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Por Redacción

Este 2 de agosto, como es usual, la Iglesia católica esbozó su programa político durante la homilía en celebración de la Virgen de los Ángeles en Cartago. En esta ocasión el obispo de Tilarán, Manuel Salazar Mora, dejó muy en claro que la Iglesia tiene y tendrá un papel activo en la vida política del país y que no está dispuesta a renunciar a él.

En su declaración aseveró que “erróneamente: ¡Algunos dicen que la Iglesia no debe meterse en política! (…) como ciudadanos, los católicos tenemos el derecho inviolable a meternos en política. Como creyentes: ¡tenemos la obligación evangélica de involucrarnos en política, para construir un país mejor, para construir el Reino de Dios! (…). Y los clérigos políticamente tenemos derecho ¡a no ser ciudadanos de segunda categoría, minoría discriminada! Algunos critican cierta ayuda económica del Estado a la Iglesia Católica. Pero, ¿Quién sirve a quién? La Iglesia ha servido al Pueblo y al Estado costarricense por siglas [sic] [siglos]”[i].

A pesar del Estado confesional que aún conserva Costa Rica donde la Iglesia católica mantiene grandes cuotas de poder y es un actor político de peso al que se someten a consideración múltiples asuntos gubernamentales y actúa como interlocutor en la mayoría de procesos de “diálogo”, el obispo se hace llamar una minoría discriminada, cuando su posición jerárquica lo coloca al lado de los de arriba, de los políticos y empresarios burgueses, en la cima de la pirámide social.

Más adelante arremetió contra las huelgas y la organización sindical alegando que las luchas contra las políticas públicas hambreadoras del gobierno responden al “egoísmo” de unos cuantos, en alusión directa al discurso burgués de que la crisis es responsabilidad de los salarios de los empleados públicos: “¡Es que el único verdadero enemigo y adversario de todos los costarricenses, es el egoísmo humano, el querer enriquecerse cada vez más, sin importarle el prójimo y el pelear por algunos, asuntos gremiales, sin importarle el resto de la sociedad!”[ii].

No solo se posiciona del lado de la burguesía en su ataque a los salarios, también lo hace en el intento de desarticular la, ya débil, organización sindical del país. No tiene empacho en decir que “¡Claro que hay derecho ciudadano a la legítima protesta!, pero debe darse dentro del marco de la legalidad, con respeto y por medios pacíficos, al estilo tico. (…) Para mí no es ideal cerrar el libre tránsito de personas, servicios y mercancías. Hay que ser creativos y buscar nuevas formas aceptables de protesta y de presión ciudadana”[iii].

Con este cometario se arroga la potestad de definir cuáles son los medios por los cuales las trabajadoras y trabajadores deben protestar, en evidente sintonía con los proyectos de ley antisindicales que se tramitan en la Asamblea Legislativa para restringir el derecho a huelga, delimitar los métodos de lucha, establecer plazos e ilegalizar organizaciones obreras. Todo en aras de mantener una paz social que le permita al gobierno continuar sus políticas de ajuste.

No podía faltar la acostumbrada perorata en contra de las mujeres y la población LGBTI+. No le basta a la Iglesia con empapelar todas las rutas de romería con mensajes “pro vida” y acaparar todos los medios de comunicación con sus posturas. En su discurso dice que: “no estamos de acuerdo que, con nuestros impuestos, se imponga la visión de género, tan de moda y promovida por grandes intereses económicas internacionales (…). Por eso no estamos de acuerdo con el aborto provocado, la fecundación in-vitro, la manipulación genética sin fines éticos, métodos anticonceptivos abortivos y la eutanasia. Estamos a favor de la cultura de la vida la familia según el Plan de Dios. La vida humana es inviolable, desde su concepción hasta su muerte natural”[iv].

A pesar de iniciar diciendo que está en desacuerdo con “la cultura que margina a la mujer” y en contra de la discriminación hacia la comunidad diversa sus posiciones se contradicen al posicionarse contra sus derechos, especialmente al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. La jerarquía católica se opone y obstaculiza la firma de la norma técnica que garantice el aborto impune colocando en riesgo las vidas y la salud de las mujeres. En cuanto a los derechos de la comunidad LBGTI+ vuelve sobre el discurso de “respetamos pero no compartimos” reclamando respeto por sus creencias, las que estas están garantizadas constitucionalmente y más bien son la traba para la consecución de más derechos a estos sectores que si son marginados.

Finalmente, lanzó una advertencia al presidente (y a todos los políticos): “entre cristianos católicos y evangélicos somos una buena mayoría en este país, ‘un fuerte caudal político’ (…). Respetuosamente, recuerde Señor Gobernante que muchos votos católicos fueron los que lo llevaron a la silla presidencial y usted está en compromiso con ellos, aunque solo sea como clientela política. No se puede defender derechos de minorías, ignorando derechos de mayorías”[v].

En estos momentos el avance reaccionario de la mano de los partidos evangélicos y la influencia de la Iglesia católica han envalentonado a los sectores más conservadores a vomitar sus posturas discriminatorias que violentan a quienes no las comparten. Costa Rica al sostener un Estado confesional católico garantiza la injerencia religiosa dentro de las decisiones políticas que involucran a toda la sociedad y no solo a un sector. Por eso es necesario retomar luchar por un Estado laico que separe la Iglesia del gobierno y avanzar en la organización y lucha por los derechos de las mujeres y la población LGBTI+.


[i] Extraído de https://elguardian.cr/en-portada/aqui-tenes-la-homilia-completa/?fbclid=IwAR2iRlxTHmZDg5MVIONaI96FbpUqs6P1cf3tFZsvJotEXYKt8gniJE6CHFc

[ii] Ídem

[iii] Ídem

[iv] Ídem

[v] Ídem