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Por Marcela Ramírez Aguilar

Coordinadora de la regional 15 de APSE

En diciembre del año pasado el paquete fiscal se aprobó. Ese golpe envalentonó al gobierno y los empresarios para seguir golpeando a la clase trabajadora en especial a la del sector público, con el “fin de reducir el déficit fiscal que vive el país”.

Resaltamos aquí que el déficit está generado porque quienes más tienen no pagan lo justo por su capacidad adquisitiva. Pero el gobierno y sus amigos empresarios no paran de achacar a la clase trabajadora que tape el hueco fiscal hecho por quienes, a través de maniobras legales como la elusión y otras ilegales como la evasión fiscal, son los verdaderos responsables de la crisis fiscal.

Actualmente en la Asamblea Legislativa se encuentran una variedad de proyectos de ley que llevan el objetivo de cargar el déficit fiscal en las espaldas de quienes trabajan en el sector público. Veamos rápidamente:

  • Empleo público: impone el salario global con el fin de que paulatinamente los salarios se disminuyan. Abre la posibilidad de despidos en el estado igualándolos al despido en el sector privado.
  • Servicios esenciales: plantea que el suministro de combustible, alimentos, electricidad y agua, servicios en muelles, la educación pública, y comedores entre otros se consideren esenciales, por lo que sus trabajadores no podrían irse a huelga.
  • Seguridad jurídica sobre la huelga: establece muchas más trabas para que las y los trabajadores puedan irse a huelga.
  • Educación Dual: explota y precariza el trabajo infantil, se entrega un segmento importante de la educación a manos privadas y se atenta contra el derecho al trabajo de las y los docentes de secundaria.
  • Diversos proyectos de pensiones: ajustan los sistemas de pensiones incrementando la edad y disminuyendo los salarios de futuros pensionados.

Hay que sumar a todo esto que gracias a la aprobación de la reforma fiscal y aprovechando la coyuntura de semana santa, el Ministerio de Hacienda sacó de la canasta básica treinta productos haciendo cada vez más difícil para las grandes mayorías del país acceder a la alimentación (esto agravado porque desde hace cinco años hay un estancamiento en los salarios).

Propuesta desde el Nuevo Partido Socialista

Ante este panorama, es necesario que las dirigencias sindicales planteen la necesidad de retomar las calles mediante el recurso de la huelga intermitente de forma urgente para impedir que estos proyectos sean aprobados. Para esto se requiere de una unidad efectiva, para que desde las bases sindicales y los sectores dispuestos a la lucha definan acciones por medio de asambleas democráticas para derrotar este combo de proyectos contra la clase trabajadora.

A pesar de que los proyectos avanzan, las dirigencias sindicales ven con desdén el plantear a sus bases la huelga, aunque sea de carácter intermitente. Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) vemos con preocupación cómo se prioriza el accionar de los sindicatos únicamente por medio de comunicados, comparencias en la Asamblea Legislativa y tratar de convencer diputados para que estos proyectos no se conviertan en leyes. Es probable que para quedar bien con las bases en algún momento las dirigencias llamen a una movilización de un día, pero con lo visto eso no bastará para impedir la aprobación de tan desfavorables planes.

Si algo ha quedado demostrado en la historia costarricense es que las únicas victorias de los de abajo se obtuvieron con la lucha callejera por medio de movilizaciones contundentes, no por medio de las acciones que la mayoría de la dirigencia sindical apuesta a seguir. Si estos proyectos se convierten en leyes, estos serían golpes certeros al sindicalismo y parece que las dirigencias sindicales no lo visualizan así.