Por Marcela Ramírez Aguilar

Coordinadora Regional 15-APSE

El gobierno convocó los proyectos de ley de seguridad jurídica de las huelgas, los ataques a pensiones y educación dual para el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, entre los meses de agosto a octubre. En este plazo, es el gobierno quien diseña la agenda del plenario legislativo.

Este gobierno se caracteriza por articular un pesado ajuste para que sean los sectores de abajo, la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares, quienes paguen los platos rotos de la evasión y la elusión fiscal gestadas desde los grandes empresarios y los gobiernos que los representan.

En ese sentido, el proyecto de ley 21.049 para brindar seguridad jurídica a las huelgas pretende ser una fuerte mordaza para impedir la huelga de las y los trabajadores. Mientras persiste un alto desempleo, la vida es cada vez más cara, se plantea nuevos impuestos y ataques a pensiones, al salario y al empleo público, el gobierno y los diputados no quieren que la gente proteste, o que lo haga con huelgas sumamente débiles y controladas en beneficio de las patronales y el gobierno. Ese es el objetivo de este proyecto de ley.

Para exigir el archivo de esta iniciativa antidemocrática junto con otros proyectos contra la clase trabajadora, APSE estuvo en huelga intermitente entre junio y julio. La huelga fue débil, en tanto las actividades de protestas fueron mayoritariamente regionalizadas y no tuvieron mayor grado de radicalización, puesto que desde el año pasado la dirigencia nacional descartó este tipo de acciones. La junta directiva tiene expectativa de que conversando en una mesa de  negociación los diputados echen para atrás con los ataques al derecho a la huelga.

Otras organizaciones sindicales también se movilizaron, pero de manera separada a pesar de tener el mismo objetivo. Existe un gran sectarismo y pugnas entre dirigentes sindicales, lo cual se expresó en no unirse a la huelga con APSE. ANDE, por ejemplo, no tiene organizadas nuevas fechas de movilización, pero hace un llamado a la intermediación del Papa al respecto de los ataques que se gestan desde el poder ejecutivo y el legislativo. Por otro lado, ANEP y otros sindicatos, como ASDEICE, crearon una unidad intersindical que, además de rechazar los proyectos contra la clase trabajadora, incorporaron la defensa de los “valores cristianos”, reivindicación que sostiene sectores conservadores que atacan los derechos de las mujeres. ¡Pretenden sentarse a negociar con el gobierno poniendo como moneda de cambio los derechos de las mujeres!

Otro proyecto amenazante es el de educación dual, el cual plantea la entrega de mano de obra regalada a empresas privadas, mediante la explotación infantil de las y los estudiantes, mientras que se perderán fuentes de empleo en los colegios del país.

APSE debe retomar la lucha contra educación dual. Aunque el sindicato estuvo en huelga intermitente en junio y julio, la directiva nacional no alertó a las bases de que el proyecto de educación dual avanzaba en la comisión legislativa y, que incluso, el proyecto pudo ser votado en primer debate la semana pasada. Tanto en votación de consejo nacional como en asamblea general extraordinaria se definió el rechazo a este proyecto, por lo cual el sindicato debe reorientar las fuerzas a impedir su aprobación siguiendo lo estipulado en esos espacios.

Por otro lado, el proyecto de ley propuesto por la diputada liberacionista Franggi Nicolas, pretende establecer la edad de pensión los 60 años en todos los regímenes de pensiones. Parte del botín que el gobierno y los diputados neoliberales quieren es el fondo de la Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) que gestiona las pensiones de cerca de 90.000 personas que, mes a mes, cotizan de su bolsillo para su jubilación. Actualmente muchos de las y los cotizantes de JUPEMA podrían pensionarse a los 55 años, por lo que subirles los años de pensiones sería un ataque a las condiciones establecidas para su retiro. Además se le rebaja al estado su aporte a la pensión de cada persona, de manera que los regímenes de pensiones probablemente se desfinanciarán o cada cotizante deberá aportar más para su pensión.

Como es evidente, desde la Asamblea Legislativa y el gobierno se planean fuertes ataques contra la clase trabajadora. Como consecuencia, es necesario que desde los sectores de abajo, las mujeres, la juventud y los sectores populares, se geste una gran unidad de lucha para pararle la mano a este gobierno neoliberal y a la asamblea legislativa anti-obrera mediante un Encuentro Nacional de Lucha que reúna a  las bases de los sindicatos, de las organizaciones de izquierda, estudiantiles y de toda la gente que defienda el derecho a la protesta social, el trabajo genuino,  la educación de calidad y los sistema de pensiones dignas, para unificar las luchas y acciones  de movilización. Es necesaria una gran huelga nacional unificada de todos los sectores sociales para impedir que el salvaje ajuste fiscal recaiga sobre los hombros de la clase trabajadora, quienes no son los responsables del déficit.