Por Johan Madriz

Los gobiernos del PAC, y con mayor fuerza el de Carlos Alvarado, se han comprometido con el control y reducción del déficit fiscal. Para ello han aplicado un fuerte ajuste sobre el bolsillo de la clase trabajadora para cumplir los mandatos de la burguesía.

Que paguen los de abajo para no tocar las ganancias de los empresarios

Todas las leyes, decretos y medidas que han aprobado las últimas dos administraciones en materia económica tienen un marcado carácter de clase, están en función de proteger las ganancias e inversiones de los empresarios, banqueros y exportadores. Por tanto, tienen como fin que el dinero necesario para pagar la crisis salga del bolsillo de la clase trabajadora.

Las medidas van en dos planos. Por un lado golpean aplicando recortes (al salario): aumentando las cargas obreras a la seguridad social, cambiando la metodología del cálculo salarial, congelamiento, modificaciones arbitrarias de regímenes de pensiones, etc. Por otra parte, castigan el consumo al implementar impuestos indirectos (IVA, modificación de la canasta básica) que, nuevamente, perjudican relativamente más a las personas de menores recursos.

Todos estos ajustes (que los venden como necesarios) restan el poder adquisitivo de los sueldos, lo que no es ninguna ayuda para la tan suplicada dinamización de la economía. Al contrario, suma en el estancamiento del consumo y por tanto en todos los demás indicadores. El congelamiento de los salarios con la aplicación de reajustes que solo reconocen la inflación y la modificación del cálculo en términos nominales en el sector público (como supuesta forma de contener el gasto de forma estructural) han disminuido en términos reales los ingresos.

Estos ajustes tienen también una especie de intención de “castigo” ya que hace parte de la idea que la burguesía ha vomitado a los cuatro vientos –y que lastimosamente por la despolitización del país buena parte de la clase trabajadora ha admitido– de que el problema de las finanzas tiene que ver con que las y los trabajadores tienen muchos privilegios, que no trabajan lo suficiente, que la tienen muy fácil, que se aprovechan del Estado.

El ajuste se le recarga a los de abajo, a pesar de que la crisis no es su responsabilidad, ya que el Estado no está en función suya. Bien lo ejemplifican los ¢194 mil millones que Hacienda le perdonó a empresas como la Standard Fruit Compañy, Durman Esquivel, Veinsa o Florida con la amnistía tributaria. Las y los trabajadores no se benefician de esto ya que no son los que evaden impuestos ni esconden su dinero en paraísos fiscales. Al contrario, no tienen estas opciones ya que las cargas e impuestos les son rebajados automáticamente de la planilla, son dineros que nunca pasan por sus manos.

Así, el gobierno, como buen lacayo de los empresarios, asume su función de “arbitrio” desoyendo a los que trabajan para vivir y protegiendo a capa y espada las ganancias y las inversiones del gran capital. Esto es así porque resulta que las ganancias son sagradas y privadas al contrario de los salarios. Hay inseguridad jurídica cuando se plantea que las zonas francas paguen impuestos pero no cuando modifican las condiciones de jubilación que le han generado una determinada expectativa a un trabajador durante toda su vida laboral. Qué mayor inseguridad que la de no saber cuándo ni cómo será el retiro.

Congelar los salarios para pagar deuda

El servicio de la deuda es el real causante de la asfixia financiera, pues consume dos quintas partes del presupuesto y como es el dinero de los capitalistas no puede cuestionarse su pago. Tan es así que a principios del año pasado el Ministerio de Hacienda, violando todos sus protocolos, pago ¢400 mil millones a los acreedores sin contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa. A abril de este año la deuda pública es de ¢19.65 billones y $32.9 mil millones y solo el pago de los intereses representa un 1.31%  del PIB (era de 0.71% en 2012).

“Sigue el dinero” y encontraras la fuente de todo. Resulta que a los capitalistas les resulta mucho más conveniente generar ganancias a partir de adquirir deuda estatal que en realizar inversiones reales que desarrollen las fuerzas productivas del país y avanzar en un crecimiento real de la economía.

A lo anterior se le suman los malos manejos de las finanzas públicas, los despilfarros, corrupción y “favores” irregulares de los políticos burgueses que desangran las arcas del Estado lo que ha llevado a que cada vez un mayor porcentaje de los gastos deban cubrirse con emisión de deuda. Es el círculo vicioso de seguir endeudándose para pagar.

Tras la aprobación del Plan Fiscal el gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso solicitando la autorización para emitir 6 mil millones de dólares en eurobonos durante los próximos seis años. Estos son títulos de deuda externa que emiten los Estados en el mercado internacional y que pueden ser comprados por cualquier inversionista. Están libres de impuestos, son al portador y se manejan en divisas fuertes (generalmente dólares).

Según el gobierno estos dineros no representarían un sobreendeudamiento ya que serían utilizados para reestructurar la deuda vieja aliviando los requerimientos de recursos a corto plazo. También se pretende impactar las tasas de interés y el tipo de cambio ya que ambas podrían experimentar bajas. Sin embargo, esto no es seguro ya que los recursos entrarían a la caja chica del Estado por lo que es imposible determinar su destino específico…

Y la historia no es halagüeña. Durante la administración Chinchilla se aprobaron $4 mil millones de deuda externa en estos mismos instrumentos (una parte fue colocada durante el gobierno Solís). Estos recursos simplemente consistieron en nueva deuda, ya que no fueron utilizados ni en reestructurar la ya existente ni en infraestructura. Por el contario, del 2006 durante el gobierno de Arias hasta el 2016 durante Solís se triplico la deuda pública pasando de ¢3.9 billones a ¢13.4 billones.

Según el presupuesto para este año el servicio de la deuda representa un 41.6% del total de ¢10.9 billones (de ese monto el 53.5% se financia con deuda). El pago de intereses rondará los ¢4.5 billones, casi el doble de lo presupuestado en 2017. Durante el trámite en la Asamblea Legislativa los diputados decidieron recortar ¢10 mil millones al FEES (presupuesto universitario) y redireccionarlo para amortización de deuda. Mientras tanto todos los demás rubros son desatendidos: solo el 14.8% del presupuesto se destina a pensiones y programas sociales, 3.7% a infraestructura, 3% a salud y 0.4% a medio ambiente (www.larepublica.net).

La salida tiene que ser anticapitalista

La deuda pública, en los términos del mercado capitalista, es una estafa, es un mecanismo de control del imperialismo y los empresarios para mantener sometido y bajo control a los gobiernos. Es uno de los canales de dominio sobre los países semicoloniales como el nuestro.

Su esencia en prestar dinero o comprar bonos a cambio de recibir altas retribuciones en intereses, dinámica que se transforma en un círculo vicioso que estrangula financieramente a los países deudores. Estos recursos son manejados por los gobiernos de los empresarios en beneficio de sus intereses y no del conjunto de la clase trabajadora.

Por eso cuestionar el pago a los acreedores significa poner en cuestión la propiedad privada y la explotación; de ahí que sea una consigna de la izquierda anti capitalista apuntar en esa dirección.

Algunos sectores, como recientemente lo hizo ANEP, plantean correctamente el problema que significa el endeudamiento del país y que el proyecto de eurobonos solo viene a agravarlo (se destinaria un 75% al pago de deuda y solo un 25% a la reactivación económica). Pero, la propuesta que trazan es la necesidad de una auditoria.

Esta idea tiene el problema que de entrada parte del criterio de que una parte de la deuda es buena y otra no, lo cual no pone en cuestión el modelo económico que eventualmente generaría los mismos desbalances. Ese acomodo ha conducido a que en la mayoría de casos donde se han presentado estas auditorías (como en varios de los países del “socialismo del siglo XXI”) siempre se termina pagando.

Por eso planteamos una moratoria al pago de la deuda. Esto implica una suspensión de los pagos mientras se garantizan necesidades urgentes, como lo son la atención de la pobreza, el desempleo y el desarrollo de infraestructura. Están son las preocupaciones de las y los trabajadores en la calle y que el gobierno coloca en un segundo plano como lo indica expresamente la regla fiscal que empezará a aplicarse el próximo año conduciendo a recortes automáticos de recursos en programas sociales, salarios y pensiones.