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Por Johan Madriz

Julio de 2019 será un mes catastrófico para las finanzas de la clase trabajadora. Será a partir de ese mes que comience a aplicarse el IVA a todos los bienes y servicios (con algunas excepciones y tarifas reducidas) y el aumento de tasas sobre los rendimientos de ahorros en asociaciones solidaristas y cooperativas[i]. Todos estos cambios están contenidos en el Plan Fiscal aprobado a finales del año anterior. Pero también en este mes entrará a regir un aumento en la cotización para las pensiones del IVM de la CCSS.

El seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja, contiene al principal y más grande régimen de pensiones del país para el cual cotizan 1.5 millones de trabajadores y trabajadoras, 80 mil patronos y el Estado, además tiene 272 mil beneficiarios activos. A marzo de este año sus reservas reportaban un saldo de ¢2.6 billones.

Estudios actuariales recientes indican que la sostenibilidad financiera del régimen se encuentra en peligro y por tanto deben realizarse ajustes para asegurar su continuidad. Sin embargo, como es de esperar bajo los gobiernos de la burguesía, estos ajustes van encaminados a cargarle aún más los costos a los bolsillos de la clase trabajadora.

Así, tras “mesas de diálogo” y “estudios técnicos” la Junta Directiva de la entidad trazó un plan de aumentos en la cotización. En 2005 se emitió un reglamento que disponía el aumento global entre 2010 y 2035 del 7.5% al 10.5% con aumentos de 0.5% cada cinco años. Sin embargo, en 2017 se modifica el plan para aumentar la cotización al 12.16% al 2029.

Estos aumentos son repartidos tripartitamente entre trabajadores, patronos y Estado. Pero en 2017 se decidió castigar un poco más a las y los trabajadores al aprobarse un aumento de 1% solo para la cotización obrera, dividido en dos tractos iguales a regir uno en el último semestre de ese año y otro a partir del 1 de enero del 2018.

Según el plan para el próximo semestre corresponde un nuevo aumento. Así, a partir de julio la cotización obrera pasará de 3.84% a 4.01%. Esto pareciera un cambio insignificante de 0.17% y como bien lo reconocen las autoridades de la CCSS y el gobierno esta es una modificación que no resuelve el problema, es solo un paliativo. Pero su significado político es tirar la pelota a la cancha de las y los trabajadores.

También hay que tener en cuenta que este golpe se suma a los nuevos impuestos que se mencionaron arriba, el alto costo de la vida, la modificación de la canasta básica y el congelamiento de los salarios. Pero, además, es un segundo round de la pelea ya que existen propuestas para aumentar la cotización global hasta un 26% (según un estudio actuarial de la UCR). Además de elevar la edad de retiro y modificar el cálculo del monto de la pensión elevando el número de las cotizaciones y el porcentaje sobre el salario base a recibir.

Entonces es evidente el marcado carácter de clase que tienen estas reformas, atacar a los de abajo, a los que un aumento de 0.17% si les golpea la billetera. Por eso es necesario que dejen de ser los trabajadores los que paguen los problemas que tanto los empresarios como los políticos corruptos generan.

Según un estudio de Juliana Martínez, investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR “el problema financiero que enfrentan tanto el sistema de salud como el de pensiones es el resultado de un problema de economía política, donde hay múltiples intereses y actores dispersos que hacen un uso rentista de los fondos públicos”. Esto se acentúa debido al modelo existente “con sistemas fiscales débiles, con élites depredadoras, con élites cuyo principal interés es proteger sus ganancias y colocarlas en paraísos fiscales, con resistencias muy profundas a financiar bienes colectivos[ii]«.

Deben ser los empresarios, los que tienen el capital, los que aporten lo necesario para sostener las pensiones. Pero no es así, sus propuestas más bien giran en torno a reducir la base contributiva mínima, bajar la cotización para determinadas empresas o exonerarlas por cierto tiempo, no cobrar las cotizaciones sin pagar por los patronos al tener trabajadores fuera de la planilla o en la informalidad.

Finalmente, es necesario que los patrones morosos y el Estado deudor cumplan sus obligaciones. A marzo pasado la CCSS mantenía un 19.2% de sus reservas como cuentas por cobrar. Si se toma el dato de capital de ese mismo mes esas deudas serian por ¢499.2 mil millones.


[i] Desde el NPS tenemos una crítica a las asociaciones solidaristas como mecanismos de concertación patrono-trabajador que vinieron a debilitar el sindicalismo.  Sin embargo, estas instituciones son financiadas con los aportes de una parte del salario de los trabajadores y con el adelanto del auxilio de cesantía que transfieren las empresas. Al ser estos fondos producto del trabajo de la clase obrera nos oponemos a que se confisque una parte de estos como impuesto de renta.

[ii] Martínez Franzoni, Juliana. (2016). La filtración de intereses privados está llevando a la quiebra la seguridad social. Extraído de http://www.informa-tico.com/3-05-2016/infiltracion-intereses-privados-esta-llevando-quiebra-seguridad-social?fbclid=IwAR1LCmaiou9lafkiM-pohZ6K6fbQy8j96ANZOR-QLYmloBgRJQ7-ZH7GxJY