El 25 de agosto el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal anuló la condena impuesta contra Orlando Barrantes. Recordemos que el 16 de setiembre de 2015 fue condenado a 12 de años de prisión por “secuestro extorsivo”, debido a su participación como dirigente en una lucha social en Guápiles en diciembre del año 2000, cuando varios oficiales de Policía fueron retenidos por manifestantes luego de una brutal represión contra la protesta.

Desde entonces transcurrieron dieciséis años, durante los cuales la Fiscalía (en representación del Estado burgués costarricense) insistió con encarcelar a Orlando bajo la acusación de ser el instigador de la retención de los policías, aunque en juicios anteriores fue declarado inocente o resultaron anuladas las sentencias en su contra por vicios de procedimiento.

En una entrevista que le realizamos el año anterior, Orlando daba cuenta de las irregularidades del proceso judicial en su contra: “Se han realizado cinco juicios en contra mía. En el penúltimo proceso, realizado hace dos años (2014), yo fui absuelto por un Tribunal Penal de Guápiles con las mismas pruebas documentales y testimoniales que se utilizaron para condenarme el pasado 16 de setiembre. Esta es una primera valoración que hay que realizar: ¿cómo un tribunal me absolvió hace dos años, mientras que otro me condenó a 12 años de prisión con las mismas pruebas?”[1].

Todas estas irregularidades se explican por carácter político del proceso judicial en su contra, el cual tenía como objetivo avanzar en la criminalización de la protesta social en Costa Rica. La condena a cinco años de prisión contra Paulina Briones, el proceso abierto contra activistas detenidos durante la represión a una marcha por la CCSS el 08 de noviembre del 2012 y, más recientemente, la detención de tres activistas durante una marcha exigiendo el cierre del Zoológico Simón Bolívar (entre los cuales se encuentra José Solano), son casos suman a esta política sistemática por criminalizar a los activistas que luchan.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) nos sumamos de lleno a la campaña y movilizaciones para exigir la liberación de Orlando el año anterior, cuando estuvo en prisión preventiva del 16 de setiembre al 7 de Octubre. Esto, en combinación con la defensa legal que realizó el equipo de abogados, fue vital para lograr la supresión de la medida de prisión preventiva y garantizarle a Orlando mejores condiciones para desarrollar la apelación de la condena, lo cual finalmente se tradujo en la derrota de la condena política de doce años de prisión.

Por este motivo, la noticia de la anulación de su condena nos llena de profunda alegría y la festejamos por partida doble: primero, por la victoria personal que esto representa para Orlando, quien tuvo que librar una durísima lucha en los tribunales de justicia burgueses por dieciséis años a costa de un gran desgaste emocional para él y su familia; segundo, porque la anulación de su condena es un golpe contra los avances por la criminalización de la protesta social.

Desde el NPS hacemos un llamado a las organizaciones de izquierda, sindicales, estudiantiles y movimientos sociales en general, para acompañar con campañas de solidaridad y movilizaciones a todos los compañeros y compañeras que están siendo procesados judicialmente en el país, con el objetivo de instalar ante más amplios sectores el carácter político de estos juicios y lograr mejores condiciones para su desprocesamiento.