“… la perspectiva de instalar una fuerte agenda anticorrupción y anticrimen organizado, con respeto a la Constitución, a la ley y los derechos, me llevaron a tomar esta decisión”.

Sergio Moro, juez de Curitibia y próximo Ministro de Justicia de Bolsonaro

Acaba de explotar una verdadera bomba política en Brasil. El juez Sergio Moro, cabeza visible y responsable directo en primera instancia del caso Lava Jato (como es conocido en portugués), gestor de la maniobra reaccionaria que terminaría derivando en la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil para luego meter preso a Lula siendo el favorito en las encuestas electorales, será ministro de Justicia del ultra derechista Jair Bolsonaro. A cualquiera que tenga la cabeza puestas sobre sus hombros y no intente internamente justificar lo injustificable, lo que sucede entre Moro y Bolsonaro debería al menos generar suspicacias. No obstante, varios medios de comunicación lo llaman “el juez anticorrupción”. ¿Es así realmente?

¿Quién es Sergio Moro? El Juez y el Lava Jato

La notoriedad internacional de Moro viene de hace algunos años, en el año de elección del segundo mandato (truncado) de Rousseff, 2014. Su fama se debió al ubicarse en el centro de la investigación por el que es tal vez el caso judicial de corrupción más grande de la historia de Brasil: la llamada Operación Lava Jato. Su nombre viene de que las primeras pesquisas se dieron en torno a operaciones de lavado de dinero en una empresa de Lavado de autos –quien haya visto la serie Breaking Bad puede nuevamente certificar que la realidad y la ficción tienen una relación orgánica que a veces las hace indistinguibles-. A partir de ahí se destaparía un entramado de fraudes el Estado centrados en la empresa Petrobras que irían ganando en escala día a día. Los cambistas responsables del lavado de dinero fueron los primeros en caer, y la pieza clave para que se vincule a éstos con la política sería Alberto Youssef. De los vínculos entre él y el expresidente de Petrobras, Paulo Costa, saldrían a la luz los vínculos entre el lavado de dinero y la administración de la petrolera estatal.

De ahí en adelante, la causa sería llevada a cabo a partir centralmente de los testimonios de Costa y Youssef, sumado a las investigaciones y evidencias previas. En sus inicios, quienes se vieron más afectados por Lava Jato eran miembros de partidos opositores al PT y funcionarios del anterior gobierno del PSDB. Según las declaraciones, el esquema de corrupción había comenzado con el gobierno de Henrique Cardoso a fines de los 90’. Casi no había nadie limpio en la mega-causa. A partir de los testimonios quedaron bajo la lupa la propia Dilma, su contendiente en las elecciones del 2014 Aécio Neves, el presidente del PSDB José Serra y el mismísimo Michel Temer. Con la investigación a su cargo, Moro ordenó la detención de Lula en 2014. ¿Cómo acusado? No. Pasarían otros dos años antes de que Lula fuera procesado. El ex presidente había sido llamado a declarar como testigo y en calidad de tal es que Moro ordena su detención. La misma duró poco, con otros jueces acusándolo de parcialidad e inconstitucionalidad e incluso la policía no aceptando sus órdenes por la evidente maniobra política que había detrás de su ejercicio de la justicia.

En medio de la vorágine de la investigación, con un gobierno del PT debilitado por el descontento y el deterioro económico, se desataron las movilizaciones masivas de la clase media exasperada que comenzaron a exigir en la calle cosas como “¡intervención militar ya!”.

“La operación Lava-Jato se configura en una unidad entre la Fiscalía, la Justicia y la Policía Federal para investigar, procesar y condenar crímenes de corrupción que involucran a empresas privadas, públicas y agentes políticos. Este sector que opera como parte del Estado se apoya políticamente en un sector de masas – la clase media alta que movilizó en las calles de todo el país por el impeachment a Dilma – a la derecha de la ola de descontento y movilización popular abierta en junio de 2013.

La unidad ideológico-política que ha construido con los nuevos movimientos masivos de perfil ultraconservador, con los grandes medios y la vieja derecha partidista, permite a esta operación una gran libertad de acción para hacer diligencias policiales, prisiones preventivas, delaciones premiadas, acuerdos de lenidad y, condenas en primera instancia, muchas veces fuera de la legalidad patronal.” (Antonio Soler, Condena a Lula: una sentencia al servicio de la ofensiva reaccionaria, Semanario Socialismo o Barbarie 433)

Con ese clima por abajo inteligentemente agitado desde arriba, el Poder Judicial y Moro en particular lograron dirigir la causa al PT y su gobierno, sin otro afectado real, imponiendo el Juicio político a Dilma, el Impeachment. Quien abriría la puerta a la votación en diputados de la destitución del PT fue Eduardo Cunha -investigado en Lava Jato como máximo responsable-, quien asumió el cargo en su lugar fue Michel Temer –investigado en Lava Jato como importante responsable-. ¿Quién puede creer en esa “lucha contra la corrupción”? Temer incluso fue grabado en secreto por un empresario contratista a inicios del 2017 aceptando coimas, pero nadie lo tocó, empezando por Moro, que pareció no tener opinión al respecto. ¿Quién puede creer en esa “lucha contra la corrupción”? El propio Moro tiene un escándalo detrás por haber recibido por su cargo 1300 dólares mensuales para el pago de vivienda a pesar de tener una propia y por lo tanto no estar en condiciones legales de recibir esos fondos. ¿Quién puede creer en esa “lucha contra la corrupción”? Otro candidato a ministro de Bolsonaro, Alberto Fraga, fue condenado a 4 años de prisión por corrupción activa con pruebas, cosa que no parece merecer siquiera la opinión de Moro. ¿Quién puede creer en esa “lucha contra la corrupción”? La primera acusación contra Dilma, que la eyectó de la presidencia, fue la de recibir 2 millones de reales ilegales para su campaña. Bolsonaro está acusado de una “ayudista” de seis veces esa suma, 12 millones de reales. A una la destituyen, al otro lo empujan al poder e integran su gabinete. ¿Quién puede creer en esa “lucha contra la corrupción”?

Es evidente que había algo más detrás.

Como es también sabido y lo recordamos en el título de esta nota, Moro fue también el responsable de que se metiera preso a Lula por “corrupción pasiva”, quitándole sus derechos políticos siendo el favorito en las encuestas electorales. Temer, mientras tanto, está acusado de corrupción “activa”, fue grabado recibiendo coimas, es uno de los principales acusados en Lava Jato y, en vez de pedir prisión preventiva, en lugar de que le saquen sus derechos políticos, es designado como presidente, tratándose del más impopular personaje público de Brasil. De nuevo, una vez más, preguntémonos: ¿Quién puede creer en esa “lucha contra la corrupción”?

Esto no significa por supuesto que el PT tenga las manos limpias, pero deberíamos hacernos algunas preguntas si tenemos confianza en que juzguen a quienes se embarraron las manos los que viven con las manos, la cabeza, el torso y la cintura metidos en un lodazal. Usaron contra el PT una práctica habitual de los políticos y jueces capitalistas, no por la corrupción misma sino para despejar el molesto fantasma de los trabajadores que aún consideraban al PT como propio. Para conjurar a esa acosadora sombra que se cernía sobre sus nucas es que avanzaron sobre su supuesta organización. Si el PT estuvo indiscutiblemente metido hasta el cuello en un maloliente chiquero, Moro y los suyos limpian las instituciones a mano desnuda repleta de barro; pasando cuidadosamente sus manos sucias por las instituciones sucias. Tratan así de mostrar una “limpieza” del régimen brasilero pero no logran hacer más hacer imposible distinguir donde termina la mugre del PT y donde empieza la de Temer, Bolsonaro y Mora.

El rol político de Moro y el poder judicial

Como vemos, el resultado electoral del domingo pasado no comenzó recientemente. Las elecciones son el resultado distorsionado de una determinada correlación de fuerzas entre las clases construida extra-electoralmente. Para lanzar una ofensiva reaccionaria capitalista contra las amplias masas brasileras en la que no tuvieran peso alguno la base social de trabajadores y las tradiciones “progresistas” del PT, para hacer pasar un ajuste sin límites, el aparato del Estado de Brasil, apoyado en un movimiento proto-fascista de clases medias, dirigió todo su poder a desbaratar el peso del PT.

El Poder Judicial, con Moro entre sus más destacados miembros, lanzó golpe tras golpe al PT descabezando su organización, desmoralizando a sus miembros y aislándolo de amplias capas de oprimidos y explotados. Por su parte, el lulismo aceptó las reglas del juego de los jueces y los dejó avanzar una y otra vez. Primero, les regaló la calle; luego, aceptó el encarcelamiento de Lula. Con un PT indefenso y una burocracia sindical sin iniciativas, amplios sectores de trabajadores que ya venían decepcionados de su gobierno giraron a la derecha arrastrados por la ola reaccionaria de las clases medias cebadas por personajes como Bolsonaro.

Más que Temer, más que el Congreso, más que el PT, más que las propias elecciones, el verdadero poder recayó sobre los jueces. Ellos atribuyeron poderes políticos y proscribieron candidatos según las necesidades del giro reaccionario y de ajuste de la clase dominante. Jugaron así un rol bonapartista por encima de la institucionalidad clásica de gobierno “republicano”, y Moro fue uno de los principales responsables y cabeza de ese cuasi gobierno de jueces con el títere de Temer en la banca presidencial.

Con las instituciones “republicanas” así debilitadas, ya hemos dicho que un gobierno de Bolsonaro tenderá a intentar ser uno semi-bonapartista que se apoye menos en el Congreso y los partidos políticos y más en su base estatal: un importante sector del ejército. Uno de los obstáculos a ese poder de figura por encima de las instituciones es el propio Poder Judicial, que viene cumpliendo un rol “independiente” propio – de los partidos y las elecciones, no de los capitalistas- y que seguramente no se dejará desplazar fácilmente por un desclasado, lumpen y provocador neofascista. Le designación de Moro como ministro es un intento de reforzar sus relaciones con el poder judicial que encabezó en muchos sentidos la política brasilera en los últimos años, tener un punto de apoyo para gobernar y pasar por arriba de la resistencia en las calles con el alineamiento con su gobierno del Poder Judicial. La orientación de Bolsonaro es la de ampliar sus bases institucionales de apoyo hacia un gobierno fuerte, semi-bonapartista.