Por Ale Vinet, desde Paris, Socialismo o Barbarie, 3/12/15

Categoría: Europa, Francia Etiquetas: ,

Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno francés luego de los atentados del 13 de noviembre fue la implantación del “Estado de urgencia”, una medida excepcional creada durante la guerra de Argelia que otorga una serie de poderes excepcionales al gobierno y al aparato represivo.

Entre estos poderes se encuentra el de impedir la realización de manifestaciones (que legalmente deben ser autorizadas por la prefectura de policía, incluso en “tiempos normales”). El gobierno ha decidido en ese sentido prohibir la manifestación en apoyo a los refugiados del 22 de noviembre, además de las manifestaciones programadas durante la Conferencia sobre el Clima COP21, del 29 de noviembre y del 12 de diciembre.

Pero este giro represivo del gobierno está lejos de pasar sin resistencia. Más allá de la prohibición de las manifestaciones, del nauseabundo clima de Unión Nacional que intenta acallar cualquier voz alternativa, una serie de organizaciones mantuvieron el llamado a tomar las calles. Es sobre estas experiencias concretas que comenzarán a verse los alcances y límites del giro represivo del gobierno, el terreno en el cual debemos resistirlo.

Un régimen al servicio de la represión de los movimientos sociales

Si el discurso oficial es que las medidas excepcionales apuntan a “combatir el terrorismo”, el gobierno no ha tardado en mostrar su verdadera cara al respecto. No solamente porque ninguna medida puramente represiva-militar logrará detener a unas organizaciones reaccionarias que la propia guerra imperialista en la región alimenta día a día (y que gobiernos miembros de la OTAN como el de Turquía financian a través de la compra del petróleo extraído en los territorios controlados por el Estado Islámico). No solamente porque todo el despliegue represivo dispuesto luego de los ataques contra el periódico Charlie Hebdo (reforzamiento de la presencia policiaca y militar, aprobación leyes represivas) no impidió la realización de los ataques reaccionarios del 13 de noviembre. Sino sobre todo porque, aún de manera más clara y contundente que luego de los ataques a Charlie Hebdo, este nuevo arsenal represivo no ha tardado en ser utilizado contra los sectores movilizados.

Claro está, la “amenaza terrorista” no ha llevado a prohibir los grandes espectáculos deportivos o comerciales, como los “mercados de Navidad” que reúnen a decenas o cientos de miles de personas: mientras haya una ganancia monetaria que hacer, la “seguridad” pasa rápidamente a un segundo plano.

Pero como hemos dicho, el “estado de urgencia” ha sido utilizado automáticamente para impedir las manifestaciones sociales. Cientos o miles de policías y gendarmes han sido movilizados para “proteger a la población” de los peligrosos manifestantes de izquierda o ecologistas… Otras medidas excepcionales han sido utilizada contra militantes de izquierda también: algunos han sido “asignados a residencia” (deben presentarse a la comisaría tres o cuatro veces por día), entre ellos un miembro del equipo legal de Coalition Climat, que reagrupa a más de 130 organizaciones alrededor de las movilizaciones en torno a la COP21. Se realizaron allanamientos en domicilios de militantes zadistas (del acrónimo ZAD, “Zona A Defender”, designa a militantes como los que se oponen a la construccion del aeropuerto de Notre Dame des Landes), e incluso de… agricultores “bio”.

Como vemos, lejos de combatir al “terrorismo”, el estado de urgencia es utilizado para reprimir las manifestaciones y a la izquierda, intentando impedir toda resistencia a la guerra, a la Unión Nacional o a otro tipo de cuestiones como pueden ser la ecología o las luchas obreras. En ese sentido, la represión de la movilización del pasado domingo 29 muestra el giro autoritario del gobierno.

Aislar y golpear a la extrema izquierda

La movilización en apoyo a los refugiados del 22 de noviembre terminó relativamente “bien”. A pesar de su prohibición, se mantuvo y fue posible realizar una concentración en Plaza de la Bastilla sin problemas con la policía. Sin embargo, un grupo de manifestantes que decidió mantener el proyecto original y se movilizó hasta la Plaza de la República tuvo encontronazos con la policía: algunos gases lacrimógenos y forcejeos, pero ningún arresto. Sin embargo, 58 personas fueron convocadas a diferentes comisarías en los siguientes días, aunque por el momento no ha habido consecuencias jurídicas.

La movilización del 29 de noviembre fue cualitativamente diferente. Luego de ver su estado de urgencia desafiado, el gobierno decidió enviar el mensaje claro de que cuando dice que NO, es NO. Por eso puso en pie una operación política, mediática y represiva con el fin de aislar y golpear a aquellos que vienen oponiéndose desde el principio a su política de guerra y represión, y desafiando en las calles la prohibición de manifestar.

El gobierno dejó correr la “Cadena humana” que estaba prevista desde Bastilla hasta República, que tenía un tono menos radical: no hubo ningún enfrentamiento con la policía ni gente arrestada. Pero al final de esta, un sector se dirigió hacia República para manifestar, movilización a la que llamaban organizaciones de extrema izquierda como el NPA, Alternative Libertaire y otros grupos.

Allí fue donde se desató la operación. Apoyándose en el accionar de grupos “autónomos” que se enfrentaron a la policía, el gobierno desató una operación política y mediática: “sabíamos que iba a haber elementos ‘revoltosos’ infiltrados entre los manifestantes pacíficos”; discurso que se sumó a la denuncia de que los manifestantes habían “profanado el altar” que la gente había construido espontáneamente en homenaje a las víctimas de los atentados, utilizando las vasijas de flores y las velas para lanzarlas a la policía. Así, en paralelo a esta operación político-mediática, la policía reprimía brutalmente a los manifestantes.

Fue en este contexto en el que comenzaron a realizarse los arrestos. Una columna de manifestantes organizada por el NPA, Alternative Libertaire y Ensemble (miembro del Front de Gauche) fue rodeada por la policía anti-manifestaciones, retenida durante horas y los participantes fueron arrestados lentamente durante toda la tarde. En total, hubo 341 personas arrestadas, de las cuales 316 fueron en detención preventiva durante 24 horas (el resto fueron liberadas luego de un “control de identidad”).

Está claro que hubo una voluntad política de apuntar y golpear a las organizaciones de extrema izquierda, en particular el NPA, que vienen desafiando en las calles el giro represivo del gobierno. Parte de esto es la construcción de un discurso que separa a los “buenos” de los “malos” manifestantes, centrado en una campaña de difamación mediática contra “los violentos”. Por el momento no ha habido acusaciones judiciales a la gran mayoría de los compañeros que sufrieron la detención provisoria, pero no hay que descartar en lo más mínimo que el gobierno intente en las semanas o meses que vienen judicializar a los manifestantes para dar “el ejemplo”.

Sin dudas, el gobierno se jugo a realizar un gran golpe represivo este domingo. No hay que minimizar su impacto: más de 300 compañeros detenidos es una cifra no despreciable, además de la continuidad judicial que pueden darle y de que esos compañeros estén “quemados” en lo que a participar en futuras manifestaciones prohibidas se refiere.

Pero el balance no puede perder de vista tampoco que una brecha puede abrirse: que el “estado de urgencia” no ha impedido que tomemos las calles y que hay un terreno político sobre el cual dar la pelea contra el giro represivo del gobierno.

Seguir tomando las calles y desarrollar una amplia campaña contra la represión

Uno de los puntos centrales del balance es que estas últimas semanas hemos logrado romper el estado de urgencia, continuar manifestándonos a pesar de la voluntad del gobierno. La apertura de la COP21, importante apuesta política del gobierno de Hollande, estuvo objetivamente marcada por las movilizaciones y por la represión: es un hecho que todos los grandes medios reflejaron que la gente salió a las calles y el mismo gobierno tuvo que dar cuenta de esto.

A nivel amplio, el discurso sobre los “revoltosos” parece haber tenido un buen efecto, sobre la base del clima de “Unión Nacional” y de utilizar cínicamente la conmoción suscitada por los atentados para atacar a los manifestantes. Sin embargo, por abajo sectores importantes comienzan a hacerse preguntas y a cuestionar el estado actual de las cosas. Dos colegios secundarios, Maupassant en Colombes y Henri Barbusse en Saint-Denis, se declararon en huelga al 100% el lunes a la mañana exigiendo la liberación de profesores de esos establecimientos detenidos en la manifestación del domingo. Además de los comunicados de las organizaciones políticas que tenían gente detenida en sus filas, diversas organizaciones y secciones sindicales realizaron comunicados repudiando la represión y exigiendo la liberación de los detenidos.

Por abajo, en los lugares de trabajo, en las facultades y en los barrios, tenemos que dar una pelea política para explicar cuál es el verdadero objetivo del estado de urgencia, tarea para la cual la propia realidad nos da cada vez más elementos: reprimir y silenciar a los que luchan y se oponen a las medidas liberticidas del gobierno. Hay un terreno para realizar una amplia campaña contra la represión, para garantizar que no haya ninguna persecución judicial a los detenidos y para garantizar nuestro derecho a manifestar.

Junto con esto, se hace imperioso seguir ocupando las calles, seguir enfrentando la política del gobierno de prohibir las movilizaciones. En la situación actual, es más que nunca necesario oponer una voz alternativa al coro de políticos y medios burgueses que se dedican a desprestigiar a los manifestantes y a llevar adelante una política imperialista, antiobrera y antipopular. Porque además de la defensa de las libertades democráticas, es necesario en la situación actual apostar por la construcción de un amplio movimiento antiguerra, contra las intervenciones imperialistas, contra todas las medidas antisociales que siguen destruyendo a los trabajadores y a las clases populares. Es la única salida progresiva a la situación de guerra, miseria y destrucción a la que nos llevan los gobiernos y los capitalistas europeos.

Los puntos de apoyo son aún limitados, pero pueden seguir desarrollándose y ampliándose a medida que la situación avance y es la tarea esencial de los revolucionarios defender una alternativa a la política del gobierno. De ahí que haya que seguir desafiando el estado de urgencia, construyendo la relación de fuerzas en las calles que permitirá hacer frente al giro represivo del gobierno y plantear una salida al servicio de los trabajadores y el pueblo francés, al servicio de todos los pueblos oprimidos del mundo.