítica de Bakunin. En febrero de ese año abdicó el rey Amadeo y se proclamó una República Federal. Ante la convocatoria a elecciones para conformar la Asamblea Constituyente, los anarquistas aplicaron los criterios antipolíticos de Bakunin y orientaron que la Internacional no participara como tal en las elecciones, aunque para preservar el derecho a la autonomía individual acordaron que cada individuo participara en la lucha electoral como mejor le pareciera. ¿Cuál fue el resultado de eso? Engels lo retrató muy bien en su texto Bakunistas en acción: “La mayoría de los internacionales, incluso los anárquicos, tomaron parte en las elecciones, sin programa, sin bandera, sin candidatos, contribuyendo a que viniese a las Constituyentes una casi totalidad de burgueses, con excepción de dos o tres obreros, que nada representan, que no han levantado ni una sola vez su voz en defensa de los intereses de nuestra clase y que votan tranquilamente cuantos proyectos les presentan los reaccionarios de la mayoría” (Engels, cit.: 3). El antiparlamentarismo anarquista fue fundamental para que la Asamblea Constituyente fuera tomada por los representantes burgueses, pues de lo contrario la sección de la Internacional hubiera podido ingresar muchos representantes debido al enorme prestigio con que contaba en ese entonces y la gran cantidad de militantes en el país.

Pero los desastres anarquistas no terminaron ahí. Poco después de las elecciones, los anarquistas se sumaron a una revuelta para decretar repúblicas independientes en los cantones, dirigidas por un sector ultra de los republicanos denominado los intransigentes. Fue una insurrección precipitada y sin ninguna centralización político-militar, pues los anarquistas siguieron las enseñanzas federalistas de Bakunin según las cuales cada ciudad debía organizarse por su propia cuenta y no avanzar hacia un poder central (pues sería replicar una forma de Estado). El resultado no se hizo esperar: esta acción fortaleció a la burguesía republicana más reaccionaria que tomó el poder y dirigió sus armas contra el movimiento obrero, derrotando el levantamiento en pocos meses.

En el camino, los bakuninistas demostraron su incapacidad para dirigir coherentemente una revolución y ni siquiera fueron consecuentes con sus posiciones antipolíticas y antiestatales: “En cuanto se enfrentaron con una situación revolucionaria seria, los bakuninistas se vieron obligados a echar por la borda todo el programa que hasta entonces habían mantenido. En primer lugar, sacrificaron su dogma del abstencionismo político y, sobre todo, del abstencionismo electoral. Luego, le llegó el turno a la anarquía, a la abolición del Estado; en vez de abolir el Estado, lo que hicieron fue intentar erigir una serie de pequeños Estados nuevos. A continuación, abandonaron su principio de que los obreros no debían participar en ninguna revolución que no persiguiese la inmediata y completa emancipación del proletariado, y participaron en un movimiento cuyo carácter puramente burgués era evidente. Finalmente, pisotearon el principio que acababan de proclamar ellos mismos, principio según el cual la instauración de un gobierno revolucionario no es más que un nuevo engaño y una nueva traición a la clase obrera, instalándose cómodamente en las juntas gubernamentales de las distintas ciudades, y además casi siempre como una minoría impotente, neutralizada y políticamente explotada por los burgueses” (Engels, cit.: 15-16).

Los sucesos de 1873 evidenciaron que los postulados ultraizquierdistas y antipolíticos del anarquismo no se sostienen en el marco de crisis revolucionarias, dando paso a las más contradictorias oscilaciones políticas e incluso la capitulación a sectores burgueses. Algo similar ocurrió durante la Comuna de París en 1871, donde Bakunin defendió a sus militantes de la Asociación Internacional que, para garantizar el trabajo y alimentación de miles de obreros en la ciudad asediada por las tropas de Versalles, se vieron en la necesidad de actuar contra los principios antiestatales anarquistas y constituir un gobierno revolucionario: “Les ha sido necesario oponer un gobierno y un ejército revolucionarios al gobierno y al ejército de Versalles, es decir, que para combatir la reacción monárquica y clerical han debido, olvidando y sacrificando ellos mismos las primeras condiciones del socialismo revolucionario, organizarse en reacción jacobina” (Bakunin, cit.: 43-44).

En este caso fue acertado que los anarquistas se sumaran al gobierno de la Comuna de París, pues constituyó la primera experiencia de gobierno obrero en la historia.5 Pero de fondo lo que queremos destacar es que, ante situaciones de crisis revolucionaria, el anarquismo es incapaz de sostener una línea de acción coherente con su programa y se comporta de manera errática, demostrando que sus discursos ultraizquierdistas son para tiempos de paz pero no aplican para tiempos de revolución social. Bakunin justificó este desliz de sus seguidores argumentando que “entre las teorías más justas y su práctica, hay una distancia que no se franquea en algunos días” (Bakunin, cit.: 44). En realidad, para el anarquismo esa distancia nunca se franqueó, pues como veremos más adelante, esto sucederá nuevamente en la guerra civil cuando la CNT se sumó al gobierno del Frente Popular y cedió a cada una de las exigencias de la burguesía republicana y el stalinismo, bajo la excusa de la unidad para ganar la guerra, demostrándose incapaz de avanzar hacia la constitución de un gobierno obrero revolucionario.

 

La lucha de tendencias en el anarquismo

 

El anarquismo español tuvo fuertes luchas de tendencias internas, algo normal en el desarrollo de una corriente de izquierda, pero en su caso con un enorme límite: giraban en torno a temas secundarios que no resolvían los principales problemas estratégicos que aquejaron al movimiento a lo largo de su desarrollo, para lo cual era preciso cuestionar las bases teóricas y filosóficas del anarquismo (Ealham, “De la cima al abismo…, en La República asediada: 172-173). Las dos principales escuelas del anarquismo libertario fueron los individualistas y colectivistas.

Los primeros se originaron en Andalucía, una región agrícola que fue el primer bastión del anarquismo. En esa zona el campesinado estaba sometido a la opresión de los terratenientes y la Guardia Civil que, como indicamos anteriormente, se comportaba en las provincias como una fuerza de ocupación. En este contexto caló la figura del bandolero, que se enfrentaba directamente a las figuras de poder locales. Los individualistas daban continuidad al pensamiento de Bakunin y su exaltación del “fuera de la ley” como el sujeto del cambio social, un prototipo de revolucionario indómito que actúa directamente y sin frases bonitas (ídem: 151). También se nutrían de los postulados de Malatesta, anarquista italiano que pregonaba la “propaganda por el hecho”, consistente en realizar un acto súbito y escandaloso que sumiría a la burguesía en pánico (Thomas: 61). Malatesta también fue el ideólogo de una concepción de la insurrección ultraizquierdista y espontaneísta que consistía en “apoderarse de una ciudad o de una aldea, poner a los representantes del Estado en incapacidad de molestar, e invitar a la población a organizarse libremente por sí misma” (en Broué y Témine: 23).

Esta concepción de la revolución caló en los futuros dirigentes de la CNT en la década del 30, lo cual dio paso a una serie de insurrecciones fallidas (en su mayoría derrotadas y con enormes pérdidas de vidas) y durante la guerra civil sirvió como modelo para instaurar el comunismo libertario en algunas regiones, que progresivamente aumentarían y se articularían mediante un sistema federal desde abajo, haciendo innecesario disputar el poder del Estado y recreando una nueva forma de poder político.6

El otro referente de los individualistas fue el filósofo alemán Max Stirner, para quien la voluntad individual era la fuerza motriz para destruir al Estado y construir un nuevo mundo. Su filosofía exaltaba al criminal como el sujeto revolucionario, a la vez que calificaba al proletariado del marxismo como un nuevo objeto de culto. En su concepción las formas de organización eran los “sindicatos de egoístas”, instancias que agrupaban a los marginados sociales: intelectuales desclasados, criminales, pobres, villanos, etc. (Ealham: 151-152). Su pensamiento propició el surgimiento de los “grupos de afinidad” que, para efectos prácticos, eran la versión española de los “sindicatos de egoístas”: grupos de acción que realizaban acciones criminales revolucionarias (asaltos a bancos, bandolerismo contra figuras burguesas y políticas) y no tenían ninguna relación entre sí ni control de ningún tipo. Además, dado el carácter abrumadoramente empírico del movimiento en España, los grupos de afinidad produjeron grandes leyendas de gran prestigio que incidieron en las orientaciones del movimiento anarquista (Ealham: 152).

Los grupos de afinidad constituyeron durante décadas la principal unidad de la práctica anarquista en España, y tuvieron un impacto muy fuerte en Barcelona, el otro bastión de los libertarios y que para finales del siglo XIX era reconocida como la “ciudad de las bombas” (Thomas: 16). El auge del anarquismo en Cataluña fue facilitado por varios factores. En primer lugar, la constitución de la clase obrera: eran inmigrantes de zonas rurales, en su mayoría campesinos sin tierras que se proletarizaron para sobrevivir o jornaleros agrícolas desempleados. Entre 1910 y 1920 se estima que arribaron 200.000 inmigrantes a Cataluña, llegando a constituir un 10% de la población de la región y concentrados particularmente en Barcelona, viviendo en condiciones sumamente precarias (Durgan, cit.: 17-22). Sobre este terreno germinó una cultura del crimen que hizo de la ciudad portuaria un epicentro de los anarquistas individualistas, facilitado también porque muchos migrantes tuvieron contacto con las ideas anarquistas en sus zonas de origen.

Precisamente en Barcelona surgió el anarcosindicalismo (o colectivistas), producto de una particular combinación de las ideas anarquistas clásicas con el sindicalismo revolucionario francés. Expresaba el carácter abrumadoramente obrero de su base social en Barcelona, por lo cual tuvo que adaptar su forma de organización y métodos de lucha hacia esquemas más colectivos que dieran respuesta a sus militantes en las fábricas. Su principal postulado consistió en desarrollar el sindicato como instancia de organización del movimiento anarquista, el cual sería en los hechos un órgano directivo central mediante el cual lograr la organización revolucionaria de la clase obrera y, en determinado punto del camino, desatar una huelga general revolucionaria que destruiría el Estado, expropiaría a la burguesía y establecería de inmediato el comunismo libertario (Ealham: 154).

A partir de estos postulados, los anarconsindicalistas realizaron el Congreso de Solidaridad Obrera los días 30 de octubre y 1 de noviembre de 1910, donde resolvieron fundar la Central Nacional del Trabajo (CNT) y definieron la estrategia anarcosindicalista en los siguientes términos: “Como un medio de lucha (…) para recabar de momento todas aquellas ventajas que permitan a la clase obrera poder intensificar la lucha dentro del presente estado de cosas, a fin de conseguir (…) la emancipación integral de la clase obrera, mediante la expropiación revolucionaria de la burguesía, tan pronto como el sindicalismo (…) se considere bastante fuerte numéricamente y bastante capacitado intelectualmente para llevar a efecto la huelga general, que por propia definición debe ser revolucionaria” (Peirats, cit.: 25).

El anarcosindicalismo representó un intento para romper con el individualismo y las tácticas de la “propaganda por el hecho”, que habían sumido al movimiento en un pozo. Pero se concentró en establecer una cultura de la acción sindical directa, sin avanzar, según Ealham, hacia la formulación de un proyecto de transformación social coherente, incorporando las concepciones antipolíticas y su idealización del espontaneísmo a la práctica de la CNT: “Sus tácticas incluían sabotaje, disturbios y antiparlamentarismo, sobre todo, la huelga general revolucionaria, cuidadosamente planeada (…), que se convirtió en la esperanza central de los trabajadores españoles como medio para alcanzar el objetivo del ‘comunismo libertario’ (…). En las reuniones, no había agendas, y no había sedes, aparte de las oficinas de los periódicos y los impresores” (Thomas: 63).

Esto produjo enormes tensiones a lo interno de la CNT, pues el individualismo resurgió durante la I Guerra Mundial, dado que Barcelona se convirtió en un centro de atracción para anarquistas prófugos (entre ellos Víctor Serge, en ese entonces un individualista que venía de cumplir una condena en Francia por robar bancos) y desclasados de toda Europa. En la posguerra el individualismo tuvo otro impulso con la represión hacia la CNT desde los sectores patronales y luego con la dictadura de Primo de Rivera, lo cual fortaleció el surgimiento de los grupos de afinidad. El caso más icónico fue el de los Solidarios, compuesto por los llamados “tres mosqueteros del anarquismo español”: Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso y Juan García Oliver.

Todos ellos serían figuras claves en la conducción de la CNT durante la guerra civil, evidenciando que el anarcosindicalismo devino en una formulación ecléctica entre el individualismo y el colectivismo, sin una estrategia clara sobre cómo lograr el cambio revolucionario de la sociedad y la dialéctica entre la acción individual y la colectiva, negando la importancia de la organización para luchar y, consecuentemente, apostando todo al espontaneísmo para la revolución social: “Cualquier esfuerzo organizador estaría condenado al fracaso, sólo quedaría aportar a la espontaneidad… Aquí se plantean dos graves problemas: uno, que de esta manera se desestima la idea misma de la organización en provecho de la espontaneidad, lo que entra en contradicción con el carácter complejo de nuestras sociedades, con el desarrollo de las fuerzas productivas, con el carácter centralizado del Estado burgués” (Sáenz, cit.).

Esto tendría enormes repercusiones en la guerra civil, pues la crisis revolucionaria nuevamente hizo implosionar al anarquismo como teoría de la revolución. Al respecto, son muy elocuentes las palabras de Jaume Bailuis, anarquista crítico de la jerarquía de la CNT en los años 30: “La CNT estaba húerfana de teoría revolucionaria. No teníamos un programa correcto. No sabíamos adónde íbamos” (Ealham: 147 y 172-173).

 

La fundación de la FAI y el ascenso de los individualistas

 

En 1927 se fundó la Federación Anarquista Ibérica (FAI) con el objetivo de luchar contra las desviaciones sindicalistas a lo interno del movimiento libertario, a quienes acusaban de constituir una tendencia revisionista que renunció a la revolución con tal de lograr mejoras en los niveles de vida de la clase trabajadora (Thomas: 63).

La FAI fue una recreación de las sociedades secretas anarquistas de Bakunin, que conglomeró los grupos de afinidad dispersos y cuya bandera fue rescatar el mensaje real del anarquismo contras las desviaciones anarcosindicalistas. El faísmo tampoco realizó ningún esfuerzo teórico o de balance sobre el desarrollo del anarquismo español y, por el contrario, se limitó a replicar el esquema de los individualistas para superar los problemas anarquistas, es decir, apelar al sacrificio y la abnegación personal. De hecho, el modelo operativo de la FAI eran los “tres mosqueteros anarquistas”, a pesar de que Durruti, Ascaso y García Oliver inicialmente se negaron a ingresar a la FAI (no lo harían hasta 1934) debido a su individualismo y consecuente rechazo a cualquier forma de organización centralizada (Ealham: 160-161).

Lo anterior devino en una relación de poder muy anómala al interior de la FAI, pues los individualistas terminaron por imponerse de facto como la dirección de la organización, una “’super-FAI’, una ‘FAI dentro de la FAI’”, producto del prestigio de los miembros de los grupos de afinidad (¡las leyendas anarquistas!) y la ausencia de cualquier mecanismo coherente para procesar debates políticos y elegir representantes formales del movimiento” (Ealham: 161). Es un rasgo propio del anarquismo (y lo extendemos al autonomismo en la actualidad) que los caudillos y personalidades fuertes se impongan como dirigentes sin que medie ninguna votación democrática: “En realidad, la gestión anarquista de los asuntos, al contraponerse a la democrática, da lugar inevitablemente a la gestión carismática, autoritaria, de la autoridad; ocurre lo mismo con el “horizontalismo”: como es falso que pueda haber “bordes sin un centro”, dicho “centro” se termina afirmando no de manera democrática, sino autoritariamente” (R. Sáenz, “Marxismo y anarquismo, problemas generales. Autoridad, jerarquía, gobierno”, en www.mas.org.ar).

Aunado a lo anterior, la FAI progresivamente ganó espacio dentro de la CNT hasta convertirse en la tendencia hegemónica en los años 30, desplazando de la conducción al sector más sindicalista. Así, aunque los individualistas apenas sumaban los 200 o 300 militantes, tenían un peso desproporcionado en la conducción de la CNT. Nótese la paradoja: el anarcosindicalismo surgió como una respuesta de los colectivistas contra la tendencia individualista, pero dada la carencia de una propuesta estratégica y programática superadora de la “propaganda por el hecho”, al cabo de pocos años los individualistas se hicieron del control del aparato de la CNT por su prestigio como “fueras de la ley” anarquistas. ¡Un círculo vicioso que refleja la superficialidad de los debates de las tendencias internas del anarquismo!

Esta paradoja está perfectamente representada por los Solidarios, el grupo de afinidad de Durruti, García Oliver y Ascaso, figuras que llegarían a ocupar un papel central en la CNT durante la guerra civil, pero cuya actividad principal siempre estuvo vinculada a sus actividades individualistas y no a la actividad sindical. Incluso durante la dictadura de Primo de Rivera, Durruti y Ascaso optaron por el exilio para proseguir con las expropiaciones de bancos por Cuba y Sudamérica, antes que permanecer en España reconstruyendo la CNT (Ealham: 161).

El ascenso de la FAI dio paso a la constitución de una nueva tendencia en el anarquismo, los treintistas, compuesta por los dirigentes asociados al ala anarcosindicalista de la CNT (como Peiró, Pestaña, Massoni, Clará, etc.). De acuerdo con José Peirats, anarquista de la época e historiador del movimiento anarquista español, la pugna entre los treintistas con los faístas representaba la disputa entre la tendencia evolucionista con la tendencia revolucionaria, cuando en realidad fue una pelea que giró primordialmente sobre cuestiones de táctica (Peirats: 90).

La base social del los treintistas eran los obreros de las zonas periféricas de Cataluña, catalanoparlantes, con trabajos más estables, duraderos y con mayores tradiciones de lucha y organización, para quienes los métodos de acción directa del anarquismo eran contraproducentes. Por el contrario, la base de la FAI era la clase obrera de Barcelona, mayoritariamente inmigrante y con trabajos inestables, donde los métodos de acción directa eran mejor recibidos.

Esto explica que ambas tendencias expresaran métodos de lucha diferentes: “Los ‘treintistas’ (…) se inclinaban por una orientación sindicalista más tradicional, subrayando la importancia de la educación en lugar del ‘derroche’ de huelgas revolucionarias (…). La FAI estaba decidida a desembarazarse de los líderes de la CNT, a quienes consideraban un freno para el movimiento revolucionario” (Durgan: 115). De ahí que el faísmo fuera, a criterio de Broué y Témine, la “jacquerie campesina traspuesta al plano de la lucha obrera por la masa campesina” (cit.: 23).

Además, es una posible explicación del sectarismo de la FAI hacia la cuestión nacional, pues nunca tomó como eje la defensa del derecho a la autonomía de pueblo catalán por su repudio hacia cualquier reivindicación nacional. Incluso la CNT no tuvo publicaciones en catalán (aunque sus asambleas solían ser en ese idioma) y en la edición de Solidaridad Obrera del 13 de diciembre se atacó las tendencias hacia la “catalanización” de la organización (Durgan: 117). Esto constituyó otro de los errores sectarios del anarquismo, pues en el contexto de la revolución y guerra civil, la reivindicación de los derechos a la autodeterminación catalana jugaba un rol revolucionario muy progresivo, en contraposición al nacionalismo de la monarquía y la burguesía madrileña, un factor de “imperialismo reaccionario” (Trotsky, España revolucionaria: 63).

 

El ciclo de las insurrecciones

 

Tras la caída de la monarquía y la instauración de la República, la conducción faísta de la CNT no tardó en impulsar acciones ultraizquierdistas, en la mayoría de los casos sin ninguna preparación ni consulta democrática con las bases. De acuerdo con Andy Durgan, especialista en el comunismo catalán, era “posible que en la CNT de Barcelona todas las decisiones concernientes a los sindicatos locales, así como a los Comités Regional y Nacional, las tomasen, como máximo, tan sólo unos 500 militantes” (Durgan: 122-123).

Esta gestión autoritaria de la CNT generó cualquier clase de aventuras irresponsables, donde se expuso la vida de cientos de militantes y miles terminaron en la cárcel. Este giro se apoyó en un ascenso de las luchas obreras por el desplome de las expectativas con la República y la crisis económica en que estaba sumido el país para ese entonces (en el marco de la crisis capitalista mundial). Para Peirats lo que ocurrió fue un cambio de rumbo de los anarquistas hacia la revolución social, pasando “de la guerrilla, que eran las huelgas, al ciclo de las insurrecciones”. Pero él mismo da cuenta de la forma de operar de la CNT en ese entonces, donde sin mediar ninguna valoración política o consideración sobre la relación de fuerzas con la burguesía y el gobierno, la CNT-FAI orientaba insurrecciones: “La exclusión de los elementos moderados crecía la responsabilidad de sus victimarios (…). El pesimismo de unos engendraba el optimismo de otros (…). Para probar sus acusaciones de impotentes, de vencidos o traidores, los acusadores estaban obligados a dar el do de pecho. En los grandes mitines, donde se concentraba hasta un centenar de miles de personas, se ponía el comunismo libertario al alcance de todos. No creer en la posibilidad de implantación del comunismo libertario para el día siguiente podía ser sospechoso”. Esta orientación también se plasmó en la prensa confederal, pues en el diario CNT todos los días se “hablaba de la revolución inminente a cada pasto (sic)” (Peirats: 98).

Así se abriría el “ciclo de las insurrecciones” anarquistas. La primera fue la del Alto Llobregat de enero de 1932, la segunda fue la insurrección de enero de 1933 y la tercera fue la insurrección de diciembre de 1933. Todas terminaron derrotadas y con miles de anarquistas detenidos, otros tantos muertos a causa de la represión.

Para ejemplificar el modo de operación de la CNT-FAI en las insurrecciones, veamos brevemente cómo se gestó y terminó la primera insurrección de 1933. Se inició el 8 enero y fue “camuflada” bajo la convocatoria a una huelga ferroviaria, maniobra que no sirvió pues el gobierno y ejército estaban enterados de todo el operativo y, a pesar de que la dirección anarquista estaba al tanto de que la “revolución les había sido telefoneada” a las autoridades, decidieron seguir adelante, por más que “la fidelidad a la palabra empeñada, en materia revolucionaria, ha sido un especie de pundonor confederal de discutibles resultados” (ídem). El resultado fue un nuevo desastre: la insurrección quedó decapitada desde el inicio con al arresto de los dirigentes (incluido García Oliver) y de cientos de militantes anarquistas, muchos de ellos torturados en las cárceles de la República. En realidad la insurrección consistió en una acción relámpago de “izar la bandera roja y negra en el Ayuntamiento, proclamar el comunismo libertario, quemar en la plaza los archivos de la propiedad y pregonar la abolición de la moneda y de la explotación del hombre por el hombre” (Peirats: 99).

Otro caso fue la insurrección del 8 de diciembre de ese mismo año, centrada en Aragón y Logroño, que duró apenas cinco días con enfrentamientos intermitentes. Se convirtió en la aventura insurreccional con efectos más trágicos: 87 muertos y más de 700 personas encarceladas. Como era de esperar, la orientación ultraizquierdista de las insurrecciones facilitó la represión del gobierno burgués de la República, en particular contra la CNT, que fue sometida a la suspensión reiterada de su prensa y a una fuerte persecución de sus militantes. Para mediados de 1933, unos 9.000 anarquistas estaban encarcelados (Durgan: 119).

Lo más absurdo es que, cuando en 1934 estalló la insurrección de Asturias o, como se dio a conocer, el Octubre Rojo español (también conocido como la Comuna de Asturias, pues allí fue donde se inició el movimiento y tuvo mayor profundidad), bajo la dirección principalmente del PS en el marco de las “Alianzas Obreras” (donde participaban otras fuerzas de izquierda), la CNT no apoyó la insurrección porque participaban sus rivales socialistas, a quienes calificaban como “políticos traidores”, sin tener en cuenta que esta insurrección era una expresión de lucha desde la base obrera. Si bien la CNT de Asturias sí participó en la insurrección, porque era proclive a la unidad de acción con los socialistas y había firmado un acuerdo previo, atacado por el resto de sectores anarcosindicalistas, esta decisión de la CNT fue clave para que el Octubre Rojo fuera derrotado y abrió paso al “Bienio Negro”.

No ponemos en duda la disposición de lucha de las bases anarquistas que, una y otra vez, acudieron voluntariamente a los llamados precipitados a huelga general revolucionaria o insurrecciones por decreto de sus direcciones. Pero más allá de la gran envergadura de la CNT y los cientos de miles de militantes con que contaban en distintas partes del territorio, es injustificable que una dirección política revolucionaria actúe tan irresponsablemente como la FAI, exponiendo innecesariamente a sus bases a la represión del Estado burgués por sostener un llamado a la lucha revolucionaria en abstracto.

Como analizara Víctor Serge, este funcionamiento era consustancial a la futilidad del anarquismo y su “rechazo a las condiciones concretas”, lo cual hacía que la lucha se distanciara aún más de su objetivo final. Pero también daba cuenta del perfil del militante anarquista, que se asemejaba más al de rebelde que al de revolucionario, siendo que “la rebeldía es más una actitud, una ‘pose individual’. Pero con actitudes meramente individuales no se podrá cambiar la sociedad que es, básicamente, un hecho social” (Sáenz, “Anarquismo y marxismo…”, cit.).

En el caso de la CNT-FAI, el aventurerismo insurreccional hizo evidente que pretendían hacer su revolución de espaldas al conjunto de las organizaciones obreras y de izquierda, una postura sectaria que no daba cuenta de la amplia franja de la clase obrera que seguía principalmente a los socialistas (Durgan: 170).

 

La conducción burocrática y antidemocrática de la FAI

 

Producto del aventurerismo ultraizquierdista de la CNT-FAI y la crisis en que sumieron a la confederación, tomaron fuerza dos corrientes críticas al faísmo, los treintistas y los sectores afines al Bloque Obrero y Campesino (BOC), antecesor del POUM. La FAI no dudó en aplicar medidas antidemocráticas (expulsiones incluidas) para enfrentar a sus opositores y garantizar el control del aparato sindical, reafirmando la gestión autoritaria de las diferencias políticas del anarquismo.

Por ejemplo, en junio de 1931 la conducción de la CNT impulsó en el Congreso Nacional la prohibición de que los puestos de representación fueran ocupados por quienes hubiesen sido candidatos en elecciones parlamentarias o locales, medida que desde todo punto de vista estaba dirigida contra el BOC y cualquier oposición partidaria comunista. Esta cláusula fue aplicada para cesar a Francesc Aguilar de la conducción del sindicato de la madera de Lleida (el principal de la región) porque había sido candidato del BOC. Ante el reclamo del sindicato en defensa de su dirigente (votado por la base obrera) y el apoyo de otras organizaciones de la región, el Comité Local de Lleida (¡con sus 1.500 afiliados!) fue expulsado de la CNT en abril de 1932.

Caso similar ocurrió con los sectores alrededor del treintismo, particularmente luego del fracaso de la insurrección de 1932 en Alto Llobregat que tensionó al máximo la punga con la FAI. Debido a esto, la federación treintista de Sabadell fue expulsada por negarse a cancelar sus cotizaciones, generando un gran malestar con la CNT y una seguidilla de expulsiones y rupturas con la confederación. Esto dio paso a la celebración del Pleno Regional de Sindicatos de Oposición de la CNT (junio de 1933), que representaba a 35.000 obreros de Barcelona, Manresa, Mataró, la mayoría de la CNT de Valencia, etc. (Durgan 117-118).

Los métodos burocráticos de la FAI llegaron a tal extremo que, ante la creación del opositor Sindicato de Trabajadores de la Industria Fabril y Textil de Barcelona, lanzaron una campaña para destruirlo, incluyendo la organización de huelgas en varias fábricas para exigirle a las patronales que despidieran a quienes se hubieran afiliado al mismo. Varios dirigentes sindicales del BOC y del treintismo denunciaron haber sido víctimas de ataques físicos por parte de la CNT, teniendo que acudir armados a los centros de trabajo como medida de protección (Durgan: 126-127).

 

Una escuela de derrotas

 

La acumulación de todas las confusiones teóricas, políticas y estratégicas a lo largo de casi setenta años impidió que el anarquismo estuviera a la altura de las exigencias durante la revolución y la guerra civil española, donde oscilaron de la izquierda a la derecha, del sectarismo al oportunismo. Trotsky previó esto desde enero de 1931, cuando advertía que por “la ausencia de programa revolucionario y la incomprensión del papel del partido, el anarcosindicalismo desarma al proletariado. Los anarquistas ‘niegan’ la política hasta el momento en que ésta los toma por el pescuezo; entonces, dejan el sitio libre a la política de la clase enemiga” (Trotsky: 38-39).

Cinco años después estas palabras se materializaron, cuando la CNT abandonó una vez más su repudio al Estado para sumarse al gobierno del Frente Popular, plegándose por completo a las exigencias del stalinismo bajo el chantaje de contar con las armas soviéticas. A pocos meses del inicio del enfrentamiento militar, los anarcosindicalistas pasaron de sus orientaciones ultraizquierdista para decretar el comunismo libertario a sumarse al discurso de la unidad antifascista bajo el programa de la burguesía y el “pragmático” lema de “primero la guerra contra el fascismo, luego la revolución”.7

Para Trotsky, era inevitable que el anarquismo se encaminaba a una derrota sin precedentes en el transcurso de la revolución, pero que había que “procurar por todos los medios que la tumba del anarcosindicalismo no sea también la tumba de la revolución española” (Trotsky: 84-85). Por eso siempre diferenció entre las “cumbres del anarcosindicalismo”, que “constituyen la forma más disfrazada, más pérfida y más peligrosa de conciliación con la burguesía”, con la enorme base obrera de la CNT que valoraba como una “inmensa fuerza potencial” para la revolución, a condición de que los comunistas lograran confrontarla contra los desastres políticos de sus direcciones. Por eso insistía en sostener una política de unidad de acción con los obreros anarquistas (el frente único) para la lucha, sin dejar de lado la crítica a las orientaciones anarquistas.

Lamentablemente, no fue posible colocar en pie un partido socialista revolucionario en España (lo cual veremos en detalle con el caso del POUM), y la tumba del anarquismo se combinó con la derrota de la revolución. Por eso no dudamos en calificar a la corriente anarquista como una escuela de derrotas.

 

El Partido Socialista

 

La otra gran corriente obrera española fue el Partido Socialista. Surgió como una agrupación minoritaria con respecto al anarquismo, pero al cabo de muchos años se transformó en una potencia con fuerte presencia en el movimiento obrero y con representación parlamentaria. Su desarrollo fue mucho más lento que el del anarquismo y se concentró en territorios diferentes, particularmente Madrid, las ciudades industriales del país vasco y las zonas mineras de Asturias y Huelva (Jackson: 39). Fracasó en su intento de convertirse en una alternativa revolucionaria superadora del ultraizquierdismo anarquista y, por el contrario, se transformó en su reverso: un clásico partido obrero reformista que nunca se planteó ir más allá de los límites de la democracia burguesa.

 

Orígenes

 

El socialismo español comenzó a delinear su identidad tras su expulsión de la sección local de la Internacional en 1872, pero tomaría contornos más firmes cuando un grupo de cinco amigos, reunidos en un café, acordaron fundar el Partido Democrático Socialista Obrero en 1879.

Este grupo ultra minoritario, capitaneado por Pablo Iglesias, logró su legalidad electoral en 1881 y pudo editar su primer órgano hasta 1886. Durante décadas enfrentó condiciones adversas para su construcción, pues en la España monárquica, donde las elecciones eran bastantes antidemocráticas y el gobierno se oponía a las reformas sociales, habían pocas vías para el desarrollo de un partido concentrado en la acción parlamentaria con el objetivo de impulsar reformas (Broué y Témine: 24-25). Fue justamente este contexto el que facilitó un desarrollo más acelerado del anarquismo, con su perfil ultraizquierdista y antipolítico. Pero también propició que el Partido Socialista (PS) fuera un grupo con mucha disciplina interna y solidez teórica, rasgos que le daban identidad y fortaleza en la lucha de tendencias con el anarquismo.

Entre sus primeras actividades destacaron la educación para los obreros en las “Casas del Pueblo”, centros de formación política por donde transitaron muchísimos militantes (incluida su principal figura obrera, Largo Caballero). Estos centros tenían bibliotecas con libros de mecánica, ciencia, salud y ejemplares de las principales novelas (Tolstoi, Dickens, etc.), así como materiales sobre los debates del socialismo francés. Eran ricos espacios de formación autodidacta para la clase obrera, muy propios del “mundo socialista” del siglo XIX e inicios del XX. Este perfil teórico le ganó simpatías entre sectores intelectuales universitarios, que llegarían a representar una parte importante del partido más adelante.

El PS fue un partido reformista clásico, con eje en la acción política y la intervención parlamentaria. En 1910 eligió a Pablo Iglesias como su primer diputado en las Cortes (Jackson: 40). Además, tenía una enorme base obrera que organizó mediante la Unión General de Trabajadores (UGT), la otra gran central sindical del país en constante competencia con la CNT anarcosindicalista.

La UGT se creó en 1888 con alrededor de 3.000 miembros y, al igual que los socialistas, tuvo un lento desarrollo, pues para finales del siglo apenas había duplicado su base (Broué y Témine: 24). En el marco de la lucha con el anarcosindicalismo, los socialistas abrieron un importante trabajo en las industrias de Bilbao, las minas de Asturias y el sector de los ferrocarriles, donde dirigieron fuertes huelgas que competían con las de los anarcosindicalistas en Barcelona (Jackson: 40).

A diferencia de los demás partidos socialistas en Europa, el PSOE (posterior denominación del PS) tuvo la enorme ventaja de que España fue neutral durante la I Guerra Mundial, ahorrándole el desprestigio de haber apoyado la intervención militar del país, tal como sucedió con el resto de partidos socialistas de Europa (Durgan: 22). A la postre, esto retardó el surgimiento de un ala izquierda dentro del socialismo español y bloqueó el desarrollo del Partido Comunista en sus primeros años, impidiendo la consolidación de una organización revolucionaria nacional en España.

Incluso el PSOE experimentó un giro a la izquierda que respondía al malestar social generado por los efectos económicos de la I Guerra Mundial sobre la población. Esto se materializó con las huelgas de diciembre de 1916 y la de agosto de 1917. La primera fue organizada en conjunto por la UGT y la CNT y, a pesar de que tuvo gran acogida, no se logró ningún rédito concreto. Por eso ambas centrales acordaron impulsar una huelga general revolucionaria en 1917, pero el acuerdo se debilitó porque, a criterio de la CNT, los socialistas “politizaron” la huelga al buscar acuerdos con figuras de partidos burgueses de oposición.

Por eso la UGT y el PSOE organizaron la huelga de forma aislada y precipitada, casi improvisada. Se inició como un conflicto gremial de ferroviarios que, tras extenderse mucho, el comité de huelga socialista (donde estaba Largo Caballero) optó por transformar en una huelga política con un programa democrático-radical: fin de la monarquía, la jornada laboral de siete horas, abolición del ejército y creación de una milicia, separación de la Iglesia del Estado, nacionalización de la tierra, clausura de los monasterios, etc. (Thomas: 21). La huelga general tuvo repercusiones en Vizcaya, Barcelona y otras ciudades del país, pero dada la improvisación el gobierno pudo derrotarla con la represión, con un saldo de 71 muertos, 200 heridos y 2.000 presos.

Las derrotas de las huelgas de 1916-1917 y el estallido de la revolución rusa abrieron un fuerte debate al interior del partido sobre la estrategia de lucha de los socialistas. En este período, el PSOE tuvo acercamientos con Moscú y discutió una posible vinculación a la III Internacional, pero en 1921 acordó, por una mínima diferencia, permanecer en la II Internacional y así retomó su estrategia reformista (Jackson: 40).

 

Una lucha de tendencias en clave reformista

 

A partir de los años 20 el Partido Socialista estuvo cruzado por la lucha entre las tendencias de Largo Caballero e Indalecio Prieto. El primero fue el principal referente obrero socialista en España, el “hombre de las masas” que dirigía la UGT y que posteriormente se convertiría en presidente del gobierno durante la guerra civil, nombrado por el stalinismo en ese entonces como el “Lenin español”. El segundo logró su prestigio como el “hombre del aparato”, con gran ascendencia política sobre los cuadros del partido y contactos entre la burguesía republicana (Broué y Témine: 27).

Cada conflicto o hecho de importancia se transformó en un campo de disputa entre estas tendencias, pero siempre en el marco de estrategias reformistas. Ninguno avanzó hacia la ruptura con la burguesía (o con su “sombra”, como sucedió en la guerra civil), y desde sus campos de acción siempre procuraron instalarse en la institucionalidad democrático-burguesa; eran “hermanos enemigos” que representaron dos rostros del socialismo reformista español (ídem).

Largo Caballero era un cuadro ligado a las Casas del Pueblo que se hizo su espacio con el trabajo de organización en la UGT, con enorme influencia y simpatías hacia afuera del partido (incluso entre sectores de la CNT). Durante los años 20 fue hostil al comunismo y se opuso al ingreso a la III Internacional, por lo cual promovió el reingreso del PS a la II Internacional reconstituida (ídem: 27-28). Discursivamente tenía una ubicación más a la izquierda que Prieto, porque hablaba para la “tribuna obrera”, pero su pugna se limitó a lograr la representatividad del PS ante el Estado burgués por su control de la UGT como aparato de contención del movimiento obrero. Por eso no dudó en realizar acuerdos con sectores burgueses bajo criterios aparatistas, con el único objetivo de fortalecer la UGT y, a la vez, potenciar su propia figura. Por ejemplo, sostuvo una orientación colaboracionista con la dictadura de Primo de Rivera en los años 20, convirtiéndose en consejero de Estado para beneficiar el desarrollo de la UGT por medio de las comisiones paritarias de arbitraje, a la vez que debilitó a la CNT. Posteriormente fue ministro de Trabajo en los primeros años de la República (1931-1933), posición que aprovechó nuevamente para fortalecer a la UGT con el reclutamiento de las nuevas generaciones obreras que saltaron a la vida política con la caída de la monarquía. Esto explica el crecimiento exponencial que tuvo la UGT: en 1924 tenía una afiliación cercana a los 200.000 trabajadores, pero en 1934 ya contaba entre sus filas con 1,25 millones de afiliados, de los cuales 300.000 eran obreros fabriles, de las minas y ferrocarriles (Durgan: 38 y Broué y Témine: 25).

Más grave aún es que Largo Caballero, en su calidad de ministro de Trabajo, fue cómplice de la feroz persecución a que fue sometida la CNT (facilitada también por sus posturas ultraizquierdistas infantiles). Un caso referente es la huelga de la Telefónica en julio de 1931, convocada por la CNT y que tuvo fuerza en Sevilla y Barcelona. Largo Caballero y la UGT fueron parte del dispositivo para quebrar la huelga: enviaron trabajadores para ocupar los puestos de los huelguistas y facilitar la represión del gobierno, que dejó como saldo 30 muertos y 200 heridos. Así, los socialistas terminaron por defender los intereses de una compañía transnacional y actuar como rompehuelgas (Jackson: 59).

En el caso de Prieto, tenía un perfil más acorde con la socialdemocracia europea: socialista moderado con relaciones con los liberales del mundo de los negocios, buen orador y polemista, con vocación para el trabajo parlamentario. Esto explica que sus posiciones fueran menos radicales que las de Largo Caballero, pues su campo de acción eran los pasillos ministeriales (aunque se posicionó contra la colaboración con la dictadura de Primo de Rivera). Prieto era la figura de los cuadros del partido y de los sectores académicos que se sumaron al PS en los años 20. En agosto de 1930 fue el representante de los socialistas en la firma del “Pacto de San Sebastián”, un acuerdo con sectores burgueses republicanos para instaurar la República desde arriba y por la fuerza si era necesario, con la convocatoria a Cortes Constituyentes (Jackson: 42). Posteriormente, sería ministro de Hacienda y Obras Públicas entre 1931 y 1933.

A pesar de las disputas entre Largo Caballero e Indalecio Prieto, ambos coincidían en la estrategia reformista de adaptarse al Estado burgués: “Ambas facciones estaban a favor de la permanencia del PSOE en la Segunda Internacional, apoyaban a la Sociedad de Naciones, habían votado a favor de Azaña para el cargo de presidente del Gobierno y de la República, estaban de acuerdo con la política del Frente Popular y aceptaban la permanente suspensión de las garantías constitucionales que el gobierno mantenía en vigor” (Durgan: 38 y Broué y Témine: 357).

 

El giro a la izquierda en los años 30

 

En el período 1931-1933 (conocido como el “Bienio Transformador”) los socialistas compartieron el poder con los partidos burgueses republicanos. Sus principales figuras, Largo Caballero e Indalecio Prieto, fueron ministros en este tiempo y sirvieron como “dique de contención” ante el ascenso del movimiento obrero y campesino. Pero entre 1934 y 1936 la situación política giró hacia la derecha con el ascenso electoral de la derecha, abriéndose el llamado “Bienio Negro”, y, en este escenario, el PS dejó de ser útil a la burguesía, por lo que fue marginado del poder y pasó de nuevo a la oposición.

Largo Caballero fue la figura de este giro a la izquierda, al cual justificó por su decepción como ministro donde tuvo roces con los republicanos burgueses y de lo cual concluyó que no era posible lograr transformaciones sociales a través de reformas, llegando a afirmar que “es imposible realizar un pedazo de socialismo en el marco de la democracia burguesa” (Broué y Témine: 26). También fue muy importante la experiencia de la Comuna de Asturias en octubre de 1934, donde el PS tuvo un papel destacado (junto con la CNT de esa región) en la huelga insurreccional, producto de la cual Largo Caballero resultó preso. Durante su estadía en la cárcel conoció los clásicos del marxismo (Marx, Engels, Lenin), se distanció de la II Internacional por su reformismo parlamentario y de la III Internacional por sus métodos burocráticos hacia los partidos nacionales y, de acuerdo a Broué y Témine, comenzó a soñar “una Cuarta Internacional que tomaría de sus predecesores lo que de mejor habían tenido, la autonomía de los partidos racionales de la Segunda, la táctica revolucionaria de la Tercera” (ídem).

Este giro a la izquierda de Largo Caballero se explica porque su base social era la UGT que, para ese entonces, reflejaba a un enorme sector de la clase obrera que ya tenía avanzada una experiencia de dos años con la democracia burguesa que no solucionó los problemas de fondo que aquejaban a los millones de explotados y oprimidos en España. Para ese entonces, era manifiesto el choque entre las expectativas generadas por la instauración de la República y la continuidad en las condiciones de explotación y miseria que el capitalismo generaba para la clase obrera y el campesinado. También fue importante el avance electoral de la derecha en 1933 (el mismo año del ascenso de Hitler), que sentó las condiciones para el fortalecimiento de los partidos de ultraderecha, como la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil Robles, ante lo cual los socialistas amenazaron con hacer la revolución. Incluso Indalecio Prieto, socialista moderado, amenazó con la revolución en caso de que la derecha intentara tomar el poder.

La revolución de los socialistas no era concebida como una tarea histórica en sí misma, sino como producto de la intransigencia de la burguesía republicana para bloquear reformas de fondo en la República. Además, los socialistas de izquierda reproducían la versión determinista y esquemática del marxismo de la II Internacional, principalmente con su noción del socialismo como un fin inevitable y una concepción sustituista del partido sobre la acción del movimiento obrero y de masas (Durgan: 179 y 351).

Producto de este enfoque, los socialistas colocaron a la clase obrera en una situación de pasividad, limitándose a esperar el “golpe fascista” como detonante automático para iniciar la revolución, además de generar una fetichización del PS como el verdadero partido obrero que tenía que incorporar (o absorber) a todas las corrientes de izquierda revolucionaria, algo que fortaleció las tácticas aparatistas y sectarias hacia el conjunto de las organizaciones de izquierda y del movimiento obrero. Era una concepción del partido como un fin en sí mismo muy propio del reformismo, donde la clave de la estrategia se reduce a la llegada al poder por los medios posibles, siendo las elecciones o la “revolución” aspectos tácticos que se empleaban según la coyuntura, lo que en realidad es un esquema que termina avalando la adaptación al Estado burgués en aras de alcanzar el “poder” (como sucedió posteriormente con su ingreso al Frente Popular con la “sombra” de la burguesía republicana).

Lo anterior se reflejó en la experiencia de las alianzas obreras, frentes únicos de las organizaciones políticas y sindicales que se constituyeron desde 1934 con el objetivo de superar la fragmentación del movimiento obrero y unir fuerzas contra el avance de la derecha. El punto más alto de esta experiencia fue la Comuna de Asturias en octubre de 1934, con instancias que facilitaron la unidad de acción entre las diversas corrientes obreras, pero con el agravante de funcionar a partir de pactos entre cúpulas y sin contenido por la base, por lo cual desde el inicio se vieron minadas por las prácticas sectarias de los socialistas y anarquistas. En el caso de los socialistas, dado su marxismo determinista y concepción aparatista del partido, sostuvieron una táctica ambigua, pues en un inicio Largo Caballero las apoyó pero luego sostuvo que lo haría solamente en los casos en que se acoplaran a los intereses del partido, o, lo que era lo mismo, cuando las contralara por completo el PS.

Los socialistas hicieron gala de un izquierdismo abstracto al atribuir a las alianzas obreras el carácter de organismos insurreccionales para la toma del poder que no debían intervenir en huelgas de carácter económico-reivindicativo, justo en un momento donde la clase obrera se resentía de una caída significativa en sus condiciones de vida producto de los efectos de la crisis económica mundial en España. Esto tuvo implicaciones durante la huelga general del 13 del marzo en Cataluña y la de Valencia en abril de 1934, que fueron criticadas por la dirigencia socialista como un desperdicio de energía ante las cuales las alianzas obreras no tenían que asumir ninguna responsabilidad. Esta orientación era un traslado de la clásica separación entre el programa máximo (toma del poder, revolución, socialismo) y el programa mínimo (reivindicaciones salariales, laborales, etc.) de la socialdemocracia de la II Internacional, que bloqueó la posibilidad de una mayor politización de la clase obrera española al fragmentar en su conciencia las luchas económicas y democráticas con la pelea por el poder (Durgan: 180).

Por eso el giro de Largo Caballero y del PS fue una adaptación al estado de ánimo del movimiento de masas, no una ruptura con el reformismo y una apuesta por destruir el Estado burgués; la nueva política de los socialistas consistió en sumarse a la marea hacia la izquierda producto de la crisis revolucionaria en España. De ahí que este giro fuese limitado, pues décadas de práctica y política reformista no se borran de la noche a la mañana. A partir de 1934 también la Juventud Socialista experimentó un proceso de radicalización muy progresivo, incluso simpatizando con el trotskismo, como veremos más abajo.

 

En los límites del reformismo obrero y el cretinismo parlamentario

 

Junto con la CNT anarcosindicalista, el PSOE fue la otra gran organización obrera en España. Debido a esto, la clase obrera entró a los tormentosos años 30 encuadrada en dos grandes aparatos político-sindicales que, aunque diferentes en sus métodos y perspectivas teóricas, no representaban una alternativa de ruptura revolucionaria con el Estado burgués. Trostky analizó esta dualidad complementaria entre ambas corrientes al respecto de su ubicación ante el parlamento y las elecciones burguesas, donde anarquistas y socialistas representaban dos extremos igualmente perjudiciales para la revolución; los primeros, el cretinismo antiparlamentario, y los segundos, el cretinismo parlamentario: “El cretinismo parlamentario es una enfermedad detestable, pero el cretinismo antiparlamentario no vale mucho más (…). La revolución plantea con toda claridad los problemas políticos, y, en su fase actual, les da una forma parlamentaria. La atención de la clase obrera no puede dejar de estar centrada en las Cortes (…). En España, menos que en cualquier otro sitio, no se puede luchar contra las ilusiones parlamentarias sin luchar contra la metafísica antiparlamentaria de los anarquistas” (Trotsky: 67).

Como señalamos, la neutralidad de España en la Guerra Mundial impidió que el reformismo de los socialistas quedara al descubierto ante la clase obrera, pues no se vio obligado a apoyar a su burguesía nacional en la guerra de rapiña imperialista, como sucedió en otros países de Europa y producto de lo cual se produjo la separación de las alas de izquierda revolucionaria con el reformismo socialdemócrata. Esto tendría repercusiones importantes, pues el PSOE continuó siendo percibido por la clase obrera como su partido, lo que bloqueó el desarrollo de una alternativa revolucionaria.

Esto explica el margen de maniobra que tuvo el PSOE en el marco de la crisis revolucionaria de los años 30, pues a lo largo de la década osciló entre el seguidismo a la burguesía republicana y giros defensivos (e inconsecuentes) a la izquierda. Trotsky describe a la perfección el carácter del reformismo obrero del PSOE en los años 30, en sus facetas más estatales así como en sus poses de izquierda: “El Partido Socialista español, como los socialrevolucionarios y los mencheviques rusos, compartió el poder con la burguesía republicana para impedir a las masas llevar la revolución socialista hasta su fin. Durante dos años, los socialistas en el poder ayudaron a la burguesía a desembarazarse de las masas mediante migajas de reformas agrarias, sociales y nacionales. Los socialistas emplearon la represión contra las capas más revolucionarias del pueblo (…). Cuando el Partido Socialista se hubo comprometido lo suficiente, la burguesía lo echó del poder y pasó a la ofensiva en toda la línea. El Partido Socialista se vio obligado a defenderse en condiciones extremadamente desfavorables, que él mismo había preparado con su política anterior” (Trotsky: 173).

 

El Poum

 

El Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) fue un actor importante de la guerra civil. A pesar de que nunca alcanzó la envergadura del PSOE o de la CNT, logró una implantación significativa en la vanguardia de izquierda, aunque con un área de acción muy restringida a Cataluña. Esto marcó uno de sus principales límites, pues fracasó en su intento de convertirse en un partido con extensión nacional.

Por otra parte, fue un fenómeno muy peculiar en el contexto de España y Europa en general. Hizo parte del desencanto entre las filas comunistas con la burocratización de la URSS y la Comintern (III Internacional), ubicándose en el campo del comunismo disidente que surgió en la izquierda europea en los años 20 y 30 (Durgan: 16-17). Pero en el caso del POUM tuvo un desarrollo constructivo importante (unos 40.000 militantes en su mejor momento), trascendió las fronteras de pequeño grupo de propaganda, fue referente para sectores de la clase obrera española y tuvo su propia milicia en la guerra civil.

Se fundó en 1935 con la fusión del Bloque de Obreros y Campesinos (BOC), liderado por Joaquín Maurín, y la Izquierda Comunista Española (ICE) cuyo principal dirigente fue Andreu Nin. Recordemos que la ICE fue la sección de la Oposición de Izquierda en España hasta 1935, cuando se produjo la ruptura con Trotsky en torno a la política de entrismo al PSOE (el llamado “viraje francés”).

Por su perfil disidente ante el stalinismo y por la incorporación de la ICE, el POUM fue calificado de “trotskista” por el stalinismo durante la guerra civil, calificativo de la época para tachar a cualquier adversario como “contrarrevolucionario” y justificar su posterior desaparición. Pero en realidad el POUM no tuvo ninguna relación política con Trotsky ni con la IV Internacional; de hecho, la gran mayoría de los dirigentes procedentes del BOC eran antitrotskistas y Trotsky fue muy crítico del pensamiento ecléctico de Maurín. De ahí que en su momento valorara como un “error monstruoso” la orientación de Nin de fusionarse con el BOC, al cual calificó como un partido centrista y provinciano.

Resulta de importancia estudiar el desarrollo, teoría de la revolución y estrategias de lucha del POUM, para comprender su fracaso en constituirse en una alternativa marxista ante el ultraizquierdismo anarquista y el reformismo socialista. Iniciaremos con el abordaje del BOC, para después finalizar con la ICE.

 

La Federación Comunista Catalano-Balear (FCC-B) y el Bloque Obrero y Campesino

 

El Partido Comunista de España (PCE) se fundó en 1921, pero desde un inicio estuvo en crisis por la dificultad de abrirse un espacio constructivo ante la CNT y el PSOE. También pesó muchísimo la burocratización del partido y la debilidad de su dirección, un equipo de títeres de los mandatos de Moscú que no logró cohesionar un núcleo militante fuerte. Eso generó un espacio para el surgimiento de grupos comunistas disidentes en España dentro de las filas del PCE y otros por fuera de la organización.

Un caso destacado fue el grupo reunido en torno a Joaquín Maurín, un profesor aragonés con trayectoria militante en el republicanismo catalán que se radicalizó por la influencia de la revolución rusa y se sumó al sindicalismo en el invierno de 1917-1918. Durante una estancia en París se vinculó con el sindicalismo revolucionario francés, y a su regreso a España participó activamente en la formación de los Comités Sindicalistas Revolucionarios (CSR), una táctica impulsada por el PCE desde 1922.

Producto de la experiencia compartida en los CSR, el grupo de Maurín se vinculó aún más con el PCE, aunque defendiendo un grado de autonomía ante la estructura central del partido, un síntoma temprano de las derivas federalistas en materia de organización que reflejaría más adelante el POUM. Por eso en 1924 el ala sindicalista se sumó al PCE, pero con la concesión de crear la Federación Comunista Catalano-Balear (FCC-B) (ídem: 39-42).

La FCC-B nunca se integró del todo al PCE, pues sostuvo muchas discusiones con la dirección del partido sobre sus métodos burocráticos de conducción orientados desde la Comintern en el marco de la stalinización de la URSS. El principal choque se produjo cuando la dirección del PCE intentó suprimir la independencia organizativa de la FCC-B y empezó una campaña de ataques contra Maurín, proceso que desembocó en la expulsión de la regional “rebelde” de la FCC-B el 14 de agosto de 1930.

A partir de este momento, el grupo de Maurín se enrumbó a construir una organización propia, y en el camino coincidió con otro grupo comunista disidente, el Partit Comunista Catalá (PCC), conformado por jóvenes nacionalistas radicalizados en los años 20 por la persecución de la dictadura de Primo de Rivera e influenciados por la Revolución Rusa, en particular con su defensa a la autodeterminación de las naciones oprimidas. Tenían acuerdo con Maurín en cuanto a la importancia de las tareas democráticas en la revolución española (aspecto que desarrollaremos más adelante) y en las críticas a los métodos burocráticos del PCE, acuerdos que dieron paso a la fusión a inicios de 1931 entre ambas agrupaciones, aunque manteniendo el nombre de FCC-B por motivos históricos y para evitar confundirse con el PCE (ídem: 55-59).

Al momento de la unificación la FCC-B contaba con unos 700 militantes (unos 500 del PCC y el resto del grupo de Maurín). Una de las condiciones que impuso el PCC para el reagrupamiento fue la creación de una organización amplia de simpatizantes que llegara a convertirse en el embrión de un partido obrero de masas; esta organización paralela se denominó el Bloque Obrero y Campesino (BOC). En el esquema de Maurín, la FCC-B era el “cerebro y sistema nervioso central”, mientras que el BOC era “el lugar de concentración de las masas que se aproximaban al comunismo”, pero terminó sucediendo lo contrario: las direcciones de la FCC-B y el BOC eran una y  la misma, y al poco tiempo fue imposible diferenciar entre ambas organizaciones (Durgan: 62-63).

Maurín justificó el BOC como una táctica adaptada a las particularidades españolas para organizar a la clase obrera y el campesinado pobre, evitando copiar las fórmulas del bolchevismo que, a su criterio, habían causado estragos en el resto de movimientos comunistas de Europa. Sin menoscabo de la preocupación real por dar respuesta a las tareas político-constructivas de cada país o región, en el caso de Maurín y la FCC-B pesaron en demasía las presiones nacionales (y específicamente catalanas), apelando siempre a un particularismo que negaba lo universal en todos los aspectos de la intervención política (teoría, formas organizativas, estrategia y táctica constructiva). Estos rasgos se profundizarían en el marco del POUM y, como veremos más adelante, fueron un punto de encuentro entre Maurín y Nin.

Nótese que hasta la fundación del POUM todas las organizaciones procedentes del BOC adoptaron el nombre de “Federación”, denominación que reflejaba una estructura segmentada por cuotas de poder para caudillos locales, cuyo punto de encuentro era la figura de Maurín. Este federalismo lo explicó con todo detalle Juan Andrade en los años 70, dirigente del POUM procedente de la ICE, que se refirió al BOC como un partido compuesto por una serie de “notables maurinistas” que ejercían un control autónomo de sus respectivas comarcas: “Considerábamos al BOC como una especie de federación de grupos de amigos, que tenía como norte de orientación política únicamente las ‘genialidades’ de su jefe (…); se resentía el BOC de un cierto espíritu de frivolidad y de culto al jefe, y padecía de muchos resabios de nacionalismo catalán” (Los problemas de la revolución española: 6-7).

Esto fue un límite en el desarrollo político de Maurín al imprimirle un rasgo ecléctico a su pensamiento y obra, oscilando fácilmente entre un socialismo radical abstracto y la pura adaptación a las presiones nacionales a costa de cualquier criterio de independencia de clase (como sucedió con el ingreso del POUM al Frente Popular). Por ejemplo, en una entrevista realizada en los años 60, Maurín definió al BOC en los siguientes términos: “No puede decirse que el BOC fuese un partido comunista, aunque aceptaba algunos de los puntos de vista de la doctrina comunista. Era, de hecho, un punto de transición entre el comunismo y el socialismo. Teóricamente era socialista revolucionario; pero en la práctica correspondía más bien a una derecha comunizante (…) Indirectamente, en el orden de influencia comunista la que se dejó sentir en él fue el bujarinismo” (Durgan: 83).

En abril de 1932 la FCC-B cambió su nombre a Federación Comunista Ibérica (FCI), en un intento por lograr la extensión nacional de la corriente con la atracción de los núcleos disidentes del PCE en Madrid, Valencia y Asturias. Pero esta táctica no funcionó y la FCI continuó siendo un grupo implantado principalmente en Cataluña y con unos pequeños núcleos en otras ciudades. Para este entonces a la corriente liderada por Maurín se la reconocía como BOC, pues en los hechos no había ninguna diferencia política y organizativa con la FCI.

A pesar de sus indefiniciones y formulaciones eclécticas, el BOC se posicionó como un referente en la vanguardia obrera de Cataluña y creció considerablemente en los años siguientes. En diciembre de 1931 realizó una serie de mitines que congregaron a 25.000 personas y, para el momento de su fusión con Izquierda Comunista, contaba con aproximadamente 4.000 militantes (por un corto lapso, incluso Salvador Dalí fue simpatizante del BOC).

 

Una crítica centrista y provinciana al stalinismo

 

Como indicamos líneas atrás, el POUM se ubicó en el campo del “comunismo disidente” en relación con Moscú. Esta categoría, acuñada por el historiador Andy Durgan, es válida para dar cuenta de un sector de organizaciones marxistas que no se alinearon con la Comintern, pero resulta insuficiente para comprender a fondo su carácter político. Es el caso del POUM, una agrupación disidente del stalinismo, pero que también se caracterizó por su centrismo político y por un antistalinismo provinciano.

Este rasgo ya estaba patente en el BOC, principal rama antecesora del POUM, que durante toda la década de los años 20 y gran parte de los 30 no tomó posición en la lucha de tendencias del movimiento comunista a nivel internacional. Erróneamente, se acusó al BOC de ser bujarinista debido a su contacto con grupos internacionales disidentes bujarinistas y por algunas coincidencias con las ideas de Bujarin, particularmente en la defensa de la pequeña propiedad agraria y el planteamiento de alianza o bloque entre la clase obrera y el campesinado. Además, los dirigentes del BOC sí coincidían con la derecha bujarinista en que los problemas de los partidos locales podían resolverse en el marco nacional. Por eso, es correcto afirmar que hubo influencia de Bujarin en el BOC, pero es falso que fuera un partido bujarinista.

En relación con la disputa la Oposición de Izquierda y la burocracia stalinista, los dirigentes del BOC hicieron gala de su centrismo provinciano al declararse neutrales, aduciendo que no eran stalinistas ni trotskistas, sino comunistas. Esta posición ambigua se manifestó en la publicación de noviembre de La Batalla (periódico del BOC), donde en ocasión del XIII aniversario de la revolución rusa publicaron una portada con la foto de Stalin y Trotsky sin ningún comentario aclaratorio (Durgan: 86-87). También es llamativo el proceder del mismo Maurín, pues en 1925 publicó un artículo donde se refería a Trotsky como el mejor estratega, escritor y orador que produjo la revolución rusa, pero meses después firmó una nota donde criticaba la publicación de Lecciones de Octubre (ensayo con valoraciones críticas sobre la degeneración burocrática stalinista en la URSS) como un error.

¿Cómo se explica este funcionamiento bipolar de Maurín? Además de sus rasgos centristas y criterios provincianos, pesó mucho su apuesta por hacerse de la dirección del PCE, algo que veía factible dado el descrédito e ineptitud de la dirección local. Por este motivo, dirigentes de la Oposición de Izquierda trotskista lo calificaron de “burócrata” dispuesto a “someterse incondicionalmente a la voluntad de Stalin” con tal de hacerse del control del partido (ídem: 86).

Pero esta apuesta de Maurín se vio truncada tras su expulsión y la del BOC del PCE. Sumado a esto, a inicios de los años 30 el PCE tuvo una recomposición organizativa al capitalizar la representación “oficial” del movimiento comunista en España, lo cual ejerció una presión sobre las bases del BOC y forzó a la dirección del BOC a tomar definiciones con respecto a la situación del movimiento comunista internacional. Fue hasta 1932 cuando el BOC polemizó públicamente con Moscú en torno de la burocratización de la Comintern y del Partido Bolchevique a manos de Stalin, además de repudiar la definición de la socialdemocracia como “socialfascistas”, ubicación ultraizquierdista que impidió la unidad de acción entre comunistas y socialdemócratas para impedir el ascenso de Hitler y el partido nazi en Alemania.

La crítica al stalinismo no llevó al BOC a sumarse a la Oposición de Izquierda, a la cual definió como “el reflejo en el espejo del stalinismo”, y denunció que los militantes trotskistas replicaban los “métodos mecánico-centralistas” del comunismo soviético. A pesar de esto, el BOC defendió a Trotsky de los ataques calumniosos del stalinismo y lo definió como “el mejor camarada de Lenin”, pero nunca adscribió a la plataforma programática del trotskismo ni defendió la teoría de la revolución permanente. Por el contrario, Maurín y los dirigentes del BOC se definieron en torno a los cuatro congresos de la III Internacional, la edad de oro del debate estratégico del movimiento comunista internacional bajo la influencia de Lenin y Trotsky, pero que no daba cuenta de los nuevos desafíos de la lucha de clases internacional (ídem: 88). Además, en 1933 participaron de la conferencia internacional que fundó el llamado Buró de Londres, donde Maurín se opuso a crear una nueva Internacional para evitar que cayera en control de los trotskistas o se convirtiera en una versión remendada de la II Internacional, por lo cual se constituyó un espacio de tipo federalista para coordinar acciones que terminó siendo una suma de grupos sin ninguna cohesión (ídem: 312-313).

Por todo lo anterior sostenemos que el comunismo disidente del BOC (y del POUM por extensión) fue un antistalinismo provinciano, sin síntesis internacionalista y viendo hacia el pasado.

 

Joaquín Maurín y la teoría de la revolución democrática

 

Sin duda, Maurín fue la principal figura del BOC y luego del POUM. Era su dirigente indiscutido, una figura que reunió a su alrededor a una columna de cuadros a lo largo de la década del 30, pero con un estilo muy bonapartista propio de un partido federalista y con formulaciones teóricas eclécticas, principalmente con su propuesta de la revolución democrática.

Maurín comenzó su trayectoria militante en el movimiento republicano en Lleida (provincia de Cataluña), lo que posiblemente explique su sensibilidad hacia las reivindicaciones democráticas como la autodeterminación de las nacionalidades, la reforma agraria, separación de la Iglesia del Estado, etc. Al calor de la revolución rusa, avanzó hacia el sindicalismo revolucionario, y desde ese entonces insistió en su tesis de que el poder revolucionario en España surgiría de los sindicatos y de la CNT en particular. Posteriormente se sumó al marxismo, desde donde comenzó a reflexionar sobre una teoría de la revolución para España.

De ahí surgió su teoría de la revolución democrática, la cual comenzó a esbozar finales de los años 20 pero que expuso en su versión acabada en el libro La revolución española, publicado en 1931. Maurín fundó su teoría sobre un hecho real, el carácter inacabado de la revolución burguesa en España, a partir de lo cual sostuvo que era necesario culminar ese proceso con el derrocamiento de la monarquía, pero también realizando otras tareas democráticas más radicales como la reforma agraria, la separación de la Iglesia del Estado, desmantelar el Ejército y garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos.

Dado el carácter atrasado del capitalismo español, Maurín concluyó que la clase dominante estaba compuesta por una alianza entre la burguesía y fuerzas semifeudales, y por este motivo la revolución democrática sólo podía garantizarse por la acción combinada de tres sujetos sociales: la clase obrera, el campesinado y los movimientos de liberación nacional. Finalmente, la revolución democrática dirigida por la clase obrera inevitablemente avanzaría hacia el socialismo, por lo que en realidad era una “revolución democrático-socialista” (ídem: 89-91).

Junto con esto, concluyó que los dos obstáculos principales que debía sortear la clase obrera para realizar la revolución democrática eran la construcción de un verdadero partido de masas y superar sus expectativas en la democracia burguesa, por lo que planteó impulsar un partido unificado de todos los núcleos marxistas con un programa de “reivindicaciones democráticas revolucionarias” que ningún gobierno pequeñoburgués pudiera cumplir, con la finalidad de acelerar la experiencia de las masas con la institucionalidad democrático-burguesa. En este sentido, polemizó con la consiga del PCE de “dictadura democrática del proletariado y el campesinado”, pues la categoría de dictadura no dialogaba con la clase obrera española, que tenía mucha fe en la en la democracia burguesa tras la caída de la monarquía.8

Así, en el esquema teórico de Maurín, al ser la clase obrera en alianza con el campesinado y los movimientos de liberación nacional la dirección de la revolución democrática, ésta devendría de forma inevitable en socialista, una deriva objetivista que daba por hecho el avance del proletariado hacia el socialismo. Veamos algunos extractos de su obra Hacia la segunda revolución donde expone estas ideas: “El proletariado va, ciertamente, hacia la revolución socialista. (…) Si el proletariado no es el motor de las conquistas democráticas, no es posible la revolución socialista… La revolución obrera se impone como revolución democrática y como revolución socialista (…). Democracia, sí, hasta las últimas consecuencias. El proletariado es el campeón real de la lucha por la democracia. No puede quedar ni una parcela de reivindicaciones democráticas al margen de las actividades obreras (…). Cuando el proletariado organizado, cuando la Alianza Obrera, cuando el Partido Único, sea el representante de la gran masa, cuando el meridiano del interés nacional se confunda con el meridiano del movimiento obrero, entonces el proletariado tomará el poder… Se tratará, finalmente, de una cuestión puramente técnica, favorecida por las lecciones de Octubre” (Maurín, “Hacia la segunda revolución”, www.marxists.org).

Éste fue el marco teórico y programático sobre el cual se desarrolló el comunismo disidente en España y por eso es importante analizarlo, sobre todo porque algunos historiadores consideran que hay puntos en común con la teoría de la revolución permanente de Trotsky9, principalmente por la jerarquía que Maurín le otorgó a las tareas democráticas y por identificar a la clase obrera como el sujeto de la revolución (en alianza con el campesinado y la pequeñoburguesía radicalizada) y no a la burguesía local.

Esta valoración es errada y superficial, pues Trotsky fue un acerbo crítico de Maurín, como quedó reflejado en sus escritos y cartas sobre España, donde no tuvo reparo en calificar sus formulaciones como confusionistas y provincianas. En tanto figura política, retrató a Maurín como la “encarnación del pequeñoburgués revolucionario, ágil, versátil y superficial”, que no “estudia nada, comprende poco y siembra la confusión”. Sobre la revolución democrática no fue menos crítico, pues la calificó como un “galimatías ecléctico” que dejaba de lado las enseñanzas de las revolución de octubre y porque tampoco daba cuenta de que en España se había sobrepasado el estadio de la revolución burguesa tras la caída de la monarquía y la instauración de la República: “La revolución ‘democrática’ está hecha ya en España. Resucita con el Frente Popular. Azaña, con o sin Largo Caballero, personifica en España la ‘revolución democrática’. La revolución socialista se hará en el curso de una lucha implacable contra la ‘revolución democrática’ con su Frente Popular” (Trotsky: 186).

Pero Maurín no “tomó nota” de ese pequeño detalle, es decir, la caída de la monarquía, la instauración de la II República y la existencia del Frente Popular; por el contrario, confundió la existencia de tareas democráticas por resolver con la ausencia de una revolución burguesa acabada, pues la burguesía española fue incapaz de ponerse al frente de esa tarea histórica: “La socialdemocracia hizo esfuerzos indecibles con objeto de ayudar a la burguesía a llevar a cabo una ‘decorosa’ revolución burguesa. Mas todo aquello fracasó porque no es posible, ni aun con inyecciones de sangre proletaria, dar vigor revolucionario a una clase social, la burguesía, que ha entrado en su fase de decadencia. Los problemas fundamentales de la revolución democrática quedaron sin resolver” (Maurín, “¿Revolución democrático-burguesa o revolución democrático-socialista?”, www.marxists.org).

Trotsky incorporó las consignas democráticas revolucionarias como un punto medular del programa de transición, con el objetivo de agrupar en torno al partido de la clase obrera a las masas populares y dirigirlas en la revolución socialista. Esto también lo aplicó para el caso de España, donde insistió en integrar al programa revolucionario las consignas más radicales de la legislación social burguesa (seguro de desempleo, impuestos al capital, enseñanza pública gratuita, etc.), que aunque no sobrepasaban los marcos del régimen burgués eran necesarias para dialogar con los amplios sectores explotados y oprimidos.

Pero en Maurín la relación entre fines y medios era diferente, pues su apelación a las consignas democráticas era para realizar la revolución democrática, lo que justificaba apelando a la experiencia de Lenin y los bolcheviques que tomaron el poder dando cuenta de las tareas democráticas pendientes y después avanzaron hacia el socialismo. Efectivamente, Lenin señaló que en Rusia la clase obrera llegó al poder como agente de la revolución democrático-burguesa, empezando por resolver problemas democráticos en primera instancia, pero que “mediante la lógica de su dominación” avanzó hacia las cuestiones socialistas. Pero este tránsito entre las tareas democráticas hacia la instauración del socialismo sólo era concebible en el marco de la dictadura del proletariado, es decir, con la clase obrera ejerciendo el poder desde sus organismos de lucha, y no en los límites estrechos de la institucionalidad democrático-burguesa (Trotsky: 173).

Ahí radica el absurdo de Maurín, pues su planteamiento de revolución democrática lo hizo renunciando al de dictadura del proletariado, porque era una palabra que chocaba con las expectativas democráticas de las masas obreras y campesinas. También lo justificó con un análisis histórico escolástico, según el cual la burguesía había entrado en una etapa decadente donde ya no aspiraba a la democracia, de lo cual se desprendía que la lucha por la democracia equivalía a la toma de poder por parte de la clase obrera: “La democracia, por lo que respecta a la burguesía, corresponde a un período superado. La burguesía no encarna ya la democracia, sino la dictadura de tipo fascista o fascistizante. La democracia está hoy vinculada al movimiento obrero, al triunfo del proletariado. Plantear el problema de la democracia (…) significa abordar la cuestión de la toma del Poder por la clase trabajadora” (Maurín, cit.).

Finalmente Maurín subvaloró el peso de los aparatos de la CNT anarquista y la UGT socialista como diques de contención de la lucha de clases, lo cual quedó evidente en su valoración de la Alianza Obrera como el espacio de unión de la clase trabajadora, pero sin dar cuenta de las direcciones reformistas que la dominaban por medio de pactos desde la cúpula. En esto la experiencia rusa fue muy diferente, ya que el reformismo personificado en los mencheviques y socialistas revolucionarios fue comparativamente muy débil, facilitando el tránsito de la revolución democrática de febrero hacia la socialista de Octubre, pues la clase obrera estaba menos encuadrada en los aparatos reformistas. Además, en Rusia se constituyeron soviets como expresión unitaria de la clase obrera desde la base, donde los partidos políticos se disputaban su dirección. Por eso Trotsky planteó al inicio de la revolución, en 1931, que la consigna central de los comunistas españoles era la formación de soviets obreros para contrarrestar la dispersión de las fuerzas obreras (Trotsky: 55).

Por eso la revolución democrática de Maurín no tiene ninguna relación con la revolución permanente de Trotsky, y no pasó mucho tiempo para que se demostrase como una teorización etapista y objetivista de la revolución. Esto explica el ingreso del POUM en el Frente Popular, donde terminó siendo la izquierda radical de la democracia burguesa, capitulación que justificaron bajo criterios electoralistas y presiones del movimiento de masas.

 

Izquierda Comunista de España (ICE)

 

La otra vertiente constitutiva del POUM fue la Izquierda Comunista de España (ICE), antigua sección de la Liga Comunista Internacionalista (LCI, sucesora de la Oposición de Izquierda Internacional) dirigida por Trotsky. En su mejor momento reunió a unos 800 militantes, diseminados en núcleos locales en Extremadura, Madrid y el norte de España; su organización en Cataluña se denominó Esquerra Comunista y contaba con 70 militantes (Durgan: 303-304).

El trotskismo español se fundó en condiciones muy adversas y de forma tardía, debido a la situación imperante en España bajo la dictadura de Primo de Rivera, que se extendió desde 1923 hasta marzo de 1930. Entre la persecución política del régimen hacia las organizaciones de izquierda y la debilidad orgánica del PCE (atravesado desde sus inicios por una crisis de dirección), restaron espacio para que surgieran un grupo de la Oposición de Izquierda a lo interno del menguado partido comunista, que estaba sumido en una profunda inactividad y no tenía debate interno. De hecho, la pugna de las tendencias del Partido Comunista soviético casi no tuvo espacio en la prensa comunista hasta 1927. Por eso la Oposición Comunista de España (OCE, primer nombre de la ICE) surgió en el exilio, más exactamente en Bélgica en febrero de 1930 por la iniciativa de un grupo de exiliados españoles encabezados por Henri Lacroix, cuyo nombre real era Francisco García (Durgan: 69).

Tras la caída de la dictadura y el retorno de los exiliados, la OCE ganó varios cuadros comunistas que, sumados a la claridad de la elaboración de Trotsky, dotó a la organización de mucha solidez teórica y coherencia política con relación al resto de corrientes de izquierda. Su principal figura y dirigente fue Andreu Nin, reconocido militante de izquierda que vivió en la URSS exiliado, donde entabló relación con Trotsky, lo que le ganó ser perseguido por el stalinismo.

Esto compensó el reducido tamaño de la OCE y generó preocupación en la dirección del PCE, que no descartó que el núcleo trotskista lograse influir en la base del partido. Además, la OCE fue la única corriente que vinculó la crisis del PCE con las orientaciones del stalinismo a nivel internacional, llevando el debate a un nivel más elevado que el de otros grupos comunistas disidentes, para quienes todo se limitba a disputas de táctica local. Por esto los trotskistas calificaron como derechistas a esos grupos disidentes locales, por sus enfoques nacionales-provincianos.

Pero las dificultades constructivas ejercieron una fuerte presión sobre la organización y en particular sobre su principal dirigente, Andreu Nin, cuyas tácticas constructivas fueron zigzagueantes. Debido a esto, el desarrollo de la OCE fue lento y desigual, pues su dirección fue ambigua en sus orientaciones hacia los grupos comunistas disidentes y nunca asumió a fondo la tarea de construir un fuerte núcleo de la Oposición de Izquierda.

Por ejemplo, en noviembre de 1930 Nin planteó que, dado el atraso político del proletariado español, lo primero era darles charlas de inducción a las tesis del marxismo y tiempo después exponerles lo relacionado con la Oposición de Izquierda, ante lo cual Trotsky respondió que no imaginaba “poder dar una conferencia sobre el comunismo (…) sin plantear al mismo tiempo las cuestiones de la Oposición de Izquierda”, por lo que en su caso “llamaría a los obreros a unirse a la organización que defiende los puntos de vista que acabo de exponer. De otro modo, propaganda y agitación revestirían un carácter académico, estarían desprovistas de un eje organizativo y, en definitiva, ayudarían a nuestros adversarios, es decir, los centristas y los derechistas” (Trotsky: 22).

Esta discusión proseguiría en los siguientes años con diferentes manifestaciones, pero siempre con un rasgo en común: Nin no fue consistente en un plan de construcción de la organización y desperdició años valiosos titubeando entre diluirse en el grupo de Maurín o consolidar un núcleo de la Oposición de Izquierda en España.

Recordemos que los grupos de la LCI tenían un marco común de construcción hasta 1933: considerarse como la fracción izquierda del movimiento comunista internacional y de sus respectivos partidos nacionales para disputar la hegemonía al centrismo representado por la burocracia stalinista. Nin no compartió esta tesis para el caso de España, pues consideraba que dadas las condiciones particulares del país el proletariado tenía que organizar su partido por fuera del PCE, y desde 1930 apostó por integrarse a la FCC-B, a la cual consideraba que podía influenciar dada su cercanía con Joaquín Maurín, con quien compartió prisión y durante ese tiempo colaboró en la redacción de la Tesis Políticas de la FCC-B (Durgan: 71).

Ante estas discusiones tácticas, Trotsky fue muy paciente y nunca se opuso a incorporarse como tendencia en organizaciones más amplias, pero sí presionó para consolidar al núcleo de la OCE, requisito previo para hacer entrismo y no desaparecer. Sobre la relación con la FCC-B y la atención que Nin le daba, Trotsky también mostró apertura a pesar de las ambigüedades de esta organización, pero siempre bajo el criterio de consolidar a la OCE mediante un órgano mensual teóricamente sólido y un boletín interno, pues de lo contrario “la próxima etapa de la revolución puede tomar desprevenida a la Oposición de Izquierda, y, teniendo en cuenta la debilidad del partido y la confusión de la Federación Catalana, ello podría conducir a los peores desastres, irreparables” (Trotsky: 45).

Según Juan Andrade, ex dirigente del POUM proveniente de la ICE, la principal diferencia que tenían con Trotsky y la LCI era que la “táctica a desarrollar se establecía casi exclusivamente en función de la política de la oposición comunista rusa, sin tener en cuenta la situación del movimiento obrero de cada país y las posibilidades especiales políticas que podía haber para cada sección nacional de la Oposición en su propio medio de acción” (Andrade, cit.: 21). Esta acusación no resiste la prueba de los hechos, pues en la correspondencia entre ambos la única “línea roja” que sostuvo Trotsky era la consolidación política de la OCE para no quedarse sin “pasaporte político” en medio de la revolución, lo cual no excluía la posibilidad de “participar en organizaciones más amplias; por el contrario, esto presupone tal participación. Pero es su condición indispensable”.

Trotsky instó a Nin a no perder tiempo en dotar a la Oposición de Izquierda de una identidad diferenciada del resto de tendencias de izquierda por medio de un periódico, tarea a la cual debía supeditarse el resto de discusiones, pues las “cuestiones de estrategia y táctica revolucionaria no tienen sentido más que a condición de que exista el ‘factor subjetivo’, es decir, una organización revolucionaria, aunque sea poco numerosa al principio” (Trotsky: 47).

Pero Nin hizo gala de un tono “diplomático” en sus respuestas a Trotsky y nunca aclaró cuáles eran sus objetivos constructivos, lo cual puede explicarse por su accionar errático durante este período. Por ejemplo, a inicios de abril de 1931 le comunicó a Trotsky del inicio de la publicación de Comunismo (órgano de la OCE) y su ruptura con la FCC-B, debido a que los dirigentes de esa organización no aprobaban su pertenencia a la Oposición de Izquierda, lo cual fue bien recibido por Trotsky pues hacía presagiar que ahora sí iba a ponerse en marcha la construcción de la OCE. Pero a finales de ese mismo mes Nin se reintegró a la FCC-B como miembro del Comité Central, sin que mediara ningún cambio en la actitud de la dirección de la Federación Catalana hacia el movimiento trotskista (Trotsky: 49 y 58).

Trotsky nunca varió su caracterización de la FCC-B (y por consiguiente del BOC), que consideró como organizaciones condenadas al fracaso por su falta de perspectiva internacional, y posiblemente considerase que era un desperdicio de tiempo hacer entrismo en esa organización. Pero en sus cartas a Nin nunca emitió un criterio tajante sobre ese detalle táctico, pues siempre fue muy cuidadoso en no precipitarse a realizar aseveraciones tan puntuales a tanta distancia de los acontecimientos. Por el contrario, su discusión con Nin siempre giró en torno al elemento central de construir la OCE y desde ahí experimentar tácticas constructivas según el caso: “La Federación Catalana no es más que el terreno para adquirir influencia, no es una palanca segura. La Federación Catalana no tiene una base seria ni una línea estratégica clara (…), sería incapaz de salir airosa de la prueba de la revolución, sufriendo una derrota al primer revés. Un núcleo marxista pequeño, pero firme, con una idea clara de lo que quiere, puede salvar no sólo a la Federación Catalana, sino a la revolución española. Una sola condición: este pequeño grupo debe marcar con su propio programa, un programa claro, bajo su propia bandera” (Trotsky: 59).

Este primer debate constructivo se saldó parcialmente debido al antitrotskismo de la dirección de la FCC-B, que rechazó la solicitud de ingreso de Nin al BOC en mayo de 1931 por su militancia trotskista, y luego lo expulsó de la FCC-B en junio, cuando Nin criticó en público la línea de Maurín en un mitin en el Ateneo de Madrid (Durgan: 79). Para noviembre fueron expulsados el resto de militantes de la OCE que aún intervenían en el BOC.

Pero estos vaivenes no eran otra cosa que la manifestación del centrismo político de Nin aplicados a la construcción del partido, rasgo que se profundizaría con el paso de los años y condujo a su ruptura definitiva con la LCI, como cual veremos a continuación.

 

El viraje francés y la radicalización de la Juventud Socialista

 

A finales de los años 20 el stalinismo realizó un giro ultraizquierdista (conocido como el Tercer Período), dentro del cual se caracterizó a la socialdemocracia reformista como “socialfascista”. En Alemania esta táctica tuvo repercusiones terribles, al facilitar el ascenso de Hitler al poder porque los comunistas se negaron a realizar unidad de acción con la socialdemocracia para resistir los ataques del fascismo. Trotsky calificó esto como una derrota histórica de la clase obrera más fuerte del mundo en ese entonces, y reorientó la construcción de la LCI: en adelante había que construir partidos independientes del stalinismo y lanzar la construcción de una nueva organización mundial, la IV Internacional.

Lo anterior abrió un nuevo marco de tácticas constructivas. Una de ellas fue hacer entrismo en los partidos socialistas, es decir, ingresar como tendencia para tratar de nuclear a los sectores que estaban girando hacia la izquierda por la radicalización de la coyuntura política. Esta táctica se conoció como el “viraje francés”, pues se formuló inicialmente para el caso de Francia en 1934, pero pronto se planteó como una opción a desarrollar en otros países, como España.

El giro a la izquierda que experimentó el PSOE desde finales de 1933 impactó entre amplios sectores de la Juventud Socialista (JS), agrupación que reunía a decenas de miles de militantes con una orientación radical y abierta a relacionarse con otras corrientes de izquierda. Luego de la experiencia de la Comuna de Asturias en 1934, la JS publicó el folleto Octubre: segunda etapa, donde se decantó por bolchevizar al movimiento socialista, expulsando al ala derecha y disputando la dirección del partido a los seguidores del ala moderada de Prieto, rechazar nuevas alianzas con sectores republicanos burgueses y, muy importante, retirarse de la Segunda Internacional para impulsar la creación de una nueva Internacional sobre la base de la experiencia de la Revolución Rusa (Durgan: 348).

Pero también la JS extendió un llamado para que el resto de corrientes de izquierda se sumaran al partido para dar la batalla interna, pues su perspectiva era que el partido bolchevique español surgiría de las filas del PSOE, algo comprensible dado que era una agrupación con larga trayectoria histórica, implantación territorial y con cientos de miles de militantes. Este giro de la JS era sumamente progresivo y representó una enorme posibilidad para ganar a este sector para la construcción de un proyecto auténticamente revolucionario en el marco de la revolución española, pero requería de una táctica audaz y una tendencia de izquierda coherente que diera la pelea. En este sentido, Trotsky planteó que la ICE (ya para ese entonces había cambiado su nombre) hiciera entrismo en el PSOE para ganar a la JS al campo de la revolución.

Nin y la mayoría de la dirección de la ICE se opusieron a esta táctica porque iba a destruir su independencia como organización y dentro del PSOE iba ser muy difícil contar con espacios democráticos como tendencia. Alegaron que la misma experiencia de entrismo en el PS francés no estaba dando réditos, aunque ahí se produjo en condiciones diferentes a las que acontecían en España. Además, para ese entonces se produjo un reacercamiento entre la ICE y el BOC, pues ambas agrupaciones concluyeron que la derrota de la Comuna de Asturias en 1934 obedeció a la ausencia de un partido revolucionario de masas, tesis que Maurín sostenía desde tiempo atrás. Nin se opuso categóricamente al entrismo en el PSOE en la revista Comunismo, donde expuso que era necesaria la unidad en partidos con claridad política: “De ninguna manera, por un utilitarismo circunstancial, podemos fundirnos en un conglomerado amorfo, llamado a romperse al primer contacto con la realidad” (Zavala: 179).

Por esos motivos la ICE no hizo entrismo en el PSOE y la dirección procuró alcanzar un acuerdo de unidad entre las juventudes de ambas organizaciones, para ganar a la JS a la propuesta de construir un nuevo partido revolucionario. Esta posición fue casi la misma que tuvo el BOC para ese entonces, que rehusó incorporarse al PSOE e insistió en construir un nuevo partido unificado de las corrientes marxistas.

En el caso de la ICE, un sector presionó por hacer entrismo en el PSOE en consonancia con la táctica de Trotsky, pues consideraban que era insensato pensar que la JS iba a realizar un acuerdo con una organización tan pequeña, de lo que se desprendía la necesidad de ingresar al PSOE para influenciar a la JS desde adentro y bloquear un posible acercamiento con el PCE, dado que el ala izquierda de los socialistas mostraba muchas simpatías hacia la URSS. Nin, haciendo gala de su centrismo, planteó una táctica salomónica en el Comité Ejecutivo de la ICE: los militantes de Cataluña iban a sumarse al nuevo partido unificado (el POUM), mientras que en el resto del país iban a afiliarse como tendencia en el PSOE y en su periódico iban a defender la unificación con el nuevo partido de Cataluña (Durgan: 307).

La propuesta fue rechazada por la base de la ICE, lo cual fue valorado por la LCI como una capitulación ante el centrismo del BOC. Al final la LCI aceptó la resolución adoptaba por la sección española, con la condición de que debían hacer propaganda por la IV Internacional al interior del partido unificado, algo que en los hechos no se produjo, pues como Nin le informó a Jean Rous (enviado como representante del Secretariado Internacional de la LCI a España), para la ICE de lo que se trata es de “la IV sin el número” y que la “desaparición momentánea (de la organización trotskista) debe ser considerada como una etapa más en el proceso de la construcción de un partido revolucionario” (ídem: 308).

Las consecuencias de esta desastrosa orientación no tardarían mucho en materializarse, pues para inicios de 1936 comenzó la unificación entre el PCE y la JS. Aunque organizativamente la JS absorbió a la Unión de Juventudes Comunistas, política y programáticamente fue el PCE quien ganó para el bando stalinista a los 200.000 jóvenes socialistas que “constituían la élite de la nueva generación obrera”, lo cual dotó de una base de masas al stalinismo para hacer trabajo sobre el PSOE y lograr una ventaja decisiva sobre los grupos comunistas disidentes (Broué y Témine: 29). Trotsky se refirió a esta catástrofe constructiva en los siguientes términos: “La magnífica Juventud Socialista abrazó la idea de la IV Internacional espontáneamente. Cuando instamos a que se le dedicara toda la atención, se nos respondió con evasivas huecas. Lo que le interesaba a Nin era la ‘independencia’ de la sección española, es decir, su pasividad, su mezquina tranquilidad política (…). Posteriormente, la casi totalidad de la Juventud Socialista entró al campo stalinista. Los muchachos que se autotitularon bolcheviques-leninistas y que lo permitieron (…) deben ser tachados eternamente de criminales contra la revolución”.

 

La ruptura con la LCI y la fundación del POUM

 

El intercambio epistolar entre Trotsky y Nin cesó en noviembre de 1932, reflejo del deterioro en las relaciones entre la ICE y la LCI. A partir de ese momento Trotsky profundizó sus discusiones con Nin, no por ningún criterio sectario ni animadversión personal, sino con el objetivo de clarificar el rumbo constructivo de la Oposición de Izquierda en medio de la revolución española. En diciembre de ese año polemizó fuertemente con los “camaradas dirigentes” de la ICE, que en vez de “avanzar con fuerza bajo su propia bandera”, optaron por “jugar al escondite con los principios, han hecho diplomacia y se han arrastrado a remolque del nacionalismo pequeñoburgués del provinciano charlatán Maurín” (Trotsky: 159).

Además, hizo hincapié en la caracterización del CC de la ICE como un grupo de amigos sin debate real, marcados por una estrechez de miras provinciana que aisló a la sección española de los ricos debates de estrategia y táctica internacionales (como los sucesos de Francia y Alemania para ese entonces), limitando la politización de la organización, pues era imposible construir cuadros sólo con temas nacionales, y que cuando se vieron obligado a intervenir en discusiones internacionales al interior de la LCI, al estar separados de la experiencia real se “dejaron guiar por vínculos, simpatías y antipatías personales” (Trotsky: 156 y 166).

Tras el debate sobre el “viraje francés” y el fracaso de la táctica de Nin hacia la JS, la ICE se abocó al ingreso al POUM y rompió relaciones con la LCI, alegando que el Secretariado Internacional no comprendía nada de la situación en España.

El POUM se fundó el 29 de setiembre de 1935, menos de un año antes de que comenzara la guerra civil y, a criterio de Maurín, fue “sobre las bases ideológicas que había sostenido el BOC sin concesión alguna al trotskismo” (Durgan: 317). No tardó mucho en asumir una política de adaptación a todas las presiones políticas, que Trotsky no dudó en caracterizar como “la más peligrosa de las políticas durante una guerra civil, que no admite ningún compromiso”.

El caso más ilustrativo de la adaptación del POUM fue su ingreso al Frente Popular, es decir, a un acuerdo electoral con sectores de la burguesía republicana. En noviembre de 1935 el POUM le planteó a los partidos obreros conformar una “Alianza Obrera nacional” para las elecciones y se posicionó en contra de la constitución de un Frente Popular. Pero luego del giro a la derecha del PS por el triunfo de Prieto sobre Largo Caballero y el inminente acuerdo con el PCE para cerrar un acuerdo electoral con sectores republicanos, el POUM terminó por sumarse al “frente obrero-republicano”, eufemismo para disimular que habían abandonado sus principios de independencia de clase para someterse a un programa electoral confeccionado por los socialistas y la burguesía republicana (Trotsky: 179-180).

La dirección del POUM justificó esto como una táctica para dar a conocer más al partido ante las grandes masas, además de que el sistema electoral hacía muy difícil poder inscribir candidaturas independientes para el nuevo partido. Trotsky respondió que “la técnica electoral no puede justificar la política de traición que constituye el lanzamiento de un programa común con la burguesía” (ídem: 182). Juan Andrade agregaría que al ingresar al Frente Popular “el POUM respondió así principalmente al sentimiento unánime de los trabajadores españoles para hacer frente al desarrollo ofensivo de los militares y la contrarrevolución, deseo compartido incluso por los ‘antipolíticos’ de la CNT-FAI” (Andrade: 28). Esta cita refleja a la perfección la adaptación del POUM a todas las presiones políticas del momento, incluso confundiendo los sanos deseos de unidad para luchar desde la base obrera con ingresar a un Frente Popular bajo un programa burgués. Pero el oportunismo de la dirección del POUM iría más allá, cuando en plena guerra civil Nin ingresó al gobierno de la Generalitat como ministro de Justicia, siendo copartícipe de la reconstrucción del Estado burgués y sentando las condiciones para que el stalinismo desatara un operativo de ilegalización del partido, incluida la desaparición física de el mismo Nin, como veremos en el siguiente capítulo.

De esta manera, Maurín y Nin, los ideólogos provincianos del particularismo español que rechazaron ingresar al PSOE porque no era un partido revolucionario puro, terminaron por aplicar la política de la burocracia stalinista del Frente Popular. Nin se opuso al “viraje francés”, pero capituló en cuestión de meses al giro de Moscú para aliarse con la burguesía “progresiva”.

 

Centrismo y federalismo, los detonantes de la crisis del POUM

 

En julio de 1936 se inició la guerra civil española. Nueve meses habían transcurrido desde la fundación del POUM, cuyo proyecto era convertirse en el punto de encuentro de todas las tendencias revolucionarias marxistas. No pasó mucho tiempo para que esa ilusión chocara con la realidad, y el POUM entró en una espiral de crisis internas que, combinadas con su política centrista, sentaron las condiciones de su aniquilación.

Para Trotsky la principal explicación de la crisis del POUM radicó en el centrismo de sus dirigentes, quienes fueron devorados por la vorágine de la revolución y la guerra civil española, al oscilar entre proclamas incendiarias y políticas de capitulación a la burguesía y el stalinismo: “Toda organización puede cometer ‘errores’; Marx cometió errores, Lenin cometió errores, el partido bolchevique, en su conjunto, también cometió errores. Pero fueron corregidos a tiempo gracias a una línea fundamentalmente correcta. En el caso del POUM, no se trata de ‘errores’ aislados, sino de una línea fundamentalmente no revolucionaria, centrista, es decir, en el fondo, oportunista. Dicho de otra forma: para un partido revolucionario, los errores son la excepción; para el POUM, la excepción son las posiciones correctas” (Trotsky: 251).

Pero el centrismo se complementó con otro rasgo organizativo heredado del BOC: un federalismo que no tenía ninguna relación con el modelo centralista-democrático del partido bolchevique. Uno de los aciertos del bolchevismo radicó en su vuelco total a la lucha de clases, y su régimen interno se estructuró en función de esa tarea, sintetizado en la fórmula del centralismo democrático: la más amplia democracia interna para la discusión, pero la más férrea disciplina para la acción unitaria del partido en la lucha. El federalismo se trata de todo lo contrario, pues se estructura bajo criterios de aparato alejado de los intereses reales de la lucha de clases, “supone una pelea de relaciones de fuerzas en el seno de la organización que no depende de las posiciones políticas lanzadas al libre debate y la creación de mayorías y minorías políticas, sino de hacer valer en los debates supuestas ‘cuotas’ de la misma organización” (Sáenz, “Lenin en el siglo XXI”, Socialismo o Barbarie 23/24: 339).

En el caso concreto del POUM, su régimen se estructuró a partir de dirigentes locales que giraban en torno a la figura de Maurín. Pero este funcionamiento se vio truncado desde el inicio de la guerra, pues cuando se produjo la rebelión de los militares Marín se encontraba en Galicia, donde fue arrestado y pasó el resto de la guerra civil en un campo de prisioneros. Salvó la vida al pasar por otra persona; liberado en 1946, se exilió en Estados Unidos con su familia, donde ejerció como periodista y abandonó la política. Falleció el 5 de noviembre de 1973.

Así, desde el inicio de la guerra civil el POUM entró en crisis pues su principal dirigente estaba ausente y se desplomó el punto de equilibrio del federalismo del partido. Según Juan Andrade, Nin pasó a ser un “secretario político disminuido” que no dirigía en realidad al partido: “La ausencia de Maurín había creado entre los antiguos bloquistas un reflejo de defensa preventiva contra los dirigentes del partido procedente de la ICE, en los que suponían la intención de ‘apoderarse del POUM’ y de ‘imponer el trotskismo’” (Andrade: 7). Por eso el partido vivió desde un inicio en lucha contra el stalinismo que lo quería destruir y en crisis interna por el antitrotskismo de los notables maurinistas.

Resulta paradójico que Nin rehusara ingresar al PSOE de masas por su carácter amorfo, cuando se diluyó en un grupo de vanguardia provincial cuyo régimen era federalista y no para la lucha. Esto consumió a Nin en una fuerte crisis política y física, pues para ese entonces padecía del hígado y era común que se desplomara en el sillón de su despacho (Zavala: 204).

Junto con esto, el POUM resintió las presiones políticas del entorno, facilitado por su política de adaptación, lo cual incidió en el tipo de organización. Según Yveline Riottot, historiadora especializada en la izquierda española durante la guerra civil, la “atipicidad organizativa del BOC es el resultado de la pérdida del carácter leninista del partido por el regreso al carácter primitivo de partido político como partido de masas” (Durgan: 426). Esta diferenciación es muy importancia, pues el modelo de partido leninista siempre posee rasgos de vanguardia ante el conjunto del movimiento obrero y de masas, pues de lo contrario se diluye entre (o se adapta a) los movimientos reivindicativos (Sáenz, cit.: 331). El POUM nunca apostó a transformarse en este tipo de partido, tal como sostiene Durgan cuando valora que “el modelo teórico de funcionamiento y organización propuesto por Maurín se encuentra más dentro de la tradición socialdemócrata que de la comunista” (Durgan 426-427).

La suma del centrismo y federalismo condenaron al POUM al fracaso como alternativa revolucionaria, lo cual se materializó con su ilegalización desde junio de 1937 por parte del Frente Popular liderado por el stalinismo. Trotsky se apoyó en la experiencia del POUM para extraer ricas enseñanzas sobre la importancia de construir una dirección revolucionaria a lo largo de los años, que se pruebe en las buenas y las malas, que supere las presiones sociales y políticas, pues solamente así es factible curtir ese núcleo militante para la revolución. Sobre la liquidación del POUM concluyó: “En el POUM vemos al centrismo de izquierda en la práctica y en la acción. El centrismo es una tendencia a mitad de camino entre el reformismo y la revolución. Pero las situaciones revolucionarias no admiten posiciones intermedias. Así se produjo el trágico y lastimero fin del POUM. Sus palabras, sus consignas, sus proclamas inflamaron las pasiones revolucionarias de las masas. Sus indecisiones, sus ambigüedades, sus vacilaciones, su falta de un programa claro le negaron la posibilidad de proporcionarles a las masas esa dirección revolucionaria firme que es la condición sine qua non para alcanzar la victoria” (Trotsky: 237).

 

El Partido Comunista de España (PCE)

 

Por último analizaremos al Partido Comunista de España (PCE), organización que jugó un rol primordial en la guerra civil en un doble sentido: bloqueando el desarrollo de la revolución, por un lado, colocando todo su aparato militar y organizativo en función de reconstituir el Estado burgués, por otro. Esto es lo principal que se puede señalar del PCE, pues durante sus primeros años fue un grupo minoritario y en estado de crisis, cuyo crecimiento en la guerra civil se debió al padrinazgo de la Comintern y porque sufrió un recambio en su composición de clase, al convertirse en un partido de la pequeñoburguesía y los industriales asustados por la revolución.

 

Los orígenes del PCE

 

La revolución rusa de 1917 representó un punto de quiebre en las filas del movimiento obrero europeo e internacional. España no fue la excepción, pues la experiencia bolchevique generó un proceso de radicalización de las luchas obreras en lo que se llamó el trienio bolchevique (1918-1920) (Zavala: 118).

Esto tuvo ecos dentro del PSOE, epicentro de la vanguardia obrera marxista afín a la acción política, particularmente luego de que en 1919 se fundara la III Internacional (Comintern) para reorganizar al movimiento comunista tras la debacle de la II Internacional socialdemócrata, cuyos principales partidos apoyaron a sus respectivas burguesías nacionales en la rapiña imperialista de la I Guerra Mundial. Ante esta iniciativa, un ala del PSOE (principalmente entre la JS) presionó para que el partido se sumara a la nueva internacional de los bolcheviques y se abrió un debate interno sobre el rumbo a seguir, el cual se extendería hasta 1921, cuando se celebró un congreso del partido que rechazó aceptar las “21 condiciones” exigidas para el ingreso a la III Internacional.10

En el transcurso de este prolongado debate interno un grupo de la JS se escindió del PSOE en abril de 1920 para fundar el Partido Comunista Español (PCE), mientras que otra ala pro-comunista permaneció hasta el congreso de 1921, luego del cual fundaron el Partido Comunista Obrero Español (PCOE). La Comintern presionó para que ambos grupos dejaran de lado sus rencillas y se unificaran, lo cual sucedió en noviembre de 1921 al constituirse el PCE (Durgan, 21-22).

A pesar de la simpatía hacia la revolución rusa y el ascenso del movimiento obrero, el PCE tuvo muchas dificultades para construirse, pues tenía que luchar con dos grandes organizaciones obreras con influencia entre las masas, el PSOE y la CNT. Como vimos anteriormente, el PSOE contó con la ventaja de que España permaneció neutral en la guerra mundial, por lo cual no sufrió el descrédito entre la clase obrera y le permitió sostener su estructura. Así, en 1923 el PSOE contaba con 8.215 afiliados, mientras que el PCE, con 1.200 militantes. En el caso de la CNT, su perfil más radical hizo que muchos sectores se identificaran como “verdaderos bolcheviques” y surgieron corrientes pro-comunistas, pero sin relación alguna con el PCE, que para ese entonces carecía de una política hacia la CNT y estaba más enfocado en la pugna con el PSOE (ídem: 24).

El partido se vio duramente golpeado por la represión de la dictadura de Primo de Rivera, las luchas internas y los giros abruptos de las orientaciones de la Comintern. La debilidad del PCE era tal que entre 1923 y 1932 no pudo realizar un congreso, y su militancia se redujo a unos pocos cientos de miembros. Aunque logró asentarse en Andalucía y ganó a un sector de mineros provenientes de la CNT, también perdió prácticamente todo su trabajo en Cataluña con la ruptura de Maurín (Broué y Témine: 28-29).

Desde sus inicios el PCE arrastró una crisis de dirección, con cambios constantes en la dirigencia del partido. Oscar Pérez, su primer secretario general, experimentó una transformación política muy singular al pasar del comunismo a militar en la Falange, agrupación fascista española. El equipo de dirección encabezado por José Bullejos, Gabriel Trilla y Manuel Adame fue expulsado del partido en 1932, pues cuando se produjo el intento de golpe militar del general Sanjurjo orientaron la consigna de “defensa de la república”, que fue calificada como una desviación oportunista por la Comintern en medio de su giro ultraizquierdista del tercer período (ídem: 29).

Lo anterior fue común en la época, pues la burocracia stalinista persiguió todo atisbo de disidencia en los partidos comunistas de la Comintern, con el objetivo de burocratizar sus estructuras y convertirlos en serviles a los lineamientos de Moscú. Pero esto no garantizaba nada, pues debido a las oscilaciones erráticas de la Comintern stalinista, era común que los dirigentes fueran removidos continuamente por sus “desviaciones”, cuando no hacían más que apoyar la línea anterior oficial emitida desde Moscú, que de un día para otro era contrarrevolucionaria o reformista.

Para el momento de la guerra civil, la dirección del PCE estaba conformada por José Díaz, Jesús Hernández, Antonio Mije y otros dirigentes muy jóvenes, sin experiencia real en el movimiento obrero y, en algunos casos, recientemente afiliados al partido, cuya formación la hicieron en el aparato del partido, donde la habilidad más preciada era la “flexibilidad para inclinarse ante los sucesivos cambios de dirección”. La única excepción fue Dolores Ibarruri, la Pasionaria, que se convirtió en una figura de masas por su capacidad de oratoria y prestigio al haber sido condenada a quince años de prisión tras la Comuna de Asturias (ídem: 29). Esta dirección era un equipo de hombres y mujeres “made in Moscú”, obsesionados con dominar la revolución española y subyugar a todos los elementos que se oponían a la Tercera Internacional, como los anarquistas de la CNT o los llamados trotskistas del POUM (Zavala: 281).

Producto de esto, el PCE estaba muy aislado del movimiento obrero español, salvo en unas ciudades donde logró construirse. Previo a la guerra sólo tenía 30.000 militantes, pero en su transcurso se fortaleció por el apoyo militar de la URSS a la República, llegando a convertirse en un verdadero aparato contrarrevolucionario de masas en España. Trotsky siempre alertó de este peligro en sus intercambios con Nin y la ICE, que subestimaban al PCE por su reducido tamaño y debilidad en la dirección: “A pesar de su debilidad intrínseca, el partido oficial se beneficia de factores históricos exteriores: la URSS y todo lo que a ella está ligado. Es por esto que me parece peligroso no tener en cuenta, en la práctica, más que la relación actual de fuerzas” (Trotsky: 43).

 

Del tercer período al colaboracionismo con la burguesía democrática

 

En el período comprendido entre el establecimiento de la República y la guerra civil el stalinismo tuvo dos orientaciones estratégicas diferentes, pero en el fondo similares, pues no querían una revolución proletaria en España, la meta era mantener el statu quo en Europa (Morrow, “Los stalinistas”, en Una revolución silenciada:129).

El VI Congreso de la Comintern adoptó una línea ultraizquierdista de “clase contra clase”, también conocida como Tercer Período, bajo el supuesto de que el capitalismo estaba en crisis inminente, por lo que había que desarrollar una política extremista, denunciando al reformismo socialista como “socialfascista”. Siguiendo esta estrategia emitida por Moscú, el PCE adoptó una política ultraizquierdista en los primeros años de la República, periodo que por su carácter reformista es denominado el “bienio progresista”. Pues bien, en este contexto el stalinismo español calificó como fascista o socialfascista al gobierno de Azaña, a los socialistas Largo Caballero y Prieto, a los anarquistas, etc.

El objetivo de esta estrategia era evitar la revolución obrera y no alterar la estabilidad en Europa, y de ahí que las tácticas empleadas por el PCE se caracterizaron por debilitar al movimiento obrero con la división de sindicatos, rechazando la conformación de frentes únicos, asaltado a golpes los actos de otras organizaciones obreras, etc. (ídem: 130). El sectarismo del PCE llegó a tal extremo que calificó a la Alianza Obrera como “centro de reunión de las fuerzas reaccionarias” y “santa alianza de la contrarrevolución” (Broué y Témine: 29).

Estas tácticas debilitaron constructivamente al PCE, lo cual es comprensible pues no estaban orientadas para fortalecer al partido como una alternativa revolucionaria, sino que era funcional a los intereses geopolíticos de la burocracia stalinista en la URSS en sus intentos por congraciarse con las potencias imperialistas europeas. Pero la política del partido comenzó a modificarse a finales de octubre de 1934, cuando llamó a la formación de “bloques antifascistas” a todas las “fuerzas y organizaciones dispuesta a luchar contra el fascismo” (Durgan: 332).

Este giro del PCE posiblemente se originó tras la experiencia de la Comuna de Asturias, el Octubre Rojo español, donde a pesar de la derrota y la fuerte represión contra los insurrectos, la clase obrera salió moralmente fortalecida y presionando para la unidad de la izquierda en la lucha contra el fascismo. Además, recordemos que en 1933 tuvo lugar el ascenso de Hitler al poder en Alemania, ante lo cual la Comintern dio otro giro de 180° (¡sin mediar ningún balance!), pasando del ultraizquierdismo del tercer período a la política del Frente Popular, adoptada en el VII Congreso de la Comintern en 1935.

Con esta nueva estrategia ahora no sólo se buscaba evitar la revolución, sino que se pasó a colaborar con la burguesía progresista de los “países democráticos”, mediante la conformación de frentes electorales con un programa de reformas en el marco del capitalismo. El objetivo del colaboracionismo de clases era garantizar la alianza de Rusia con Francia e Inglaterra, potenciales aliados en la perspectiva de que iniciase una guerra con la Alemania fascista (Morrow: 130).

Para el stalinismo, la forma de “debilitar” al fascismo fue impedir la revolución obrera en España, porque de realizarse se convertiría en la “puerta de entrada” del socialismo a Europa Occidental, poniendo en jaque los intereses imperialistas de Inglaterra y Francia. Esto marcó un paso más en el carácter contrarrevolucionario del stalinismo, pues ya no se limitó a probar a sus aliados imperialistas que no iba a impulsar la revolución, sino que también la podía aplastar (ídem: 130-131). Al respecto es valiosa la reflexión de Felix Morrow, un trotskista estadounidense11 reconocido por sus escritos sobre la guerra civil española, para quien “el ‘socialismo en un solo país’ había revelado su significado completo como ‘no socialismo en ninguna otra parte’” (ídem: 130).

Siguiendo la nueva orientación de la Comintern, el PCE cerró un acuerdo con los republicanos y socialistas para conformar el Frente Popular (al cual se sumó rastreramente el POUM), aliándose con Azaña y Prieto, los mismos que dos años atrás caracterizara como socialfascistas, en defensa de la propiedad privada. Dentro del Frente Popular fueron el partido más a la derecha en toda la guerra civil: fueron los primeros en pedir la disolución de las milicias obreras para la reconstrucción del ejército burgués, avalaron la instauración de inspecciones de los censores sobre los medios de prensa, se opusieron a la colectivización de las tierras por parte de los campesinos y fueron los primeros en lanzar una campaña de ataques contra el POUM y la CNT (a los dos meses de iniciada la guerra), algo que el gobierno hizo mucho más tarde porque ambas organizaciones tenían apoyo entre la clase obrera (ídem: 131).

Es conocido que durante la guerra los socialistas y comunistas en el Frente Popular plantearon que primero había que ganar la guerra y luego hacer la revolución, en contraposición a los sectores más radicalizados que sostenían que había que realizar ambas cosas a la vez. Pero al repasar las declaraciones de los dirigentes y órganos del PCE, es claro que su único objetivo era evitar la revolución. Juan Hernández, editor del periódico comunista Mundo Obrero durante la guerra civil, fue explícito en rechazar que el PCE luchara por la dictadura del proletariado: “Es absolutamente falso (…) que el actual movimiento obrero tenga la intención de establecer una dictadura proletaria después de que la guerra haya terminado. No se puede decir que nosotros tengamos un motivo social para participar en la guerra. Los comunistas somos los primeros en repudiar esta suposición. Nosotros estamos únicamente motivados por el deseo de defender la república democrática” (ídem: 131-132).

 

¿Un partido obrero?

 

Anteriormente apuntamos que el PCE entró a la guerra civil siendo una fuerza minoritaria, con alrededor de 30.000 militantes, una cantidad reducida para la época y el contexto específico de España. A pesar de eso, ser la sección oficial de la Comintern le permitió capitalizar un enorme prestigio ante la clase obrera, el cual se vio potenciado con el apoyo directo que recibió de la URSS en tanto la situación española se posicionó como un punto central de la agenda mundial. Eso explica que el pequeño PCE contara con fondos ilimitados y un ejército de rentados internacionales, los cuales comenzaron a reconstruir al partido en función de los intereses contrarrevolucionarios de la burocracia stalinista.

Para bloquear el peligro de la revolución obrera, el PCE dedicó enormes recursos para reconstruirse en Cataluña, epicentro del movimiento obrero más radicalizado del país y por donde era posible que avanzara el proceso revolucionario. Para ganar fuerza apostaron a ganar a sectores políticos pequeñoburgueses y dirigentes obreros conservadores. Al cabo de poco tiempo fundaron el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), producto de la fusión con la Unió Socialista y el Partit Catalá Proletari (ruptura de Esquerra Republicana) (ídem: 132).

La base social del PSUC fueron los obreros conservadores y sectores de la pequeño burguesía asustada por las colectivizaciones de la CNT-FAI en Cataluña, algo comprensible dado que el stalinismo se convirtió en el defensor principal de la burguesía y su Estado en la guerra civil. Reflejo de esto fue la formación de la Federación de Gremios y Entidades de Pequeños Comerciantes e Industriales (GEPCI), la cual aglutinó a 18.000 comerciantes, artesanos y pequeños industriales (Zavala: 206).

Siguieron este mismo curso en todo el país, abriendo las puertas del PCE para que se sumaran todos los sectores burgueses que buscaban protección de los sectores más radicales en las ciudades; también se incorporaron los campesinos ricos que se oponían a la colectivización de tierras de la CNT y la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (UCT) (Morrow: 132-133). Por eso el PCE sufrió un recambio en su composición de clase, pasando de ser un partido obrero en sus inicios a una organización contrarrevolucionaria compuesta por sectores de la pequeñoburguesía asustada por la revolución.

Además tuvo un impulso enorme tras el envío de armas de la URSS a los tres meses de iniciada la guerra, ayuda que fue condicionada por Stalin a cambio de que el gobierno del Frente Popular asumiera sus orientaciones, algo que fue facilitado también por la política rastrera de la CNT en el gobierno. La urgencia de armas de la República era enorme, pues las potencias imperialistas asumieron una política de “no intervención” en la guerra, que en los hechos significó impedir que el bando republicano comprara armas en el exterior y voltear la vista ante la intromisión de la Italia y Alemania fascistas a favor de las fuerzas de Franco, a quienes dieron gran ayuda militar. Esto fue aprovechado por Stalin para imponer sus condiciones ante la República, pues sólo entre el 12 de diciembre de 1936 y el 30 de enero de 1937 el gobierno del Frente Popular envió 26 cartas a Moscú pidiendo armas para sus ejércitos (Zavala: 250).

Esto dio paso a uno de los mayores robos de la historia, orquestado por Stalin y Alexander Orlov, uno de sus principales agentes en España. Aprovechándose de la necesidad de la República por conseguir armas y del servilismo de varios ministros de gobierno, en particular de Negrín (futuro sucesor de Largo Caballero en el poder), se organizó el traslado de la reservas de oro de España a Moscú para resguardarlas de los rebeldes franquistas. El traslado del oro se hizo de forma secreta (incluso de espaldas a miembros del gobierno español) y Stalin fue claro en la orden de no firmar ningún recibo.

A finales de octubre de 1936 partieron cuatro barcos con 7.800 cajas repletas de oro (aunque al parecer hubo 100 más que no se contabilizaron), una fortuna de inestimable valor: sólo trece cajas tenían lingotes de oro puro estimadas en 518 millones de dólares de la época, mientras que las 7.787 cajas restantes iban cargadas de piezas de oro de todo el mundo (pesos argentinos, chilenos y mexicanos, francos, dólares estadounidenses, etc.) que no estaban contabilizados (Zavala: 277-278).12

 

  1. Entre la guerra civil y la revolución social

 

“La derrota de la revolución española pospuso la perspectiva revolucionaria y puso a la orden del día la guerra imperialista. ¡Sólo un ciego puede no verlo!”

León Trotsky

 

La guerra civil española fue uno de los principales acontecimientos de la lucha de clases en el siglo XX, que además se combinó con un proceso de revolución social con centralidad de la clase obrera en el corazón de Europa Occidental, limítrofe con las principales potencias imperialistas del continente. Su curso resultaba determinante para la situación política mundial: si triunfaba la revolución socialista, se extendería al resto de países, empezando por Francia, que estaba inmersa en una situación revolucionaria; si era derrotada, se fortalecería la derecha imperialista, principalmente el fascismo, que se sentiría en mejores condiciones de avanzar con sus planes guerreristas. Como es sabido, sucedió el segundo escenario y no tardó mucho para que se iniciara la nueva guerra mundial, con un saldo terrible para la humanidad.

En la parte final de nuestra investigación realizaremos una periodización de la revolución en su conjunto. ¿Qué entendemos por la revolución española? Una periodización implica una selección de acontecimientos claves en el marco de un relato. En nuestro caso nos apoyamos en la caracterización de Trotsky en sus escritos sobre España, donde ubicó el inicio de la revolución con la caída de la monarquía y la declaración de la II República, hasta la derrota final en 1939.

 

I Período (abril 1931-noviembre 1933)

El Bienio progresista y las tareas de la revolución democrática

 

La crisis económica mundial capitalista tuvo fuertes repercusiones y puso fin a la prosperidad económica de España durante la dictadura de Primo de Rivera. Por eso la caída de la peseta en enero de 1930 vino acompañada de la caída del dictador (Morrow: 14). El agravamiento de la situación económica y sus repercusiones sociales avivaron los movimientos de lucha de la clase obrera, el campesinado y la juventud universitaria.

Luego de la firma del Pacto de San Sebastián entre socialistas y republicanos, donde ambas fuerzas se comprometieron a ponerle fin a la monarquía, se desarrollaron una serie de huelgas generales con rasgos revolucionarios en Valencia, Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao y otras ciudades, donde no escasearon las víctimas mortales a causa de los enfrentamientos con las fuerzas represivas. Los ánimos estaban tan caldeados que la clase obrera se comenzó a armar a plena vista para la realización de la huelga general revolucionaria que agitaban los dirigentes socialistas. Cuando estaba claro que el régimen monárquico-burgués no daba para más, la burguesía no tuvo más que retirarle el apoyo a la monarquía y “abrazar” los ideales republicanos (Morrow: 16).

En este escenario se realizaron las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, donde las candidaturas monárquicas salieron derrotadas y puso de manifiesto que la gran mayoría de la población quería la República. El rey Alfonso XIII no tenía ningún punto de apoyo y se vio obligado a retirarse del poder, pues de lo contrario podía terminar como sus pares franceses en 1793.

Pero las elecciones también dejaron en claro que los partidos republicanos pequeñoburgueses no tenían mucho apoyo, con la excepción de Esquerra Republicana catalana, que contaba con una fuerte base campesina. Incluso el Partido Radical de Lerroux, principal organización republicana del país, no hizo nada para impulsar la creación de la república y posteriormente terminó aliada con los monárquicos. Así, el bando más fortalecido de las elecciones fue la coalición entre socialistas y un sector republicano, lo cual no dejaba dudas sobre el carácter de clase de los sectores que apoyan a la nueva república: la clase obrera socialista y anarcosindicalista (aunque los anarcosindicalistas no participaron en las elecciones, la base de la CNT votó por las candidaturas de izquierda).

Fue una revolución democrática inestable social, política e históricamente: sin el respaldo de la burguesía y sostenida sobre la clase obrera y el campesinado, donde los republicanos (con el apoyo del reformismo socialista) no replicaron los métodos radicales de la revolución francesa para no chocar con la burguesía, y con el “fantasma” de la revolución rusa como punto de comparación para la clase obrera. Desde ese momento se hizo evidente la contradicción interna de la nueva República, la cual no iba ser otra cosa que “una transición a una pugna por el poder entre la reacción monárquico-fascista y el socialismo”, pues era imposible que pudiese consolidarse como una república democrática en España (Morrow: 17).

 

Persistencia de problemas sociales y democráticos en la República

 

Desde sus primeros días la República tuvo que hacerle frente a la herencia de tareas democráticas sin resolver, a las cuales se le sumaron las nuevas reivindicaciones de la clase obrera. Uno de los sectores más explosivos era el campo, pues aproximadamente dos tercios de la tierra estaban en manos de grandes y medianos propietarios. Para solucionar el desempleo y el hambre, era necesario avanzar hacia la expropiación de tierras y realizar una reforma agraria radical. Esto fue lo que sucedió con la revolución francesa, proceso donde se expropió a la aristocracia feudal para impulsar el desarrollo de relaciones capitalistas en el campo, por lo que el campesinado sin tierra fue un agente de esta tarea revolucionaria. Pero la situación era muy diferente para el caso de la España del siglo XX, donde la tierra ya estaba en manos de la burguesía, por lo que el gobierno republicano (que era burgués más allá de la presencia de los socialistas) no tocó a fondo la posesión de la tierra; por el contrario, adoptó un método de compra de tierra para dividirla en parcelas y arrendarla a los campesinos, mecanismo que según los cálculos del gobierno tardaría al menos cien años en cumplir todas sus metas.

La situación no era más alentadora en el sector industrial, sumamente golpeado por la crisis económica mundial, lo cual generó un crecimiento del desempleo en los primeros años de la República. Debido a la contracción del mercado internacional por la crisis económica y la debilidad del capitalismo español, la única forma para desarrollar la industria y generar nuevos empleos era mediante el monopolio del comercio exterior, tal como sucedió durante la revolución rusa. Pero esta medida chocaba directamente con los intereses imperialistas de Francia e Inglaterra que amenazaron con boicotear la compra de productos agrícolas españoles. De esta manera, el gobierno republicano-socialista no tomó ninguna medida radical para solucionar el desempleo, pues implicaba afectar los intereses imperialistas y de la burguesía agraria. El resultado fue el incremento del desempleo: mientras en 1931 había un millón de parados, en 1933 la cifra era de 1,5 millones, que, sumados a las personas que dependían de ellos, representaban un 25% de la población (Morrow: 19).

Por otra parte, en 1931 la Iglesia era una de las principales corporaciones capitalistas del país. De acuerdo con una estimación dada a las Cortes ese año, sólo la Orden de los Jesuitas concentraba un tercio de la riqueza nacional, controlando bancos industriales y de crédito agrícola. Las demás órdenes religiosas poseían industrias de todo tipo, que dinamizaban con trabajo gratuito de niños huérfanos o estudiantes de sus colegios. Además, recibía enormes aportes del Estado por ser la religión estatal y controlaba la educación, en un país donde la mitad de la población era analfabeta (ídem: 20). Por eso mismo, era ilusorio pensar que la separación de la Iglesia y el Estado era una tarea meramente parlamentaria; por el contrario, requería de medidas radicales y anticapitalistas, pues para socavar su poder había que expropiar al principal grupo capitalista del país.

Esto sucedió en la revolución francesa con la expropiación de tierras al clero, pero en la República española el bando republicano no dio este paso, sino que se impuso un “pacto de caballeros” entre los republicanos con la Iglesia, limitándose a expropiar a la orden de los jesuitas y restringiendo algunas de sus actividades, pero como institución logró salvaguardar gran parte de su poder que luego pondría en función de la rebelión franquista.

Lo anterior explica que la Iglesia siempre fuera un eje de la reacción, frustrando cualquier intento de ampliación del régimen político que podría replantear sus privilegios con el Estado. Por eso desde 1912 todas las revueltas populares realizaron quemas de iglesias, reflejo del odio hacia el clero como agente opresor. Esto volvió a ocurrir en mayo de 1931 luego de que la Iglesia emitiera una carta pastoral llamando a votar por los candidatos católicos que no fueran socialistas ni monárquicos, lo cual desató la furia popular con la quema masiva de iglesias en varias ciudades.

Con respecto al Ejército, la República organizó una reducción del cuerpo de oficiales mediante el retiro voluntario, al cual se acogieron unos 7.000 oficiales. Pero no se debe confundir reducción con supresión, y por eso la estructura militar burguesa se mantuvo intacta, funcionando prácticamente igual que durante la monarquía. De esta manera, el gobierno republicano-socialista dejó en pie al ejército que en pocos años sería el eje de la reacción contrarrevolucionaria, cuando lo pertinente era reorganizarlo desde abajo con la destitución de todo el Cuerpo de Oficiales (provenientes de la burguesía y con vínculos con los industriales y terratenientes) y el reclutamiento democrático de nuevos oficiales desde la tropa, lo cual fue realizado por la revolución rusa para hacerle frente a la contrarrevolución durante la guerra civil (ídem: 21-22).

Por último, otro elemento de continuidad del Estado monárquico-burgués fue la cuestión colonial y de las naciones oprimidas. El gobierno de los republicanos-socialistas no varió la política colonial, es decir, insistió en mantener la opresión del Estado español sobre Marruecos, y en cuanto a las reivindicaciones del pueblo vasco y catalán, bloquearon el avance de los estatutos autonómicos. En esto también la República quedó por detrás de la experiencia soviética en tiempos de Lenin, que resolvió el derecho a la autodeterminación de las naciones.

 

Un gobierno de coalición republicano-socialista contra la clase obrera

 

La creación de la República vino acompañada de un fuerte ascenso del movimiento obrero y campesino, producto de las enormes expectativas de cambios radicales en la estructura social, económica y política del país, pero que de inmediato chocaron con los límites impuestos por el gobierno de coalición republicano-socialista. De los republicanos era comprensible su aversión a la lucha obrera y popular, pero no así de los socialistas, que eran identificados como un partido obrero y por lo tanto defensor de la revolución. Para los socialistas la revolución española era burguesa, y por eso la tarea era consolidar la República para evitar el retorno de la reacción monárquica, por lo que optaron por darle más poder al gobierno. Además, suponían que la coalición republicano-socialista iba a ser permanente y que permanecerían en lo sucesivo en el Poder Ejecutivo (Morrow: 25).

Esto quedó reflejado en la Constitución de la II República, aprobada en diciembre de 1931, que, aunque estipuló algunos avances en derechos democráticos y reformas progresivas, también incorporó una legislación antiobrera sustentada en la ampliación de los poderes policíacos del gobierno para, según palabras del presidente Azaña, hacer frente a los ataques de los reaccionarios y revolucionarios (Jackson: 65). Por ejemplo, el artículo 42 facultaba al gobierno a suspender todas las garantías constitucionales en caso de emergencia; también se aprobó la “Ley de Defensa de la República” contra actos de agresión, tales como difusión de noticias tendenciosas, huelgas relámpago y abandono irracional del trabajo, tenencia ilegal de armas y denigración de las instituciones. También se mantuvo el arbitraje obligatorio de las huelgas que venía de tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, cuyo carácter antiobrero lo reflejó Largo Caballero, ministro de Trabajo en este momento, al declarar que “las organizaciones obreras que no se sometan al mismo serán declaradas fueras de la ley” (Morrow: 25-26). Aplicando este mecanismo legal, golpeó severamente a la CNT para fortalecer la afiliación de la UGT. Asimismo, se prohibieron las huelgas de carácter político y aquellas donde los obreros no hubiesen presentado sus demandas por escrito a la patronal con al menos diez días de antelación.

De esta manera, los socialistas se encargaron de gobernar en función de los intereses generales de la burguesía, haciendo todo lo posible para fortalecer el nuevo Estado y dotarlo de herramientas legales para justificar la represión contra el movimiento obrero, campesino y popular. No tardó mucho para que los sectores reaccionarios tomaran confianza y comenzaran a contragolpear en el campo, las industrias y demás sectores, donde la legislación represiva fue aplicada contra las luchas. En este marco se produjo un primer intento de golpe de Estado en agosto de 1932, liderado por el general Sanjurjo, cuyo objetivo era restaurar la monarquía, pero fue derrotado por la acción de la clase obrera sevillana. Pero ya era evidente que el ejército continuaba siendo un eje de la reacción, lo cual hacía más urgente su transformación total, medida que el gobierno republicano-socialista no quiso tomar.

Un punto de quiebre durante este bienio fue la represión a la insurrección anarquista de Casas Viejas en enero de 1933 (inscrita en el giro insurreccional de la CNT-FAI). En esta comunidad, los campesinos, hartos de esperar por dos años que la República cumpliera sus promesas de reforma agraria, comenzaron a tomar las tierras por su cuenta. El gobierno republicano-socialista respondió con una fuerte represión con orden de no dejar prisioneros, con un saldo de 20 muertos y decenas de heridos. Esto fue aprovechado por partidos de derecha para denunciar la política represora del gobierno, a lo cual sumaron el reclamo por los casi 9.000 presos políticos (en su mayoría obreros) y la censura contra las organizaciones políticas (sobre todo confiscación sistemática de periódicos de izquierda), todas medidas justificadas por la legislación represiva de la Constitución.

Esto facilitó el giro reaccionario en el país, con la contradicción de que la derecha se posicionó como la defensora de los derechos democráticos, lo cual explica su triunfo en las elecciones de noviembre de 1933, pues la clase obrera y el campesinado votaron a la derecha ante el desplome de sus expectativas con los republicanos y socialistas en el poder. En total, 13 millones de personas acudieron a las urnas, de las cuales 8 millones votaron por la derecha y un millón más por partidos centristas. Al respecto, son interesantes las valoraciones del socialista moderado Indalecio Prieto sobre la derrota electoral y el fortalecimiento de la reacción: “Se debe precisamente a la política derechista del régimen izquierdista. Este gobierno, nacido con la República y creado por la República, se volvió tribuna de las fuerzas adversas a la misma República (…). La burguesía española no fue capaz siquiera de realizar la revolución democrático burguesa” (ídem: 30).

 

Un programa revolucionario en la República

 

El bienio progresista fue comprendido por Trotsky desde un ángulo estratégico, descifrando las claves del momento desde donde apalancar la segunda revolución española, la que colocaría a la clase obrera, los explotados y oprimidos en el poder. Caracterizó que en esta fase la revolución le dio a los problemas políticos una forma parlamentaria que se alimentaba de las enormes expectativas de las masas en las elecciones, pues prevaleció la ilusión de que la monarquía cayó por la derrota sufrida en las elecciones municipales. Claramente esto no fue así: la monarquía cayó por la presión de la lucha de clases. Pero el movimiento obrero no lo percibió inicialmente así.

Trotsky apuntó que en este período “las masas populares españolas están inclinadas a exagerar la fuerza creadora de las Cortes”, por lo que todo obrero o campesino consciente quería participar en las elecciones. De ahí que fuese fundamental contar con una actitud revolucionaria hacia las Cortes, diferenciándose del cretinismo antiparlamentario anarquista y el cretinismo parlamentario socialista. La apuesta era lograr representación parlamentaria para tener tribunos del pueblo que agitaran un programa obrero, campesino y socialista revolucionario, lo cual facilitaría la unidad de las fuerzas revolucionarias en torno al partido comunista. Pero el PCE en ese momento estaba en su giro ultraizquierdista y no tenía orientaciones con respecto al parlamento, enfocándose solamente en plantear el armamento obrero, desligado de las discusiones reales entre la clase obrera y el campesinado (Trotsky: 66).

¿Qué tipo de programa era necesario? España representó el escenario europeo donde se materializó el debate entre la teoría de la revolución permanente de Trotsky y la revolución por etapas del stalinismo y el socialismo español (aunque con diferencias tácticas entre ambos partidos). Esto explica que el PCE y el PSOE tuviesen acuerdo en que la revolución española era democrático-burguesa y no socialista, lo que en el marco de la guerra civil se tradujo en “primero ganar la guerra, luego la revolución”. Pero Trotsky y los comunistas de izquierda difirieron de este enfoque etapista que ponía a la clase obrera de furgón de cola de la burguesía republicana (que ni siquiera asumió ir a fondo con su revolución), y desde un inicio plantearon la unidad de la revolución proletaria con la campesina y popular.

Trotsky sostuvo cuatro ejes para los comunistas en la revolución española: a) sostener la más férrea independencia política de cualquier facción burguesa, incluso las llamadas republicanas o progresistas. La unidad de acción no estaba excluida para acciones de lucha, pero no con respecto al programa político y los objetivos estratégicos; b) impulsar la unidad de la revolución proletaria con la campesina, haciendo propias todas las demandas del conjunto de sectores explotados y oprimidos; c) preparar la disputa por el poder mediante la puesta en pie de organizaciones de lucha de masas (soviets o instancias similares con otro nombre según la tradición local, como juntas); d) construir un partido revolucionario y socialista para dirigir la acción política de la clase obrera (M. Yunes, “Lecciones de una gesta heroica”, en España revolucionaria: 6).

Por eso el programa de Trotsky para España combinó las reivindicaciones democráticas con otras de tipo transitorio. Algunos de sus puntos son los siguientes:

  • Reforma agraria radical mediante la confiscación de las grandes propiedades agrarias en beneficio de los campesinos.
  • Separación de la Iglesia y del Estado, pero desarmándola con la expropiación de sus riquezas para entregárselas al pueblo, sobre todo con el reparto de sus tierras entre el campesinado.
  • Un gobierno barato que sólo puede ser garantizado por la clase obrera en el poder, no por los banqueras, terratenientes ni militares.
  • Derecho a la autodeterminación nacional de los pueblos, pero sosteniendo al mismo tiempo que la solución no es la separación de la clase obrera en micro estados, sino apuntalando su unidad económica con la más amplia autonomía de las regiones nacionales.
  • Impulsar el armamento de la clase obrera y el campesinado con la formación de milicias, no sólo en la perspectiva de la toma del poder, sino en la coyuntura inicial para autodefensa de las organizaciones sindicales y populares contra los ataques reaccionarios o ante un eventual pronunciamiento militar.
  • Incorporación de toda la legislación social de los republicanos, como el derecho a la educación pública, seguro de desempleo, etc.
  • Sufragio universal y secreto para hombres y mujeres desde los 18 años, para ganarse a la nueva generación que está destinada a realizar la segunda revolución.
  • Cortes Constituyentes revolucionarias para refundar el país desde los explotados y oprimidos. En este sentido, denunciar cualquier Asamblea Constituyente de conciliación con la burguesía y la monarquía.
  • Articular todas estas consignas democráticas con otras transitorias para reglamentar la economía desde el Estado, tales como nacionalización de los ferrocarriles y bancos, control obrero de la industria, etc.

Éste fue el programa general que sostuvo Trotsky durante este período, que tenía por objetivo preparar el paso del régimen burgués al proletario, que debía concentrarse en unas pocas consignas para no dispersar la atención de la clase obrera y ajustarse según el caso, para así hacerlo penetrar en la conciencia de las masas.

 

II Período (noviembre 1933-febrero 1936)

El Bienio Negro y la Comuna de Asturias

 

Durante el llamado Bienio Negro, la correlación de fuerzas cambió sustancialmente con el gobierno de la derecha, compuesto por los radicales de Lerroux y posteriormente con el ingreso de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), agrupación extremista y reaccionaria encabezada por Gil Robles.

En este período las patronales perdieron el temor de enfrentar las demandas por salarios y mejores condiciones laborales, pues sabían que tenían la policía y el Ejército detrás de ellos para garantizar sus intereses. Esto desató una ofensiva contra la clase obrera: caída de salarios, aumento del costo de la vida, aumento de la represión contra el movimiento obrero y sus organizaciones. El resultado fue una mayor polarización política, que tuvo una manifestación temprana con la huelga agrícola a inicios de 1934, pero principalmente con la insurrección de octubre de ese mismo año, donde se desarrolló la Comuna de Asturias (Thomas: 179).

El envalentonamiento de las patronales y la derecha se refleja en la muy provocativa frase de “¿No queríais República? Pues comed República”, que daba cuenta del carácter insuficiente de las reformas del Bienio Reformista, así como del carácter reaccionario que tenían el nuevo gobierno y las leyes de la República.

Gil Robles hizo un balance de los avances para la derecha en los primeros seis meses del Bienio Negro: “Primero: la sustitución de la enseñanza religiosa no se ha llevado a cabo. Segundo resultado: la sustitución de los haberes del clero ha tenido una rectificación inicial, e iniciado el camino, las consecuencias vendrán en su día. Tercer resultado: camino de Roma se encuentra el ministro de Estado, que va a tratar con el Sumo Pontífice, reconociendo su soberanía y la independencia de la Iglesia. Cuarto resultado: las persecuciones de que fueron objeto las derechas, con campañas muchas veces absolutamente injustas, han sido objeto de rectificación con la ley de amnistía. Quinto resultado: la ley de términos municipales ha quedado derogada. Que vengan los que me censuran a presentar algo parecido” (B. Sacaluga, “El Bienio Negro”).

Pero esta ofensiva de la derecha aún estaba en los marcos de la legalidad de la República, por lo que no logró quebrar al movimiento obrero y campesino que, por el contrario, comenzaría a radicalizarse aún más para detener los avances reaccionarios. Esto dio paso al Octubre Rojo, ensayo de revolución social en España.

 

Octubre rojo

 

El 4 de octubre se confirmó el ingreso de tres diputados de la CEDA al gobierno presidido por el republicano Lerroux, lo cual fue asumido como la señal para lanzar la insurrección contra el fascismo, pues era cuestión de tiempo para que se hiciesen del control del poder ejecutivo como hizo Hitler en Alemania en 1933. Además, recordemos que los socialistas, tras su salida del gobierno en 1933 y realizar el giro a la izquierda con Largo Caballero, declararon que la llegada del fascismo al gobierno sería el detonante de la revolución, por lo cual tuvieron que llamar a la huelga general (Durgan: 253).

El movimiento tuvo su epicentro en Asturias por la unidad de acción de todas las fuerzas de izquierda locales en la Alianza Obrera: socialistas, anarquistas, comunistas y grupos campesinos, unidad que se sintetizó con el grito de guerra UHP, siglas de ¡Uníos, Hermanos Proletarios! (Thomas: 129). Asturias contaba con una fuerte y disciplinada clase obrera, particularmente los 26.000 obreros mineros, en su mayoría muy jóvenes pero con experiencia en huelgas. Tenían armas, dinamita y comités para organizar la huelga en la provincia.

La huelga revolucionaria se transformó en una insurrección a gran escala por tres semanas, tiempo durante el cual el centro de Asturias estuvo en manos de los insurrectos, que mediante los comités revolucionarios organizaron el abastecimiento de comida y seguridad en cada pueblo y villa tomada. Las fábricas de armas en Oviedo trabajaron día y noche para abastecer a los 30.000 obreros que se movilizaron con el “Ejército Rojo” para la batalla a lo largo de diez días. En una radio rebelde se proclamaban discursos revolucionarios para elevar la moral: “Camaradas, (…) estamos creando una nueva sociedad… no es sorprendente que el mundo que estamos forjando cueste sangre, dolor y lágrimas… Larga vida a la revolución social” (ídem: 131).

La Comuna Asturiana constituyó el intento más radical para frenar el ascenso de la derecha y también fue un ensayo de revolución social, demostrado con la experiencia de organización de la clase obrera mediante sus propios partidos y organizaciones, garantizando la gestión de la región con seguridad interna, sistemas de comunicación, canales eficientes de suministros y organización de la producción de primera necesidad (Durgan: 253-254). Fue la primera comuna revolucionaria en Europa Occidental desde la Comuna de París de 1871, pero resultó aislada tras la derrota de los levantamientos en Cataluña y Madrid.

En Cataluña la huelga fue asumida por la Alianza Obrera, pero sin el apoyo de la poderosa CNT anarquista, que sostenía una posición sectaria en torno a la unidad de acción, particularmente con el PSOE, que estuvo en el gobierno de Azaña y fue cómplice de la persecución contra la organización. Esto fue un crimen político injustificable, pues la insurrección de octubre fue un movimiento con apoyo de la base de la clase obrera que salió a luchar contra el inminente ascenso de la derecha extrema al gobierno, muy diferente a las “insurrecciones” ultraizquierdistas de la CNT de 1932-1933.

A pesar de esta ubicación sectaria de la CNT, la huelga se inició con fuerza y se extendió por toda la provincia, aunque el punto de disputa central era la capital Barcelona, donde la ERC era gobierno y el movimiento buscó su apoyo. Forzada por la presión de las masas y por el peligro que representaba el gobierno de la CEDA, cuyos dirigentes eran enemigos de los derechos autonómicos, el gobierno de Companys se vio forzado a “sumarse” a la insurrección, o mejor dicho, realizó una “insurrección simbólica”, declarando la creación del “Estado Catalán dentro de la República Federal Española”, un juego de palabras ambiguo para no perder el control de la situación en la zona y presionar a Madrid a una negociación.

El gran error de la Alianza Obrera en Cataluña radicó en la actitud pasiva hacia la Generalitat (gobierno regional de Cataluña), pues la cuestión regional catalana tendió una “cortina de humo”. Para Grandizo Munis, militante de la ICE, por ese motivo la Alianza Obrera asumió la insurrección local como un movimiento esencialmente de la pequeño burguesía al cual el movimiento obrero tenía que darle solidaridad, cuando era todo lo contrario, y por eso se quedaron sin iniciativa la noche del 4 y todo el 5 de octubre. Maurín expresó esa política de seguidismo: “El movimiento obrero se colocará al lado de la Generalitat para presionarla y prometerle ayuda sin ponerse delante de ella, sin aventajarla en los primeros momentos. Lo que interesa es que la insurrección comience y que la pequeño burguesía con sus fuerzas armadas no tenga tiempo para retroceder. Después ya veremos” (G. Munis, en Una revolución silenciada: 43-44). En este punto nuevamente salieron a flote las derivas etapistas de la revolución democrática de Maurín y el BOC, supeditando el accionar independiente de la clase obrera al gobierno de la Generalitat dirigido por la pequeñoburguesía catalanista.

La insurrección catalana estaba derrotada para el 9 de octubre, con un saldo de decenas de muertos y heridos. La Generalitat se rindió a las diez horas de que se iniciase un pequeño bombardeo, aunque había condiciones para luchar y resistir, pero esto hubiera dado paso a una radicalización del movimiento obrero local.

En cuanto a Madrid, la responsabilidad del movimiento recayó sobre los socialistas, que dejaron el movimiento sin orientación. La huelga duró ocho días en la ciudad, tiempo durante el cual no convocaron en una sola ocasión a la Alianza Obrera para que realizara acciones de resistencia en común, algo que se veía favorecido por el apoyo de la CNT a la huelga en esa ciudad. A pesar de los discursos radicalizados de los socialistas en esos años, en realidad no estaban dispuestos a ir a fondo en su lucha contra la burguesía y la reacción, “estaban pobremente preparados, tanto política como materialmente, para lanzarse a la toma del poder” (Durgan: 255).

 

Derrota, represión y lecciones políticas

 

La derrota de octubre intensificó los ataques contra el movimiento obrero con la imposición de la Ley Marcial. Los presos políticos abarrotaron las cárceles, pasando de un estimado de 9.000 en 1933 a cerca de 30.000 luego de la insurrección de 1934; en Cataluña la persecución fue muy fuerte contra las organizaciones obreras, cerrando unos 280 centros obreros de la localidad.

También se abolieron los Juzgados Mixtos y las leyes sobre despidos, herramientas legales que aprovecharon los empresarios para deshacerse de los trabajadores con reconocida militancia política. La ofensiva también se dio en el campo con la Ley de Arrendamientos Rurales, que sometió al pequeño parcelero a una mayor explotación por parte de los terratenientes.

A pesar de esto, el movimiento obrero no salió desmoralizado, y la insurrección de octubre marcó el fin de las intenciones de la derecha por derrotar la República desde dentro (Durgan: 273). En adelante, se planteó con más claridad que la crisis política y social de España se iba a dirimir en un enfrentamiento entre la revolución y la contrarrevolución.

 

III Período (Febrero 1936-18 de julio de 1936)

El Frente Popular y el advenimiento de la guerra

 

Para 1935 la coalición gubernamental entre los radicales y la CEDA estaba bastante debilitada debido a escándalos de corrupción contra figuras radicales, lo cual dio paso a una lucha por el poder por parte de Gil Robles. Pero el sector burgués radical no quiso que el poder lo tomara un extremista que era enemigo jurado del parlamentarismo, pues aún apostaban a solucionar la crisis de la República por mecanismos regulares de la democracia burguesa. Así, se generó una crisis en las Cortes ante la incapacidad de conformar un nuevo gobierno estable, por lo que el presidente Alcalá Zamora convocó a elecciones para el 16 de febrero de 1936.

En esta campaña resultó vencedor el Frente Popular (FP) por una ventaja pequeña, pero dadas las leyes electorales logró una enorme bancada parlamentaria: 277 diputados contra 132 de la derecha y 32 del centro. Así finalizaría el Bienio Negro y el país ingresó a una nueva etapa de creciente polarización política, prólogo del golpe de Estado y la revolución, tiempo durante el cual el Frente Popular no hizo nada para socavar las bases materiales e institucionales de la derecha.

 

El gobierno del Frente Popular

 

El 15 de enero de 1936 se firmó el pacto programático del FP entre Unión Republicana e Izquierda Republicana como representantes de la burguesía de “izquierda”, con los principales partidos de izquierda como el PSOE, el Partido Sindicalista (una ruptura del anarcosindicalismo), el PCE y el POUM.

El “programa común” del FP constaba de ocho puntos que se mantenían en los márgenes del liberalismo burgués. Sobre la cuestión agraria se limitó a reivindicar el sistema de créditos y compra de fincas para arrendarlas a los campesinos que ya había demostrado su fracaso en el bienio progresista, y explícitamente decía que “los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su libre distribución entre los campesinos, solicitado por los delegados del Partidos Socialista”. Con relación a la expansión de la economía, plantearon medidas de protección arancelarias y colocar el Tesoro y bancos en función de la reconstrucción nacional, a la vez que los republicanos rechazaron las medidas de nacionalización de los bancos y el subsidio al desempleo de los partidos obreros solicitado por los partidos obreros. Sobre la Iglesia, el programa solamente dice fiscalizar la educación privada e impulsar la construcción de escuelas primarias. Para el Ejército, el único punto que “afecta” a los oficiales es el que promete la investigación y castigo de los abusos policiales, dejando intacto el cuerpo de oficiales. En torno a la cuestión nacional y colonial, el programa no tenía ninguna propuesta, de forma tal que Marruecos continuó bajo dominio de la Legión, base de operaciones de Franco durante la rebelión desde julio de 1936. Finalmente sobre la democratización del Estado el FP se limitó a restaurar los consejos laborales mixtos y otras instancias creadas en 1931 y derogadas durante el Bienio Negro, pero de parte de los republicanos se rechazó la solicitud de control obrero por parte de los socialistas (Morrow: 83-84).

El trotskista Felix Morrow caracterizó como reaccionario al programa del FP, mientras que el socialista Antonio Ramos Oliviera señaló que “cada punto parecía una huida” (Morrow: 83 y Broué y Témine: 33). Pero por ese programa de derecha los partidos obreros depusieron la lucha por el socialismo y se limitaron a hacerle seguidismo a la burguesía representada por los partidos republicanos. En el caso de Largo Caballero y el POUM, los sectores más “críticos” dentro del FP, justificaron su firma del pacto programático por el peso de la reivindicación de liberación de los 30.000 presos políticos tras la insurrección de octubre y su reincorporación a los puestos de trabajo que tenían (con indemnización de salarios caídos), algo que efectivamente generó una enorme simpatía entre las masas obreras. La CNT-FAI también sintió la presión electoral y por primera vez no lanzó su consigna clásica de “No votad, sabotaje de las elecciones”, dando vía libre para que su base obrera votara por el FP y su programa liberal burgués, sumando alrededor de un millón y medio de votos para las listas del FP.

Así, ni el reformismo parlamentarista del PSOE ni la antipolítica ultraizquierdista de la CNT pudieron ofrecer una alternativa independiente de la burguesía, y por eso la clase obrera quedó como furgón de cola de la burguesía republicana en el Frente Popular, algo que se repetiría a lo largo de la guerra civil. Nuevamente, el cretinismo parlamentario y el cretinismo antiparlamentario dejaron en claro que eran complementarios, las dos caras de una estrategia de supeditación de la clase obrera a la burguesía.

En cuanto al POUM, Trotsky señaló que su ingreso a la coalición representó una verdadera traición a la revolución, pues del resto de partidos de izquierda no se tenía ninguna expectativa revolucionaria, pero el POUM se caracterizaba por sus discursos radicales y poco antes de su capitulación se posicionó en contra de cualquier acuerdo electoral con la burguesía, pero terminó cediendo ante las presiones por la unidad. Andrade justificó que la entrada del POUM al Frente Popular respondió “al sentimiento unánime de los trabajadores españoles para hacer frente al desarrollo ofensivo de los militares y la contrarrevolución, deseo compartido incluso por los ‘antipolíticos’ de la CNT-FAI” (Andrade: 28). No se niega la importancia de la unidad de acción para enfrentar al fascismo, pero eso es diferente a la capitulación a un frente electoral con la burguesía donde se renunció a cualquier perspectiva anticapitalista. El POUM demostró su adaptación a las presiones locales y las derivas de la teoría de la revolución democrática de Maurín, donde lo único permanente fue la supeditación del accionar independiente de la clase obrera ante las reivindicaciones democráticas (en este caso, a la presión por la liberación de los presos políticos), y no su articulación revolucionaria con consignas transitorias y obreras.

 

Una situación revolucionaria y el accionar de las corrientes de izquierda

 

El triunfo del Frente Popular dio paso inmediatamente a una situación revolucionaria, donde el movimiento obrero y campesino retomó confianza y tomó venganza según el “método plebeyo” de las atrocidades realizadas por la burguesía y los reaccionarios durante el Bienio Negro. Por ejemplo, en los cuatro días siguientes a las elecciones la clase obrera se lanzó a las calles para liberar a los 30.000 presos políticos y, sin esperar ninguna ratificación constitucional, arrancaron las puertas de las cárceles, para inmediatamente chocar con las patronales exigiendo el retorno a sus puestos de trabajo de los trabajadores liberados bajo el lema “sí o sí”. A esto se sumó la quema de iglesias y la expulsión de curas de los pueblos bajo amenaza de muerte.

Ante esto, los diputados stalinistas y de la derecha socialista (aliados de Prieto) hicieron todo lo posible por contener los estallidos, planteándole a los obreros y campesinos que no tomaran la justicia por sus manos y lo dejaran todo en manos del Frente Popular; incluso el PCE señaló que “la quema de iglesias y monasterios favorece a la contrarrevolución” (Morrow: 88).

Para contener este ascenso revolucionaria se conformó un nuevo gobierno encabezado por Azaña, una figura burguesa republicana que era una garantía contra la revolución y la reacción al mismo tiempo, “el símbolo de todos los españoles que esperaban todavía evitar la guerra civil” (Broué y Témine: 35). Para esto implementó varias medidas reformistas básicas, como la restitución de las instituciones revocadas durante el Bienio Negro, el nombramiento de nuevos gobernadores e impulsó la ley de amnistía para los presos políticos (además de detener a López Ochoa, responsable de la represión). También reinstauró el estatuto autonómico de Cataluña y liberó a Companys (preso luego de octubre de 1934).

Pero todas estas medidas no aplacaron el ascenso revolucionario, lo cual quedó de manifiesto con la convocatoria a huelga del 17 de abril en Madrid por la CNT en respuesta a un ataque de bandas fascistas y de la Guardia Civil al barrio obrero de la ciudad. Aunque la UGT no convocó a la huelga, prácticamente todos los obreros se sumaron porque tenían enormes ganas de salir a luchar contra la burguesía y la reacción. Esto marcó un punto de quiebre para la burguesía, que comprendió que el tiempo se agotaba para que explotara una ofensiva obrera contra el capital y sus agentes (Morrow: 89). ¿Cómo hacerle frente al movimiento obrero y el ascenso revolucionario? Las respuestas variaron según los sectores: el Ejército sugirió un aplastamiento militar, propuesta secundaba por Miguel Maura, representantes de los industriales y los terratenientes de extrema derecha que pedían la instauración de un gobierno autoritario que suspendiera las Cortes. Pero entre la burguesía no había consenso aún para esta salida militar, y por eso Azaña optó por impulsar un gobierno con los socialistas apelando al moderado Prieto.

Los partidos obreros suscribieron el pacto del Frente Popular, pero decidieron no entrar al gobierno. Esta tesis fue defendida por Largo Caballero, que para ese momento sostenía que “la revolución proletaria estaba a la orden del día”. Su tendencia publicaba el periódico Claridad, donde se criticaba al gobierno del Frente Popular por la izquierda, en contraste con El Socialista, controlado por el aparato del PSOE afín al ala de Prieto, que sostenía una política de apoyo incondicional al gobierno de Azaña junto con el periódico Mundo Obrero del PCE. El gobierno de la Generalitat y los stalinistas presionaron para que el PSOE ingresara al gobierno y contuviera al movimiento obrero, y hasta el POUM se sumó a este pedido para crear “un auténtico gobierno de Frente Popular” con el objetivo de “completar la experiencia democrática de las masas” y avanzar hacia la revolución socialista (ídem: 90).

Pero Largo Caballero se mantuvo firme en su negativa a sumarse al gabinete, reflejando el sentir de las bases de la poderosa UGT y el ascenso del movimiento obrero. Ante esto, Prieto desistió de sumarse al gobierno de Azaña, pues incluso sectores obreros que lo apoyaban giraron hacia la izquierda. La crisis política se profundizó y para junio el país era un hervidero de luchas obreras: “La oleada huelguística había alcanzado las proporciones de crisis revolucionaria. (…) En esos cinco meses, todas las ciudades de cierta importancia tuvieron al menos una huelga general. El 10 de junio había casi un millón de obreros en huelga; medio millón el 20 de junio; un millón el 24 de junio; más de un millón en los primeros días de julio” (ídem).

En este contexto, el 14 de junio Largo Caballero llamó a los republicanos a que dejaran el poder con el objetivo de instaurar la dictadura del proletariado. Pero sus poses de izquierda nunca superaron las barreras del parlamentarismo reformista, pues se resistió a romper con el ala de Prieto que controlaba el aparato del PSOE y no planteó ninguna insurrección para “tomar el cielo por asalto” como hicieron los bolcheviques en 1917; por el contrario, su llamado era a realizar un cambio del gobierno pero sin destruir el Estado burgués ni el régimen antiobrero de la República. Por eso resulta acertada la caracterización de Caballero como un “socialdemócrata jugando a la revolución” (Broué y Témine: 36).

El gobierno del Frente Popular incrementó las medidas represivas contra los huelguistas y clausuró locales de la CNT, amenazando con declarar los sindicatos fuera de la ley si proseguían las huelgas. Lo mismo hizo el gobierno de la Generalitat presidido por Companys, que llenó las cárceles de dirigentes anarquistas. Pero en esta ocasión la UGT de Largo Caballero no fue cómplice de la represión contra los anarcosindicalistas y el gobierno tuvo que parar sus ataques. Prevalecía un espíritu de ofensiva de la clase obrera, enfrentando en las calles a las bandas fascistas, que entre febrero y julio de 1936 provocó dos muertos y seis heridos diarios. Era el prólogo de la guerra civil y el estallido de la revolución.

 

El anuncio del golpe y la política del gobierno del Frente Popular

 

Ante el fracaso de destruir la República desde adentro con la CEDA durante el Bienio Negro y sumado al ascenso de la lucha de clases tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, la burguesía y la reacción monárquica empezaron a preparar su última carta: un golpe militar contrarrevolucionario. El levantamiento militar se gestó a la vista y paciencia de todos los sectores, pues ya era claro que la crisis política no podía resolverse en los marcos del parlamentarismo y era inevitable un choque violento de clase contra clase, de los burgueses y terratenientes contra los obreros y campesinos.

Para los altos mandos del Ejército era claro que los políticos ya no podían hacerle frente a la situación revolucionaria, y el 20 de febrero realizaron reuniones por todo el país entre los jefes militares y los líderes de extrema derecha para organizar el golpe. Tras el análisis de la correlación de fuerzas, optaron por aplazar el alzamiento, pero la decisión ya estaba tomada. El gobierno tuvo conocimiento de estos encuentros y su respuesta fue la simple reubicación de los principales líderes militares implicados: Franco fue trasladado a las islas Canarias, Godded a las Baleares y el general Mola a Navarra. Pero los planes golpistas prosiguieron y se manejaron varias fechas para el alzamiento: 20 de abril, 15 de junio, 12 de julio y finalmente 18 de julio, fecha en que se produciría la “rebelión” militar.

A lo largo de seis meses, el gobierno del Frente Popular tuvo un accionar ambivalente, pues estaba al corriente de la organización del complot militar pero no tomó medidas a fondo contra los militares. De hecho, el traslado de los generales facilitó los planes de la rebelión, pues les dio extensión territorial para impulsar el ataque militar desde varios puntos clave del país. El gobierno de Azaña y luego el de Casares Quiroga tenían por objetivo impedir la guerra y salvar el régimen parlamentario, que se veía asediado por la derecha y la izquierda, por el golpe militar y la revolución obrera y campesina. Por eso se dedicó a reprimir a la derecha y la izquierda, pero “procurando no debilitar demasiado a uno para no tener que entregarse al otro”, pues su “única razón de ser era dudar, ganar tiempo para evitar el choque que lo aniquilaría” (ídem: 40-41).

 

Trotsky ante el Frente Popular

 

Trotsky analizó que el triunfo del Frente Popular tenía un doble significado. Por un lado, representaba el “comienzo de un período revolucionario agudo”, donde la clase obrera y el campesinado empujaban con todas sus fuerzas hacia una “solución revolucionaria” por medio de estallidos violentos. Pero al mismo tiempo, el Frente Popular constituía un “freno gigantesco, construido y manejado por traidores y empedernidos canallas” para detener el ascenso revolucionario. A partir de esta dinámica, previó el curso ambiguo del gobierno de Azaña como un intento de establecer un polo bonapartista que trataría de “elevarse por encima de los dos campos a fin de dirigir mejor las armas del Estado contra las masas revolucionarias que lo han alzado al poder” (Trotsky: 185), lo que, combinado con la ausencia de una verdadera dirección revolucionaria para canalizar la energía revolucionaria de las masas, abría de par en par las puertas al fascismo.

De esta forma, el gobierno del Frente Popular se caracterizó por una tensión dialéctica, pues representó la apertura de una situación revolucionaria pero al mismo tiempo era su negación al adormecer a la clase obrera y el campesinado con las ilusiones parlamentarias. Y aunque su objetivo era evitar la confrontación de clases, terminó por desencadenarla: “Incapaz de resolver ninguna de las tareas puestas sobre el tapete por la revolución –ya que éstas se reducen a una sola, el derrocamiento de la burguesía–, el Frente Popular imposibilita el régimen burgués, provocando el golpe de Estado fascista” (ídem: 194). Por eso Trotsky no escatimó adjetivos para denunciar el gran peligro que representaba la política de colaboración de clases auspiciada por socialistas, stalinistas y el POUM, la cual exponía a la clase obrera a una derrota de dimensiones históricas y con “años de sufrimientos, de sacrificios, si no de décadas de terror fascista”.

Lo anterior explicaba la política del Frente Popular hacia el Ejército, el cual rehusó enfrentar para defender los intereses generales de la burguesía, pues cuando “la burguesía se ve obligada a firmar un pacto con las organizaciones obreras por medio de su ala izquierda, tiene más necesidad que nunca de su cuerpo de oficiales para hacer contrapeso, ya que de lo que se trata es de la protección de la propiedad privada” (ídem: 196). Por eso el gobierno de Frente Popular capituló sistemáticamente a la burocracia y oficiales militares, y no dio ningún paso para suplantarlo por una milicia popular de la clase obrera y el campesinado.

 

IV Período (18 de julio de 1936-abril 1937)

De la guerra civil a la revolución social

 

El 18 de julio de 1936 se realizó el levantamiento militar contra la República, que pretendía imponer un régimen militar en pocos días para cortar de raíz con el ascenso revolucionario. Pero los planes de los rebeldes (esto es, los insurrectos del Ejército y la extrema derecha) se vieron frustrados por la fuerte reacción de la clase obrera en las principales ciudades, que de forma espontánea derrotó el alzamiento en gran parte del territorio nacional.

La rebelión fue derrotada en los lugares donde la clase obrera actuó de forma independiente, mientras que en las zonas donde confió en el Frente Popular o esperó las indicaciones de sus direcciones y los generales “leales” del ejercito republicano, el alzamiento militar resultó victorioso. Los rebeldes triunfaron en Andalucía, Zaragoza y sorprendentemente en Oviedo (epicentro de la Comuna de Asturias) sin efectuar un solo tiro, producto de la confianza de los republicanos y socialistas de derecha en el general Aranda, que finalmente se pasó al bando rebelde aprovechando que en la ciudad no había un solo minero para defender la plaza. Pero fueron derrotados en Barcelona y Madrid (las principales ciudades), así como en Málaga, el País Vasco y en Valencia, donde la guardia no se sublevó.

De esta forma, lo que se pretendía que fuese un típico pronunciamiento del Ejército para instaurar un nuevo régimen en dos o tres días desató la furia revolucionaria de los explotados y oprimidos, dando paso a la revolución social y una guerra civil que se prolongaría por tres años: “El pronunciamiento, en cuanto tal, había fracasado. Pues no sólo habían sufrido terribles reveses los rebeldes, sino que habían desencadenado la revolución obrera que su acción había querido prevenir (…). Sus derrotas, al destruir la leyenda de invencibilidad del ejército en las luchas civiles, los privaron de su triunfo principal, el miedo. En lo sucesivo, ya no se enfrentaron a un débil gobierno de Frente Popular, sino a una revolución. El pronunciamiento había fracasado. Comenzaba la guerra civil” (Broué y Témine: 54).

 

El colapso del Estado burgués y el surgimiento de los organismos de control obrero

 

El estallido de la clase obrera derrotó a los militares golpistas, pero también lo hizo con el Estado republicano que, literalmente, explotó en mil pedazos. Aunque el gobierno republicano existía formalmente en la “zona leal”, en los hechos el poder pasó a manos de la clase obrera en armas que en cada localidad hizo frente a las necesidades del momento: derrotar los focos de insurrectos, garantizar la seguridad en la retaguardia y el abastecimiento de productos, controlar el transporte público y las calles, etc.

En el marco de la resistencia contra la rebelión militar, la clase obrera pasó de la defensiva a la ofensiva, a pesar de la contención de las direcciones reformistas del Frente Popular. Cuando los obreros se sumaron a las barricadas para enfrentar al Ejército, no lo hacían en nombre de la “democracia” y la República que los había decepcionado, sino que fueron pensando en el socialismo y la libertad de una sociedad igualitaria. Por eso en las ciudades y pueblos los burgueses fueron atrapados y confiscados sus bienes. Desde donde se mirase era claro una cosa: “Los obreros se apoderaron de todas las riquezas del país” (Casanova, “¿Ha habido una revolución proletaria en España?”, en Una revolución silenciada: 55).

El desmoronamiento del Estado republicano fue particularmente evidente en el Ejército y la policía, instituciones que desaparecieron por las deserciones, ya fuera al bando rebelde o para sumarse a las milicias obreras. Pero en general todo el aparato del Estado burgués se desintegró de la noche a la mañana, tal como lo reflejó el socialista de izquierda Álvarez del Vayo: “El Estado colapsó y la República se quedó sin Ejército, sin policía y con su maquinaria administrativa diezmada por las deserciones y el sabotaje (…). Desde los jefes del Ejército y los magistrados del Tribunal Supremo hasta los oficiales de aduanas nos vimos obligados a reemplazar a la mayoría del personal que, hasta el 18 de julio de 1936, había tenido a cargo la maquinaria del Estado republicano. Sólo en el Ministerio de Exteriores el 90 por ciento del antiguo cuerpo diplomático había desertado” (en Bolloten, “La revolución y el nacimiento de la Tercera República”, en Una revolución silenciada: 59).

Como sucede en toda revolución social, hubo casos de justicia revolucionaria o terror rojo. En la Armada, por ejemplo, se estima que los marinos fusilaron al 70 por ciento de sus oficiales, una respuesta iracunda contra los años de opresión y maltrato en el servicio militar. También se instauraron los famosos “paseos”, operativos de los partidos políticos o sindicatos anarquistas para ajusticiar a figuras de la burguesía, la Iglesia o la policía. Pero ante la ausencia de un poder central, hubo casos de crímenes por venganza, ante lo cual todas las organizaciones de izquierda plantearon que era necesario “organizar la represión”. Incluso la CNT se sumó a esta postura y mandó a fusilar a un militante suyo que cometió un asesinato por motivos personales.

Pero más importante aún fue que el colapso del Estado burgués estuvo acompañado de la conformación de comités de obreros, campesinos y milicianos en cada fábrica, barrio, pueblo, trinchera o barco militar, los cuales se convirtieron en el poder real en su respectiva localidad: sus disposiciones eran ley y se aplicaban de forma inmediata, sin importar la legalidad burguesa previa. Independientemente del nombre que asumieron en cada lugar (consejos, comités, juntas), lo cierto es que eran organismos de poder obrero y campesino, demostrando la profundidad que alcanzó la revolución española que, de forma espontánea, retomó la tradición de las revoluciones obreras y campesinas del siglo XX, erigiendo organismos de doble poder, como los soviets de las revoluciones rusas de 1905 y 1917 o los Rilte de la revolución alemana de 1918-1919 (Broué y Témine: 91).

Toda la sociedad española pasó a organizarse desde estos “comités-gobierno”, incluso desafiando la oposición directa de los socialistas y stalinistas, así como las oscilaciones de anarquistas y poumistas: ¡todas estas corrientes terminaron juntando esfuerzos en el gobierno del Frente Popular para desmontar el doble poder y reorganizar el Estado burgués! Aunque desde un inicio hubo militantes de los partidos y sindicatos obreros en los comités, éstos no respondían directamente a los acuerdos entre las cúpulas, sino que representaban directamente al pueblo alzado en armas, dándose muchos casos de militantes que incumplieron las consignas de sus organizaciones.

En las grandes ciudades fue donde la vitalidad democrática de los comités se vio más restringida, pues pesaron los aparatos políticos que constituyeron organismos que funcionaban a partir de compromisos burocráticos de las organizaciones existentes y donde la representación se hizo por la fuerza material de cada organización o por acuerdos entre las cúpulas.

A pesar de esto, la irrupción de la clase obrera en la vida social y política se extendió por toda la zona republicana, instaurando por la fuerza medidas anticapitalistas y socialistas. Por ejemplo, la gran propiedad industrial y agraria quedó en poder de los obreros y campesinos; en el caso de la banca el control fue parcial pues los sindicatos de la banca estaban controlados por los socialistas y stalinistas, que dejaron que el gobierno retomara el control del Tesoro nacional y desde ahí accediera a recursos para rearmar su aparato estatal y asfixiar los esfuerzos de colectivización y socialización. De igual manera, el armamento pasó a estar bajo control obrero, conformándose las milicias populares vinculadas a las organizaciones obreras (y con participación de las mujeres en sus inicios) que fueron claves para enfrentar al ejército fascista y mantener el orden en la retaguardia.

Grandizo Munis, militante de la IV Internacional que arribó a España para impulsar la reconstrucción de la sección trotskista local (llamada Sección Bolchevique-Leninista), trazó un vívido retrato del doble poder en la guerra civil: “Propiedad, armamento y poder político, la trilogía fundamental de toda sociedad, adoptaron en seguida, en manos del proletariado y los campesinos, una forma socialista, a través de las colectividades organizadas inmediatamente después de la expropiación, de las diversas milicias y Patrullas de Control, de los Comités-gobierno. Aunque muy imperfecto, el nuevo tipo de sociedad quedaba distintamente contorneado, desde la base a la cúspide. Frente a él, el gobierno capitalista carente de base social, privado de armas, era impotente para gobernar” (“La dualidad de poderes”, en Una revolución silenciada: 69).

Pero este proceso de doble poder tuvo una enorme debilidad que impidió su triunfo total: no había en España un partido revolucionario que centralizara y dirigiera la revolución hacia la toma definitiva del poder. Por el contrario, todas las corrientes obreras y de izquierda mancomunaron fuerzas para bloquear su desarrollo, limitarlos a escala local y privarlos de su carácter revolucionario con el paso del tiempo. Esto fue consecuencia de que ninguno de esos partidos y organizaciones apostaba por destruir el Estado burgués: el PSOE y el PCE explícitamente se dieron a la tarea de reconstruir el Estado burgués y frenar la revolución; la CNT-FAI rechazó tomar el poder en Cataluña y se lo entregó a Companys, pero poco después la burocracia cenetista no tuvo reparos en incorporarse al gobierno burgués del Frente Popular y ser cómplice del desarme de la clase obrera; mientras que el POUM divagó en su centrismo entre las proclamas radicales y al mismo tiempo apoyó la reconstrucción del aparato estatal burgués con Nin como ministro de Justicia de la Generalitat.

Debido a esto, los comités-gobierno no tenían un vínculo entre sí a nivel nacional, ni tampoco había claridad sobre su incompatibilidad con el viejo Estado burgués de la República (ídem: 68). Poco a poco perdieron sus atributos revolucionarios al dejar de reflejar a las masas revolucionarias, que estaban encuadradas en el PSOE, PCE, CNT-FAI y en menor medida el POUM. Los comités-gobierno progresivamente se convirtieron en “comités de alianza” donde se hizo cada vez más preponderante el peso de los partidos y sindicatos de la CNT.

Incluso Nin planteó que no había que convertir a los comités-gobierno en soviets, pues el proletariado español no requería de ellos para hacer la revolución: “En Rusia no había tradición democrática ni tradición de organización y de lucha en el proletariado. Nosotros tenemos sindicatos, partidos, publicaciones, un sistema de democracia obrera. Se comprende la importancia que tuvieron los soviets. El proletariado no tenía sus organismos propios. Los soviets fueron una creación espontánea (…). Nuestro proletariado tenía ya sus sindicatos, sus partidos, sus organizaciones propias. Por eso los soviets no han surgido entre nosotros” (Broué y Témine: 101).

Esto dotó a la burguesía de un margen pequeño pero valioso para reordenar filas y desarrollar un plan de reconstrucción del Ejército y la policía, así como retomar el control sobre la economía en detrimento del control obrero.

 

El gobierno de Largo Caballero y la reconstrucción del Estado burgués

 

El estallido de la revolución y el desmoronamiento del Estado burgués pusieron a la orden del día la posibilidad de la tomar del poder por parte de la clase obrera en unión con el campesinado. Pero, como señalamos, faltó un partido revolucionario que orientara la lucha en ese sentido. Por la negativa, la revolución española reafirmó la tesis leninista sobre los límites del espontaneísmo, producto del cual las masas pueden construir organismos de autodeterminación y democracia por la base, pero por sí mismas no logran avanzar hacia un grado de conciencia socialista, es decir, hacia la comprensión de la necesidad de destruir el Estado burgués e instaurar el poder obrero con la dictadura del proletariado; para eso es indispensable un partido revolucionario que se metabolice o funda con la masas (Sáenz, “Lenin…”: 317-319).

Esto permitió que el Estado burgués de la República fuese reconstruido en detrimento de las conquistas obreras y campesinas, tarea que fue desarrollada con particular ímpetu por el PCE y el PSOE, partidos que pusieron su aparato y prestigio en función de contener la revolución obrera y darle respiro a la burguesía republicana, que para ese momento era un espectro o sombra sin el menor punto de apoyo social.

Para el stalinismo, la guerra civil era una lucha entre el fascismo y la democracia donde no tenía cabida la revolución social, y por eso sus dirigentes apoyaron todos los intentos por preservar el Estado burgués. De acuerdo con el secretario general del PCE, José Díaz, el papel de los comunistas era colaborar con los republicanos en la lucha contra Franco y los militares para lograr “una república democrática con un contenido social amplio” (Broué y Témine: 98). Esta orientación respondía a los intereses geopolíticos de la URSS de ganarse la confianza de las “democracias” imperialistas contra la Alemania de Hitler, demostrando que podía ser un garante de la estabilidad burguesa europea e incluso sepultar una revolución en curso.

Con respecto a los socialistas, Prieto fue el primero en advertir el peligro que se cernía sobre la República burguesa a causa del ascenso revolucionario, pues en su concepción etapista del proceso histórico presuponía que España tenía que atravesar un largo período de desarrollo capitalista antes de avanzar al socialismo. Además, coincidió con el stalinismo en que era clave contar con el apoyo de las democracias capitalistas, para lo cual era fundamental preservar la carta de la legalidad del gobierno republicano, algo que se perdería en caso de una toma del poder por parte de los partidos obreros. Era tal su desesperación por bloquear el ascenso del movimiento obrero que no dudó en plantear que Largo Caballero, su eterno enemigo a lo interno del PSOE, era la única figura capaz de cumplir con esa tarea: “La opinión que tengo de él es conocida de todos. Es un imbécil que quiere dársela de astuto. Es un desorganizador y un enredador que quiere dárselas de burócrata metódico. En un hombre capaz de llevar todo y a todos a la ruina. Y sin embargo, hoy en día, es el único hombre, o por lo menos el único nombre útil para poner a la cabeza de un nuevo gobierno” (ídem: 93).

Durante las primeras semanas de la rebelión, Largo Caballero insistió en que la solución era la dictadura del proletariado, y desde su periódico Claridad denunció la política del PCE de separar la guerra de la revolución. Pero, como era costumbre, sus palabras radicales no acompañaban sus actos, pues mientras los militantes socialistas formaron milicias y participaban activamente en los comités-gobierno, él se limitó a ser el líder de la UGT. Pero también sus posturas se modificaron con el pasar de los días, pues comenzó a sostener que la tarea principal era derrotar la insurrección, y luego de varias derrotas militares de la República, el 4 de setiembre de 1936 cedió a las presiones y asumió la conformación de un nuevo gobierno. Así llegó al poder Largo Caballero, conocido en adelante como el “Lenin español”, que conformó un gabinete constituido por tres socialistas partidarios suyos, tres socialistas moderados del ala de Prieto, dos representantes del PCE y cinco republicanos; la CNT se sumaría el 4 de noviembre al gobierno.

Desde el primer minuto de su gestión se sometió a la política de colaboración de clases, demostrando lo superficial de sus posiciones durante el giro izquierdista. En adelante se convirtió en un agente más de la burguesía republicana, levantando como consigna central primero ganar la guerra y luego hacer la revolución, con el objetivo de ganarse el apoyo del imperialismo anglo-francés. Declaró que la conformación de su gobierno se realizó a partir de la “renuncia previa de todos sus integrantes a la defensa de sus principios” y en el punto II de la declaración programática de gobierno estableció que el “programa ministerial significa esencialmente la firme decisión de garantizar el triunfo sobre la rebelión, coordinando las fuerzas populares mediante la necesaria unidad de acción” (Morrow: 92).

Así, el izquierdista de Largo Caballero no dijo nada sobre la reforma agraria radical, los comités-gobierno, el control obrero sobre la industria y mucho menos de la dictadura del proletariado. Por el contrario, cedió en todos los puntos que defendió en los años anteriores e hizo un llamado a todos los combatientes para que defendieran con su vida el régimen, bajo la promesa de que posteriormente vendrían los cambios radicales en la estructura estatal. Esta política no sólo fue el comienzo del fin para la revolución española, sino que también representó una enorme ventaja para la rebelión fascista al desmoralizar a las bases obreras y campesinas en la guerra, las cuales no iban a morir por una promesa abstracta de democracia sino por acabar con la explotación y opresión contra la que se habían rebelado.

Los campesinos y obreros agrícolas habían tomado las tierras a la fuerza, imponiendo una reforma agraria radical en los hechos, pero querían un decreto de nacionalización de la tierra que la entregara en usufructo a quienes la trabajaban, para evitar que les fuera arrebatada al finalizar la guerra. Esto hubiese elevado la moral al máximo del campesinado, tanto del bando republicano pero también en los campesinos de los territorios controlados por el bando fascista, incluso en los soldados fascistas de familias campesinas. Pero el gobierno optó por proteger la propiedad burguesa de la tierra, algo reflejado en el decreto del 7 de octubre de 1936 donde expropió la tierra de fascistas conocidos, tirando por la borda las esperanzas de los campesinos (Morrow: 94-95).

Para la clase obrera la situación no fue diferente, pues el gobierno intervino las industrias en Madrid y Valencia para nombrar directores gubernamentales en detrimento del poder de los comités obreros; además, emitió un decreto el 23 de febrero de 1937 estableciendo el estricto control gubernamental de toda la industria (este decreto fue firmado por el anarquista Juan Peiró, ministro de Industria).

Más importante aún fue su operativo para disolver gradualmente los comités-gobierno, tarea fundamental para restablecer la autoridad del Estado burgués. Para esto comenzó una campaña justificando que el poder tenía que estar concentrado en el nuevo gobierno, tal como expuso un artículo del periódico socialista Claridad: “Podemos afirmar que todos estos órganos han cesado de cumplir la misión para la que habían sido creados. En lo sucesivo, no pueden ser más que obstáculos para un trabajo que corresponde, única y exclusivamente, al gobierno del Frente Popular, en el que participan, con plena responsabilidad, todas las organizaciones políticas y sindicales del país” (Broué y Témine: 104). Esto se combinó con una promoción de los dirigentes de los comités a gobernadores o alcaldes, y vació de contenido revolucionario a estos organismos, que pasaron a convertirse en instrumentos dominados por el gobierno y sin ninguna democracia de base.

En el plano militar, impulsó la reconstrucción del Ejército burgués contra las milicias obreras, aunque previamente se opuso a esta política cuando la planteó el gobierno de Giral. El gobierno emitió un decreto para militarizar las milicias, de forma tal que pasarían a estar bajo el mando de un comando central nombrado por el gobierno. Esto fue un requisito para obtener armamento. Además, se restituyeron los grados militares (cabo, capitanes, comandantes) y las columnas perdieron sus nombres de lucha para ser identificadas por un número: la Columna Durruti pasó a ser la 261 división; la Lenin, la 29; la Carlos Marx, la 27 (ídem: 107). De esta manera, la burguesía republicana reconstruyó sus fuerzas represivas para defender la propiedad privada en la zona leal y luego desatar la represión contra el movimiento obrero y campesino.

Otro crimen político del gobierno de Largo Caballero fue su renuncia a declarar la independencia de Marruecos, que hubiese tenido un fuerte impacto contra los militares insurrectos que controlaban esa colonia y porque utilizaron a soldados moros en la guerra civil. Es conocido que una delegación de jefes nacionalistas marroquíes (encabezada por Abd-el Krim) pidió al gobierno del Frente Popular un decreto de independencia, armas y dinero para organizar la insurrección en Marruecos, pero Largo Caballero se negó pues eso afectaba los intereses coloniales de Inglaterra y Francia, y tampoco quería generar preocupación entre la burguesía española con la pérdida de su colonia (Munis, “¿Por qué no se liberó al Marruecos español?”, en Una revolución silenciada: 48).

 

La capitulación de la CNT al Estado burgués

 

La guerra civil colocó a la CNT-FAI en una situación muy anómala: por primera vez en la historia estaban obligados a desempeñar un papel fundamental en un proceso revolucionario donde estaba en diputa el poder. Esto puso en jaque el andamiaje teórico anarquista con relación al Estado y la negación de la política, dando paso a un sinfín de oscilaciones tácticas y, finalmente, a una terrible capitulación de la burocracia cenetista a la burguesía republicana y el stalinismo.

El primer momento de esa capitulación se produjo en Cataluña, donde el devenir de la revolución dependía enteramente de la CNT, pues los obreros anarcosindicalistas habían derrotado la insurrección militar por sí mismos y bastaba con que quisieran tomar el poder para hacerlo. Al respecto es famosa (y clarificadora) la anécdota de cuando Lluis Companys se reunió con Buenaventura Durruti, Ricardo Sanz y García Oliver en el Palau de la Generalitat el 20 de julio de 1936, donde les preguntó si querían tomar el poder para hacerse a un lado: “Vosotros solos vencisteis a los soldados fascistas (…). Habéis conquistado y todo está en vuestro poder (…). Si no me necesitáis o queréis como presidente, decídmelo (…)” (Morrow: 106). Los anarquistas le dijeron que no era su intención tomar el poder y que confiaban en él, luego de lo cual acordaron crear el Comité de Milicias (una propuesta de Companys), conformado proporcionalmente por todos los partidos y organizaciones antifascistas para encauzar la vida política en Cataluña.

La CNT aceptó esta propuesta y toleró la existencia de la Generalitat como gobierno, conformándose el Comité Central de Milicias, que vino a ser una transacción temporal entre los poderes constituidos y el poder de la clase obrera en las calles. ¿Qué tanto poder tenía este organismo? Para Broué y Témine, en los hechos este Comité pasó a ser el poder real, pero el historiador anarquista Miquel Amorós sostiene que su autoridad era mínima porque “no controlaba ni a los comités antifascistas de otras localidades ni a sus patrullas; tampoco a los comités de barriada o de sindicato de Barcelona, ni a las patrullas ferroviarias, de sanidad o del puerto (…); no era ningún organismo de la revolución y eso saltaba a la vista” (Amorros, Durruti en el laberinto: 47).

De lo que no hay duda es de que fue un acuerdo beneficioso para la burguesía, pues garantizó la continuidad formal de la Generalitat que, aunque fuese un cascarón vacío o estuviera limitado en sus funciones ejecutivas, fue un punto de apoyo para impulsar la reconstrucción del aparato estatal burgués en los meses venideros. Además, la CNT capituló a la presión del stalinismo, la burguesía republicana y los socialistas por separar la guerra de la revolución, tal como se desprende de la resolución adoptada por el Comité Regional en Cataluña: “Hoy no hay más enemigo para el pueblo que el fascismo sublevado. Contra él todas las energías; para aplastarlo hay que converger con todas las organizaciones coincidentes; a su aniquilamiento total hay que dedicar todas las actividades y esfuerzos. Que nadie vaya más allá” (ídem: 48).

Pero el debate en torno al poder no terminó ahí, pues el peso hegemónico de la CNT-FAI en Cataluña ejerció una presión constante sobre las bases y dirigentes anarquistas. Al respecto, hubo tres tesis principales en la dirigencia cenetista. Por un lado estaba García Oliver, quien desde un inicio presionó para instaurar el comunismo libertario desde la CNT, pero sus propuestas generaron desconfianza sobre sus verdaderas intenciones, que se verían comprobadas luego de que se plegara al stalinismo y fuera un defensor del Estado republicano, demostrando que su afán era el poder por sí mismo sin importar el carácter de clase del Estado. Durruti defendió otra tesis, que consistía en retomar Zaragoza (la segunda capital anarquista) donde la rebelión fascista triunfó sin que se produjera la menor resistencia anarquista y, a partir de tomar esa localidad, proclamar el comunismo libertario para que la revolución tuviera éxito. Además, siempre vinculó el desarrollo de la guerra con la revolución, por lo que decretó el comunismo libertario en las localidades bajo control de su milicia. Finalmente, estaba la posición del ala moderada de Federica Montseny, Diego Abad de Santillán y Pedro Herrera, quienes defendieron el colaboracionismo con las fuerzas antifascistas, posición que terminó por imponerse en la CNT y de la cual García Oliver se convirtió en un referente.

A partir de ese momento, la CNT cedió en todas sus posiciones clásicas contra el Estado y la acción política, cuyo resultado fue la entrada a los gobiernos de colaboración de clases de la Generalitat y posteriormente de Largo Caballero. Incluso el sector más radicalizado y consecuente, encabezado por Durruti, no libró una lucha explícita contra la adaptación de la burocracia cenetista (una traba de su apoliticismo anarquista), sino que se concentró en realizar su propia revolución por la vía de los hechos, es decir, fundando comunas libertarias en los territorios liberados por sus milicias, pero sin llamar a una ruptura política clara con la cúpula de la CNT por su adaptación a la Generalitat y el gobierno del Frente Popular.

En este marco, la CNT se convirtió en agente directo de la burguesía republicana y del stalinismo, aplicando al pie de la letra sus mandatos bajo la premisa de que era indispensable la unidad contra el fascismo y las armas soviéticas para ganar la guerra. Por eso no opusieron resistencia cuando en septiembre de 1936 fue disuelto el Comité Central de Milicias, y se integraron al Consejo de la Generalitat para dirigir los ministerios de Abastos, Economía y Sanidad, contribuyendo a la destrucción de los organismos de poder obrero en Cataluña y al fortalecimiento del poder burgués. Esta política fue abiertamente defendida por Solidaridad Obrera: “Ya no era posible, por el bien de la revolución y por el porvenir de la clase obrera, que persistiese la rivalidad de poderes. Era necesario que, de manera simple, la organización que controla a la inmensa mayoría de la población trabajadora se elevase al plano de las decisiones administrativas y ejecutivas” (Broué y Témine: 98).

No está de más señalar algunas de las medidas contrarrevolucionarias que tomó el gobierno de la Generalitat, de las cuales la CNT fue cómplice. Por ejemplo, en enero de 1937 promulgó 57 decretos que atentaban contra la sostenibilidad de las fábricas colectivizadas; el 3 de febrero, por primera vez la Generalitat declaró ilegal la colectivización de una industria; en abril anuló el control obrero de las aduanas; el ministro de Agricultura del stalinista PSUC desmanteló las colectivizaciones agrarias y organizó a sus antiguos dueños para que las administraran, etc. (Morrow: 134-135).

A partir de su ingreso a la Generalitat, era cuestión de tiempo para que la CNT se incorporara al gabinete de Largo Caballero, pero sumarse a un gobierno central tenía un peso simbólico mayor entre las filas anarquistas. Por eso la dirigencia cenetista propuso que se “disolviera” el gobierno central y se creara el Consejo Nacional de Defensa, que a todas luces era un gobierno pero con otro nombre, un juego de palabras que buscaba conciliar los deseos de la CNT por entrar al gobierno con su doctrina antiestatal. Esto fue rechazado de plano por Largo Caballero, y finalmente la CNT se sumó al gobierno central el 3 de noviembre de 1936 asumiendo cuatro ministerios: Justicia, Industria, Comercio y Sanidad, ninguno vital para el desarrollo de la guerra, pero sí muy funcionales para que el gobierno de Largo Caballero tuviera más prestigio ante el conjunto de la clase obrera para desmontar los comités-gobierno y bloquear el accionar independiente de la clase obrera.

 

Durruti: alcances y límites del comunismo libertario

 

Buenaventura Durruti se convirtió en la figura más emblemática del anarconsindicalismo en la guerra civil, producto de su entrega total a la pelea contra el fascismo, su sensibilidad para reflejar las aspiraciones de la clase obrera anarquista y su capacidad como dirigente de masas.

Desde que fue asesinado se convirtió en leyenda, y su imagen fue instrumentalizada por la burocracia cenetista, el stalinismo y la burguesía republicana para impulsar la unidad antifascista, invisibilizando el curso de ruptura de Durruti con la orientación colaboracionista de la CNT, su oposición a las políticas del gobierno del Frente Popular y su fervoroso repudio a la burocracia soviética. Las calumnias sobre su memoria se extienden hasta años recientes, como sucedió con la película Libertarias (1996) del director Vicente Aranda, donde se presenta a Durruti apoyando el decreto que excluía a las mujeres de las milicias, cuando para ese momento ya estaba muerto (Parras, “El anarquismo y la revolución española”, en Una revolución silenciada: 153). Por eso encontramos pertinente realizar un breve recuento de su pensamiento y posiciones en la guerra civil española, estableciendo los rasgos progresivos pero también los límites de su figura.

Lo primero por señalar es que Durruti experimentó un desarrollo en sus concepciones desde el inicio de la revolución española y para 1936 era defensor de medidas colectivistas en el plano de la economía y la organización política, superando en gran medida su pasado individualista y haciéndose acreedor al calificativo de “anarcobolchevique” por parte de sus detractores. Por ejemplo, aunque gran parte de su fama antes de la guerra civil era producto de su pasado como bandolero, en 1935 se opuso a los atracos de los individualistas cuando desde la cárcel sentenció “bandidismo no, expropiación colectiva, sí”. Más importante fue su intervención en el cuarto Congreso de la CNT del 1° de mayo de 1936, donde gracias a su beligerante intervención logró que se aprobara una resolución que llamaba a la UGT socialista a conformar un “bloque de acción para ir a la destrucción del régimen capitalista e instaurar un régimen socialista basado en la democracia obrera” (ídem: 154).

Esta resolución fue sumamente progresiva, pero no se reflejó en la práctica de la CNT unos meses después con el estallido de la guerra civil. ¿Cómo explicar esto? En el marco del ascenso revolucionario se instaló un debate sobre el poder y el Estado al interior de la CNT, pero como era frecuente en el movimiento anarquista, las discusiones giraban en torno a elementos secundarios y no directamente sobre los problemas estratégicos, como en este caso, que se planteó una táctica hacia la UGT y no se abordó con toda claridad la problemática del Estado obrero para construir el socialismo.

Esto daba margen para formulaciones eclécticas y confusionistas que le salieron muy caras a la CNT en la guerra civil. El mismo Durruti no escapó a este método para procesar las discusiones estratégicas, pues reflejaba las desviaciones de años de militancia en la antipolítica, donde los debates se resolvían con la acción directa. Por eso no fue capaz de llevar al fondo su ruptura con la burocracia cenetista y su política colaboracionista con la CGT, por el contrario, su apuesta principal fue desarrollar la pelea por la vía de los hechos con la toma de Zaragoza, y desde ahí instaurar el comunismo libertario.

No contamos con ningún documento o declaraciones donde Durruti exprese acabadamente su plan para la revolución española, pero a partir de sus comunicados y recopilaciones de entrevistas es factible encajar las piezas y reconstruir su modelo de la revolución. Lo primero que dejó en claro fue la necesidad de que la CNT contara con una mayor base geográfica para garantizar el éxito del comunismo libertario, porque hacerlo solamente en Cataluña los condenaba a la mínima expresión (Amorros: 27).

Por eso no dudó en asumir la toma de Zaragoza como un proyecto propio, en vez de quedarse en Barcelona colaborando con las figuras de la Generalitat y el resto de partidos políticos. Antes de salir hacia Zaragoza, brindó una entrevista donde lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Largo Caballero porque su programa era restaurar la República burguesa y no avanzar hacia al socialismo, así como a la URSS por haber sacrificado al proletariado alemán ante la barbarie fascista por sus intereses geopolíticos, de lo cual se desprendía que la clase obrera sólo debía contar en sus propias fuerzas: “El pueblo, la clase obrera, está cansada de que la engañen. Nosotros luchamos no por el pueblo sino con el pueblo, es decir, la revolución dentro de la revolución. Nosotros tenemos conciencia de que en esta lucha estamos solos y que no podemos contar más que con nosotros mismos” (Parras: 155).

Más importante aún es que sus palabras sí se correspondían con sus acciones. En su trayecto hacia Zaragoza implementó el comunismo libertario en los pueblos y localidades por donde pasaba su columna, donde la primera acción que realizaba era quemar los registros de la propiedad, declarar como patrimonio popular los bienes fascistas y explicar que la guerra y la revolución eran inseparables: “Habéis organizado ya vuestra colectividad. No esperéis más. ¡Ocupad las tierras! (…) Tenemos que crear un nuevo mundo, diferente al que estamos destruyendo. Si no es así, no vale la pena que la juventud muera en los campos de batalla. Nuestro campo de lucha es la revolución” (ídem). Junto con esto, la Columna Durruti apoyaba la normalización de la vida de los territorios liberados con la formación de comités-gobierno, repartiendo la tierra, garantizando el abastecimiento e impulsando la colectivización.

Otro elemento de ruptura fue la estructura democrática de la Columna Durruti, que funcionaba mediante asambleas de delegados y un Comité de Guerra, en contraposición a la política del stalinismo y el Frente Popular que impulsaban la militarización de la milicias para someterlas a la estructura del ejército burgués republicano. Durruti brindó una entrevista al periodista soviético Mijail Kolstov (que en realidad era un espía), donde enfatizó su rechazo a la estructura burocrática del Ejército Rojo con coroneles y generales, señalando que en su Columna “no hay comandantes ni subalternos, todos tenemos el mismo derecho, todos somos soldados, también yo soy un soldado” (ídem: 43).

Pero el avance de la Columna Durruti comenzó a estancarse desde mediados de agosto de 1936, a causa de los problemas de abastecimiento de armas y municiones. Esto lo hizo entrar en disputa con la CNT en Barcelona, reclamándoles que no priorizaban la toma de Zaragoza ni tampoco organizaban la economía para garantizar las tareas militares. En realidad lo que sucedía era que estaba siendo saboteado por la burocracia cenetista, que temía que un triunfo de Durruti radicalizara el curso de la revolución, por lo que desde la retaguardia bloqueaban el avance de su columna.

En este punto comenzaron a hacerse evidentes las debilidades del modelo de revolución de Durruti. Desde el inicio de la guerra civil subestimó el campo de la lucha política, y por eso no comprendió la importancia que tenía controlar el poder de la Generalitat en Barcelona. Pocos meses antes, el mismo Durruti fue parte de la delegación anarquista que permitió que Companys siguiera al frente del gobierno catalán, y ahora ese poder se estaba fortaleciendo y cerrando vías para el desarrollo de la revolución obrera.

Sus prejuicios antiestatistas le impidieron comprender el peso del Estado como espacio totalizador de las relaciones sociales, y por lo mismo tenía una visión muy fragmentaria (o mejor dicho, federal) del proceso revolucionario y la lucha de tendencias, donde cada organización política podía hacer su experiencia revolucionaria de formal segmentada. Kolstov reseñó una discusión que sostuvo Durruti con un dirigente stalinista sobre una operación militar, donde expuso esta concepción claramente: “¡Si deseáis, ayudad; si no lo deseáis, no ayudéis! La operación de Zaragoza es mía, en el aspecto militar, en lo político y en el político-militar (…). En Zaragoza habrá comunismo libertario o fascismo. ¡Tomad para vosotros a toda España, pero dejadme a mí tranquilo con Zaragoza!” (ídem: 43).

Por otra parte, tampoco previó la transformación que estaba experimentando la cúpula cenetista, cuyos dirigentes terminaron cooptados como agentes de la política burguesa. Companys no paró de alabar el papel de la CNT como garante del orden burgués, reconociendo que junto con otras organizaciones obreras asumió “las funciones de vigilancia y protección de la sociedad que abandonó el ejército rebelde, y se ha convertido en un arma en manos del gobierno democrático. Después de la traición de los guardianes normales del orden público, hemos recurrido al proletariado en busca de protección” (ídem: 53). ¡El colaboracionismo de la CNT convirtió al proletariado catalán de agente de la revolución a protector de un gobierno burgués y la propiedad privada en cuestión de semanas!

Fue sobre la marcha de la guerra que se percató del dramático giro de la cúpula de la CNT, particularmente cuando se produjo la entrada de los representantes anarquistas al gobierno de Largo Caballero el 4 de noviembre de 1936. Ese día Durruti pronunció un discurso donde expuso directamente sus pugnas con la dirigencia de la CNT: “Los del frente pedimos sinceridad, sobre todo a la Confederación Nacional del Trabajo y la FAI (…). Hay que empezar por organizar la economía de Cataluña, hay que establecer un Código en el orden económico. No estoy dispuesto a escribir más cartas para que los compañeros o el hijo de un miliciano coman un trozo de pan o un vaso de leche más (…). Si no queréis que los que luchamos os confundamos a los de retaguardia con nuestros enemigos, cumplid con vuestro deber. La guerra que hacemos actualmente sirve para aplastar al enemigo en el frente, pero ¿es éste el único? No. El enemigo es también aquel que se opone a las conquistas revolucionarias y que se encuentra entre nosotros, y al que aplastaremos igualmente (…). Después vendremos a Barcelona y os preguntaremos por vuestra disciplina, por vuestro orden y por vuestro control, que no tenéis” (Parras: 155).

En ese discurso Durruti plantea tres cosas fundamentales: 1) la necesidad de que la retaguardia se articule con el frente de guerra mediante la planificación económica, lo que en su visión era socializar la economía bajo control obrero, 2) se distancia del discurso de la unidad antifascista cuando sugiere que la contrarrevolución también está en el campo republicano con quienes se oponen a las conquistas revolucionarias y sabotean el esfuerzo de las milicias, 3) señala directamente a Barcelona, centro del poder político de Cataluña, como parte de su radio de acción revolucionaria donde volverá para pedir cuentas.  Aunado a esto, el 1 de noviembre la Columna Durruti envió una protesta a la Generalitat por la publicación del decreto de militarización de las milicias populares, medida que no admitían porque no resolvía ninguno de los problemas centrales para ganar la guerra (como el abastecimiento militar y logístico) y porque atentaba contra su organización democrática (Amorros: 114-115).

Por eso Durruti se convirtió en un problema para la CNT, la burguesía republicana y el stalinismo, pues representaba un símbolo contra el orden burgués que progresivamente se iba reinstaurando en Cataluña, epicentro de la revolución obrera española. Su enorme prestigio ante las masas obreras y campesinas lo convertía en un potencial adversario por la conducción del movimiento anarquista, sobre todo si conquistaba Zaragoza, avanzaba con sus planes para instaurar el comunismo libertario y regresaba a Barcelona para ajustar cuentas. Si la poderosa CNT era dirigida por un “incontrolable” que públicamente repudiaba a la URSS y la política colaboracionista con el Frente Popular, el curso de las cosas podía cambiar drásticamente hacia la izquierda.

 

El asesinato de Durruti

 

De ahí que fuese necesario deshacerse de Durruti a como diera lugar, y desde varios sectores comenzaron a moverse los hilos para sacarlo del frente militar de Zaragoza y desmontar su plan de revolución. Esta oportunidad se presentó cuando se incrementó el cerco fascista sobre Madrid en noviembre de 1936 y se organizó la defensa de la ciudad, donde Durruti pasó a ser una pieza útil en el juego de poder entre socialistas, comunistas y cenetistas.

Por un lado, Largo Caballero no quería depender tanto de los comunistas para la batalla, pues sus choques con el PCE se venían profundizando dado el creciente peso que tenían en el aparato estatal y militar (además de que administraban la ayuda soviética). Por esto barajó la posibilidad de relevar al general Miaja (militar muy vinculado con los stalinistas y que se presume llegó a ser militante del PCE) y nombrar a Durruti como jefe de la defensa de la ciudad, utilizando a los anarquistas como un contrapeso ante el PCE. Con respecto a la dirigencia cenetista, estaban preocupados por la fuerte presencia de comunistas y socialistas en Madrid, lo que debilitaba su posición en el gobierno. También querían sacar a Durruti del frente de Zaragoza y alejarlo de Cataluña, su centro de operaciones y donde estaba concentrada su base social; además, su llegada a Madrid era la culminación del ingreso de la CNT al gobierno. Por último, los comunistas stalinistas caracterizaron que Durruti era incorruptible, por lo que era necesario sacarlo de Zaragoza para desactivar sus fuerzas, siendo la batalla de Madrid la ocasión ideal para eso y tenderle una trampa (ídem: 118-123).

En este marco se desarrolló la maniobra política contra Durruti. Es imposible saber a ciencia cierta si hubo coordinación entre estos sectores para sacarlo de Zaragoza, pero es indiscutible que cenetistas, socialistas y comunistas tenían un interés común en llevar a Durruti a Madrid. Cuando la dirigencia de la CNT le planteó esta opción, Durruti se opuso porque sostenía que la “manera más eficaz de contribuir a la defensa de Madrid es atacar Zaragoza”, pero al final cedió a la presión y se movilizó a la capital con 1.400 milicianos, y según algunas fuentes hasta 3.000 (ídem: 121).

Tras la llegada de sus tropas a Madrid, el 14 de noviembre solicitó que no fueran enviadas de inmediato oa combate porque necesitaban descansar y reorganizarse, pero Miaja se opuso y la Junta de Defensa de Madrid le presionó para que entrara a combate al día siguiente en la Ciudad Universitaria, donde se sabía que los rebeldes fascistas iban a concentrar la mayoría de sus fuerzas. A lo largo del primer día de combate la Columna Durruti sufrió fuertes ataques con obuses y metralletas; al segundo día le entregaron un cargamento de armas automáticas desarmadas y con las instrucciones en checo, que pudo armar tras horas de intentos fallidos.

Los días pasaron con luchas feroces, cuerpo a cuerpo, resistiendo bombardeos aéreos y ataques de artillería, tomando edificio por edificio. Para el 18 de noviembre había perdido a la mitad de su Columna (unos 700 milicianos muertos), y el resto de sus tropas estaban agotadas tras pasar cinco días sin dormir y prácticamente sin comer, por lo que pidió relevos y refuerzos, pero le fueron denegados. Había sido enviado a una ratonera, una emboscada para hacerlo fracasar y acabar con Durruti, si no físicamente, al menos sí con su prestigio militar (ídem: 133).

El 20 de noviembre tuvo lugar el desenlace final con la misteriosa muerte de Durruti. Desde el primer momento comenzaron a fluir las diferentes versiones sobre su muerte. Una versión señalaba que fue un disparo accidental de su fusil naranjero; luego circuló el rumor de que había sido asesinado por uno de sus guardaespaldas, Manaza, que luego la CNT puso al frente de la Columna Durruti para militarizarla, aunque no era la figura más reconocida e idónea para dirigirla; los comunistas, a través de Miaja, comunicaron que murió producto de las heridas de un combate el día anterior; la CNT guardó silencio las primeras horas y la noche del 21 de noviembre Federica Montseny comunicó la muerte de Durruti, y el 22 un artículo de Solidaridad Obrera señaló que había muerto producto de una bala perdida del bando fascista.

Trotsky no dudó en responsabilizar directamente de la muerte de Durruti a Stalin, que para ganarse la confianza de Inglaterra y Francia trasladó todo el aparato de la GPU a España con el objetivo de exterminar a todos los que luchaban y defendían la revolución proletaria (Trotsky: 246). El historiador anarquista Miquel Amarós concluyó que a “Durruti lo mataron sus compañeros; lo mataron al corromper sus ideas (…). A Durruti se le atribuyeron opiniones que ‘casualmente’ coincidían con la línea oficial colaboracionista del movimiento libertario, y su nombre servía de cuña para introducir cualquier tipo de claudicación” (Amorros: 171).

 

Trotsky ante la rebelión militar y la guerra civil

 

En la perspectiva de Trotsky, durante este período el proletariado español demostró en varias ocasiones que era capaz de lograr la victoria, pero que no lo hizo por la ausencia de una dirección revolucionaria. De ahí que fuera más urgente que nunca la puesta en pie de un verdadero “estado mayor revolucionario” para luchar contra el fascismo y desnudar el carácter burgués del Frente Popular, diferenciándose de la noción campista donde la guerra era un conflicto entre el progreso y la reacción por fuera de la lucha de clases.

La tarea principal de los revolucionarios en España era luchar por la “victoria de la revolución, es decir, la victoria de una clase sobre otra” (Trotsky: 226). Sostuvo que había que ayudar con todo al triunfo de las tropas republicanas contra el fascismo, pero que no había que confundir la política revolucionaria con el programa burgués conservador de los stalinistas, socialistas y anarquistas del Frente Popular.

Esto implicaba intervenir en la guerra civil con los métodos de la lucha de clases: “Esto significa que, en el proceso de defensa de la democracia burguesa, incluso con las armas en la mano, el partido del proletariado no debe asumir ninguna responsabilidad respecto de la democracia burguesa, no debe entrar en su gobierno, sino que debe conservar plena libertad de crítica, de acción, frente a todos los partidos del Frente Popular, preparando así el paso de la democracia burguesa a la etapa siguiente” (ídem: 227).

Sobre las perspectivas militares, no descartó una victoria del Frente Popular, pero señaló que sería corta e inestable porque el bando fascista era el que mejor representaba los intereses de la burguesía, por lo que un eventual triunfo del gobierno “Stalin-Caballero” sería una vía indirecta hacia el fascismo, en función del carácter burgués del Frente Popular y sus rasgos bonapartistas, reflejados en sus ataques contra las organizaciones obreras y el llamado a la unidad y la disciplina militar. Por eso un triunfo republicano acrecentaría las tendencias bonapartistas de la cúpula militar, pero también la confianza de la clase obrera y campesina que peleó la guerra, lo cual daría como resultado otra guerra civil pero esta vez dentro del campo republicano, donde nuevamente sería indispensable un partido revolucionario con influencia entre la clase obrera para vencer, o de lo contrario se produciría una victoria del bando republicano con sus rasgos bonapartistas más exacerbados, que “por su naturaleza se diferencia bastante poco de la dictadura del general Franco. He aquí por qué la política del Frente Popular es u camino indirecto que conduce hasta el propio fascismo” (ídem: 228-229).

 

V Período (Mayo 1937)

las jornadas de mayo y la derrota de la revolución

 

Mayo de 1937 fue un momento crucial en la guerra civil española, pues en pocos días se libró una batalla que selló la derrota de la revolución obrera y campesina. El escenario de este drama fueron las calles de Barcelona, epicentro histórico del movimiento obrero en España y donde la experiencia de poder dual tuvo su mayor desarrollo. Además, en el movimiento obrero catalán había dos organizaciones que no eran controladas por el stalinismo: por un lado la CNT, que todavía era la corriente hegemónica y sus bases eran sumamente combativas (a pesar de la política colaboracionista de la burocracia cenetista), y por otro lado el POUM, marcado como “trotskista” por el pasado de los miembros de la ICE y con una influencia significativa entre sectores de la clase obrera.

Esto dio paso a una provocación del stalinismo contra estas organizaciones obreras, que por momentos tomó la forma de una guerra civil a pequeña escala en la ciudad, con peleas desde las barricadas y con un enorme saldo en muertos y heridos. Esto demostró que el análisis de Trotsky sobre una eventual guerra civil en el campo republicano no estaba alejado de la realidad.

 

Barcelona, “bastión de la España soviética”

 

Barcelona era una ciudad con una gran tradición de lucha obrera y política. Para inicios del siglo XX era conocida como la “ciudad de las bombas” por las acciones de los anarquistas individualistas en ese entonces, aspecto reflejado en la fachada de La Sagrada Familia, donde Gaudí incluyó la figura de un anarquista con una bomba Orsini (Thomas: 16). También Engels se refirió a la ciudad como “el centro fabril más importante de España, que tiene en su haber histórico más combates de barricadas que ninguna otra ciudad del mundo” (Engels. 5). Junto con esto, para 1930 se estima que Cataluña concentraba al 40% del proletariado español (Durgan: 17). La suma de todos estos factores explica por qué cuando estalló la guerra civil fue precisamente en Cataluña donde la clase obrera llevó más a fondo la revolución social, convirtiéndola en “el bastión de la España soviética” (en la acepción originaria y revolucionaria del término), como la bautizó Franz Borkenau, ensayista y periodista que recorrió España en tiempos de la guerra civil, y que por sus críticas al stalinismo fue acusado de “trotskista” y torturado por la GPU (Broué y Témine: 56).

En su libro Homenaje a Cataluña, George Orwell relata el efecto “sorprendente e irresistible” de la ciudad para los recién llegados, porque se hacía evidente que “la clase trabajadora llevaba las riendas” en todos los aspectos de la vida social: “Casi todos los edificios, cualquiera fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas; las paredes ostentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios; casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes, quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban a demoler iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados: hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro” (G. Orwell, Homenaje a Cataluña: 21).

La revolución impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana de la ciudad, y el lenguaje no fue la excepción. Orwell explica que las palabras formales y ceremoniosas habían desaparecido, y en vez de decir señor, don, usted o buenos días, las personas se trataban como camaradas, tú y salud; también comenta la anécdota de cuando fue regañado por tratar de dar una propina a un ascensorista, lo cual se consideraba degradante para el trabajador. La revolución incluso transformó la “moda”, algo que era notable al observar la muchedumbre porque “no había gente ‘bien vestida’: casi todo el mundo llevaba tosca ropa de trabajo, o bien monos azules o alguna variante del uniforme miliciano” (Orwell: 22). Por eso pensó que se hallaba en “un Estado de trabajadores, y que la burguesía entera había huido”, y aunque había muchas cosas que no comprendía o no le gustaban, reconoció de inmediato “un estado de cosas por el que valía la pena luchar”, a tal punto que se sumó a la milicia del POUM.

La milicia era una estructura militar y democrática a la vez, donde la disciplina de los combatientes era producto de su grado de conciencia política y no existían los rangos militares de un ejército convencional. Estaban basadas en los sindicatos y partidos políticos, compuestas por hombres y mujeres de la clase trabajadora que representaban el “sentimiento más revolucionario del país”, constituyendo “una especie de microcosmos de una sociedad sin clases” (ídem: 111). De ahí que el ambiente interno de una columna fuese un “pregusto de socialismo”, porque representaba la “única comunidad de Europa occidental donde la conciencia revolucionaria y el rechazo al capitalismo eran más normales que su contrario” (ídem: 112).

El relato de Orwell es apasionante y, al leerlo con tanta distancia, pareciera que es parte de una de sus novelas de ficción. Pero el mundo que reconstruye fue real, y la fuerza de su narración se debe a que captura la atmósfera de una revolución en medio de la “era de los extremos”, donde la clase obrera soñaba con tomar el cielo por asalto. Esto mismo explica por qué la Comintern y el PCE dedicaron tantos recursos para reconstruir sus fuerzas en Cataluña, pues era la “puerta de entrada” de la revolución durante la guerra civil.

 

PSUC: un partido para la contrarrevolución

 

El stalinismo se convirtió en el principal defensor de la burguesía, la propiedad privada y su Estado en la guerra civil, por lo que en Cataluña nucleó a los obreros conservadores y sectores de la pequeño burguesía asustados por las colectivizaciones de la CNT-FAI, lo cual le permitió fundar el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), que en lo sucesivo demostró que era un aparato político-militar contrarrevolucionario y no un partido obrero.

Franz Borkenau analizó cóomo esta política hizo que el stalinismo (comunismo en sus palabras) asumiera medidas abiertamente derechistas para contener el avance revolucionario: “Los comunistas no se opusieron solamente a la marea de las socializaciones, sino que se opusieron a casi toda forma de socialización. No se opusieron solamente a la colectivización de los campitos campesinos, sino que se opusieron con éxito a toda política determinada de distribución de las tierras de los grandes latifundistas (…). No solamente trataron de organizar una policía activa, sino que mostraron una preferencia deliberada por las fuerzas de policía del antiguo régimen aborrecidas por las masas (…). En una palabra, no obraban con el objetivo de transformar el entusiasmo caótico en entusiasmo disciplinado, sino con el fin de sustituir la acción de las masas por una acción militar y administrativa disciplinada, para desembarazarse completamente de aquélla” (en Broué y Témine: 112).

Esto se hizo más evidente a partir de 1937, luego de que la burguesía republicana lograra fortalecer el poder central de la Generalitat y debilitar a los comités-gobierno, operación en la que contó con el apoyo directo del PSUC, así como con la complicidad de la CNT y en su momento del POUM, que durante varios meses hizo parte del gobierno regional.

Esto dio paso inicialmente a una contrarrevolución en el plano económico, con medidas orientadas a restablecer la propiedad privada para beneficiar a los industriales y terratenientes locales. Por ejemplo, en enero de 1937 la Generalitat promulgó 57 decretos que atentaban contra la sostenibilidad de las fábricas colectivizadas; en febrero declaró ilegal la colectivización de la industria de los lácteos; en abril anuló el control obrero de las aduanas, y fue Vicente Uribe, ministro de Agricultura del PSUC, quien desmanteló la colectivizaciones agrarias y organizó a sus antiguos dueños para que las administraran (Morrow: 134-135).

Pero estas medidas fueron insuficientes para desmontar por completo la revolución social en Cataluña, lo que obligó al stalinismo y la burguesía republicana a profundizar su política contrarrevolucionaria dirigida contra la base del movimiento anarquista y el POUM, sectores que eran independientes del stalinismo, con influencia entre la clase obrera y con acceso a armas con las milicias obreras.

Fue en el pleno ampliado del CC del PCE, realizado el 5 de marzo de 1937, donde se delinearon las tareas que los stalinistas iban a desarrollar en el próximo período para, literalmente, “conseguir que los fascistas, el trotskismo y los incontrolables sean eliminados de la vida política” de España (PCE, “Por un único ejército regular y el fin del POUM”, en Una revolución silenciada: 138). Esta frase sintetiza la campaña que desarrolló durante meses el stalinismo con todo su aparato de prensa, donde igualó al fascismo con el trotskismo y los llamados “incontrolables”, que hacía referencia a los sectores anarquistas que no se sometían a la disciplina del poder central. Para construir la leyenda de los “incontrolables” el stalinismo se apoyó en casos particulares de anarquistas que cometían actos individualistas, pero que generalizó a todo sector disidente para justificar su posterior represión.

La identificación de estos tres enemigos era fundamental para el plan contrarrevolucionario del PSUC en Cataluña, pues justificaba que la guerra civil se libraba en el frente contra el fascismo, pero también en la retaguardia contra los trotskistas y los incontrolables. El stalinismo explícitamente planteó que era “deber de todos los antifascistas del frente y de la retaguardia desarrollar una vigilancia incansable, exigir la depuración de los mandos del Ejército y ayudar al gobierno a realizarla” (ídem).

Parte de la ofensiva stalinista consistió en impulsar la creación de un mando “único fiel y eficaz para todo el Ejército republicano” para acabar con “el sistema de mandos separados y que operan de una forma casi independiente, como ocurre hasta ahora en el Estado Mayor Central con el mando de Cataluña, de Euzkadi, de Asturias” (ídem: 136). La traducción de esta frase era librar un ataque frontal para desmontar por completo el sistema de milicias populares que, aunque ya había sido golpeado con los decretos de militarización del gobierno de Largo Caballero y de la Generalitat, todavía garantizaba acceso al armamento de la clase obrera en Cataluña.13

Por último, el stalinismo asumió como otra de sus tareas “educar al pueblo en el odio y en la intransigencia contra sus enemigos”, en referencia a los enemigos abiertos y los solapados: “Hay que luchar para acabar con la tolerancia y la falta de vigilancia de ciertas organizaciones proletarias que establecen lazos de convivencia con el trotskismo contrarrevolucionario, con la banda del ‘POUM’ (…). El trotskismo es, con su verborrea altisonante y seudo revolucionaria, el inspirador de los ‘incontrolables’, el que alienta la acción de los que quieren salirse de la ley democrática establecida por el gobierno del Frente Popular, el que con sus intrigas venenosas crea dificultades en el frente y en la retaguardia, poniendo en peligro los resultados de nuestra lucha” (ídem: 138).

Este lenguaje del stalinismo en tiempos de guerra civil sólo podía significar una cosa: la declaración de persecución y exterminio de los comunistas disidentes en Cataluña. Para esto contaba con todo el aparato represivo importado desde la URSS con la GPU.

 

El POUM en su laberinto

 

El POUM representó a la perfección todas las ambigüedades de una corriente centrista. En Cataluña es donde esto se hizo más evidente, pues era donde el partido tenía peso orgánico e influencia sobre sectores de masas de la clase obrera. Para el momento de la guerra civil se estima que contaba entre 25.000 y 40.000 militantes. Trotsky calificó de traición la firma del POUM del programa burgués del Frente Popular, lo cual fue justificado por sus dirigentes como una medida para responder a los deseos de unidad de la clase obrera y para aprovechar la plataforma electoral para dar a conocer las propuestas del partido. A pesar de esta capitulación, el POUM (así como el resto de partidos obreros) no ingresó al gobierno del Frente Popular. Pero el estallido de la guerra civil colocó al POUM ante nuevas presiones, a las cuales afrontó de la forma que mejor sabían hacerlo: adaptándose una y otra vez.

Un claro ejemplo fue su ubicación inicial hacia el gobierno de Largo Caballero. Nin, en un discurso pronunciado el 6 de setiembre de 1936, caracterizó al nuevo gobierno como “un paso adelante respecto del gobierno anterior” de Giral, con la particularidad de que era un gobierno de Frente Popular que “responde a la situación anterior al 19 de julio”, por lo que con respecto a la situación abierta con la guerra civil era “un paso atrás”. Bajo esta “dialéctica cantinflesca”, Nin se olvida de brindar una definición directa sobre el carácter de clase del gobierno de Largo Caballero, limitándose a “criticarlo” a partir de sus desacoples con la coyuntura y la temporalidad. Esto lo recubre con una política “clasista” abstracta, levantando la consigna central de “¡Fuera del gobierno los ministros burgueses y viva el gobierno de la clase trabajadora!” (Nin, Los problemas de la revolución española: 180).

Esta consigna fue empleada por los bolcheviques durante los primeros meses de la revolución rusa, exigiéndole a los mencheviques y socialistas revolucionarios que rompieran con los ministros burgueses y se constituyera un gobierno sobre el poder de los soviets, el cual se comprometían a respetar. Era una política para acabar con la dualidad de poderes y afianzar el poder de la clase obrera, además de que servía para denunciar el carácter conciliador de esas corrientes de izquierda que se negaron a asumir el poder.

En el caso de Nin esta consigna no tenía ningún contenido revolucionario y, por el tono del discurso, da la impresión de ser una “recomendación de izquierda” para el gobierno, no una táctica para romper con la burguesía y la dualidad de poderes. En el siguiente párrafo, Nin queda al descubierto cuando analiza que para ganar la guerra hay que construir un centro militar unificado, por lo que el POUM “propone que se constituya inmediatamente una Junta Nacional de Defensa que, como el Comité de las Milicias de Cataluña, centralice toda la acción y lleve la guerra hasta la victoria definitiva” (ídem).

Como explicamos anteriormente, la conformación del Comité de Milicias en Cataluña fue una maniobra de Companys (avalada por la dirigencia de la CNT, que rehusó tomar el poder) para establecer una transacción entre el poder de la calle de los comités-gobierno y el gobierno formal de la Generalitat, con el objetivo de ganar tiempo para organizar la contraofensiva y restablecer el poder burgués en todas sus dimensiones. ¡La táctica de Nin consistía en replicar esa experiencia para todo el país! Más allá de sus llamados a conformar un gobierno obrero, su política iba en el sentido contrario al embellecer la persistencia de la dualidad de poderes, una situación por definición inestable que en determinado punto tiene que dar paso al control definitivo del poder por parte de una clase social.

Los desaciertos del POUM en Cataluña fueron más allá, particularmente cuando aceptaron ingresar al consejo de la Generalitat, es decir, a un gobierno burgués de Frente Popular. Exigieron como condición de su ingreso que se realizara una “declaración ministerial de orientación socialista” y “la intervención activa y directa de la CNT”, dos medidas cosméticas para camuflar que estaban llevando a fondo la política de colaboración de clases que tanto habían criticado. Nin y compañía justificaron esta táctica como una necesidad ante la fuerza de los hechos en medio de una situación de transición política, por lo que aceptaron colaborar en el Consejo de la Generalitat con el resto de “fracciones obreras”, escondiendo a los sectores representantes de la burguesía y pequeñoburguesía catalana (Broué y Témine: 98).

Nin pasó a ocupar el cargo de ministro de Justicia en la Generalitat, donde fue cómplice del operativo stalinista y republicano para desarticular los comités-gobierno. Por ejemplo, apoyó (junto con los representantes de la CNT) el decreto del 9 de setiembre de 1936, donde el Consejo de la Generalitat acordó disolver “los comités locales, cualesquiera que sean los nombre o títulos, y todos los organismos que pueden haberse constituido para abatir al movimiento subversivo”, una capitulación a la burguesía que justificó porque los comités-gobierno representaban a los partidos obreras “según una falsa proporción” y porque era necesario codificar y centralizar el funcionamiento de los organismos municipales (ídem). Aunado a esto, Nin fue el artífice del nuevo aparato judicial republicano, que era una versión moderna y abierta a todas las figuras avaladas por los partidos y sindicatos obreros, pero que tuvo como fin reinstaurar el monopolio de la justicia en la Generalitat y no el poder obrero.

Esto son sólo algunos ejemplos de la adaptación del POUM a la política burguesa de la Generalitat. Para finales de 1936 el POUM fue expulsado del gobierno por la presión de la URSS y del PSUC, y se intensificaron los operativos para su liquidación.

 

Mayo sangriento

 

Desde inicios de 1937 el gobierno de Largo Caballero enfrentó problemas económicos y sociales producto del conflicto militar, a los que se sumó un creciente malestar por las medidas contra la revolución impuestas por el Frente Popular. Las fábricas estaban paradas o a media máquina, el costo de vida se duplicó entre julio de 1936 y marzo de 1937, había escasez de alimentos en las panaderías, etc. (Broué y Témine: 136). Esto generó condiciones para el surgimiento de una oposición revolucionaria en las organizaciones obreras, incluso de las que apoyaban al Frente Popular.

El POUM experimentó un relativo giro a la izquierda tras su expulsión de la Generalitat, aunque no exento de contradicciones desde el Comité Central del partido. Un sector del mismo hizo campaña para exigir su reincorporación al gobierno, pero Nin retomó su llamado a formar comités o consejos obreros (¡los mismos que ayudó a desarticular!) para la revolución. Antes que una política consecuente, los posicionamientos del POUM obedecían al cambio de su ubicación tras la expulsión de la Generalitat, los peligros planteados por el fortalecimiento del stalinismo y el retroceso que experimentaba la revolución, factores que los presionaron para asumir una línea de oposición de izquierda al gobierno. Con el enorme límite de que su política estaba en función de convencer a la dirigencia de la CNT para no quedar aislados, impidiendo que el partido tuviera iniciativas independientes para la clase obrera.

Muy diferente fue el caso de la sección juvenil del POUM, la Juventud Comunista Ibérica (JCI), que concluyó que la colaboración con la Generalitat fue un error y lanzó la consigna de una asamblea constituyente sobre la base de comités obreros, cuya organización no podía depender de convencer a la CNT u otra organización, sino que había que impulsar desde la clase obrera. Este giro de la JCI coincidió con la formación de sectores críticos en la Juventud Socialista Unificada (JSU), lo cual se reflejó en el mitin del 14 de febrero de 1937 organizado entre ambas organizaciones, al cual concurrieron 50.000 jóvenes en Barcelona para construir el Frente de la Juventud Revolucionaria, abriendo una crisis al interior de la JSU y el control del PCE sobre la misma (ídem: 137).

También en la CNT cristalizó un sector de oposición a la burocracia cenetista, que adoptó el nombre de “Amigos de Durruti”, y reivindicaron la unidad de la guerra y la revolución. Además, sus posiciones coincidieron con los análisis del POUM y los trotskistas de la sección Bolchevique-Leninista, lo cual quedaría de manifiesto durante las jornadas de mayo (Morrow: 109).

Esto hizo inevitable que el stalinismo provocara un enfrentamiento para aplastar los conatos de disidencia y destruir al POUM. A pesar de las presiones stalinistas, Largo Caballero se rehusaba a ilegalizar al POUM porque lo consideraba un partido obrero y no creía ninguna de las acusaciones lanzadas por los stalinistas contra Nin y los dirigentes del partido, a quienes acusaban de ser agentes fascistas. Ante eso, el PSUC actuó de otra forma: desató una escalada de provocaciones desde mediados de abril de 1937 contra la militancia obrera de la CNT y el POUM, con operativos masivos de los guardias de asalto para desarmar a los obreros en la ciudad, provocando muertes por fusilamientos y francotiradores.

Para mayo la polarización era extrema, en grado tal que el gobierno prohibió la realización de marchas o mítines en conmemoración del 1° de mayo. Orwell estaba en la ciudad para ese momento y relata el ambiente tenso que se respiraba por doquier, ante la inminencia de los enfrentamientos que estaban por desarrollarse. La explicación de esto radicaba en el choque entre “quienes querían que la revolución siguiera adelante y los que deseaban frenarla o impedirla”, representado por los anarquistas y comunistas, respectivamente. Desde el punto de vista político, era el choque entre las dos principales fuerzas, lo que presagiaba la magnitud del conflicto: “En Cataluña no existía otro poder que el PSUC y sus aliados liberales. Pero a él se oponía la fuerza incierta de la CNT, no tan bien armada y menos segura en cuanto a sus metas, pero poderosa a causa del número y de su predominio en varias industrias clave” (Orwell: 126).

Todo empezó el 3 de mayo, cuando tres camiones con guardias de asalto bajo el mando del comisario del Orden Público del PSUC llegaron al edificio de la Telefónica que, desde el inicio de la guerra civil, estaba bajo control de la CNT luego de arrebatársela a los fascistas. La bandera rojinegra confederal ondeaba en el edificio desde el 19 de julio y era un símbolo del doble poder en la ciudad. Además, su control era vital porque quien manejaba el edificio tenía acceso a todas las comunicaciones de la ciudad.

A pesar del ataque sorpresa, los guardias de la CNT lograron mantener la posición de los pisos superiores y, en cuestión de dos horas, toda la ciudad se alzó en armas para repudiar el ataque stalinista. De pronto Barcelona estaba llena de barricadas y la fuerza revolucionaria de la clase obrera catalana se hizo sentir como en las jornadas de julio de 1936, tal como lo describió un testigo de los hechos: “Los obreros armados dominaban casi toda Barcelona. Todo el puerto, y con él la fortaleza de Montjuïc, cuyos cañones dominaban el puerto y la ciudad, lo tenían los anarquistas, todos los suburbios estaban en sus manos; las fuerzas gubernamentales, exceptuando algunos cuarteles aislados, estaban totalmente superadas en número y concentradas en el centro de la ciudad” (Morrow: 108).

Nuevamente estaban dadas todas las condiciones para que la clase obrera tomara el poder, en lo que coincidían las bases de izquierda de la CNT, el POUM, los Amigos de Durruti, los bolcheviques-leninistas y sectores de la Juventud Libertaria, que “llamaban a la toma del poder a los obreros a través de la creación de órganos democráticos de defensa” (ídem).

Pero la dirección de la CNT intervino para contener la lucha y pactar el desarme. Incluso Federica Montseny y García Oliver se trasladaron en avión a Barcelona para desmovilizar a sus bases anarquistas. Companys, presidente de la Generalitat, se pronunció contra la provocación stalinista y llamó a la calma. A partir del miércoles 5 de mayo, la CNT difundió el acuerdo con el gobierno, que se reducía a un cese al fuego y la retirada simultánea de los policías y obreros armados, pero no planteaba nada sobre el control de la Telefónica (Broué y Témine: 140). La traición de la burocracia cenetista fue de tal magnitud que en el periódico Solidaridad Obrera la noticia sobre el ataque a la Telefónica se publicó en la página 8 (cuando era algo de portada por su importancia), sin mencionar las barricadas ni orientación alguna para las bases, salvo “mantener la calma”.

La dirección del POUM tampoco estuvo a la altura de los hechos, sino que osciló de la izquierda a la derecha en cuestión de horas. Al inicio del conflicto se pusieron a la izquierda y firmaron un manifiesto conjunto con los Amigos de Durruti donde “se propugnaba la formación de un consejo revolucionario, así como el fusilamiento de los responsables del ataque contra Telefónica y el desarme de la Guardia Civil” (Zavala: 300). Pero cambiaron de orientación luego de sostener una reunión con representantes de la CNT, donde los anarquistas dejaron en claro que su posición era exigir la renuncia de los responsables directos del ataque y garantizar que sus representantes permanecieran en el Consejo de la Generalitat.

¿Qué hizo la dirección del POUM ante esa capitulación de la CNT? Pues retrocedió por temor a quedarse aislados. Al menos había 30.000 obreros del POUM en Cataluña, que pudieron haber influido de manera decisiva en los acontecimientos de mayo con una dirección revolucionaria del POUM, pero Nin y compañía optaron por la capitulación… ante los capituladores de la CNT, haciéndolo más vergonzoso aún. Morrow da en el clavo cuando analiza que el “POUM puso su destino en manos de la dirección de la CNT”, por lo que no realizó ninguna propuesta pública ante las masas que hubieran dotado a la rebelión de “un eje de exigencias específicas para plantear a sus direcciones” (Morrow: 116).

El saldo de los combates fue de 500 muertos y 1.500 heridos, entre ellos dirigentes de las organizaciones disidentes que fueron asesinados con premeditación, como sucedió con el anarquista italiano de izquierda (referente de los Amigos de Durruti) Camillo Berneri, crítico de la política colaboracionista de la CNT; también fue asesinado Alfredo Martínez, quien fuera secretario del recientemente constituido Frente de la Juventud Revolucionaria.

Los llamados a la calma por parte de la dirigencia de la CNT rindieron efecto. Para el 8 de mayo finalizaron los enfrentamientos y llegaron a la ciudad 80 camiones con 5.000 guardias para “garantizar la paz” en Barcelona. El POUM presentó el acuerdo de cese el fuego casi como una victoria, llamando desde las páginas de La Batalla a “reemprender el trabajo” y se congratulaba por “la magnífica reacción de la clase obrera ante la provocación sufrida”, pero no decía nada sobre la posibilidad de tomar el poder y su cambio de orientación durante la lucha (Zavala: 308). Por su parte, Companys dijo que no había ni vencedores ni vencidos.

Lo que sucedió en las siguientes semanas demostró todo lo contrario: sobrevino una barrida por parte de la guardia civil que dejó cientos de muertos y heridos, y las tropas anarquistas y poumistas fueron enviadas a morir a las zonas de mayor enfrentamiento sin protección aérea ni de la artillería. Broué y Témine sostienen que la toma de la Telefónica por el PSUC fue parte del proceso de restauración del Estado burgués y no una provocación para desatar los combates, que en realidad tomaron desprevenidos a los stalinistas que actuaban en sintonía con la burguesía republicana (Broué y Témine: 141). En todo caso, los eventos de mayo fueron utilizados por el stalinismo para incrementar su campaña contra el POUM, al que acusó de incitar al desorden; también marcó el fin del debilitado gobierno de Largo Caballero, dando pasó a Juan Negrín (un aliado directo del PCE) y la profundización de la campaña stalinista para aniquilar al POUM y sus dirigentes.

La derrota de la clase obrera catalana en mayo de 1937 representó la derrota de la revolución social. Barcelona pasó de ser el “bastión de la España soviética” a convertirse en una ciudad nuevamente regida por las formas burguesas, como lo constató el propio Orwell cuando tuvo que abandonar la ciudad por la persecución contra los milicianos poumistas: “Resultaba extraño ver cómo había cambiado todo. Sólo seis meses antes, cuando aún dominaban los anarquistas, era el aspecto de un proletario el que hacía a uno respetable (…) En la frontera, los guardias anarquistas habían impedido la entrada a un francés vestido elegantemente y a su esposa por el único motivo, según creo, de que parecían demasiado burgueses. Ahora era al revés: para salvarse había que parecer burgués” (Orwell: 210).

 

Trotsky: ¡la toma del poder era posible en mayo!

 

Inicialmente Trotsky fue muy cauteloso al referirse a la insurrección de mayo en Barcelona, porque dada la distancia e información deformada con que contaba “las conclusiones que formulamos no pueden tener más que un carácter hipotético y provisional” (Trotsky: 233). Eso explica que no hiciera ninguna predicción categórica sobre las terribles consecuencias de la derrota para la revolución, porque era precipitado “afirmar por adelantado que se haya agotado la fuerza revolucionaria de ese admirable proletariado ibérico”, y reiteró que pese a los errores y debilidades de la insurrección “permanecemos indisolublemente solidarios con los obreros vencidos” (ídem: 234-235).

Pero sí fue contundente en sus críticas hacia las direcciones de la CNT y el POUM, porque conocía a fondo el comportamiento de estas corrientes. Para esos momentos Trotsky se concentró mucho en la diferenciación hacia el POUM, algo comprensible por la campaña del stalinismo que lo acusaba de “trotskista” (con eco a nivel internacional) y las expectativas que este partido generó en sectores de izquierda disidente a nivel internacional, lo que hacía fundamental delimitarse de Nin en la perspectiva de la fundación de la IV Internacional. Lo primero que señaló es que la experiencia de mayo desnudó las ambigüedades del POUM ante la clase obrera catalana, la cual confiaba en su dirección y se tomaba en serio sus escritos radicales, pero cuando “la masa se disponía a materializar esta crítica por medio de la acción, se encontró prácticamente decapitada” (ídem: 234).

¿Cómo explicar este comportamiento bipolar del POUM, radical en el papel pero capitulador en la acción? Nueve días antes del estallido de la insurrección de mayo, Trotsky analizaba que el POUM no había roto a fondo con el Frente Popular, asumiendo el papel de consejero de izquierda del gobierno y la CNT: “El POUM aún se encuentra a medias en el Frente Popular. Los dirigentes del POUM exhortan lastimeramente al gobierno del Frente Popular a que entre en la vía de la revolución socialista. Los dirigentes del POUM intentan hacer comprender respetuosamente las enseñanzas de Marx sobre el Estado a los dirigentes de la CNT. Los dirigentes del POUM se consideran los consejeros ‘revolucionarios’ de los jefes del Frente Popular. Esta postura es estéril e indigna de un revolucionario (…). Es preciso sentirse los dirigentes de las masas revolucionarias y no los consejeros del gobierno burgués” (ídem: 228).

Por eso eran incapaces de realizar acción independiente alguna respecto del gobierno o la CNT, lo cual justificaban como una precaución para no quedar aislados, pero que en realidad era producto de su indecisión para asumirse como dirección revolucionaria y confiar en el potencial de lucha de la clase obrera. De hecho, el CC del POUM publicó el 4 de abril las “13 condiciones para la victoria”, donde plantea la posibilidad de la toma pacífica del poder mediante “la convocatoria de un congreso de delegados de los sindicatos obreros, campesinos y de soldados”, pero no era una consigna para impulsar la movilización revolucionaria de la clase obrera, sino un planteamiento para el gobierno burgués de Largo Caballero, el mismo que desde hacía meses venía desmontando el poder dual y reconstruyendo el Estado burgués.

Esto sumió a Nin en un laberinto sin salida, incapaz de convertir su razonamiento crítico en política revolucionaria, limitándose a una capitulación sistemática ante las direcciones obreras reformistas, en particular de la CNT. Por eso la política del POUM nunca estuvo a la altura de las exigencias de la revolución y se autoconsolaba pensándose como la más avanzada de la izquierda, pero, como recordará Trotsky, “no hay que establecer la política en relación con los demás, sino en relación con los acontecimientos, en relación con la lucha de clases” (ídem: 230).

Meses después de la insurrección y con mas información a mano, Trotsky fue categórico al afirmar que era posible la toma del poder en mayo, pero que la desgracia fue la negativa de la CNT para realizarlo, tal como lo repetían en los artículos de Solidaridad Obrera: “Se nos acusa de haber sido los instigadores de la rebelión de mayo. Nosotros estábamos completamente en contra. ¿La prueba? Nuestros enemigos la conocen tan bien como nosotros: si hubiésemos querido tomar el poder en mayo, lo hubiéramos podido hacer con toda seguridad. Pero estamos en contra de toda dictadura” (ídem: 286).

 

VI Período (mayo 1937-abril 1939)

Juan Negrín, el “gobierno de la victoria” que finiquitó la derrota

 

El gobierno de Largo Caballero fue otra víctima de la insurrección de mayo. La burguesía republicana lo utilizó mientras sintió el peligro de la revolución obrera, por lo que requirió de sus servicios para legitimar el Poder Ejecutivo y avanzar en la reconstrucción del Estado burgués. Pero la derrota de la clase obrera catalana cambió la situación y, a partir de ese momento, la burguesía republicana y el stalinismo optaron por un nuevo gobierno que representara más firmemente sus intereses contrarrevolucionarios.

Juan Negrín fue el hombre elegido para encabezar el nuevo gabinete, al cual la Pasionaria (referente del PCE) llamó “el gobierno de la victoria”, en contraposición al de Largo Caballero, al que los stalinistas acusaron de haber retrasado el triunfo (aunque antes le llamaban el Lenin español). Pero ocurrió todo lo contrario, porque Negrín no buscó la victoria militar; por el contrario, sus objetivos fueron fortalecer el Estado burgués y reprimir al movimiento obrero y campesino, sentando las bases para la derrota militar de la República.

 

Un estado fuerte y policial

 

Desde el inicio de su mandato, Negrín se encargó de desmontar las conquistas que la clase obrera logró desde las jornadas de julio de 1936 contra la rebelión militar. Su objetivo principal fue restablecer el control de Estado burgués sobre el conjunto de la economía y garantizar los intereses de los capitalistas locales e imperialistas. El 28 de agosto el gobierno promulgó el decreto que lo facultaba a tomar o intervenir las industrias metalúrgicas o mineras, rebajando el control obrero a la defensa de las condiciones laborales y estimular la producción. En acatamiento a esta medida, el Ministerio de Defensa comenzó a tomar las fábricas y sólo realizó contratos con las empresas que estuvieran bajo administración de sus viejos propietarios o bajo la intervención gubernamental (Morrow: 101). Además, se instauró la militarización de las industrias bélicas, donde se prohibieron las huelgas y la afiliación sindical. El gobierno también desarrolló una ofensiva centralizadora contra los derechos a las nacionalidades, producto de la cual los nacionalistas vascos y autonomistas catalanes rompieron con el gobierno.

Para garantizar la ejecución de todas estas medidas contrarrevolucionarias, el gobierno de Negrín instauró un régimen bonapartista sumamente autoritario que funcionaba a partir de decretos ejecutivos, donde las Cortes pasaron a ser un elemento figurativo y toda crítica era equiparada a traición. Para hacer valer su autoridad, apeló a la justicia burguesa y las fuerzas represivas, que durante su gestión contaron con todas las facilidades para atacar al movimiento obrero y la oposición de izquierda.

El 23 de junio emitió el decreto para la creación de unas cortes especiales para tratar sediciosos, implementando medidas similares a las leyes judiciales de Stalin en la URSS: castigo por actos no cometidos, juicios secretos, cláusula de confesión, etc. (ídem: 98). Este decreto sería utilizado para procesar a opositores políticos, incluso por eventos sucedidos previamente a la emisión del decreto, dejando en claro el carácter esencialmente político de estas cortes especiales. El 14 de agosto el gobierno emitió otro decreto donde se estableció la prohibición de realizar críticas a la URSS en la prensa, porque no se podían tolerar los ataques contra un país amigo de la República en medio de la guerra civil.

Por último, pero no menos importante, el Ejército Popular se terminó de transformar en un ejército burgués regular, restableciendo la jerarquía de los sueldos, prohibiendo el ascenso de oficiales obreros al grado de comandantes y la participación de los soldados en actividades políticas como manifestaciones o mitines (Broué y Témine: 155).

 

La persecución a los opositores

 

Negrín y el PCE desarrollaron una fuerte persecución contra los sectores de izquierda con algún grado de independencia hacia el gobierno y la URSS. El primer objetivo fue el POUM, principal partido comunista disidente con unos 40.000 militantes. La dirección del POUM era consciente de la persecución stalinista en su contra, pero no dimensionó lo que estaba por ocurrir luego de las jornadas de mayo. A lo sumo esperaban que el partido fuera formalmente disuelto, pero jamás que iban a tratar de exterminarlos físicamente. Orwell cuenta que el partido no tenía ninguna red clandestina de seguridad para esconder a sus dirigentes, por lo que la seguridad del Estado y los agentes stalinistas sabían dónde ubicar los lugares de reunión; incluso el POUM prosiguió con los arreglos a sus locales y la construcción de un cine en la sede central hasta el mismo día en que fue disuelto (Orwell: 193).

Los ataques se iniciaron el 28 de mayo, cuando se produjo el cierre de La Batalla, pero se intensificaron el 16 y 17 de junio con el arresto de todos los miembros del Comité Ejecutivo del POUM. Los motivos del arresto fueron expuestos en un documento del 11 de junio donde se los acusaba de atentar contra la República y su gobierno, pero también por calumnias hacia la URSS y sus relaciones con grupos trotskistas internacionales, lo cual confirmaba que eran agentes del fascismo. Una de las pruebas que aportaron los agentes stalinistas fue un plano de Madrid decomisado a un falangista, el cual tenía un mensaje con tinta invisible firmado que se refería a “N” como un agente confiable, prueba irrefutable de que se trataba de Nin (Broué y Témine: 149).

Aunque era una prueba falsa a todas luces, el operativo tenía que proseguir y el caso de los dirigentes del POUM fue traslado a los Tribunales Especiales para el 29 de julio, donde se los iba a procesar por alta traición bajo el decreto creado el 23 de junio (Morrow: 98). De esta forma, se iba aplicar esa ley de forma retroactiva con el fin de justificar legalmente su eventual condena a muerte. El PCE insistió en que se los fusilara por traidores, pero en octubre esa acusación fue desestimada por falta de pruebas y por la presión política que generó la desaparición de Nin a nivel internacional, por lo que fueron condenados a 15 años de prisión por su participación en la insurrección de mayo contra el orden establecido, y el POUM fue disuelto. El que Nin no hubiese firmado ninguna “confesión” incriminándolos mientras estuvo bajo tortura de los agentes stalinistas les salvó la vida.

Con respecto al movimiento anarquista, a partir de la derrota de la insurrección de Barcelona experimentó un desplome progresivo en todas sus posiciones, producto de la persecución del gobierno y el PCE, pero también de la desmoralización de sus bases obreras ante la capitulación de la burocracia cenetista. El gobierno era consciente de eso y lanzó una ofensiva contra el Consejo de Defensa de Aragón, bastión de los anarquistas radicales que con Largo Caballero gozaron de cierta autonomía. Negrín decretó su disolución el 10 de agosto de 1937, lo cual vino acompañado del cierre de locales de la CNT, y muchos dirigentes anarquistas fueron encerrados por la acusación de robo de joyas (Broué y Témine: 151 y 155). Esto marcó el final del último reducto de los sectores anarquistas más radicalizados.

Para 1938 la debacle del movimiento anarquista se expresó con una oleada de deserciones de sus combatientes de base, esos obreros que Trotsky valoraba como una “inmensa fuerza potencial” para la revolución, que ya no encontraban sentido en soportar las penurias de la guerra en el frente y la retaguardia por una guerra que ya no consideraban como suya ante la ausencia de cualquier perspectiva revolucionaria. El historiador anarquista José Peirats retrató esto a la perfección: “Las dificultades no se soportaban ahora estoicamente como en los primeros meses de la guerra. En aquellos primeros meses la lucha tenía un carácter puro y romántico. La burocracia militar no había aparecido todavía” (Peirats: 362).

El gobierno dirigió la represión incluso contra Largo Caballero, que todavía gozaba de un enorme prestigio entre la clase obrera socialista. Tras salir del gobierno, sostuvo una resistencia en los límites del aparato del PSOE, aunque no se atrevió a romper públicamente con el Frente Popular para mantener la unidad antifascista. Pero cambió de actitud cuando el gobierno, los stalinistas y socialistas de derecha montaron una oposición en la UGT y con el peso del Estado lo relevaron de su cargo. Esto provocó la ruptura pública de Largo Caballero con el Frente Popular, por lo que comenzó una serie de conferencias para denunciar el ataque y la política de Negrín, aunque nunca brindó ninguna alternativa, comportándose como “un oponente leal que no amenazaba con nada al régimen” (Broué y Témine: 153). El gobierno contragolpeó reconociendo a la dirigencia disidente de la UGT como la dirección oficial y tomando control del último periódico que tenía bajo su control (La Correspondencia de Valencia), sellando la derrota definitiva de Largo Caballero (ídem: 152-153).

 

El asesinato de Nin y la creación del SIM

 

No podemos cerrar el capítulo sin referirnos al asesinato de Andreu Nin, sin duda una de los hechos más repugnantes de la guerra civil española. Como explicamos, la línea del PCE y la Comintern era impedir a toda costa el desarrollo de la revolución obrera, particularmente en Cataluña, donde la CNT-FAI era la corriente obrera hegemónica y el POUM, un partido comunista disidente, tenía un espacio ganado entre la vanguardia y cierta influencia dentro de la clase obrera.

Para este entonces Stalin desarrollaba una limpieza sangrienta entre la burocracia soviética que fue conocida como los procesos o juicios de Moscú, donde muchos dirigentes históricos de la revolución fueron acusados de traidores, colaboradores de la Alemania nazi y condenados a muerte. Zinoviev, Kamenev y Bujarin fueron algunos de los casos más sonados.  Se estima que entre 1937 y 1938, Stalin y sus acólitos asesinaron a 700.000 personas por razones políticas (Zavala 277-278). En el marco de la guerra civil, el stalinismo intentó montar un proceso similar en los territorios controlados por la República, apuntando sobre todo contra los “trotskistas” del POUM.

El PCE lanzó una campaña de ataques infundados contra este partido y sus dirigentes, en particular contra Nin, a quien acusaron de espía de Franco con pruebas falsas y campañas en los medios de prensa controlados por el PCE. Pero dado el prestigio de Nin y la negativa de Largo Caballero a apoyar el operativo, estos ataques iniciales no llegaron a más. Esto cambió tras la derrota de las jornadas de mayo en Cataluña, que marcaron el fin de la revolución social en España, y tras la llegada de Negrín al poder el stalinismo tuvo rienda suelta para perseguir a Nin.

El arresto de Nin se produjo de forma irregular por agentes stalinistas, en un operativo dirigido por el mismo Orlov que se llamó “Operación Nikolai”. Tras un breve paso por una cárcel donde se trató de ocultar cualquier rastro de su presencia, fue llevado hacia el sistema de “Chekas” del PCE, como se denominaba a la red de casas convertidas en centros de detención y tortura secretas de la policía política soviética (la KGB) en España, que contaban con crematorios para deshacerse de los cuerpos (Payne: 17).

A partir de ese momento Nin fue sometido a un martirio. El objetivo inicial no era asesinarlo, sino hacerlo confesar bajo tortura que era un agente del fascismo y que incriminara al resto de los miembros dirigentes del POUM, muchos de los cuales ya estaban siendo detenidos y sometidos a juicio con esa acusación. ¡La burocracia stalinista pretendía montar una versión española de los juicios de Moscú! Está de más decir que los agentes soviéticos eran especialistas en obtener este tipo declaraciones.

Los detalles de su encarcelamiento fueron un misterio, pero con el paso del tiempo se han ido develando pormenores de su detención y tortura. En nuestro caso, nos remitimos a la investigación de José María Zavala, que realizó un estudio sobre las últimas horas de Andreu Nin. De acuerdo a este investigador, la tortura se inició con el llamado método seco, donde se le sometió a un acoso brutal e ininterrumpido por períodos de diez a cuarenta horas, donde no escaseaban los insultos y propuestas para que declarara. En cada sesión Nin era obligado a permanecer de pie, hasta que se desplomaba inconsciente por los dolores insoportables de hígado (del cual padecía) y con la espina dorsal hecha añicos. Luego era llevado a su celda (un cuarto diminuto) por veinte o treinta minutos hasta que estuviera consciente de nuevo, para así reiniciar la tortura por otras diez o cuarenta horas.

Pero Nin no cedió y sus torturadores pasaron a un método más salvaje en la desesperación de arrancarle una confesión, la denominada prueba de la firmeza. Comenzaron a despellejarlo en todo el cuerpo para cortar sus miembros en carne viva. El dolor era insoportable y para ese entonces Nin ya era un “montón de carne tumefacta”, pero aún así mantuvo firme su moral y no declaró. A esta altura era imposible liberar a Nin, y Orlov pasó a planificar cómo deshacerse de la prueba del delito.

Para esto simuló un secuestro de agentes alemanes que fueron a liberar a Nin porque era su espía, dejando un rastro que no daba espacio para la “duda”: a uno de ellos se le cayó la billetera con identificación, marcos alemanes e insignias fascistas. ¡Un agente secreto nazi fue a realizar una operación encubierta a territorio enemigo con la documentación que lo acreditaba como enemigo! Nadie creyó esta historia, pero dada la estrecha relación de la burguesía republicana con la URSS y el peso del PCE en el Frente Popular, era más fácil mirar para otro lado que pedir explicaciones.

Con su resistencia Nin salvó la vida de sus compañeros del POUM, que fueron sentenciados como culpables de participar en las jornadas de mayo pero absueltos de la acusación de agentes fascistas. Trotsky reconoció esto al enterarse de la muerte de Nin: “Se negaba a colaborar con la GPU para arruinar los intereses del pueblo español. Éste fue su único crimen. Y éste es el crimen que ha pagado con su vida” (en Zavala: 495).

Como señalara el hispanista Stanley Payne, la muerte de Nin fue el punto más alto de su vida: “Lo más honorable de la vida de Andreu Nin fue la manera en que la abandonó, con un coraje y una integridad absolutos (…). Todos y cada uno de los principales líderes políticos comunistas soviéticos arrestados por Stalin entre 1936 y 1938 se rindieron a las tácticas de la NKVD (…). Con Nin, todas las torturas y estratagemas soviéticas fracasaron. Esto permanecerá para siempre como su propio monumento histórico” (Payne: 19).

Pero la represión stalinista no terminó con la muerte de Nin. El 9 de agosto de 1937 el PCE fundó el Servicio de Investigación Militar (SIM), que vino a ser la herramienta de represión brutal, metódica y despiadada contra el movimiento obrero. Funcionó a partir de una red de delatores en todo el territorio republicano para perseguir a los militantes de izquierda que no fueran sumisos a Moscú. La desmoralización se hizo patente en las filas revolucionarias, pues además de enfrentar al franquismo tenían que cuidarse la espalda del stalinismo, creando un clima de miedo y desconfianza que se llamó “la enfermedad del SIM” (Guillamón, “La NKVD y el SIM en Barcelona”, en Una revolución silenciada: 143). Escapó por completo al control del gobierno y llegó a contar con más de 6.000 agentes, además de administrar prisiones y campos de concentración propios (Broué y Témine: 154).

 

Crónica de una derrota anunciada

 

Durante el gobierno de Negrín, España se convirtió en un instrumento de la política de Stalin; el PCE controlaba las principales instituciones del Estado. Para octubre de 1938 se estima que el 80% de los mandos del ejército republicano estaban en manos de militantes del PCE (Peirats: 363). Pero este poder el stalinismo lo utilizó para llevar a la derrota a una de las más impresionantes revoluciones obreras del siglo XX que, en caso de haber triunfado, hubiera cambiado el curso de la historia universal.

Para lograr esto lo primero fue instaurar la separación entre la guerra y la revolución, algo desastroso en el marco de una guerra civil donde “no hay un muro entre las tareas políticas y las tareas militares”, para luego aplicar una estrategia militar contra la clase obrera: “Temiendo más a la revolución que a Franco, el gobierno concentraba grandes contingentes de tropas y policías escogidas en las ciudad, retirando así tropas y pertrechos que hacían falta en el frente (…). El gobierno aplicaba una estrategia militar dilatoria que no podía llevar a la guerra a conclusión alguna, mientras llevaba a cabo la contrarrevolución” (Morrow: 112).

Trotsky analizó que Franco no tenía las fuerzas para derrotar al heroico proletariado español, para lo cual requería de un aliado en el bando opuesto que le facilitara la tarea, papel que desempeñó Stalin de forma gratuita. Esto se complementó con la única fortaleza de Franco, que era su claridad programática y estratégica para tomar el poder en defensa del capitalismo y la Iglesia: “Por muy insignificante que sea Franco en sí mismo, por muy mezquina, sin honor, conciencia ni talento militar que pueda ser su pandilla de aventureros, la gran superioridad de Franco consiste, a pesar de todo, en poseer un programa claro y definido: salvaguardar y estabilizar la propiedad capitalista, el poder de los explotadores y el dominio de la Iglesia, y restaurar la monarquía” (Trotsky: 319).

Aragón fue tomado por el ejército de Franco en abril de 1938. El 26 de enero de 1939 el ejército franquista entró a Barcelona sin ninguna oposición del ejército republicano, que había evacuado la ciudad tres días antes, y para febrero toda Cataluña ya estaba bajo control de los fascistas. Madrid cayó el 28 de marzo de 1939, tras sufrir un prolongado asedio militar. En el medio se produjo el golpe de Estado contra Negrín por parte de Segismundo Casado, que rindió la ciudad ante Franco sin disparar una sola bala y logró pase libre para escapar hacia Inglaterra. La derrota de la clase obrera fue terrible, con cientos de miles de muertos o presos en campos de concentración, y luego décadas de dictadura franquista.

 

  1. Pensar la revolución en un sentido estratégico

 

“La política errónea de las organizaciones obreras explica el hecho de que el proletariado español, a pesar de su capacidad combativa excepcional, capaz de garantizarle la victoria por partida doble o triple, sólo haya sufrido derrotas. El proletariado no puede alcanzar la victoria sin un auténtico partido revolucionario”.

León Trotsky

 

Si tomamos como punto de partida la fundación de la sección española de la Primera Internacional en 1869, al momento de estallar la guerra civil el proletariado español tenía una acumulación de casi setenta años de lucha política impresionante, donde experimentó grandes triunfos y fuertes derrotas, aprendió a militar bajo dictaduras sangrientas y a enfrentar las arremetidas represivas del ejército, forjó una tradición de lucha y construyó grandes organizaciones obreras. A pesar de eso, de su seno no surgió una verdadera dirección revolucionaria que estuviera a la altura durante los combates decisivos en la guerra civil.

Trotsky no dudó en afirmar que la principal causa que medió en la derrota de la revolución española fue la crisis de dirección revolucionaria, una apreciación que generalizó para ese momento histórico en el Programa de Transición. En el caso español, se tradujo en una tragedia sin igual, pues la enorme fuerza revolucionaria de la clase obrera fue desaprovechada por una serie de partidos y corrientes que rehusaron tomar el poder para destruir el Estado burgués: “Largo Caballero no quiere romper con los obreros, pero teme romper con la burguesía (…). Las masas trabajadoras anarquistas de Cataluña quieren la revolución social, a pesar de la vaguedad de sus ideas. Pero ante el primer contacto con la amarga realidad, los dirigentes anarquistas echaron su anarquismo por la borda para convertirse en vulgares ministros burgueses. Los dirigentes del POUM vacilaron, contemporizaron, concertaron bloques por arriba, entraron en el gabinete reaccionario y, con eso, desorientaron a los obreros” (Trotsky: 247).

La tarea de construir un “auténtico partido revolucionario” o un “estado mayor de la revolución” sigue vigente en la actualidad en España y a nivel internacional. Las nuevas revoluciones no serán diferentes en esto a sus predecesoras, pues seguirán requiriendo de una dirección revolucionaria para alcanzar la victoria. Ésta es una de las principales enseñanzas que nos legó la revolución española, y desde la corriente internacional Socialismo o Barbarie nos abocamos a esa tarea con nuestra construcción militante en Latinoamérica y Europa.

Pero también es cierto que la combinación de factores objetivos y subjetivos es más compleja en el siglo XXI, pues atravesamos un momento histórico muy diferente a la “era de los extremos” en que tuvo lugar la revolución española, con una clase obrera muy politizada que estuvo en el centro de la escena con la puesta en pie de organismos de poder. Actualmente vivimos en un mundo sin revoluciones desde hace décadas, donde la clase obrera adolece de una baja subjetividad y la alternativa socialista está por ahora fuera de la conciencia de los explotados y oprimidos.

Pero esto no debe tomarse de forma sectaria o para justificar posiciones escépticas. Por el contrario, es un punto de partida para comprender las dificultades del presente en la perspectiva del relanzamiento del socialismo revolucionario en el siglo XXI. Nos obliga a ser más insistentes en la recuperación de la memoria histórica para las nuevas generaciones, requisito indispensable para superar el lastre posmoderno del “eterno presente” y poder construir una perspectiva de futuro.

Por eso apostamos a pensar la experiencia histórica del siglo XX en un sentido estratégico, como “recuerdos del futuro” (Sáenz), extrayendo las lecciones principales de la lucha de clases con el objetivo de construir un porvenir emancipado de toda forma de explotación y opresión. A modo de síntesis general, la revolución española nos dejó cuatro enseñanzas centrales:

  1. Toda revolución contiene elementos de espontaneidad y creatividad desde abajo, pero eso no basta para derrotar al Estado burgués e instaurar una sociedad de transición hacia el socialismo. En el caso de la revolución española, esto se manifestó en la construcción de organismos de doble poder (los comités-gobierno), las milicias obreras, la expropiación de fábricas y latifundios, etc. A pesar de esto, la clase obrera no dio el golpe final a la burguesía con la conformación de un gobierno obrero por la capitulación de la CNT, el reformismo del PSOE y el centrismo del POUM. De manera trágica, la derrota de la revolución española reafirmó el papel insustituible del partido revolucionario para la toma del poder por parte de la clase obrera.
  2. La puesta en pie del partido revolucionario, o del “estado mayor de la revolución” en palabras de Trotsky, requiere de una construcción histórica previa a la revolución, forjándose en la lucha de clases cotidiana y el debate teórico-político con el resto de tendencias de izquierda. La CNT y el PSOE no realizaron una síntesis adecuada entre estos dos factores, incurriendo en una falsa oposición entre la acción directa ultraizquierdista y la acción política reformista, respectivamente. Un verdadero partido revolucionario es flexible en la táctica y los métodos de lucha (parlamentarios, movilización directa, etc.), sin renunciar al objetivo estratégico, es decir, la revolución socialista.
  3. La construcción de un partido revolucionario no puede realizarse en los estrechos marcos de un país, sino que requiere ser un parte de un proyecto internacional para educar a su militancia en torno a las experiencias de lucha de los explotados y oprimidos a nivel internacional. El POUM se resintió mucho del provincianismo político de sus dirigentes, que resultaron consumidos por las presiones nacionales y paralizados por el régimen federalista del partido.
  4. Indiscutiblemente, la revolución española se caracterizó por la centralidad de la clase obrera desde un inicio. A pesar de esto, las reivindicaciones democráticas tuvieron un lugar central a lo largo del proceso para la clase obrera y otros sectores sociales oprimidos, como el campesinado pobre. Esto reafirma la riqueza del método del Programa de Transición de Trotsky, donde la combinación adecuada de consignas democráticas, transicionales y propiamente socialistas configura el programa de la revolución socialista. Esto sigue siendo válido para el siglo XXI, donde las reivindicaciones democráticas son un motor de lucha para los sectores oprimidos del movimiento de masas, como sucede con las mujeres, población LGBTI, grupos migrantes y otros.

 

12 de mayo de 2018

San José, Costa Rica

 

 

 

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  1. Citado en Hugh Thomas, The Spanish Civil War: 187. M. Casanova (1907-1942) fue el seudónimo de Mieczyslaw Bortenstein, un judío polaco que viajó a España como parte de la delegación de 100 militantes representantes de la IV Internacional. Sirvió como miliciano de la CNT en Huesca y dirigió el núcleo trotskista en España durante varios años hasta 1939, cuando retornó a Francia. Fue detenido en Marsella cuando trataba de huir hacia México y fue deportado a Auschwitz en 1942, donde murió como prisionero de los nazis.
  2. A los efectos narrativos, en lo sucesivo nos referiremos a los sucesos desarrollados en España entre 1936-1939 únicamente como guerra civil, definición que en nuestro caso incorpora el hecho de que hubo una revolución social.
  3. Allí intervinieron los anarquistas haciéndole seguidismo a la facción de los republicanos federales o “intransigentes”, impidiendo la consolidación de la república. Más adelante volveremos sobre esto y el análisis de Engels al respecto.
  4. En esta sección haremos referencia a algunos episodios de la década del 30 que luego retomaremos con mayor profundidad en la periodización de la revolución española y la guerra civil, donde detallaremos el desenvolvimiento de cada una de estas corrientes en torno a los principales eventos del período.
  5. Por otra parte, fue un giro a la izquierda casi que por inercia, porque no había otro sector al cual capitular: la disyuntiva era sumarse al gobierno revolucionario comunero o al ejército de Versalles apoyado por los prusianos.
  6. Durruti, figura insigne anarquista en la guerra civil, sostenía esta concepción de la revolución como un proceso de acumulación de zonas liberadas desde donde instaurar el comunismo libertario. Sobre él volveremos en el siguiente capítulo.
  7. En este aspecto, Durruti tuvo una política más a la izquierda de plantear la guerra y revolución como un mismo proceso, aunque su posición tenía límites sobre la diferenciación con la CNT y el Frente Popular, como veremos más abajo.
  8. Trotsky también criticó esta consigna de la Comintern al señalar que disolvía el papel dirigente de la clase obrera en la revolución y colocaba al partido obrero como ala izquierda de la democracia burguesa, además de que la experiencia de la revolución rusa había superado en la realidad esa formulación del viejo bolchevismo. Aunque ambos se opusieron a esta consigna, en el caso de Maurín fue para adaptarse a las ilusiones democráticas del movimiento de masas, mientras que Trotsky lo hizo en la perspectiva de clarificar la lucha por la instauración de la dictadura del proletariado.
  9. Andy Durgan hace señalamientos en este sentido que nos parecen muy superficiales, pues no profundiza en las críticas de Trotsky a las teorizaciones de Maurín. En algunos pasajes de su obra comparte la idea de que el acercamiento entre el BOC/POUM con el movimiento trotskista se vio dificultado por la actitud de Trotsky.
  10. Estas condiciones fueron establecidas como filtro de ingreso a la III Internacional, pues debido a las simpatías que despertó la revolución rusa a nivel internacional se acercaron organizaciones de todo tipo y tradiciones políticas (incluso los anarquistas estuvieron cercanos un tiempo). Ante esto, la Internacional aprobó en 1920 las “21 condiciones” sobre el tipo de organizaciones que podían ingresar y evitar que se convirtiera en un grupo amorfo de grupos no revolucionarios.
  11. Posteriormente rompió con el trotskismo y giró a la derecha, convirtiéndose en sionista al final de su vida. A pesar de esto, sus textos sobre la guerra civil española son de una enorme riqueza política, en los cuales sintetizó un excelente abordaje marxista del conflicto militar y la revolución social.

12 Gran parte de este oro provenía del tesoro resguardado en el Banco de España desde los tiempos de los Reyes Católicos, producto del saqueo a los pueblos indígenas en la conquista y colonización de América. Visto así, hubo algo de “karma” a nivel histórico, aunque el oro no volvió a los pueblos latinoamericanos, sino que fue acaparado por la burocracia soviética.

  1. Por otra parte, es innegable que para librar una guerra civil se requiere un mando único y centralizado, tal como hicieron los bolcheviques con el Ejército Rojo, que puede combinarse con el uso de milicias. Pero en el caso del stalinismo su planteamiento a un mando único tenía por objetivo desarmar a la clase obrera, y de ahí su carácter contrarrevolucionario.

 

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