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Por Víctor Artavia Quirós

“Del dicho al hecho, hay mucho trecho”…Este adagio popular retrata a cabalidad el estado de los derechos laborales en Costa Rica, los cuales en su mayoría son irrespetados por las patronales o resultan imposibles de cumplir en el mundo del trabajo informal.  Esto da como resultado una creciente brecha entre lo tutelado por la legislación laboral y la realidad que afrontan cotidianamente cientos de miles de trabajadores y trabajadoras.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), un total de 490 mil personas trabajadoras perciben un ingreso menor al salario mínimo, el cual para este momento es de ¢309 mil mensuales. Esta alarmante cifra representa un  23% de la Población Económicamente Activa (PEA). Pero al profundizar en las estadísticas el resultado es aún peor, pues se estima que las personas trabajadoras con baja escolaridad tienen un ingreso mensual promedio de ¢259.000.

De acuerdo al diario La Nación el “52% de ellos tiene un patrono que incumple con el pago base de ley, mientras que el restante 48% trabajaba por cuenta propia, por lo que sus ingresos dependen directamente de las ventas de productos y servicios que ofreciera”.[1]

Al analizar estos datos sobresale que todos los trabajadores y trabajadoras que no perciben salario mínimo hacen parte del sector privado. Los que están en el sector formal son víctimas de la dictadura de las patronales que impera en la empresa privada, donde las leyes laborales no pasan la puerta de la fábrica o de la plantación, pues ahí reina la ley del capital y hay una enorme persecución anti-sindical. Por otra parte, en el sector informal predomina la precarización laboral, ya sea por realizar trabajos no calificados (como ventas ambulantes en calles y semáforos) o por ser víctimas de la explotación bajo la modalidad de las plataformas tecnológicas y la “economía colaborativa” (al estilo de Uber y similares).

Por eso resultan absurdos los discursos del gobierno de Alvarado, los partidos patronales y economistas burgueses, que postulan a la empresa privada y el “emprendedurismo” como motor de desarrollo nacional y la solución al problema del desempleo. La realidad dista muchísimo de estas expectativas, pues en el sector privado es donde más se cometen atropellos contra los derechos laborales mínimos.

El desempleo, el trabajo informal y la precarización laboral, son un reflejo de la debilidad estructural del capitalismo costarricense para la  generación de empleo y es un  motivo de desencanto de amplios sectores con el gobierno de Carlos Alvarado y los partidos burgueses tradicionales. De ahí que la lucha por trabajo genuino debe ser asumida como una reivindicación central por las organizaciones sindicales y la izquierda en general.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) sostenemos que es necesaria la unidad de la clase trabajadora del sector público y privado, para luchar de manera unificada por medidas para combatir el desempleo y el trabajo informal, por lo cual planteamos la necesidad de organizar un Encuentro Nacional de Lucha (ENL) que reúna a sindicatos, movimiento estudiantil, campesinos, pescadores, traileros, desempleados y trabajadores informales, entre otros sectores.

 En un espacio de este tipo se podría impulsar una campaña para luchar por las siguientes medidas temporales para reducir el desempleo, el trabajo informal y la organización para defender los derechos laborales:

  1. Un plan de construcción de obras públicas a cargo del MOPT y el ICE para generar empleo formal, lo cual ayudaría a disminuir parcialmente el problema del desempleo y disminuir el trabajo informal.
  2. Impulsar la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras del sector privado (formales e informales), para exigir a las patronales la formalización laboral con todos los derechos laborales estipulados en la legislación laboral del país. Para esta tarea es indispensable que los sindicatos del sector público asuman como propia esta tarea, invirtiendo recursos humanos y financieros para sindicalizar en la empresa privada.

[1] Juan Diego Córdoba, «490.000 trabajadores tienen ingresos menores al salario mínimo en Costa Rica», en www.nacion.com (Consultado el 11 de julio de 2019).